El pasado viernes, el New York Times, citando a tres funcionarios de la administración Trump, informó que la Casa Blanca planea detener a hombres, mujeres y niños en bases militares en todo Estados Unidos, utilizando “recursos de tiempos de guerra para cumplir con la prometida deportación masiva del presidente”.

El Times informó que la administración Trump comenzará construyendo un “centro de deportación” en la extensa base del Ejército de EE.UU. en Fort Bliss, cerca de El Paso, Texas. Citando a “tres funcionarios familiarizados con el plan”, el periódico indicó que la base planea encarcelar hasta “10.000” personas.

No es la primera vez en tiempos recientes que Fort Bliss ha sido utilizada como un centro de detención masiva de migrantes. En 2021, la administración Biden envió allí a miles de niños no acompañados, alojándolos en “carpas del tamaño de almacenes con literas estilo catre”, según un informe de la Oficina del Inspector General. El informe señaló que algunos niños en las instalaciones sufrieron ataques de pánico tras pasar más de 60 días sin hablar con un administrador de casos ni ser liberados en Estados Unidos.

A diferencia de la administración Biden, Trump y su camarilla fascista planean ampliar el alcance y la escala de la detención en bases militares de todo el país. La administración Trump concibe el campo de concentración de Fort Bliss como un “modelo” que podría replicarse en otras bases militares para encarcelar a miles de personas más, en cumplimiento de su promesa de ejecutar la mayor operación de deportación en la historia de EE.UU.

Si bien los planes de construir una red de campos de internamiento militarizados aún se encuentran en sus primeras etapas, el Times informó que, además de Fort Bliss, otras instalaciones militares consideradas incluyen la Base de la Fuerza Aérea Hill en el norte de Utah; la Base de las Fuerzas Espaciales Buckley en Aurora, Colorado; la Base de la Fuerza Aérea Kirtland en Albuquerque, Nuevo México; la Base Aérea Homestead en el condado de Miami-Dade, Florida; la Estación Aérea de la Reserva Niagara Falls en Nueva York; y la Base Conjunta McGuire-Dix-Lakehurst, al sureste de Trenton, Nueva Jersey.

Ochenta y tres años después de que el presidente Franklin Delano Roosevelt emitiera la Orden Ejecutiva 9066, ordenando la detención indefinida de todas las personas de ascendencia japonesa que vivían en el territorio continental de EE.UU. durante la guerra con Japón, la administración Trump se prepara para encarcelar a decenas o incluso cientos de miles de migrantes y sus familias en bases militares estadounidenses.

A partir de 1942, el gobierno de EE.UU. desalojó a más de 120.000 ciudadanos estadounidenses de origen japonés de sus hogares y los detuvo hasta por cuatro años en una red de campamentos remotos. Lo que ahora se está considerando es una expansión drástica de este crimen histórico y una amenaza a los derechos democráticos de los trabajadores de todo el mundo.

No hay duda de que, ante la resistencia a los planes de dictadura de Trump y la oligarquía, tanto migrantes como ciudadanos, todos aquellos considerados como “enemigos internos” de la oligarquía financiera, corren el peligro de ser secuestrados y encarcelados.

Después del informe del Times, el lunes, la Radio Pública Nacional (NPR), citando un memorando interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), confirmó que la agencia está solicitando al Departamento de Defensa que “prepare detenidos para su expulsión de EE.UU.”

Según el memorando visto por NPR, el DHS solicita que hasta 1.000 migrantes sean encarcelados en Fort Bliss durante un “período de evaluación” de 60 días, aunque este número podría aumentar hasta 10.000 conforme la base se transforme en un “centro central de operaciones de deportación”.

El DHS y sus agencias subordinadas, como la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ya están operando a su “capacidad máxima”, con unos 41.000 migrantes detenidos en su mayoría en centros privados con fines de lucro.

