La semana pasada, el Parlamento de Cataluña confirmó a Salvador Illa, del Partido Socialista (PSOE), como presidente autonómico de Cataluña, poniendo fin a más de una década de gobierno de los partidos nacionalistas separatistas catalanes. El PSOE, el nacionalista catalán Esquerra Republicana (ERC) y Comuns, la filial catalana del partido pseudoizquierdista Sumar, votaron a favor de instalar a Illa en el poder.

La envestidura de Illa se produce después de que el PSOE y el partidario de la independencia ERC llegaran a un acuerdo. El PSOE quedó primero en las elecciones autonómicas de mayo, pero no alcanzó la mayoría. Según el acuerdo, Cataluña, la segunda autonomía más rica del país, controlará los impuestos generados en la región, a excepción de un porcentaje destinado a pagar los servicios estatales y un fondo de solidaridad con el resto de regiones autónomas españolas, cuya cuantía está aún por definir.

El acuerdo vuelve a exponer el carácter reaccionario del nacionalismo catalán y de todas aquellas fuerzas pseudoizquierdistas que durante décadas le han dado un barniz progresista, afirmando que un 'derecho a la autodeterminación' catalán proporcionaría una base para una lucha contra el imperialismo español. En realidad, los nacionalistas catalanes están respaldando ahora un gobierno de coalición con el PSOE, el principal partido gobernante de la burguesía española. Esto se debe a que los nacionalistas catalanes articulan los intereses de fuerzas sociales fuertemente hostiles a la clase obrera.

Durante más de una década, especialmente desde el referéndum de independencia catalán de octubre de 2017, los nacionalistas catalanes han tratado de dividir a los trabajadores según líneas nacionales en la península ibérica. Así, trabajaron para desarmar al proletariado frente a la austeridad, la rehabilitación de la extrema derecha, la política de muerte masiva de la burguesía en la pandemia de COVID-19 y ahora la guerra dirigida por la OTAN en Ucrania contra Rusia. Ahora, a cambio de dinero para los capitalistas catalanes, ERC apoya a un gobierno autonómico liderado por el PSOE, que lleva en el gobierno nacional desde 2018.

El PSOE, con el apoyo de sus socios de pseudoizquierda —primero Podemos de 2019 a noviembre de 2023 y después Sumar— ha implementado políticas de austeridad, una ley laboral antiobrera que consagraba la precariedad y una reforma de las pensiones que mantiene la edad de jubilación en los 67 años e impone recortes para los futuros jubilados. Reprimió brutalmente las huelgas y armó al régimen ucraniano de extrema derecha en Kiev y al régimen sionista en su genocidio contra los palestinos. Esta agenda se llevará a cabo ahora con el apoyo de ERC.

Illa fue ministro de Sanidad del gobierno PSOE-Podemos entre enero de 2020 y enero de 2021, en la fase inicial de la pandemia de COVID-19. Priorizó las ganancias sobre las vidas, rechazando la implementación de las medidas de salud pública necesarias para eliminar el COVID-19 y adoptando políticas que permitieran que el virus se propagara por toda la población. Esto incluyó garantizar que los trabajadores regresaran a sus puestos de trabajo y que los niños y estudiantes volvieran a las escuelas en condiciones inseguras. Estas políticas provocaron un exceso de más de 160.000 muertes en España, según la revista médica The Lancet .

Illa y los nacionalistas catalanes se preparan para un enfrentamiento con la clase obrera. Illa ha colocado a representantes de la derecha catalana en ministerios clave, como el de Trabajo y el de Justicia. También ha prometido un aumento de la policía catalana de 18.000 a 22.000 agentes para 2030.

El acuerdo PSOE-ERC se produce en medio de una profunda crisis de los partidos nacionalistas catalanes, ERC y Junts (anteriormente, Convergencia Democrática de Cataluña) que se enfrentan a una creciente desafección popular. En las últimas elecciones regionales sufrieron sus peores resultados desde 1980, lo que les impidió formar un gobierno favorable a la independencia.

Si bien la burguesía catalana en Barcelona había coqueteado con las demandas de separación desde la caída del régimen fascista franquista en 1978, la clase dominante acordó tácitamente que la burguesía catalana no buscaría la independencia, y que Madrid no atacaría agresivamente el sentimiento nacionalista catalán. Esto cambió después del crack de Wall Street de 2008.

