A partir del 2 de abril, según una directiva de la Casa Blanca, cualquier país que produzca o compre petróleo venezolano directamente o a través de terceros enfrentará aranceles del 25 por ciento sobre todos los bienes exportados a los Estados Unidos, potencialmente hasta por un año después de la última compra registrada. 

Los aranceles secundarios forman parte de una orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 24 de marzo. Solo cuatro días después de que el Wall Street Journal informara que el Gobierno estaba considerando la solicitud del gigante petrolero estadounidense Chevron para extender su licencia para operar en Venezuela, la orden conmocionó a los analistas y aumentó los precios mundiales del petróleo alrededor del 1 por ciento.

Las consecuencias más drásticas serán para China, que actualmente es el mayor comprador de petróleo venezolano. Los aranceles estadounidenses existentes contra China—las dos economías más grandes del mundo—aumentarían del 20 al 45 por ciento, lo que podría desestabilizar aún más las cadenas de suministro globales. 

El objetivo declarado de la orden es “cortar los salvavidas financieros” al Gobierno del presidente Nicolás Maduro para provocar su caída. Pero, además, la orden ejecutiva afirma en los términos más inequívocos hasta la fecha que Estados Unidos alega una invasión armada lanzada por el propio Gobierno venezolano. 

“El régimen de Maduro ayudó y facilitó la llegada de miembros del Tren de Aragua a los Estados Unidos durante la Administración anterior [de Biden] al no controlar sus fronteras, permitir que las operaciones de la pandilla florecieran dentro de Venezuela y negarse a tomar medidas contra sus miembros, lo que exacerbó la crisis de inmigración ilegal”, dice la orden.

Trump ya designó la pandilla venezolana Tren de Aragua como una “organización terrorista extranjera” y la utilizó como pretexto para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, que destruye cualquier atisbo de legalidad en su campaña de deportación masiva. 

El secretario de Estado Marco Rubio, quien estará a cargo de seleccionar los países que enfrentarán aranceles, resumió la orden en X: “Cualquier país que permita que sus empresas produzcan, extraigan o exporten de Venezuela será objeto de nuevos aranceles y cualquier empresa será objeto de sanciones”.

La guerra económica contra el Gobierno venezolano conlleva una amenaza directa de agresión militar.

El jueves, Rubio viajó a Guyana, un país pequeño que disputa históricamente la mitad de su territorio con Venezuela. Ahí, Rubio amenazó: “Sería un día muy malo para el régimen venezolano si atacara Guayana [sic] o ExxonMobil”.

 Esto sigue al anuncio de Caracas de que organizará elecciones locales dentro del territorio en disputa del Esequibo. A principios de marzo, un buque de la Armada venezolana supuestamente navegó cerca de las principales plataformas petroleras administradas por ExxonMobil en las aguas en disputa. 

La amenaza de aranceles se produce después de la eliminación de todas las licencias otorgadas a empresas extranjeras específicas para producir y comercializar petróleo venezolano. El plazo para que Chevron, la empresa con mayor operación en Venezuela, salga del país se extendió hasta el 27 de mayo.

El Gobierno de Maduro ha denunciado las sanciones como “ilegales” por violar las reglas del comercio internacional y como un intento “desesperado” de apuntalar a la derecha fascistizante venezolana. 

Maduro ha argumentado que el Tren de Aragua está esencialmente extinto y que en el pasado fue utilizado por la oposición de derecha. Hoy se está invocando como pretexto para la deportación masiva de migrantes venezolanos. El Gobierno de Maduro también ha denunciado la deportación de unos 238 migrantes venezolanos al llamado Centro de Contención del Terrorismo en El Salvador, un campo de concentración presidido por el presidente fascista Nayib Bukele. 

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo: “Instamos a Estados Unidos a que cese su interferencia en los asuntos internos de Venezuela y a que suprima las sanciones unilaterales ilegales contra el país”. 

El anuncio de las nuevas sanciones y aranceles está empeorando de inmediato la catástrofe humanitaria de Venezuela. Más de siete millones de venezolanos, casi un tercio de la población, se han ido, y decenas de miles han muerto debido a la crisis social causada principalmente por las sanciones de Estados Unidos. 

El régimen de sanciones se lanzó por primera vez en marzo de 2015, cuando el presidente Barack Obama declaró a Caracas una “amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”. Luego, se intensificó drásticamente bajo la campaña de “máxima presión” de la Administración de Trump en 2017. 

El relator especial de la ONU, Alfred de Zayas, advirtió ya en 2019 que las sanciones estadounidenses eran “comparables con los asedios medievales de ciudades” y podrían constituir “crímenes de lesa humanidad” según el derecho internacional. 

Las nuevas medidas representarían el “asedio medieval” más agresivo de la economía venezolana hasta el momento, demostrando una voluntad de infligir niveles de sufrimiento y muerte comparables al genocidio estadounidense-israelí en Gaza.

Este curso provocará de forma inminente otro éxodo fuera del país. Lejos de tratar de evitar tal posibilidad en un momento en que las llegadas de migrantes a las fronteras de los Estados Unidos han caído a mínimos históricos, la Administración de Trump ve el intento de millones de migrantes de llegar a los Estados Unidos como algo necesario para su fraudulento relato de una “invasión” de migrantes. El aspirante a Führer de los Estados Unidos ha utilizado esta mentira para justificar ataques masivos a los derechos democráticos y amenazas de agresión militar en el extranjero. 

El imperativo estratégico para la Administración de Trump es asegurar su hegemonía sobre el hemisferio y sus recursos mientras intensifica sus preparativos de guerra contra China. 

La semana pasada, Reuters informó que el cargamento del crudo en los principales puertos de Venezuela se desaceleró, mientras que todos los envíos de petróleo a China se han suspendido. 

La empresa india Reliance Industries dijo que detendría su compra de petróleo venezolano para evitar las sanciones de Estados Unidos. 

Varios países europeos, incluidos Italia y Francia, cuyas empresas han estado comercializando petróleo venezolano, también se verían afectados por los aranceles.

Por su parte, Chevron, que es responsable de alrededor de una cuarta parte de la producción petrolera venezolana, ya ha anunciado su salida del país y está reduciendo su flota de petroleros en Venezuela. La petrolera estatal PDVSA se ha vuelto dependiente de Chevron para los expertos técnicos y suministros para sus operaciones y mantenimiento. 

El tipo de cambio informal del dólar, que es más preciso, ha caído alrededor de un tercio desde el anuncio de las sanciones, su peor depreciación en cuatro años. Los precios de los productos básicos han comenzado a aumentar según varios informes locales. 

Caracas anunció un plan de seis semanas para reducir el consumo de electricidad en medio de cortes diarios de hasta ocho horas en los estados occidentales. 

Las nuevas sanciones han provocado divisiones en la oposición de derecha, que teme volverse aún más impopular. Sin embargo, la facción dominante liderada por el “activo” de la CIA, María Corina Machado, y su candidato presidencial Edmundo González Urrutia se ha alineado detrás de las acciones de Trump, con la esperanza de que ofrezca un atajo para ser instalados como un régimen títere de los Estados Unidos.

El Gobierno de Maduro no ofrece otra alternativa y no tiene otra respuesta más que apelar al imperialismo estadounidense, incluso colaborando con la campaña de deportación de Trump enviando varios aviones venezolanos para recoger a los deportados, inicialmente en Texas y ahora en Honduras. Como representante de una facción de la élite gobernante capitalista y confiando en el apoyo de la cúpula militar, Maduro continuará colocando el peso económico de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora y utilizará medidas estatales policiales para reprimir el malestar social desde abajo. 

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de marzo de 2024)