En la madrugada del viernes, el Senado de Estados Unidos aprobó la Ley de Protección de Estados Unidos (Secure America Act), un paquete de financiamiento de casi 70 mil millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional, que proporciona fondos al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, todas las siglas en inglés) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) hasta 2029, el final del segundo mandato de Trump.

El proyecto de ley fue aprobado por 52 votos a favor y 47 en contra. Todos los demócratas presentes votaron 'no', junto con la republicana Lisa Murkowski de Alaska, mientras que el senador demócrata Michael Bennet de Colorado no asistió a la votación. La medida pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde se espera que los republicanos la aprueben.

El proyecto de ley proporciona miles de millones para contratar, capacitar, pagar y equipar a agentes migratorios y personal de apoyo adicionales, ampliar la capacidad de detención y construir la infraestructura tecnológica del Estado policial. Una sección asigna 3,450 millones de dólares para 'nuevos equipos de inspección no intrusiva', 'inteligencia artificial, aprendizaje automático y otras tecnologías innovadoras', sistemas de vigilancia fronteriza y el sistema biométrico de entrada y salida.

Esto se suma a los aproximadamente 170 mil millones de dólares otorgados el año pasado para la Gestapo migratoria bajo la ley 'One Big Beautiful Bill' de Trump, que incluía 45 mil millones para construir nuevos campos de detención en todo Estados Unidos.

La aprobación del proyecto de ley no es simplemente una victoria entregada a Trump por los republicanos. Es el resultado de un proceso político en el que cada institución del orden existente, y sobre todo el Partido Demócrata, desempeñó el papel que le fue asignado para estrangular el movimiento de masas que estalló en enero tras los asesinatos de Renée Nicole Good y Alex Pretti en Mineápolis.

Es necesario repasar los acontecimientos de los últimos cinco meses. El 23 de enero, 100.000 personas se manifestaron en Mineápolis para exigir justicia por Good y la abolición del ICE. Al día siguiente, la Gestapo migratoria de Trump, entonces dirigida en Minnesota por el matón de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, asesinó a Alex Pretti, enfermero de la unidad de cuidados intensivos del hospital de la Administración de Veteranos de Mineápolis.

El asesinato de Pretti profundizó la ira popular. Crecieron los llamados a una huelga general. Las protestas se extendieron por todo el país. Trabajadores y jóvenes llegaron a la conclusión de que la policía migratoria debía ser abolida, no 'reformada'.

Antes de los asesinatos de Good y Pretti, los demócratas estaban dispuestos a financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluidos el ICE y la CBP, sin ninguna restricción. Pero aterrorizados por la erupción desde abajo, se movilizaron para contener y desmovilizar a la oposición.

El vicepresidente JD Vance voló a Minnesota tras el asesinato de Pretti y efectivamente entregó a los demócratas la tarea de sofocar el movimiento. El gobernador Tim Walz respondió desplegando a la policía estatal contra los manifestantes y a la Guardia Nacional frente al Edificio Federal Whipple, no para proteger a los inmigrantes, sino para proteger al ICE.

Trump retiró a Bovino y envió al 'zar fronterizo' Tom Homan a Minnesota. Poco después, Homan anunció que los demócratas habían acordado proporcionar a los agentes federales un acceso ampliado a las cárceles de todo el estado para capturar inmigrantes.

Al mismo tiempo, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, trabajaba con Trump y los republicanos para aprobar los proyectos de ley de financiamiento del gobierno. En condiciones de indignación masiva, los demócratas propusieron separar el financiamiento del DHS del resto del proyecto de ley, lo que les permitió hacerse pasar por opositores al ICE mientras garantizaban que el resto del gobierno, incluido el ejército y las funciones centrales del Estado capitalista, permaneciera plenamente financiado.

Como informó el New York Times, Schumer le dijo a Trump que 'el pueblo estadounidense odia lo que está sucediendo en las calles', advirtiendo que los asesinatos estaban dañando la credibilidad de la administración. Schumer declaró más tarde que 'el asesinato del Sr. Pretti les había endurecido la columna vertebral' y que los demócratas usarían el gasto como uno de sus 'puntos de presión'.

¿En qué consistió esta 'presión'? Fue una maniobra para desmovilizar la oposición popular y luego permitir que los republicanos utilizaran un proyecto de ley de reconciliación presupuestaria para aprobar el dinero con una mayoría simple.

La administración Trump utilizó la maniobra parcial del DHS de los demócratas para inundar los aeropuertos con agentes del ICE, presentando esto como necesario porque el financiamiento de la Administración de Seguridad en el Transporte, incluido el salario de los controladores de tráfico aéreo, también había quedado en el limbo. Los demócratas inicialmente exigieron que el ICE fuera retirado de los aeropuertos, para luego abandonar rápidamente la exigencia.