Las administraciones de Barcelona y Madrid trabajaron para recortar puestos de trabajo y gasto social y enriquecer a los bancos y a la aristocracia financiera. Las burocracias sindicales permitieron que millones de trabajadores fueran despedidos, al tiempo que agotaban las huelgas y apoyaban las reformas laborales. Al mismo tiempo, los partidos nacionalistas catalanes se involucraron en duras batallas presupuestarias con el gobierno central español y promovieron el sentimiento secesionista en un intento de desorientar la creciente ira social y dividir a los trabajadores según líneas nacionales.

Durante la última década, los líderes nacionalistas catalanes han presidido gobiernos autonómicos antiobreros en Barcelona, implementando duras medidas de austeridad y reprimiendo las huelgas de los maquinistas de trenes y trabajadores de aeropuertos, al tiempo que avivaban las llamas del separatismo. Lanzaron la mentira de que, si Cataluña fuera independiente, estos recortes habrían sido innecesarios. Esta estrategia enterró las preocupaciones socioeconómicas de los trabajadores y la juventud bajo una ola de retórica nacionalista.

Así lo ha subrayado el exconsejero catalán de Empresa, Santi Vila, en un encuentro con políticos y empresarios, en el que se ha preguntado retóricamente que si Cataluña '¿no hubiera hecho un relato en clave nacionalista cómo hubiera resistido unos ajustes de más de 6.000 millones de euros?'.

Después de años de idas y venidas, los nacionalistas lanzaron un pseudoreferéndum de independencia en 2017 que fue aprovechado por la clase dominante española para instalar un estado policial y rehabilitar el franquismo. Respaldado por el actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición, el derechista Partido Popular desplegó 10.000 policías en forma paramilitar para reprimir el referéndum catalán y expulsar al gobierno autonómico catalán. La represión dejó más de 1.000 manifestantes pacíficos heridos. El presidente catalán, Carles Puigdemont, huyó a Bélgica para evitar ser procesado.

Una vez que el PSOE llegó al poder en 2018, Sánchez supervisó la imposición de penas de cárcel de una década a nueve líderes nacionalistas catalanes en un juicio farsa por su papel en el referéndum independentista. Cuando las calles de las ciudades de toda Cataluña se llenaron de cientos de miles de manifestantes contra la sentencia, Sánchez los reprimió violentamente. El vicepresidente primero y líder de Podemos, Pablo Iglesias, declaró infamemente: 'todo el mundo tendrá que respetar la ley y asumir la sentencia'.

El objetivo del PSOE y el PP era desplazar la política hacia la derecha y neutralizar la creciente oposición contra la austeridad y la desigualdad social, al tiempo que justificaba el establecimiento de un estado policial, no solo en Cataluña sino en toda España para atacar las luchas obreras y la oposición a la guerra.

El gobierno del PSOE-Podemos atacó repetidamente las huelgas en estrecha colaboración con la burocracia sindical. En noviembre de 2021, desplegó vehículos blindados y policías antidisturbios contra los trabajadores metalúrgicos en huelga en Cádiz; en abril de 2022, movilizó a 23.000 policías para aplastar una huelga de 75.000 camioneros contra el aumento de los precios del combustible en medio de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. El gobierno PSOE-Podemos utilizó los duros requisitos de servicios mínimos como pretexto para romper las huelgas de trabajadores sanitarios y tripulaciones aéreas.

Solo cuando el PSOE y sus socios pseudoizquierdistas y estalinistas, Podemos y Sumar, necesitaron el apoyo de los partidos nacionalistas catalanes para formar gobierno en Madrid, acordaron indultar a los presos nacionalistas y luego conceder una amnistía que permitiera el regreso de los exiliados.

El regreso de Puigdemont

El día en que Illa era elegido como nuevo presidente autonómico catalan en el parlamento, Puigdemont, líder de Junts y ex presidente catalán durante el referéndum de independencia de 2017, hizo un breve regreso a España después de siete años en el exilio. Pronunció un breve discurso ante varios miles de simpatizantes en Barcelona antes de huir una vez más, evadiendo con éxito una operación policial que aparentemente tenía como objetivo detenerlo.

