São Paulo se ha visto sacudida por una ola de huelgas y protestas en el ámbito educativo durante los últimos días, con decenas de miles de trabajadores y jóvenes tomando las calles de la ciudad prácticamente todos los días de esta semana. El lunes, unos 2.500 estudiantes de las tres universidades estatales de São Paulo —USP, Unicamp y Unesp— marcharon unidos por el centro de la ciudad, bloqueando la Avenida da Consolação. Los estudiantes volvieron a las calles el martes a lo largo de la Avenida Paulista. El miércoles, los maestros y el personal del sistema de escuelas públicas municipales se manifestaron frente al Ayuntamiento, marcando su decimosexto día consecutivo de huelga. Volvieron a protestar el viernes, después de que el Concejo Municipal aprobara el mismo recorte salarial contra el que luchaba su huelga —una medida que, lejos de extinguir el movimiento, lo avivó aún más.

Estas acciones no son episodios aislados. Constituyen el panorama vivo de una erupción de la lucha de clases en São Paulo —que se desarrolla en paralelo a movilizaciones de igual carácter en toda América Latina, y se inscribe en la ola internacional de huelgas y protestas—. Su importancia política se pone de relieve cuando se sitúa en el contexto de la crisis del régimen burgués brasileño en vísperas de las primeras elecciones presidenciales desde el intento de golpe fascista del 8 de enero de 2023.

El desalojo violento y la expansión de la huelga

La huelga de la USP cumplió un mes y medio el 14 de mayo. Iniciada el 14 de abril por el personal técnico y administrativo de Sintusp, se unieron rápidamente los estudiantes, cuya demanda central es aumentar la beca de asistencia estudiantil del programa PAPFE al salario mínimo de São Paulo de 1.804 reales. El contraste con la situación actual es marcado: la beca paga actualmente 885 reales a los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad social que viven fuera del campus, y apenas 330 reales a los que residen en alojamientos dentro del campus. Tras semanas de estancamiento con la administración universitaria, los estudiantes ocuparon la Rectoría el 7 de mayo.

La respuesta del Estado llegó en la madrugada del 10 de mayo. Alrededor de las 4:15 a. m., la Policía Militar irrumpió en el edificio sin previo aviso y sin una orden judicial. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado describió la operación como una acción que empleó el «factor sorpresa» y «fuerza moderada». Los videos difundidos por la Dirección Central Estudiantil (DCE) cuentan una historia diferente: los agentes se alinearon dentro del edificio, obligando a los estudiantes a pasar por un pasillo de porras —al que la propia Secretaría se refirió como un «corredor polaco»— con granadas aturdidoras y gas lacrimógeno. La DCE informó de decenas de heridos y cuatro detenidos. La administración de la USP declaró que no había llamado a la policía y que no se le había informado de la operación con antelación. El gobierno estatal respondió que se trataba de un «delito flagrante» y que la operación terminó «sin heridos», una afirmación que contradice directamente el material de video.

La violencia antes del amanecer amplió la revuelta en lugar de contenerla. En los días siguientes, los estudiantes de la Unicamp y la UNESP —las otras dos grandes universidades públicas del estado de São Paulo que, junto con la USP, ocupan los tres primeros puestos en los rankings universitarios de Sudamérica— se sumaron formalmente a la huelga. Al menos 20 programas de grado y el personal técnico-administrativo de la Unicamp iniciaron paros laborales, y los estudiantes de seis campus de la UNESP suspendieron aproximadamente el 30 por ciento de las actividades.

La próxima manifestación está convocada para el 20 de mayo: una manifestación conjunta de estudiantes de las tres universidades estatales junto con maestros municipales y trabajadores del metro en huelga. La manifestación marchará hacia la sede del gobierno de Tarcísio de Freitas, bajo el lema «¡Fuera Tarcísio! En defensa de la educación, los servicios públicos, contra las privatizaciones».

La reacción del gobernador fascistoide y del bloque de extrema derecha en la legislatura estatal pone al descubierto el carácter político de la ofensiva en curso. Tarcísio declaró públicamente que la huelga «no se me pasa por la cabeza», al tiempo que atacaba su «naturaleza política». «Los estudiantes tienen que estudiar, tienen que dar lo mejor de sí mismos», dijo el gobernador, reduciendo la educación pública a la producción de mano de obra para el mercado.

El diputado Guto Zacharias presentó el proyecto de ley 439/2026, que prevé la expulsión de los estudiantes que participen en huelgas y la prohibición de matricularse en cualquier universidad estatal de São Paulo durante 15 años. Para los docentes, rectores y administradores que «apoyen, permitan o no actúen» ante las huelgas, el proyecto de ley establece el despido y la inhabilitación durante diez años para presentarse a los exámenes de la función pública. Constituye un ataque sin precedentes a los derechos democráticos dentro y fuera de los campus.

