El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha vuelto a demostrar su verdadera lealtad: no a los trabajadores ni a la protección del medio ambiente, sino a los intereses corporativos.

Su última orden ejecutiva, que suspende las históricas regulaciones ambientales de California para acelerar la reconstrucción de la infraestructura de servicios públicos en las zonas afectadas por los incendios forestales, constituye un ataque directo a la democracia, las salvaguardias ambientales y las comunidades de clase trabajadora. Es una medida que se alinea perfectamente con los intereses de las empresas energéticas privadas como Southern California Edison (SCE), a la vez que refleja peligrosamente los métodos autoritarios de la administración fascista de Trump.

La orden ejecutiva de Newsom exime a las empresas de servicios públicos del cumplimiento de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, todas las siglas en inglés) y la Ley Costera de California, dos de las protecciones ambientales más importantes del estado.

La CEQA se diseñó para garantizar que los proyectos de desarrollo rindan cuentas por su impacto ambiental, lo que exige estrategias de mitigación que protejan la salud pública y los ecosistemas. De igual manera, la Ley Costera se estableció para prevenir desarrollos imprudentes que podrían dañar las frágiles regiones costeras de California.

Con el pretexto de acelerar la recuperación en las regiones devastadas por los incendios de Altadena, Malibú y Pacific Palisades, Newsom esencialmente ha dado luz verde a las grandes corporaciones y firmas de capital privado para actuar con impunidad, priorizando las ganancias sobre el medio ambiente y la seguridad pública.

Esta decisión no surgió de la nada. De hecho, Newsom ha hecho concesiones en repetidas ocasiones que permiten a las grandes corporaciones operar sin restricciones. Tras el devastador incendio de Camp en 2018, ayudó a impulsar la legislación que permitió a PG&E salir de la bancarrota, trasladando la carga de sus responsabilidades a los contribuyentes. Ahora, su orden ejecutiva surge tras la presión constante de SCE y otras compañías energéticas, que han estado presionando para que se flexibilicen los requisitos regulatorios con el argumento de la reducción de costos y la 'eficiencia'.

El hecho de que Newsom cumpla con tanta facilidad no hace más que subrayar que su administración, al igual que la de sus homólogos republicanos, sirve a los intereses del capital. Esto se agrava con la creciente evidencia de la negligencia de SCE y la complicidad de los demócratas en los incendios de enero.

Los defensores del medio ambiente han alertado sobre las posibles ramificaciones de la orden de Newsom. Una semana antes, Shaye Wolf, directora de ciencias climáticas del Centro para la Diversidad Biológica, advirtió: 'El gobernador Newsom debería rechazar la estrategia de Trump de talar y revertir protecciones ambientales cruciales'.

Bruce Reznik, ambientalista y defensor del desarrollo sostenible en Los Angeles Waterkeeper, advirtió: «Debemos construir reconociendo la realidad del cambio climático actual. Estas leyes son cruciales para asegurar que, al reconstruir, lo hagamos con miras a la resiliencia climática. Desafortunadamente, el gobernador no ha actuado así, y debemos preocuparnos por las consecuencias».

De igual manera, Susan Jordan, directora de la Red de Protección Costera de California, declaró: “Espero que el gobernador algún día reconozca que la Comisión Costera es un socio dispuesto y una de las mejores herramientas que tiene a su disposición para garantizar una respuesta rápida, informada y coordinada que establezca la resiliencia a largo plazo en la costa”.

Más allá de su función de servir a las corporaciones, la orden ejecutiva de Newsom representa un flagrante abuso de autoridad ejecutiva. La decisión de eludir las leyes ambientales de California refleja el uso autoritario del poder ejecutivo por parte de Trump para desmantelar las regulaciones ambientales federales, suprimir los derechos democráticos y laborales, y proteger a las corporaciones del escrutinio legal.

