El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia mundial del COVID-19. Esto marcó un punto nodal crítico en lo que se convertiría en la peor crisis de salud pública mundial desde la pandemia de gripe de 1918–1920, afectando profundamente la salud y la vida de toda la población mundial y desestabilizando la vida social y política en todos los países.

Este sombrío aniversario ha sido recibido con un silencio casi universal por parte del establishment político y los medios corporativos de todos los países. Prácticamente todas las columnas publicadas han minimizado el carácter catastrófico de la pandemia y se han referido a ella en tiempo pasado, a pesar de que el COVID-19 sigue incapacitando y matando a millones de personas en todo el mundo cada año.

Es difícil de cuantificar y concebir el daño acumulado de la pandemia. El exceso de mortalidad indica que aproximadamente 30 millones de personas han muerto en todo el mundo por la infección aguda por COVID-19 o por los innumerables impactos adversos del virus para la salud.

El COVID persistente, documentado por primera vez por los propios pacientes en mayo de 2020, ahora afecta a más de 400 millones de personas en todo el mundo. Numerosos estudios han demostrado que el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, puede persistir en todos los sistemas de órganos e incluso cruzar la barrera hematoencefálica, produciendo más de 200 síntomas documentados que a menudo son incapacitantes. Las infecciones por COVID-19 se han relacionado de forma definitiva con un mayor riesgo de ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, enfermedad renal, daño pulmonar, desregulación inmunitaria, una amplia gama de trastornos neurológicos y más.

Múltiples estudios científicos han demostrado que el riesgo de desarrollar COVID persistente se ve agravado por cada reinfección. Los datos de aguas residuales, ahora la única métrica confiable para rastrear la propagación de la pandemia, muestran que el estadounidense promedio ha contraído COVID-19 casi cuatro veces. En la trayectoria actual, esta cifra alcanzará las ocho infecciones por persona para marzo de 2030. Una realidad similar existe sin duda en todo el mundo.

¿Qué causó este desastre y quién tiene la responsabilidad?

En el sentido más fundamental, el sistema capitalista, el cual está basado en la división del mundo en Estados nación rivales y la subordinación de las necesidades sociales al lucro privado, es la fuente de las políticas socialmente criminales implementadas a nivel mundial en respuesta a la pandemia.

La oligarquía empresarial-financiera que dirige la sociedad decidió desde el principio que no se haría nada para interrumpir el flujo de ganancias y el alza del mercado de valores. Su objetivo era utilizar la pandemia para establecer que el principal interés y objetivo político de los Gobiernos burgueses en todas las condiciones es aumentar su riqueza y la explotación.

En el momento en que la OMS declaró una pandemia, habían pasado poco más de dos meses desde que la comunidad científica se dio cuenta de que se había detectado un nuevo y peligroso coronavirus. Desde el principio, se perdió un tiempo crítico. Como se reveló más tarde, el Gobierno de Trump y otros fueron informados a principios de febrero de 2020 de los inmensos peligros que planteaba el COVID-19, pero deliberadamente optaron por no coordinar una respuesta internacional, adoptando en su lugar una política de “negligencia maligna”.

A mediados de febrero, quedó claro que Estados Unidos y el mundo se enfrentaban a un patógeno mortal, y si no se tomaba una acción rápida, su propagación podría resultar en la muerte de millones de personas en todo el mundo. Para cuando esto fue reconocido por la población, poco después de que ocurriera la primera muerte en los Estados Unidos el 29 de febrero de 2020, hubo un shock general.

Los hospitales en los epicentros iniciales de la transmisión viral se inundaron rápidamente de pacientes, con trabajadores de la salud tensos hasta el punto de ruptura, si no infectados o muertos debido a protecciones inadecuadas o inexistentes. El desbordamiento de morgues y la excavación de fosas comunes se volvieron comunes. Estas horribles escenas en los Estados Unidos, Italia y en todo el mundo dominaron la conciencia pública, con la expectativa de que el Gobierno reaccionaría y tomaría las medidas necesarias para priorizar la vida.

