A menos de una semana de ser juramentado como sucesor del presidente peruano Martín Vizcarra, acusado en lo que equivalía a un golpe parlamentario, el expresidente del Congreso, Manuel Merino, se vio obligado a dimitir el domingo.

Las demandas para que Merino renunciara como presidente aumentaron en medio de la abrumadora indignación popular por el sangriento asalto a manifestantes pacíficos en Lima el sábado en el que dos jóvenes murieron y más de 100 resultaron heridos. Se ha informado de la desaparición de más de 40 jóvenes. Los manifestantes asesinados identificados hasta el momento son dos estudiantes universitarios, Jack Brian Pintado Sánchez, de 22 años, y Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24.

La policía ha atacado repetidamente las protestas pacíficas con gas lacrimógeno, gas pimienta y balas de goma, mientras que se informa ampliamente que también se ha utilizado munición real.

La presión aumentó sobre Merino después de la renuncia de una abrumadora mayoría de su gabinete de extrema derecha. Los informes de los medios dijeron que 13 miembros del gabinete, que habían sido nombrados el jueves pasado, habían renunciado. Entre los que dimitieron se encontraba el ministro del Interior y exgeneral de policía, Gastón Rodríguez, quien había defendido el alboroto policial como un acto de autodefensa. Otro de los ministros que dimitieron había hecho la absurda sugerencia de que las manifestaciones masivas no fueron espontáneas, sino que fueron organizadas por restos de la guerrilla maoísta, Sendero Luminoso.

Figuras de derecha como el novelista peruano y excandidato presidencial Mario Vargas Llosa y Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del exdictador Alberto Fujimori, encarcelados por su papel en masacres de escuadrones de la muerte y corrupción generalizada, también llamaron a Merino dimitir, al igual que la principal asociación de empleadores, CONFIEP.

Merino anunció su renuncia luego de que el Congreso le diera un ultimátum de que, a menos que lo hiciera, se convocaría en unas horas para votar para destituirlo de su cargo.

Aún no está claro quién sucederá al extremadamente breve reinado del presidente interino de Perú. Vizcarra confía en la decisión del Tribunal Constitucional del país le devuelva el poder. Es emitir una decisión sobre el uso por parte del Congreso de una parte oscura de la Constitución de 1993 que permite la destitución de un presidente por motivos de "incapacidad moral permanente".

La cláusula se interpreta ampliamente como una referencia a la incapacidad física o mental para desempeñarse como presidente. En el caso de Vizcarra, sin embargo, se invocó con el pretexto de las acusaciones de que aceptó sobornos por valor de cientos de miles de dólares para adjudicar contratos de construcción cuando era gobernador de la sureña región minera de Moquegua.

Los cargos son totalmente plausibles. Prácticamente todos los expresidentes peruanos vivos han estado implicados en el escándalo de sobornos masivos y comisiones ilegales que involucran contratos de obras públicas adjudicados al gigante brasileño de la construcción Odebrecht y sus socios peruanos. De hecho, más de la mitad de los 105 congresistas que votaron por el juicio político de Vizcarra enfrentan cargos similares.

En el caso de Vizcarra, sin embargo, las acusaciones son solo eso: declaraciones de los acusados que buscan acuerdos de culpabilidad que ni siquiera han sido investigados, mucho menos adjudicados. Uno de los principales problemas que subyacen al impulso para derrocar a Vizcarra fue su apoyo para despojar a los legisladores de su inmunidad judicial.

En la votación sobre el juicio político, los congresistas también pronunciaron discursos demagógicos denunciando a Vizcarra por el manejo catastrófico de la pandemia COVID-19, diciendo que estaban emitiendo sus votos en nombre de los muertos. Con 934,899 casos y 35,177 muertos, Perú tiene la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, el doble que la de Estados Unidos y Brasil.

Las protestas no fueron impulsadas por el apoyo a Vizcarra, quien aceptó su juicio político con apenas un quejido, sino por el odio al Congreso corrupto y a toda la estructura política en Perú. Esto quedó al descubierto por el juicio político similar a un golpe de Estado, que tuvo lugar solo cinco meses antes de las elecciones presidenciales programadas.

Según la Constitución, el sucesor de Merino como presidente del Congreso debería sucederlo. Miembro de la Alianza para el Progreso (APP), que jugó un papel clave en el apoyo del Congreso al golpe parlamentario, no es visto como viable frente a las masas en las calles.

Mientras que la mayoría del frente pseudoizquierdista, Frente Amplio, en el Congreso votó a favor del juicio político que llevó al efímero régimen de Merino al poder, su principal legisladora, Rocío Silva Santisteban, fue nominada el domingo como la nueva jefa del Congreso y potencialmente el próximo presidente. Si bien la lista fracasó en la primera vuelta para obtener suficientes votos, este es un intento patente de dar un rostro de "izquierda" a las maniobras políticas de la burguesía peruana.

