En un lenguaje tecnocrático, el plan de seguridad presentado el 8 de octubre por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respalda el papel de las Fuerzas Armadas como un instrumento de represión poderoso e impune. Es una continuación de las políticas de su predecesor Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

En una conferencia de prensa con su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, Sheinbaum prometió tomar medidas enérgicas contra los cárteles a través de “la consolidación de la Guardia Nacional”, una rama del ejército, la expansión del aparato de inteligencia y “la coordinación” entre las fuerzas policiales estatales y las fiscalías con el ejército. 

Según estimaciones ampliamente citadas del analista David Saucedo, el plan requerirá duplicar el gasto en seguridad, por encima del ya masivo 6 por ciento del producto interno bruto. Esto seguiría la duplicación con creces del gasto militar bajo López Obrador.

Al día siguiente, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que Sheinbaum ordenó la revisión de los acuerdos de cooperación de seguridad con Estados Unidos “para que se continue, se actualice y reforzar las acciones”.

Haciéndose eco de López Obrador, Sheinbaum prometió defender los derechos democráticos y abordar las causas de raíz de la delincuencia.

La continuación de la “estrategia de seguridad” militarizada bajo AMLO, cuyo mandato vio un récord de casi 200.000 homicidios, se debe a que responde a los intereses de la burguesía mexicana.

Un ejército más fuerte y una mayor sumisión al imperialismo son políticas diseñadas a defender el orden social actual caracterizado por niveles masivos de desigualdad social (el 10 por ciento más rico posee el 80 por ciento de la riqueza en México) que hacen que una dictadura y todas las formas de disfunción social como el crimen sean inevitables. Esto sin hablar de los lazos ampliamente documentados entre los militares y los cárteles. 

García Harfuch, que está siendo preparado para un puesto aún más alto, encarna el verdadero carácter del Estado capitalista mexicano bajo el partido oficialista Morena o cualquier otro. Proveniente de una antigua familia burguesa, es un policía con entrenamiento de la DEA, el FBI y un programa de Harvard. Subió de rango bajo su predecesor Genaro García Luna, quien se encuentra en una prisión de Nueva York por aceptar millones del Cartel de Sinaloa. 

Como jefe de la Policía Federal en Guerrero, García Harfuch participó en el encubrimiento y posiblemente en la operación en la que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecieron en 2014 en ese estado. 

Este vínculo con medidas represivas vuelve sumamente relevante su historial familiar. Su padre, Javier García Paniagua, dirigió la Dirección Federal de Seguridad durante la “guerra sucia” de los años setenta, mientras que su abuelo, Marcelino García Barragán fue el secretario de Defensa Nacional que ordenó la masacre de Tlatelolco de cientos de estudiantes en la Ciudad de México en 1968, cuyo aniversario conmemoraban las víctimas de Ayotzinapa el día de su desaparición. 

En agosto, Karla María Macías Lovera, titular del juzgado noveno de distrito en Irapuato, Guanajuato, determinó que los militares perpetraron “crímenes de lesa humanidad” y “terrorismo de Estado” durante la guerra sucia contra las organizaciones de izquierda en la década de 1970. El juicio descubrió por primera vez registros en manos del ejército que documentan cómo unas 1.500 personas fueron arrojadas desde aviones al océano después de ser sometidas a desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones. Las dictaduras fascistas respaldadas por Estados Unidos en toda América Latina utilizaron tales “vuelos de la muerte”. 

Sheinbaum está haciendo todo lo posible para asegurarles a la clase dominante mexicana y al imperialismo que el ejército mexicano estará listo nuevamente para aplastar cualquier resistencia desde abajo a la desigualdad y la explotación capitalista. 

El día de su toma de posesión, el 1 de octubre, seis migrantes fueron masacrados por el ejército mexicano, que disparó contra un camión con 33 migrantes dentro en el estado sureño de Chiapas, después de que supuestamente evadiera un puesto de control. Otras diez personas resultaron heridas, y al menos una sigue luchando por su vida en estado crítico.

Cinco de las víctimas han sido identificadas: Badie Makram Fahmi (17 años, Egipto), Eriny Saad Salah Melek Gerges (11, Egipto), Selvia Saad Salah Melek Gerges (18, Egipto), Warner Jonathan Miranda Cueva (29, Perú) y José Modesto Méndez Funes (57, El Salvador).

Inicialmente, las autoridades mexicanas insistieron en que la sexta víctima era hondureña, lo que fue negado por el Gobierno hondureño, mientras que las autoridades salvadoreñas informan que dos de los muertos eran salvadoreños, incluyendo otra víctima de 17 años. Esto significa que la mitad de los muertos eran menores de edad.