Pero el único país del mundo que inicialmente implementó las medidas necesarias para salvar vidas y proteger a su población fue China. La creciente ira dentro de la clase trabajadora china en enero de 2020 obligó al Gobierno a ser pionero de la histórica política de “Cero COVID” en la provincia de Hubei el 23 de enero de 2020, que involucró confinamientos, pruebas masivas, rastreo riguroso de contactos y otras medidas de salud pública establecidas desde hace mucho tiempo. Setenta y seis días después, China salió de los confinamientos y reanudó una vida relativamente normal mientras mantenía políticas vigorosas de pruebas y rastreo de contactos durante los siguientes dos años y medio, antes de que el imperialismo mundial presionara al Partido Comunista Chino (PCCh) para que desechara esta política vital, lo que provocó de uno a dos millones de muertes.

Fuera de China, a mediados de marzo de 2020, el coronavirus estaba arrasando con los lugares de trabajo y las escuelas en todas las regiones metropolitanas del mundo. Esto llevó a los trabajadores automotores, educadores y otros sectores de la clase obrera internacional a forzar el cierre de lugares de trabajo y escuelas no esenciales para salvar vidas.

A medida que los mercados bursátiles se hundieron en Wall Street y en los centros financieros mundiales, todos los esfuerzos de la élite política se dirigieron a rescatar los bancos. En lugar de implementar un programa sistemático para salvar vidas y contrarrestar el virus, la principal prioridad de la élite gobernante era salvar el capitalismo y detener la caída libre en Wall Street.

El 22 de marzo de 2020, el New York Times publicó un artículo de opinión de su “mensajero imperial” Thomas Friedman, quien acuñó el nuevo mantra para la campaña de regreso al trabajo: “La cura no puede ser peor que la enfermedad”. Esta campaña ganó fuerza la semana siguiente después de la aprobación de la Ley CARES, que inició la canalización de billones de dólares a los ricos, mientras que miles de trabajadores y jubilados pronto morían todos los días.

Toda la narrativa oficial pasó de supuestamente salvar vidas a la rápida reapertura de la economía. Esto coincidió con la promoción generalizada de la política de “inmunidad colectiva” de infecciones masivas deliberadas, que fue iniciada en Suecia. Esta política pseudocientífica se basaba en la afirmación fraudulenta de que las personas, una vez infectadas con COVID-19, serían inmunes a la enfermedad para siempre. Aparte de su carácter inhumano, esto involucró suposiciones totalmente falsas sobre el virus, mientras ignoraba los datos históricos sobre las amplias consecuencias de la infección con coronavirus, como se documentó después del brote de SARS-CoV-1 de 2002-2004.

Se revivieron concepciones eugenistas y fascistas, con un patetismo moderno de “supervivencia del más apto” que impregna todos los discursos y políticas de Donald Trump, Boris Johnson, Jair Bolsonaro y sus compañeros a nivel internacional. La promoción moderna del maltusianismo adquirió el carácter de celebración de la muerte.

En los Estados Unidos, la elección de Joe Biden no trajo ningún cambio fundamental. A pesar de las promesas de “seguir la ciencia”, Biden perpetuó la subordinación de la salud pública a las demandas de Wall Street. El despliegue de vacunas para salvar vidas, que fueron un verdadero logro de la ciencia moderna, se subordinó al lucro privado y al nacionalismo. Hasta el día de hoy, la gran mayoría de las personas en países de bajos ingresos nunca han recibido dos dosis de la vacuna anti-COVID, incluido el 68 por ciento de los africanos.

Después de seguir inicialmente una estrategia de “solo vacunas” y desalentar activamente el uso de mascarillas y otras medidas de salud pública, en noviembre de 2021 el Gobierno de Biden aplaudió indisimuladamente la aparición de la variante ómicron, altamente infecciosa y resistente a las vacunas. Durante el período posterior, desmantelaron constantemente todo el sistema de vigilancia de la pandemia y, para el verano siguiente, la Casa Blanca adoptó explícitamente la política de “COVID para siempre” de infecciones muertes y debilitamiento a escala masiva y sin fin.

El asalto bipartidista a la ciencia en respuesta a la pandemia de COVID-19 ha paralizado el campo de la salud pública, preparando el escenario para la próxima pandemia. Durante el año pasado, el Gobierno de Biden no hizo nada para detener la propagación de la gripe aviar H5N1 entre el ganado lechero, a pesar del hecho de que la gripe aviar históricamente tiene una tasa de mortalidad del 50 por ciento entre los humanos.

