Ha pasado una semana desde que agentes de la Policía de Carabineros ordenaron a dos estudiantes de secundaria que se desnudaran dentro de un salón de clases en el Liceo Rayen Mapu de Quellón, en la isla sureña de Chiloé. Menos de tres meses antes, la escuela había quedado paralizada por una infestación de roedores. En 2026, 11 escuelas de toda la Región de Los Lagos —incluido el Liceo Rayen Mapu— suspendieron clases o fueron clausuradas debido a la presencia de roedores, palomas y murciélagos.

Estas condiciones son un microcosmos del estado de la educación pública en todo Chile, tanto en las escuelas municipales como en las administradas por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y en las escuelas privadas subvencionadas. El “Estado subsidiario” de la Constitución de Pinochet estableció el principio de que el Estado no atiende las necesidades sociales. Delega la responsabilidad hacia abajo, a los municipios con bases impositivas radicalmente desiguales, o hacia afuera, a operadores privados que obtienen ganancias de los subsidios por alumno mientras minimizan todos los costos.

A lo largo y ancho de Chile, desde Coquimbo hasta los archipiélagos del sur, las escuelas de las comunidades obreras y rurales se encuentran en tal estado de deterioro que estaban infestadas de roedores.

En la Región de Coquimbo, el Colegio de Profesores de La Serena realizó un estudio en 32 escuelas y descubrió que el 70 por ciento presentaba graves riesgos para la salud, entre ellos “plagas de ratas y excrementos de palomas.”

En la Región Metropolitana, el Liceo Augusto D’Halmar de Ñuñoa —la única escuela municipal del país que figura entre las 100 mejores en el examen de ingreso a la universidad— vio cómo sus estudiantes votaban por un 89,1 por ciento a favor de iniciar una huelga indefinida en agosto. Entre sus demandas se encontraba la resolución de una plaga de ratas que “reaparece de vez en cuando.” En el Liceo Javiera Carrera de Santiago, el segundo colegio público para niñas más antiguo de Chile, se cerró el comedor debido a una plaga de termitas, con ratas corriendo de un lado a otro.

En la Región del Maule, los líderes estudiantiles de Talca presentaron una petición formal exigiendo medidas urgentes ante “goteras en los techos, grietas, moho y la presencia de roedores.”

En la Región del Biobío, en el Liceo Bicentenario Almirante Pedro Espina Ritchie de Talcahuano —una escuela construida tras el terremoto y el tsunami de 2010—, padres y alumnas denunciaron condiciones que incluían una rata viva corriendo por el comedor escolar. Un padre se quejó ante la prensa de que la escuela “nunca se entregó en buenas condiciones. Está llena de moho, tiene goteras en las ventanas,” lo que provoca enfermedades respiratorias. “También tenemos una plaga de ratas.” Las goteras de agua atraviesan los accesorios de iluminación; un estudiante recibió una descarga eléctrica leve.

En la Región de la Araucanía, en el Liceo Público Trovolhue de Carahue, los estudiantes se manifestaron dentro del edificio tras encontrar roedores muertos por toda la escuela.

En la Región de Los Ríos, la crisis se extendió por cuatro comunas simultáneamente. En el Liceo Bicentenario Rodulfo Amando Philippi de Paillaco, aproximadamente 1.000 estudiantes permanecieron sin clases durante toda una semana después de que se detectaran heces de roedores. En Futrono, se prohibió el funcionamiento de la cocina del Colegio José Manuel Balmaceda. Un boletín local señaló que en mayo de 2025 ya se había denunciado a la misma escuela por una plaga de roedores, lo que significa que el incidente de 2026 fue una recurrencia. En la costera Valdivia, la Escuela Rural Bonifacio se vio obligada a cerrar por las mismas razones.

En la Región de Los Lagos, al menos 11 escuelas enfrentaron la suspensión de clases debido a la presencia de roedores, y cinco establecimientos en la isla de Chiloé enfrentaron prohibiciones de funcionamiento e investigaciones sanitarias.

En la Región de Aysén, el episodio más dramático del sur ocurrió en Melinka, uno de los lugares habitados más aislados geográficamente de Chile. Los estudiantes ocuparon el edificio. Describieron una crisis que combinaba el frío, baños en malas condiciones, techos con goteras, puertas rotas y, lo más angustiante, el olor a desechos biológicos que hacía que el ambiente fuera irrespirable. Las paredes fueron descritas como “roídas.”

En la Región de Magallanes, las investigaciones sanitarias realizadas en la Escuela Juan Ladrilleros y en el Liceo Hernando confirmaron la presencia de heces de roedores en las aulas. En Punta Arenas, la comunidad de padres de la Escuela Villa Las Nieves se negó a enviar a sus hijos a un edificio con una plaga de roedores, mientras que los maestros y el personal educativo suspendieron las actividades debido a “riesgos graves e inminentes para la vida y la salud.”

