Se esperan manifestaciones masivas en Chile esta semana en la antesala del referéndum del 25 de octubre para reformar la Constitución del país. Esta semana también se cumple un año desde el estallido de protestas y huelgas masivas contra décadas de políticas de libre mercado que solo han agravado la desigualdad social, violencia policial y pobreza para la gran mayoría de la población. Sin duda, la revuelta social que se extendió hasta marzo de este año habría continuado si no fuera por el devastador impacto de la pandemia del coronavirus en la clase trabajadora.

Se espera que las renovadas protestas tomen gran envergadura precisamente por el manejo criminal de la pandemia: el gobierno ultraderechista del multimillonario presidente Sebastián Piñera ha demostrado ser tan indiferente a la vida humana como a los medios de subsistencia de los estudiantes, los jóvenes, los trabajadores y los sectores más vulnerables. En una nación de solo 19 millones de habitantes, el número de infecciones por COVID-19 está llegando a cerca de medio millón de personas, y las muertes confirmadas y sospechadas han superado las 18.170, de las cuales 3.500 murieron sin recibir atención hospitalaria.

La pobreza generalizada alcanzó los niveles observados por última vez durante la depresión de 1981-82, con la tasa oficial de desempleo alcanzando el 13 por ciento. Si se añaden los trabajadores inactivos a los desempleados, la cifra aumenta al 29 por ciento, o casi 3 millones de personas. El sector informal superexplotado, mientras tanto, representa ahora el 22,6 por ciento de la fuerza de trabajo total. Otros 680.000 trabajadores se han visto obligados a consumir su seguridad social debido a una directiva del gobierno que permite a los empleadores dar de baja a los trabajadores sin remuneración durante meses. Para colmo, alrededor del 40 por ciento de las familias que recibieron un “ingreso familiar de emergencia” obtuvieron un máximo de US$205 durante tres meses, menos de un tercio del umbral de pobreza de US$654.

En respuesta a las marchas y manifestaciones previstas, el ministro del Interior, Víctor Pérez, tiene previsto desplegar decenas de miles de carabineros y efectivos de las Fuerzas Especiales. El ministro de Defensa, Mario Desbordes, anunció el despliegue de las fuerzas militares en todo el país para proteger la infraestructura crítica de supuestos “saqueos y ataques”. Está poniendo en vigor una ley aprobada a principios de este año con el apoyo de las “izquierdas” parlamentarias del Senado —el Partido Socialista, el Partido por la Democracia (PPD), el Frente Amplio— que permite el uso de las fuerzas armadas para fines domésticos sin decretar el estado de emergencia, que requiere la aprobación del Congreso.

Esto ya se puso en práctica hace cuatro días en la comuna de Puente Alto, en el sur de Santiago, donde los militares se apostaron en puntos estratégicos y patrullaron las principales arterias.

“Estarán en condiciones de desplazarse si es necesario para repeler los intentos de destrucción de infraestructuras críticas; se desplegarán en este sentido...” El ministro de Defensa, Desbordes dijo a Radio Pauta. “Estamos preparados para enfrentar a los grupos violentos y no vamos a permitir la destrucción”, dijo, añadiendo escalofriantemente, “cualquiera que vaya allí con esa intención debe asumir los costos”.

El precedente se estableció a principios de este año en La Araucanía, un importante foco de desempleo, de profunda pobreza y ahora de propagación descontrolada del coronavirus entre la población indígena mapuche. Con el pretexto de combatir la llamada “actividad terrorista”, Piñera militarizó esta región del sur, y la gente hoy en día vive bajo una virtual ley marcial. Diputados, alcaldes y gobernadores de ultraderecha y fascistizantes de la UDI defienden los intereses de las multinacionales forestales, mineras y centrales eléctricas, y las Fuerzas Especiales de Carabineros ofrecen sus servicios como fuerza de seguridad privada. Los mapuches están reclamando tierras tradicionalmente atendidas por comunidades indígenas pero que fueron usurpadas durante los 17 años de dictadura militar.

Además, en las últimas semanas, los Carabineros, las Fuerzas Especiales y el ejército han utilizado una fuerza indiscriminada y abrumadora para repeler manifestaciones espontáneas. Hace quince días, mientras se dispersaban las protestas contra la represión policial con camiones con cañones de agua y gases lacrimógenos, Anthony Araya, de dieciséis años, cayó de cabeza a siete metros de profundidad en el río Mapocho después de que un oficial de las Fuerzas Especiales lo empujara por encima de las barandillas del puente Pío Nono, en el centro de la ciudad.

La represión desenfrenada de Estado policial contra la clase obrera no ha hecho más que intensificarse. Los trabajadores sanitarios y mineros en huelga también han sido dispersados con camiones lannzaaguas y se han enfrentado a detenciones, mientras que los trabajadores portuarios fueron atacados por carabineros y la brigada antidisturbios de la Armada después de hacer un piquete contra un operador de contenedores en Iquique. El delegado sindical y trabajador portuario de San Antonio José Ibarra fue brutalmente atacado por la policía, que afirmó que confundió al trabajador con un ladrón.