Verónika Mendoza, otra política pseudoizquierdista que busca una nominación presidencial, denunció a Vizcarra por buscar regresar al cargo luego de no resistir el juicio político, pero no ofreció otra alternativa fuera del llamado a una nueva constitución. Mendoza fue abucheada y expulsada de una manifestación masiva en la ciudad de Cusco, donde fue vista con razón como otra miembro del odiado establecimiento político.

En la última semana, Perú ha sido testigo de algunas de las manifestaciones más grandes de su historia con una marcha nacional organizada el jueves pasado y una segunda, reprimida sangrientamente, el sábado. Cientos de miles de jóvenes coreando "Merino fuera" y "Se metieron con la generación equivocada" han salido a las calles de todo el país.

La principal manifestación del jueves tuvo lugar en Lima. La juventud inundó la céntrica plaza San Martín de la capital, marchando kilómetros desde distritos de clase media alta como Miraflores, así como desde los conos norte y sur, los distritos empobrecidos donde viven millones de familias de clase trabajadora. Grupos de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se sumaron a la protesta.

“Estamos manifestando nuestros sentimientos”, dijo Marcelo, uno de los manifestantes al World Socialist Web Site. “Nuestros políticos son corruptos y no están calificados. Es inconcebible que el Congreso vote a favor del juicio político cuando estamos en una gran crisis de salud. Ellos lo saben, pero se preocupan más por lo que llevan en el bolsillo. Lo que queremos es dinero para la salud y la educación”.

Un trabajador mayor que se unió a la protesta le dijo al WSWS: “Trabajé en el Hotel Crillon hasta que cerró en 1999. Ahora vivo de mi pensión, que es un miserable 1,000 soles (US $ 300). Además, tengo una hija enferma. No sé qué hacer. El poder judicial no funciona. Sobre el socialismo, creo que sería correcto brindar atención médica y educación para todos. Además, un salario que permita una vida digna”.

Paul, un estudiante de la Northern Private University, dijo: “Estoy en contra del estado de emergencia. Vizcarra debería haber terminado su mandato. Y luego puede ser juzgado por si recibió sobornos de los brasileños. Es bueno salir a la calle para que nos escuchen, pero ¿luego qué? No encuentro una respuesta. Sé que el capitalismo nos está destruyendo”.

Las manifestaciones también se llevaron a cabo en ciudades de todo el país, desde Tacna cerca de la frontera sur con Chile, hasta Chiclayo y Trujillo en el norte.

En un comunicado lleno de hipocresía, el Departamento de Estado de Estados Unidos felicitó a Merino, poco antes de su renuncia, por decir que permitiría que las elecciones peruanas se llevaran a cabo en abril junto con una “transición democrática exitosa a una nueva administración”. Además, declaró que los peruanos deben disfrutar del "derecho a la democracia", incluido el "derecho a protestar pacíficamente". ¡Esto, de un Gobierno de Estados Unidos que ha desatado policías militarizados contra las protestas y busca anular los resultados de una elección presidencial!

La militancia de la juventud que ha salido a las calles tiene sus raíces en la insoluble crisis del capitalismo peruano, que se ha acelerado drásticamente con la pandemia del COVID-19. Además de la peor tasa de mortalidad, Perú enfrenta la mayor caída en el producto interno bruto de cualquier economía importante, con una caída del 30 por ciento con respecto al año anterior y casi la mitad del sector formal en áreas urbanas quedando desempleado. La pobreza se ha profundizado drásticamente para el 72 por ciento de los trabajadores del sector informal.

Estas son las condiciones subyacentes a la prolongada crisis de gobierno dentro de la venal oligarquía capitalista de Perú. Ha tomado la forma de un conflicto interno entre el ejecutivo y el legislativo, en el que los militares desempeñan el papel de árbitro final.

A fines de septiembre de 2019, Vizcarra cerró el Congreso, con el apoyo explícito de las Fuerzas Armadas, y gobernó durante meses por decreto. La semana pasada, el ejército cambió su lealtad después de reunirse con Merino, respaldando el golpe parlamentario.

Si los militares y la clase dominante en su conjunto se están retirando del golpe, es por temor a que las protestas masivas se vuelvan incontrolables, provocando una amplia lucha social por parte de la clase trabajadora y las capas más oprimidas de la población.

En condiciones en las que están llevando a cabo una campaña de regreso al trabajo frente a las continuas muertes masivas de COVID-19, tanto la clase dominante peruana como las corporaciones mineras transnacionales están ansiosas por sofocar la crisis política con la ayuda de fuerzas pseudoizquierdistas. Saben muy bien que sus políticas requerirán medidas represivas contra los trabajadores peruanos.

El mayor peligro que enfrenta la clase trabajadora peruana es la ausencia de una dirección revolucionaria basada en un programa internacionalista y socialista. Esto debe afrontarse mediante la creación de una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI).

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de noviembre de 2020)