Las infestaciones de roedores en las escuelas de Chile no son solo una cuestión de asco e indignidad. Representan una amenaza directa y potencialmente letal para la salud pública.

Si bien los roedores que infestan las zonas urbanas son en su gran mayoría especies comensales introducidas (Rattus rattus, Rattus norvegicus, Mus musculus), este no es el caso en los entornos rurales. El principal reservorio del hantavirus en Chile es la rata pigmea de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus), un roedor silvestre nativo que se encuentra desde Atacama hasta Aysén, cuyo área de distribución se superpone con los edificios escolares en entornos rurales o periurbanos. Además, una investigación realizada en 2008 confirmó la presencia del virus Andes en ejemplares urbanos de Rattus norvegicus en la Región Metropolitana.

Al llegar a la Semana Epidemiológica 31 de 2026, Chile había registrado 49 casos confirmados de hantavirus y 19 muertes a nivel nacional, lo que representó una tasa de letalidad del 39 por ciento. Esto supone un deterioro dramático con respecto a 2025, cuando 44 casos provocaron 8 muertes, con una tasa de letalidad del 18 por ciento. La temporada epidemiológica 2025-2026 de Argentina, que se extendió de julio de 2025 a junio de 2026, acumuló 101 casos confirmados y 32 muertes, lo que representa una tasa de letalidad del 31,7 por ciento.

La variante Andes del virus, que predomina en Chile y Argentina, es una de las cepas más peligrosas y el único hantavirus del que se sabe que es transmisible de persona a persona. La vía de transmisión habitual sigue siendo la inhalación de partículas virales procedentes de los excrementos de roedores, precisamente el riesgo que se genera cuando las heces de roedores se acumulan en edificios escolares, cocinas, almacenes y talleres cerrados y en mal estado de mantenimiento.

El virus fue noticia internacional a principios de año debido al brote a bordo del crucero de expedición holandés MV Hondius.

El 28 de julio de 2026, el Ministerio de Salud declaró una Alerta Sanitaria formal, la primera alerta preventiva por hantavirus en la historia de Chile, que abarcaba el territorio desde Atacama hasta Magallanes y era válida hasta el 31 de julio de 2027. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha mantenido una alerta epidemiológica para el Cono Sur desde diciembre de 2025.

Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido criminalizar a los estudiantes en lugar de reparar sus escuelas. La misma semana en que se declaró la Alerta Sanitaria, Kast estaba impulsando a toda prisa la ley de “Escuelas Protegidas” en el Congreso. El mismo mes en que Chile registró su decimonovena muerte por hantavirus, al SLEP de Santiago Centro le recortaron su presupuesto de infraestructura en un 78 por ciento.

La plaga de roedores es la manifestación más visceral de la crisis, pero está lejos de ser la única.

Alcantarillado y saneamiento: En el Liceo Darío Salas de Santiago, se suspendieron las clases en marzo de 2022 después de que las autoridades sanitarias encontraran aguas residuales en los baños. Un maestro describió a los niños “remando en aguas fecales,” con solo ocho baños en funcionamiento para casi dos mil estudiantes. Cuatro años después, en marzo de 2026, en la misma escuela se suspendieron nuevamente las clases por el mismo problema. Un maestro informó haber oído a un funcionario de educación decir: “bueno, no van a cerrar la escuela solo por esto,” mientras el director le mostraba las condiciones. En La Serena, los padres del Colegio Víctor Domingo Silva informaron que los estudiantes evitaban por completo usar los baños y presentaban infecciones del tracto urinario, después de que las autoridades educativas no reemplazaran al personal de limpieza que se había ido.

Fallas en la calefacción: En el Liceo Bicentenario de Temuco, las calderas estuvieron fuera de servicio desde junio de 2025 hasta mayo de 2026, casi un año completo sin calefacción, durante todo un invierno en la Araucanía. En Aysén, el SLEP instaló 225 estufas de pellets en 20 escuelas. Cuando llegó el invierno, las estufas comenzaron a fallar. El regulador eléctrico retiró los aparatos de la venta porque carecían de la certificación obligatoria. Se tuvo que seguir utilizando las viejas estufas de leña para evitar que los niños se congelaran mientras se resuelve el litigio.

Colapso estructural: En el Liceo Gabriela Mistral de La Serena, un establecimiento emblemático y monumento nacional, se derrumbó el techo de un baño mientras los estudiantes se encontraban dentro. Los baños tienen goteras, los pisos están corroídos, las ventanas están podridas y atascadas, las aulas carecen de ventilación y los patios se encuentran en condiciones peligrosas. Se han cerrado algunos espacios por razones de seguridad.

