A principios de este mes, el gobernador de California y abanderado nacional del Partido Demócrata, Gavin Newsom, firmó cuatro proyectos de ley que restringen aún más los derechos a la libertad de expresión de los manifestantes contra el genocidio.

El Caucus Legislativo Judío de California patrocinó los cuatro proyectos de ley con el apoyo de la Liga Antidifamación y otras organizaciones prosionistas. Aunque se presentan en el lenguaje de combatir el discurso de odio, la variada legislación representa un intento de confundir el antisemitismo con la crítica a los crímenes de guerra del gobierno israelí y sus partidarios en Washington.

El Proyecto de Ley del Senado 1287, titulado “Protección de la libre expresión en las instituciones de educación superior”, en realidad está diseñado para hacer precisamente lo contrario, mientras que el Proyecto de Ley de la Asamblea 3024, el “Acta contra el Littering [esparcir] del Odio”, aprovecha los panfletos genuinamente de extrema derecha y antisemitas encontrados en comunidades judías para criminalizar los panfletos de izquierda que se oponen al genocidio en Gaza.

El Proyecto de Ley de la Asamblea 2925, “Inclusión de judíos y antisemitismo en la capacitación DEI”, requerirá que los campus que proporcionen capacitación DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) incluyan a los sionistas como una identidad protegida históricamente sujeta a la intolerancia racista.

Finalmente, el Proyecto de Ley del Senado 1277, “Colaborativo de docentes para la educación sobre el Holocausto y el genocidio”, es un programa de desarrollo profesional para docentes centrado en el conocimiento del Holocausto y otros genocidios históricos.

Es notable que SB 1277 cínicamente se centre en “el Holocausto y los genocidios de los pueblos armenio, bosnio, camboyano, guatemalteco, indígena americano, ruandés y uigur”. Este último es una completa invención creada por el Departamento de Estado de los EE.UU. como parte de su planificación bélica contra China. Además, el proyecto de ley deliberadamente no menciona el genocidio bien documentado del pueblo palestino por Israel y las potencias de la OTAN.

Si los docentes y profesores con principios aprovecharan la oportunidad presentada por el proyecto de ley para educar a los estudiantes sobre la ocupación militar de Israel, la brutal devastación de Gaza y la limpieza étnica de los palestinos, los distritos escolares y universidades podrían ser despojados de financiamiento estatal como resultado.

Los cuatro proyectos de ley son parte de una contracampaña continua por parte de la élite gobernante contra los derechos democráticos de los trabajadores y jóvenes y su creciente hostilidad hacia las guerras peligrosamente expansivas de EE.UU. por la hegemonía global. Siguen a una serie de medidas antidemocráticas instuidas en campus y ciudades a raíz de la oleada de protestas masivas contra el genocidio en Gaza.

La huelga política de los trabajadores estudiantiles de la Universidad de California el año pasado aumentó el temor de la clase dominante a la unidad de trabajadores y estudiantes contra el imperialismo estadounidense. Los trabajadores académicos respondieron a la brutal agresión de la policía y matones sionistas contra estudiantes que protestaban contra el genocidio en Gaza. La burocracia del UAW aisló la huelga y finalmente la detuvo, cediendo a una orden judicial de un juez de la corte superior del condado de Orange.

A medida que las guerras de EE.UU. en el Medio Oriente se expanden y se entrelazan con la guerra contra Rusia y los planes para un conflicto abierto con China, también aumentan los ataques al derecho de protestar.

En agosto, tanto la Universidad de California (UC) como los sistemas de la Universidad Estatal de California (Cal State) emitieron restricciones severas a las protestas estudiantiles a partir del año académico actual. Esto incluyó la prohibición de Cal State de todos los campamentos de tiendas de campaña en el campus y una prohibición de todas las manifestaciones nocturnas. También está prohibido erigir barricadas improvisadas, como las usadas por estudiantes para protegerse de policías violentos y matones sionistas.

En el sistema UC, a los manifestantes no se les permite “bloquear caminos” y el uso de máscaras está prohibido incluso cuando la pandemia de COVID-19 continúa. En la medida en que se permiten protestas, estas deben ser restringidas oficialmente a pequeñas áreas del campus durante horas limitadas del día.

Impulsados por estos actos, los administradores universitarios en California y en todo el país han estado implementando ataques aún más agresivos contra la libertad de expresión.

En septiembre, la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York suspendió temporalmente al estudiante británico-gambiano Momodou Taal simplemente por participar en protestas contra el genocidio en Gaza. Aunque la suspensión en sí fue una violación flagrante de los derechos de libertad de expresión, la suspensión puso en peligro su estatus de visa F-1, lo que significaba que la universidad podría iniciar efectivamente procedimientos de deportación contra un estudiante cuyos puntos de vista no compartía. Gracias a un amplio apoyo en el campus y una indignación generalizada ante el ataque de Cornell, Taal logró vencer la suspensión.

En el campus de la Universidad de Michigan, los partidarios del Partido Socialista por la Igualdad (SEP, siglas en inglés) y los Jóvenes Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (IYSSE, siglas en inglés) fueron prohibidos en el campus después de que un profesor sionista se quejara a la policía tras observar a los simpatizantes distribuyendo literatura en oposición a la guerra y el genocidio y en apoyo a la campaña presidencial de Joe Kishore y Jerry White.

La decisión fue finalmente revertida tras una prolongada campaña del SEP y el IYSSE, sin embargo, tales incidentes están destinados a continuar y acelerarse.

Quizás la medida más significativa recientemente adoptada por la legislatura de California en este sentido es el llamado Acta de Littering del Odio. La ley, aunque aparentemente destinada a proteger de la amenaza de violencia, deja intencionalmente vaga la cuestión de qué podría considerarse discurso de odio violento.

Dado el hecho de que los políticos capitalistas de ambos partidos han afirmado absurdamente que la frase contra el genocidio “del río al mar, Palestina será libre” llama a la exterminación de los judíos, el nuevo proyecto de ley permite el arresto de quienes usen tal eslogan. Del mismo modo, la palabra árabe “intifada”, a menudo gritada por manifestantes y que significa levantamiento o rebelión en inglés, podría estar sujeta a la misma mala interpretación intencionada y consecuencias asociadas.

Con las elecciones presidenciales de 2024 a solo dos semanas de distancia, Harris y el Partido Demócrata han mencionado con vacilación los peligros del fascismo bajo una posible presidencia de Trump. Sin embargo, si Trump asumiera el cargo una vez más, la medida en que su régimen pueda llevar a cabo deportaciones masivas, arrestos y otros actos de represión política será gracias al terreno ya preparado por el Partido Demócrata, incluidas aquellas recientemente emitidas por el gobierno estatal de California. Incluso en los campus que Trump y sus partidarios prosionistas desprecian, encontrarán un marco legal y organizativo listo para llevar a cabo sus ataques.

Los estudiantes y trabajadores deben crear sus propias organizaciones de lucha de base para avanzar en la defensa de los derechos democráticos, independientes de los líderes sindicales oficialistas y ambos partidos capitalistas. Con más de un año desde los eventos del 7 de octubre, debería ser claro para todos aquellos serios acerca de poner fin al genocidio que ninguna cantidad de campañas de presión contra las administraciones universitarias o políticos demócratas a nivel local, estatal o federal los convencerá de cambiar de rumbo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de octubre de 2024)