Las desastrosas políticas de Biden, incluida la normalización de las muertes masivas y el debilitamiento por COVID-19, crearon las condiciones para el regreso de Trump a la Casa Blanca y la confirmación de Robert F. Kennedy Jr. para dirigir las 13 agencias del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). Kennedy, el proveedor más notorio de desinformación contra las vacunas en el mundo, ya está poniendo en duda las vacunas en respuesta al creciente brote de sarampión en Texas y el suroeste, que ha matado a dos personas hasta ahora.

La semana pasada, el Senado celebró audiencias de confirmación para Jay Bhattacharya, elegido por Trump para dirigir los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por su siglas en inglés). Conocido como coautor de la Gran Declaración de Barrington, el manifiesto de “inmunidad colectiva”, Bhattacharya no fue cuestionado por ningún demócrata sobre su papel criminal durante la pandemia.

Las primeras semanas de la segunda Administración de Trump han estado marcadas por una serie de acciones alarmantes, entre ellas:

• La retirada de los Estados Unidos de la OMS, socavando los esfuerzos mundiales para rastrear y responder a las pandemias;
• Se ha impuesto una orden de mordaza sin precedentes a las 13 agencias dentro del HHS, suprimiendo información vital de salud pública; y
• El despido de más de 5.000 empleados del HHS, los CDC, los NIH y Agencia de Alimentos y Medicamos, particularmente de científicos y profesionales de la salud pública.

Un objetivo central de la Administración de Trump es destruir el seguro social (pensiones), Medicare y Medicaid, programas de los que dependen decenas de millones de estadounidenses para su supervivencia. Esta es la extensión lógica de las políticas pandémicas bipartidistas destinadas a sacrificar a los ancianos y reducir la esperanza de vida, que un estudio reciente estima que ha ahorrado $ 156 mil millones en gasto social. 

La pandemia reveló que la posición de secciones sustanciales de la élite gobernante era que más personas deberían haber muerto. De esa facción, representada en los Estados Unidos por Trump, los republicanos y sus partidarios como el multimillonario fascista Elon Musk, las medidas tomadas para salvar vidas fueron vistas como una oportunidad perdida para sacrificar a los ancianos y recortar los gastos del seguro social, Medicare y Medicaid.

A lo largo de la pandemia, el World Socialist Web Site ha librado una lucha implacable por la verdad científica. Hemos expuesto las mentiras de los Gobiernos y los medios de comunicación, defendido a los científicos de principios contra los ataques y defendido una política científica de eliminación global, la única estrategia viable contra la pandemia. La Investigación Global de los Trabajadores sobre la Pandemia de COVID-19, iniciada por el WSWS, es un testimonio de nuestro compromiso con llegar a la verdad y someter a los responsables a la justicia.

La pandemia no ha terminado en lo absoluto. Siguen surgiendo nuevas variantes, y la amenaza de nuevos patógenos como la gripe aviar es grande. Este invierno, la convergencia de COVID-19 con otras enfermedades respiratorias ha vuelto a abrumar a los sistemas de salud, con más de 20.000 estadounidenses muriendo de gripe estacional. En este contexto, el WSWS reitera las siguientes demandas:

• ¡Por el fin inmediato de la política de “COVID para siempre” y la implementación de medidas de salud pública basadas en la ciencia! Esto incluye el uso universal de mascarillas, pruebas integrales y rastreo de contactos, ventilación mejorada en todos los espacios públicos y apoyo financiero para los afectados por la pandemia.
• ¡Por una inversión masiva en investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos de próxima generación! Esto debe ir acompañado de un esfuerzo global para garantizar el acceso universal a estas herramientas vitales.
• ¡Por una reorganización fundamental de la sociedad basada en principios socialistas! Esta es la única forma de garantizar que la salud pública tenga prioridad sobre el beneficio privado y que se satisfagan las necesidades de todas las personas.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la incapacidad del capitalismo para hacer frente a los problemas de una sociedad de masas, y que este sistema social se encuentra en un avanzado estado de regresión. La clase obrera debe sacar las conclusiones necesarias y emprender la lucha por un futuro socialista. Este es el único camino para poner fin a la pandemia y construir un mundo libre de explotación, opresión y muertes prevenibles.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de marzo de 2024)