Riesgos eléctricos: El director del SLEP de Santiago Centro mencionó dos incendios eléctricos en el Liceo Isaura Dinator. En el Liceo Augusto D’Halmar, los estudiantes informaron que la red eléctrica, supuestamente renovada a principios de año, provoca apagones constantes y ha causado descargas eléctricas a los estudiantes.

Despojo y robo de cobre: El Liceo Javiera Carrera sufrió ocho robos importantes en los primeros cinco meses de 2026. Los ladrones se llevaron las tuberías y barandillas de cobre y bronce. Las tuberías de cobre fueron retiradas por completo, dejando a la escuela sin agua. Para marzo de 2026, siete establecimientos del SLEP Santiago Centro habían sido robados desde enero, incluido uno en el que se sustrajeron más de 50 computadoras, lo que dejó a 1,400 estudiantes sin clases.

Las condiciones documentadas no son el resultado de la negligencia de un solo gobierno, sino del impacto acumulativo de un sistema impuesto por la dictadura de Pinochet y preservado por todas las administraciones desde entonces.

La Constitución de Pinochet estableció el “Estado subsidiario:” el principio de que el Estado existe para facilitar las ganancias privadas, no para satisfacer las necesidades sociales. En 1981, se municipalizó la educación y se introdujo el sistema de vales, en el que el financiamiento se vinculaba a la matrícula y la asistencia, en lugar de a la necesidad. Las reformas laborales de la dictadura resucitaron sindicatos que carecían incluso de las limitadas cualidades defensivas de las organizaciones reformistas del período anterior.

Los gobiernos de la Demócrata Cristiana y del Partido Socialista que siguieron no revirtieron esta estructura, sino que la reforzaron. Un Catastro Nacional de Infraestructura Escolar de 2012–2013 reveló una tasa promedio de deterioro del 20,3 por ciento. Una década y media después, un nuevo catastro la sitúa en el 22 por ciento, lo que significa que la tasa de inversión ni siquiera ha compensado la tasa de deterioro.

La rebelión estudiantil de 2006, la “Revolución Pingüina,” exigió la derogación del sistema educativo de Pinochet y el fin de la privatización y la desigualdad que este fomentaba. El primer gobierno de Bachelet respondió con gas lacrimógeno, cañones de agua y un consejo asesor presidencial diseñado para cooptar y desmovilizar al movimiento desde abajo.

El levantamiento estudiantil de 2011 llevó a cientos de miles de personas a las calles bajo el lema 'Fin al lucro' en la educación. El primer gobierno de Piñera desplegó a los Carabineros; un adolescente perdió la vida. La Juventud Comunista, la Juventud Socialista, los estudiantes radicales Gabriel Boric, Giorgio Jackson y otros trabajaron para canalizar el movimiento de vuelta hacia negociaciones parlamentarias que no produjeron nada y los llevaron a los pasillos del poder estatal. La ley de “Nueva Educación Pública” de Bachelet II, que creó los SLEP para reemplazar a la administración municipal, se vendió como una reforma. Pero mantuvo la misma lógica de financiamiento: subsidios por alumno que privan de recursos a las escuelas en las comunidades pobres.

Luego, en 2019, estalló el levantamiento masivo más grande de la historia de Chile, con millones de personas coreando “No se trata de 30 pesos, se trata de 30 años,” expresando así la comprensión de que todos los partidos del orden posdictatorial eran cómplices.

Los exestudiantes radicales del Frente Amplio y del Partido Comunista volvieron a canalizar la energía revolucionaria incipiente hacia un callejón sin salida: la reforma constitucional y el proceso parlamentario. Boric, como candidato presidencial, fue elegido con la promesa de que “enterraría el neoliberalismo” e introduciría la constitución más “progresista” del mundo. En cambio, impuso la austeridad, recortó el gasto, financió a los Carabineros, mantuvo el estado de emergencia contra los mapuches y entregó el poder al pinochetista Kast en una “transferencia ordenada y ejemplar.”

Ahora Kast está acelerando la destrucción al tiempo que introduce métodos propios de la antigua dictadura chilena. La ley de “Escuelas Protegidas,” aprobada a toda prisa en el Congreso, es un mecanismo para militarizar las escuelas, colocando agentes armados del Estado dentro de las aulas y otorgándoles poderes disciplinarios sobre los niños. El gobierno fascista de Kast pretende utilizar la fuerza bruta para hacer frente a la crisis social que consume a las escuelas chilenas y a la sociedad en general. Esto provocará una explosión social que eclipsará a todas las demás.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de agosto de 2026)