Mientras tanto, los concejales de extrema derecha de União Brasil, Rubinho Nunes y Adrilles Jorge, se dirigieron personalmente a la manifestación estudiantil del 11 de mayo para enfrentarse a los manifestantes —una acción que precedió por minutos a la intervención de la Policía Militar con gas pimienta y granadas de gas lacrimógeno.

Represión policial sin orden judicial. Un discurso de criminalización. Legislación punitiva. Esta combinación no es una respuesta improvisada a una huelga universitaria. Es la expresión del giro fascista del régimen político brasileño, que encuentra en el gobierno de Tarcísio su vanguardia más audaz en el estado más rico e industrializado del país.

El contexto internacional de las luchas en São Paulo

Lo que está ocurriendo en São Paulo forma parte de una dinámica internacional más amplia. En la misma semana en que estudiantes y docentes salieron a las calles de la ciudad más grande de Brasil, estallaron movilizaciones de igual carácter en diferentes países de América Latina.

En Argentina, la Cuarta Marcha Federal Universitaria reunió a 1,5 millones de personas en las calles de más de 60 ciudades el 12 de mayo, bajo el lema «Milei, acata la ley» —una referencia a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y suspendida por decreto presidencial. El detonante inmediato fue la publicación, el día anterior, de nuevos recortes presupuestarios en educación y salud. El 70 % de los salarios de los docentes y el personal universitario se encuentra ahora por debajo de la línea de pobreza.

En Venezuela, la Asociación de Profesores de la Universidad Central convocó un paro nacional de 24 horas para el 19 de mayo, después de que el régimen de Delcy Rodríguez rechazara las demandas salariales de los docentes. En Bolivia, el Cuerpo Docente Urbano llevó a cabo una huelga nacional el 11 de mayo y el Cuerpo Docente Rural bloqueó las carreteras durante 48 horas, exigiendo la renuncia del ministro de Educación.

La coincidencia de estas movilizaciones no es casual. Como señaló David North en su discurso de apertura en la Manifestación Internacional del Primero de Mayo del ICFI hace dos semanas, la segunda mitad de la década «se caracteriza cada vez más por el estallido de la tendencia opuesta de lucha social a escala internacional». Lo que está surgiendo en São Paulo y en toda América Latina forma parte directa de ese movimiento.

La crisis del régimen burgués brasileño y las elecciones de octubre

Estas movilizaciones se desarrollan a menos de seis meses de las elecciones presidenciales de octubre, las más tensas desde el fin de la dictadura militar. Las primeras elecciones desde el intento de golpe de Estado de Jair Bolsonaro y su camarilla militar fascista también se llevan a cabo bajo la intervención directa del imperialismo estadounidense. La administración Trump impuso aranceles y ataques diplomáticos sistemáticos contra Brasil, presionando abiertamente contra el juicio a Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, quien se postula como representante de su padre encarcelado, está empatado estadísticamente con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las encuestas para la segunda vuelta.

Este panorama es un veredicto sobre la estrategia que el Partido de los Trabajadores (PT) y la pseudizquierda han aplicado durante los últimos cuatro años. El gobierno de Lula no revirtió la ofensiva contra la clase trabajadora, sino que la profundizó. El «nuevo marco fiscal» recortó el gasto social a niveles inferiores a los de los gobiernos de Temer y Bolsonaro en sus primeros años. El Plan Safra 2025/2026 asignó 500 mil millones de reales a la agroindustria, más que los presupuestos combinados de educación y salud. El servicio de la deuda pública superó el billón de reales el año pasado, sostenido por algunas de las tasas de interés reales más altas del mundo.

Esto hace que el 59 por ciento de los brasileños afirme que Lula «no merece continuar otros cuatro años», según una encuesta de Quaest de marzo. Un diputado del PT vinculado al MST lo resumió claramente en una reunión del gobierno: «La gente está enojada con nosotros. Nos abuchean cuando vamos a hablar».

La pseudizquierda responde a este colapso no con una ruptura con el PT, sino con una integración más profunda: el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) decidió en marzo apoyar a Lula desde la primera vuelta, sin presentar su propio candidato.

El «frente amplio» del PT y la pseudizquierda con el establishment burgués no enterró al fascismo. Al implementar el programa de austeridad capitalista contra la clase trabajadora, solo allanó el camino para que los fascistas vinculados a Bolsonaro continuaran con su conspiración golpista.

¡Dirija n el movimiento estudiantil hacia la clase obrera y la lucha por el liderazgo revolucionario!