Sheinbaum habló por primera vez sobre el caso durante su conferencia de prensa matutina el 3 de octubre, haciendo promesas vacías de una investigación adecuada. Pero la investigación permanece de facto en manos del ejército, la misma institución que guardó silencio sobre los vuelos de la muerte durante décadas y continúa ocultando lo que les sucedió a los estudiantes de Ayotzinapa. 

Esa misma tarde, Sheinbaum asistió a una ceremonia de “Salutación” sin precedentes donde las Fuerzas Armadas le juraron lealtad. La presidenta pasó revista a las tropas desde la parte trasera de una camioneta, entre los jefes del Ejército y la Marina, como cualquier dictador de pacotilla. 

En su discurso, junto a García Harfuch, Sheinbaum dijo: “Es la primera vez que México tiene una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas”, insinuando que su género significa que respetará más los derechos humanos. 

Con la sangre de los migrantes apenas seca, tuvo la osadía de concluir: “En nuestro país, no hay Estados de excepción, no hay violaciones de los derechos humanos”. 

López Obrador utilizó a los militares en gran medida para implementar diferentes versiones del programa “Permanecer en México” a instancias de Trump y Biden. 

La detención de migrantes por la Patrulla Fronteriza de EE.UU. ha disminuido un 66 por ciento desde diciembre, principalmente debido a la represión en México. 

El Gobierno de Biden ha instituido el uso obligatorio de la aplicación móvil CBP One para solicitar citas en los puertos de entrada de EE.UU., una medida que los analistas llaman una prohibición de asilo. 

Las personas se ven obligadas a esperar en México, según un informe de Amnistía Internacional, en condiciones que “se han vuelto cada vez más peligrosas para las personas que buscan asilo, que a menudo son extorsionadas, secuestradas y sufren discriminación y violencia sexual y de género por parte de actores estatales y no estatales”.

Es una aparente contradicción que el proceso de integración económica global, que ha formado vínculos entre los trabajadores de todo el mundo a través del proceso de producción y las nuevas tecnologías de comunicación, haya ido acompañado de un fortalecimiento de las fronteras y de los ataques a los migrantes. 

Los migrantes que logran llegar a los Estados Unidos son los primeros en reconocer las dificultades que enfrentan los trabajadores y que el “sueño americano” no es más que un sueño. Sin embargo, incluso mientras se reducen las disparidades entre los trabajadores que viven en las economías avanzadas y los del llamado “tercer mundo”, la migración solo sigue aumentando.

Cientos de millones de personas en países de desarrollo tardío han sido empleadas en industrias avanzadas y servicios masivos en las ciudades en las últimas cinco décadas. Sin embargo, aún más personas en estos países han caído en la informalidad, el desempleo y la miseria absoluta, y millones se han visto obligados a huir de las consecuencias de los golpes de Estado y las dictaduras respaldadas por el imperialismo para aplastar la amenaza de revoluciones sociales.

La globalización también ha intensificado el impulso de las potencias imperialistas en los Estados Unidos y Europa para recolonizar el planeta a través de la guerra y las agresiones, provocando nuevas crisis humanitarias y desplazamientos. Los efectos del calentamiento global causados por el capitalismo son otro factor importante que contribuye a la migración.

En los países avanzados, el crecimiento del capital global y financiero ha socavado la base social de la democracia burguesa al alimentar la desigualdad social, transformar los sindicatos en brazos directos de la patronal e impulsar guerras impopulares. La agitación fascista desenfrenada de Trump contra los migrantes y las amenazas de instalar una dictadura son simplemente síntomas de la misma enfermedad que afecta a todos los partidos capitalistas.

En México, la élite gobernante ha respondido a la globalización priorizando la “competitividad” para atraer capital ofreciendo mano de obra barata, desregulación, privatizaciones y recortes sociales. El “izquierdista” López Obrador y ahora Sheinbaum no han sido la excepción, y la embestida contra los migrantes prepara el escenario para la represión masiva contra todos los trabajadores.

La falta de una oposición organizada en la clase trabajadora mexicana a los ataques contra los trabajadores migrantes y la militarización general de la sociedad pone en evidencia a los líderes de lo que se hace pasar por la “izquierda” y el “movimiento obrero”, que se han unido a Morena o promueven ilusiones en el Gobierno.

Al igual que en otros países semicoloniales, la clase trabajadora de México no puede confiar en ningún sector de la clase capitalista en cuanto a lograr una democracia auténtica y derrocar la opresión imperialista. 

Los trabajadores de América del Norte, Central y del Sur deben unirse en un movimiento político internacional para abolir los Estados nación capitalistas y establecer el socialismo mundial. Esto requiere defender el derecho de todos los trabajadores a vivir donde quieran con plenos derechos y sin discriminación. 

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de octubre de 2024)