En la comuna obrera de Lo Hermida, en el distrito de Peñalolén, en el sureste de Santiago, el cabo Oscar Cifuentes fue expuesto por los vecinos como un agente provocador. Cifuentes, que se hacía pasar por “Giovany Arévalo”, se infiltró en grupos comunitarios para elaborar listas de activistas que luego fueron seguidos por la policía fuera de sus casas y con drones. El provocador levantó sospechas porque incitaba constantemente a los jóvenes a atacar la sede local de Carabineros; en Lo Hermida se llevaron a cabo redadas matutinas con diez personas detenidas bajo la acusación de haber atacado la comisaría de policía.

El periódico CIPER informó que Cifuentes operaba bajo los auspicios de una ley de inteligencia orwelliana que faculta a Carabineros a utilizar agentes infiltrados sin autorización judicial, por lo que ninguna autoridad civil supervisa sus acciones, las cuales se financian con fondos reservados. El Registro Civil proporciona a Carabineros un número no revelado de identidades falsas o robadas para su uso por parte de posiblemente cientos o incluso miles de agentes, que son enviados a las comunidades obreras para preparar listas negras, atrapar a los trabajadores, facilitar detenciones masivas y, lo que es más ominoso, para acorralar a los opositores políticos como hizo la junta militar inmediatamente después del golpe militar de 1973. En el caso de Cifuentes, al policía se le dio la identidad robada de un joven de Alto Hospicio en el norte de Chile.

El ministro del Interior Pérez, sin embargo, insistió en que el policía no había cometido ningún delito incitando a la población. “Estaba en un contexto y actuaba dentro de ese contexto (...) Estaba cumpliendo una tarea y una misión”, dijo el ministro expinochetista.

Esto es solo la punta del iceberg. En el último año, el Ejecutivo ha acumulado una serie de leyes que criminalizan toda protesta social y refuerzan las fuerzas represivas del Estado. Esta respuesta autoritaria y policial del Estado es llevada a cabo por un gobierno que es profundamente odiado por las masas y se encuentra asediado por todos lados. Piñera y su banda de ministros de extrema derecha y fascistas están imitando a sus homólogos de Estados Unidos, Brasil y otros lugares. Están haciendo la vista gorda a la violencia cometida por las capas fascistizantes de la policía, las fuerzas armadas y entre los sectores reaccionarios de la clase media, y tarde o temprano recurrirán a métodos golpistas para evitar la amenaza de una revuelta de la clase trabajadora.

Corresponde a la izquierda parlamentaria y a las organizaciones de pseudoizquierda desensibilizar a los estudiantes, jóvenes y trabajadores ante este peligro real, sembrando ilusiones en las tradiciones supuestamente “democráticas” y “parlamentarias” de Chile. Están impulsando un referéndum previsto para el 25 de octubre sobre una reforma constitucional, que según ellos permitirá al “pueblo” decidir sobre la naturaleza de la Constitución e, ipso facto, sobre el carácter del propio Estado. El “pueblo” tendrá la opción de votar por una convención constitucional que permitirá revocar la Constitución de Augusto Pinochet de 1980.

Puede que la Constitución se vuelva a redactar, pero al día siguiente, cuando se presenten a exigir la igualdad social y sus derechos, la clase obrera y la juventud serán brutalmente reprimidos porque el carácter de clase del Estado capitalista chileno no habrá cambiado. No cambió cuando Salvador Allende, en la cima de las luchas revolucionarias, llegó al poder en los años 70. En ese momento, él y el Partido Comunista estalinista promovieron la supuesta adhesión de Chile a la democracia y la constitucionalidad hasta el punto en que su ministro de defensa y comandante en jefe militar, el general Augusto Pinochet, derrocó al gobierno de la Unidad Popular en un golpe de Estado respaldado por los Estados Unidos.

El pasado debe servir de advertencia. La sangrienta burguesía chilena es despiadada, venal y totalmente subordinada a los intereses financieros y corporativos imperialistas. Ya ha demostrado antes que no dudará en ahogar en sangre una incipiente lucha revolucionaria. El Estado capitalista chileno no cambiará.

Lo que hay que preparar es la lucha por establecer un gobierno obrero en el que las delegaciones de los comités de fábrica, los comités de barrio, los comités de producción y distribución, los comités de comunicaciones y de defensa civil compuestos por trabajadores y jóvenes tomen la iniciativa.

Esta batalla solo se puede librar con éxito deshaciéndose de la casta política de falsas organizaciones de izquierda que se sientan en el Parlamento y dominan el aparato sindical y las organizaciones sociales. Éstas representan los intereses de una capa de la clase media-alta que es hostil a la clase obrera y solo buscan posicionarse en el Estado burgués y en los propios consejos de administración de las empresas y las finanzas.

Los trabajadores chilenos deben recurrir a sus hermanos de clase a nivel internacional que son sus verdaderos aliados, adoptando el programa de la revolución socialista mundial y construyendo una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional, el partido fundado por León Trotsky.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de octubre de 2020)