Es en este contexto donde debe entenderse el surgimiento del movimiento estudiantil en São Paulo. En 1930, al analizar el estallido de las protestas estudiantiles en España, León Trotsky escribió:

Cuando la burguesía se niega consciente y obstinadamente a resolver los problemas que surgen de la crisis de la sociedad burguesa, y cuando el proletariado aún no está listo para asumir esa tarea, con frecuencia son los estudiantes quienes dan un paso al frente… Esa actividad estudiantil revolucionaria o semirrevolucionaria significa que la sociedad burguesa está atravesando una profunda crisis.

La juventud pequeñoburguesa, sintiendo que se acumula una fuerza explosiva entre las masas, intenta a su manera encontrar una salida al impasse e impulsar los acontecimientos políticos.

La burguesía mira al movimiento estudiantil con una mezcla de aprobación y advertencia: si los jóvenes asestan algunos golpes a la burocracia monárquica, está bien, siempre y cuando los «chicos» no vayan demasiado lejos y no despierten a las masas trabajadoras. Al apoyar el movimiento estudiantil, los trabajadores españoles demostraron un instinto revolucionario totalmente acertado.

Este análisis ofrece una clave adecuada para comprender los acontecimientos en Brasil en mayo de 2026. Es cierto que la composición social de los estudiantes se ha diversificado significativamente en los últimos años. Pero la agitación en universidades como la USP, la UNESP y la Unicamp —las universidades más grandes de América Latina, el semillero histórico de la élite política e intelectual del país— tiene, sobre todo, un significado sintomático. Anticipa, en la conciencia de la juventud universitaria, una explosión más profunda que se está gestando en la clase trabajadora brasileña.

Es precisamente por eso que la pseudoisquierda brasileña presta tanta atención al movimiento estudiantil.

El PSOL, la Unidad Popular (UP) estalinista y el Partido Comunista Brasileño Revolucionario (PCBR), así como las diferentes tendencias morenistas al frente del movimiento estudiantil, están todos, en este mismo momento, dedicados a construir la campaña de reelección de Lula o actuando como sus auxiliares.

La pseudizquierda actúa sistemáticamente para desviar al movimiento estudiantil hacia demandas locales específicas, manteniéndolo cuidadosamente alejado de las cuestiones políticas decisivas. Más fundamentalmente, ven este movimiento como el terreno más crítico para cultivar una capa de juventud “radical” ligada a sus perspectivas políticas nacionalistas y oportunistas en bancarrota. No es casualidad que figuras prominentes del PSOL, como la diputada federal Sâmia Bomfim —quien se formó políticamente dentro del movimiento estudiantil de la USP—, hablen en las manifestaciones estudiantiles.

Para la pseudizquierda, la importancia del movimiento estudiantil radica en la forma en que este movimiento puede utilizarse para desviar una erupción más amplia de la clase trabajadora que ahora está en la agenda, formando a los cuadros políticos que venderán ilusiones sobre las posibilidades de reformar el capitalismo y sostendrán los nuevos «frentes amplios» con la burguesía.

Este papel tiene un precedente histórico crítico en la ola de radicalización estudiantil de finales de la década de 1970, que precedió directamente a las huelgas industriales del ABC paulista. En la escuela del revisionismo pablista, especialmente en sus variantes lamberta y morenista, se formó una generación de líderes oportunistas pequeñoburgueses. Estos promovieron a la burocracia sindical liderada por Lula para construir el PT, que sirvió como el principal instrumento para contener la lucha revolucionaria de la clase trabajadora brasileña en las décadas siguientes.

La huelga actual resurge tras un ciclo que incluye las huelgas de 2007 y 2009 en la USP y la represión de 2011 bajo el gobierno de Geraldo Alckmin —ese mismo Alckmin que ahora se desempeña como vicepresidente de Lula. El hombre que envió a la policía antidisturbios contra los estudiantes de la USP ahora forma parte del gobierno que se presenta como el baluarte democrático contra el fascismo.

En 2007, durante el ciclo anterior de huelgas universitarias en São Paulo, la Internacional de Jóvenes y Estudiantes por la Igualdad Social (entonces ISSE) dirigió una declaración a los estudiantes de la USP que conserva toda su vigencia: “Aunque la ISSE es una organización estudiantil, su objetivo no es construir un movimiento puramente estudiantil. Lucha para que los estudiantes se orienten hacia la clase trabajadora en su conjunto —la gran mayoría de la población mundial y la única fuerza social cuyos intereses son irreconciliablemente opuestos al sistema de ganancias y al imperialismo— en la lucha por la renovación del movimiento socialista internacional».

Esta orientación es más urgente que nunca. Los estudiantes que hoy se enfrentan a las porras de la policía en la Rectoría de la USP y que se preparan para marchar hacia el Palácio dos Bandeirantes deben orientarse conscientemente hacia la clase trabajadora y luchar por su movilización como una fuerza política independiente armada con un programa revolucionario internacionalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de mayo de 2026)