El Parlamento español aprobó en mayo una ley de amnistía que indultaba a los implicados en el fallido intento de secesión de 2017. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo, vinculados al derechista PP y al partido de extrema derecha Vox, confirmaron la orden de detención contra Puigdemont por malversación de fondos, dictaminando que la ley de amnistía no le es aplicable. Si es declarado culpable, Puigdemont podría enfrentar una sentencia de hasta 12 años de prisión.

El objetivo de la extrema derecha es desestabilizar al gobierno PSOE-Sumar, sobre todo tras su derrota en las elecciones del año pasado. Su objetivo es socavar al gobierno despojándolo del apoyo del partido Junts de Puigdemont, cuyos siete diputados en el parlamento español son cruciales para aprobar el presupuesto del próximo año. La no aprobación del presupuesto, dado que el actual ya está prorrogado, podría llevar al colapso del gobierno.

Es probable que el PSOE y Sumar reconocieran que la detención y encarcelamiento de Puigdemont podría haber provocado nuevos disturbios en Cataluña y potencialmente derrocar a su propio gobierno. De hecho, Puigdemont, que había anunciado su intención de volver a Barcelona días antes, llegó dos días antes de la investidura de Illa. Caminó tranquilamente por una calle vacía hasta un escenario, desde donde se dirigió a unos 3.500 simpatizantes, antes de irse en un vehículo y desaparecer, todo sin ninguna interferencia de la policía.

Tres agentes de la policía catalana han sido arrestados por presuntamente ayudar a Puigdemont en su reciente fuga; sin embargo, el Centro Nacional de Inteligencia de España, que ha estado monitoreando a Puigdemont desde que se exilió, no proporcionó ninguna información sobre sus movimientos. El Ministerio del Interior español ha admitido que solo activó sus servicios de vigilancia después de que Puigdemont ya había huido.

El discurso de Puigdemont duró seis minutos, durante los cuales hizo referencia a la feroz represión desatada en Cataluña desde 2017. Puigdemont dijo: “Hace siete años que iniciaron una durísima represión que nos ha llevado a la prisión y al exilio, que ha afectado la vida de miles y miles de personas por el hecho de ser independentistas. A veces, solo por el hecho de hablar en catalán. Y han convertido el ser catalán en una cosa sospechosa. En estos siete años, la represión ha causado muchos estragos y los seguirá causando.”

También añadió que ' el derecho a la autodeterminación pertenece a los pueblos, a la gente que vive ahí, y, por lo tanto, nadie desde la política tiene derecho a renunciar a un derecho que es colectivo '.

Si bien es cierto que las fuerzas nacionalistas catalanas se han enfrentado a la represión y se les han negado los derechos democráticos fundamentales, Puigdemont sigue siendo una figura profundamente reaccionaria. El defensor del 'derecho a la autodeterminación' para Cataluña es un ferviente sionista cuyo partido ha apoyado el genocidio de Israel contra los palestinos. Recientemente, Junts se ha abstenido en una votación del Ayuntamiento de Barcelona para reconocer al Estado palestino y se ha alineado con el PP y Vox, al votar en contra de poner fin al comercio de armas con Israel.

Puigdemont ha elogiado el proyecto sionista de crear un Estado étnicamente excluyente, afirmando “tiene un proyecto nacional y cultural muy similar al catalán' y que son 'dos naciones perseguidas por proteger su lengua y luchar contra los imperios que quieren neutralizarla”.

El carácter reaccionario de Puigdemont y Junts es evidente en su negativa racista a dar cobijo en Cataluña a los menores migrantes no acompañados que huyen de la pobreza y la guerra, que llegan en embarcaciones improvisadas a las Islas Canarias. Como condición para apoyar al gobierno español, Junts exige el control de la política de inmigración en Cataluña.

Junts entabla regularmente conversaciones con el PP y a menudo se alinea con la derecha española en las votaciones parlamentarias.

Todos los partidos de la burguesía están unidos en la defensa de la austeridad, la erosión de los derechos democráticos, el enriquecimiento de la élite financiera, la implementación de políticas antiinmigrantes y la defensa de la guerra imperialista y el sionismo.

La unificación en la lucha revolucionaria de la clase obrera en la península ibérica e internacionalmente es el camino a seguir para detener la guerra imperialista, el genocidio, la austeridad y el estado policial. Esto requiere construir una vanguardia trotskista en la clase obrera, en secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, en España y en países de todo el mundo, librando una lucha por la revolución socialista contra los partidos pseudoizquierdistas y nacionalistas.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de agosto de 2024)