El mes pasado, la administración Trump reanudó las detenciones en el infame centro de detención y tortura de Guantánamo en Cuba. Señalando el regreso de la detención indefinida, Trump comentó el mes pasado: “Algunos de ellos son tan peligrosos que ni siquiera confiamos en que sus países los retengan porque no queremos que regresen, así que los vamos a mandar a Guantánamo”.

La decisión de Trump de utilizar bases militares para la detención masiva es otra señal del colapso de las formas democráticas de gobierno y evidencia que la clase dominante estadounidense busca revivir y expandir los peores crímenes no solo de la historia de EE.UU., sino de la historia mundial. En su discurso de apertura en la Conferencia de Acción Política Conservadora el sábado, Trump, ante el júbilo de los neonazis e insurrectos del 6 de enero presentes, incluidos Enrique Tarrio de los Proud Boys, inició su discurso denunciando a los “marxistas radicales de izquierda” y jactándose de que “los criminales inmigrantes ilegales están siendo enviados de vuelta a sus países”.

El domingo, CBS informó, citando documentos gubernamentales internos, que la administración Trump planea deportar inmigrantes bajo la justificación de que podrían propagar enfermedades como la tuberculosis. La administración Trump busca revivir su política de primer mandato de utilizar el Título 42, una autoridad amplia bajo los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, lo que permitiría etiquetar a los migrantes indocumentados como una “amenaza para la salud pública”.

Esta orden facultaría a los agentes de la CBP y otras autoridades para deportar a cualquier persona, incluso aquellas que buscan solicitar asilo, sin audiencia previa.

El Título 42 fue invocado por primera vez por la administración Trump tras el surgimiento de la pandemia de COVID-19. En marzo de 2020, el asesor fascistoide de Trump, Stephen Miller, instó a Trump a invocar el Título 42, no para proteger al pueblo estadounidense del virus mortal, sino para proporcionarle un pretexto para implementar su agenda antiinmigrante.

Tras la elección de 2020, el presidente Joe Biden continuó con la guerra contra los migrantes y utilizó el Título 42 para negar solicitudes de asilo, al mismo tiempo que eliminaba cualquier medida social de mitigación de la pandemia. Bajo Biden y Trump, más de 2,5 millones de personas fueron deportadas o se les negó el derecho a solicitar asilo bajo el Título 42, aunque Biden eventualmente puso fin a la práctica después de eliminar todas las políticas de mitigación del COVID.

Los planes de Trump para reimplementar el Título 42 no tienen nada que ver con proteger la salud pública, como lo demuestra la inacción de su secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., mientras el COVID-19, la gripe aviar, el VSR, la gripe estacional y otros virus se propagan sin control.

Los planes de la administración Trump para establecer una red de campamentos militarizados de detención no han sido respondidos con más que indiferencia o aceptación por parte del Partido Demócrata, que teme más movilizar una oposición masiva contra Trump y el sistema capitalista que ambos partidos defienden que el retorno del fascismo.

El senador “independiente” de Vermont, Bernie Sanders, no ha dicho nada sobre los planes de Trump, pero ha estado ocupado denunciando a Trump por llamar dictador al ucraniano Volodímir Zelenski. “Putin es un dictador, no Zelenski”, tuiteó Sanders el lunes.

El silencio de los demócratas ante los planes de Trump no es un error, sino una muestra de su lealtad de clase. Tanto demócratas como republicanos, junto con sus aliados sindicales, promueven el nacionalismo para dividir a la clase obrera y desviar el descontento social contra los inmigrantes en lugar de dirigirlo contra la aristocracia financiera que realmente explota a los trabajadores.

Los ataques bipartidistas contra los inmigrantes ya han generado protestas masivas en EE.UU. Estas protestas deben desarrollarse y expandirse en una red de comités de defensa comunitarios con el entendimiento de que la clase trabajadora es internacional y que el sistema capitalista es incompatible con la defensa de los derechos democráticos de todos los trabajadores, sean nativos o inmigrantes.

(Artículo originalmente publicado en inglés el 25 de febrero de 2025)