En marzo, los demócratas del Senado votaron a favor de financiar al resto del DHS, excluyendo al ICE y a la Patrulla Fronteriza, sin obtener ninguna restricción sobre la policía migratoria. A esto le siguió, como ellos sabían que ocurriría, la aprobación del financiamiento del ICE y la CBP a través del proceso de reconciliación.

Mientras tanto, los gobernadores y alcaldes demócratas continúan desplegando a la policía contra los manifestantes anti-ICE. En Nueva Jersey, donde las protestas continúan dentro y fuera del centro de detención privado Delaney Hall, la gobernadora Mikie Sherrill ha desplegado a la policía estatal para atacar a manifestantes y periodistas. El alcalde de Newark, Ras Baraka, impuso un toque de queda alrededor de las instalaciones, lo que provocó arrestos masivos.

En todo el país, el ICE y la CBP continúan secuestrando trabajadores de sus hogares, lugares de trabajo y comunidades. En Carolina del Sur, 48 trabajadores fueron capturados por el ICE mientras trabajaban en Burnstein von Seelen, una empresa de fundición de metales.

El aparato sindical y las organizaciones pseudoizquierdistas en torno al Partido Demócrata han desempeñado su papel en este proceso. Durante las protestas de Mineápolis, la burocracia sindical dijo a los trabajadores que permanecieran en sus puestos de trabajo y respetaran las cláusulas de 'no huelga' negociadas por las propias burocracias sindicales. La pseudoizquierda, incluidos los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA), así como grupos como Left Voice, trabajó para contener la oposición y promover la ficción de que el acuerdo entre Trump y los demócratas representaba un retroceso fundamental.

'Abolir el ICE', consigna promovida en su momento por figuras del DSA como Alexandria Ocasio-Cortez, se ha convertido en un lenguaje prohibido dentro del Partido Demócrata, del mismo modo que 'desfinanciar a la policía' fue enterrado tras las protestas masivas que siguieron al asesinato de George Floyd. Ocasio-Cortez no ha emitido ninguna declaración sobre el proyecto de ley de financiamiento del DHS ni sobre los continuos crímenes del ICE, aunque ha encontrado tiempo para publicar repetidamente sobre los New York Knicks. Bernie Sanders también se ha negado a comentar sobre el financiamiento y las operaciones en curso de la Gestapo migratoria.

Su silencio expresa la realidad política de que los demócratas son colaboradores en la agenda del Estado policial de Trump. El Partido Demócrata, un partido de Wall Street y de las agencias de inteligencia y el ejército, está aterrorizado sobre todo por un crecimiento de la oposición a Trump desde abajo.

Esta es una experiencia crítica para los trabajadores y los jóvenes. La conclusión que debe extraerse es que la defensa de los derechos democráticos es una cuestión de clase. No puede librarse a través de ninguno de los dos partidos capitalistas, del aparato sindical ni de las organizaciones pseudoizquierdistas vinculadas a ellos. Todo el aparato estatal, incluidos el ICE, la CBP, el DHS, la policía y el ejército, existe para defender la riqueza y el poder de la oligarquía.

El Partido Socialista por la Igualdad llama a la abolición del ICE, la CBP y todas las agencias policiales; al cierre de todos los campos de detención; y a la liberación inmediata de todos los detenidos. La defensa del trabajador inmigrante más vulnerable es la defensa de los derechos democráticos de toda la clase obrera.

Esto requiere la construcción de comités de base en cada lugar de trabajo, escuela y vecindario, independientes de la burocracia sindical y de ambos partidos capitalistas, y vinculados internacionalmente a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base. En todo el mundo, los gobiernos capitalistas están utilizando la misma propaganda antiinmigrante impulsada por la administración Trump para atacar a los refugiados, los migrantes y los derechos democráticos de toda la clase obrera.

Los trabajadores de todas las industrias, desde los trabajadores de autopartes de Nexteer y American Axle hasta los empacadores de carne en Colorado, se enfrentan al mismo enemigo de clase: las corporaciones y la oligarquía financiera que buscan dividir a los trabajadores por nacionalidad, estatus migratorio y raza.

No se trata solo de una lucha contra un gobierno criminal. Es una lucha contra el orden capitalista y la oligarquía financiera que lo respalda. La dictadura y la guerra son la respuesta internacional de la clase dominante a la crisis cada vez más intensa del sistema capitalista mundial, centrada en Estados Unidos. La respuesta es la movilización política independiente de la clase obrera sobre la base de un programa socialista y la construcción del Partido Socialista por la Igualdad como su dirección.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 6 de junio de 2026)