En ambos casos, la autoridad ejecutiva elude el poder legislativo y se ejerce no para servir al bien público, sino para eliminar cualquier restricción legal a las industrias poderosas. Al seguir este modelo, Newsom está normalizando un precedente peligroso: uno en el que los gobernadores pueden anular protecciones de larga data a voluntad, sin rendir cuentas ni al público ni a la legislatura.

Además, este desarrollo es una clara capitulación ante la agenda fascista de Trump. Trump criticó repetidamente las protecciones ambientales de California, incluso exigiendo el desfinanciamiento de la Comisión Costera de California, responsable de la aplicación de la Ley Costera.

A pesar de la retórica de Newsom sobre la 'reconstrucción resiliente' y la 'prevención de incendios en el futuro', la realidad es mucho más siniestra. Al desmantelar la CEQA y la Ley Costera, está allanando el camino para proyectos de infraestructura imprudentes que tendrán consecuencias devastadoras para el medio ambiente y la seguridad de las edificaciones en California.

La CEQA y la Ley Costera se crearon para prevenir, al menos en cierta medida, el desarrollo perjudicial y miope. Sin estas protecciones, no habrá una supervisión significativa que garantice que el proceso de reconstrucción se realice priorizando la sostenibilidad. En cambio, las empresas de servicios públicos optarán por las rutas más económicas y rápidas, recortando gastos e ignorando los riesgos ambientales a largo plazo. Esta decisión podría provocar un aumento de la contaminación, un debilitamiento de las protecciones costeras y más fallos de infraestructura en el futuro.

La orden ejecutiva de Newsom tampoco reconoce una de las principales causas de estos devastadores incendios forestales: la crisis climática, exacerbada por la avaricia corporativa y décadas de negligencia ambiental. En lugar de tomar medidas decisivas para reducir las emisiones y responsabilizar a las compañías energéticas por su papel en los crecientes desastres por incendios en California, Newsom está permitiendo una mayor destrucción.

Esta orden ejecutiva no es un incidente aislado; forma parte de un patrón más amplio de la disposición de Newsom a apaciguar el poder corporativo y a sus supuestos adversarios políticos. Newsom ha mostrado públicamente su deferencia hacia Trump, ya sea durante las visitas del expresidente a California o en sus propios viajes a Washington D. C.

Esta orden ejecutiva es un duro recordatorio de que tanto el Partido Demócrata como el Republicano sirven, en última instancia, a los intereses de la élite gobernante capitalista. Si bien Newsom se presenta como un líder progresista, sus acciones revelan que no se diferencia de sus homólogos republicanos, quienes priorizan la desregulación, el poder corporativo y la extralimitación ejecutiva.

Como ha señalado el World Socialist Web Site, la tarea de reconstruir Los Ángeles no puede confiarse a políticos que han demostrado su subordinación a los intereses corporativos. Las concesiones de Newsom a empresas como SCE están bien documentadas. Tampoco puede confiarse a figuras como el multimillonario Rick Caruso, quien hará todo lo posible para superar cualquier restricción a su capacidad de convertir un desastre en una oportunidad sin precedentes para obtener ganancias.

La tarea debe ser asumida por la clase trabajadora sobre la base de un plan social que proceda científicamente para proteger a la población, el medio ambiente y el futuro, a la vez que previene que desastres como los incendios de Los Ángeles se repitan. Solo mediante una movilización de los trabajadores, independiente de los partidos Demócrata y Republicano, y con base en un programa socialista, se puede realizar un esfuerzo genuino para reconstruir de una manera que priorice las vidas humanas sobre la riqueza corporativa.

El afán de lucro debe eliminarse de los esfuerzos de recuperación de desastres, y el poder debe colocarse en manos de aquellos que tienen el mayor interés en garantizar un futuro seguro y sostenible: los trabajadores, los científicos y los miembros de la comunidad que realmente comprenden la urgencia de proteger tanto a las personas como al medio ambiente.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de marzo de 2025)