Cuando la pandemia de COVID-19 está alcanzando nuevas proporciones catastróficas en Brasil, el presidente fascistizante del país, Jair Bolsonaro, está trabajando activamente por sabotear un programa de vacunaciones y está llevando la homicida "política de la inmunidad colectiva", que él ha estado defendiendo abiertamente desde la llegada de la pandemia a Brasil, hasta sus últimas consecuencias.

El jueves, después de que se registraran más de 1.000 muertes por tercer día consecutivo, Brasil llegó al terrible hito de las 200.000 muertes por COVID-19. Altas tasa de contagio, que todavía no han mostrado el impacto explosivo de los eventos de las vacaciones, se reflejan en el abarrotamiento de los hospitales en todo el país.

Varios hospitales de San Pablo, la metrópolis más grande del país, ya han alcanzado el 100 por ciento de su aforo. En Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande de Brazil, hay una cola de 164 personas esperando una cama de UCI. En Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais, la tasa de ocupación de camas de UCI ronda el 90 por ciento. Belém do Pará alcanzó el 96 por ciento de su capacidad de UCI, después de que el gobierno cerrara centros para el tratamiento del COVID-19.

La situación más crítica del país está, otra vez, en Manaus. Con escenas de pacientes atendidos en medio de los muertos en hospitales abarrotados y excavadoras cavando fosas comunes para víctimas del COVID-19 todavía frescas en la memoria de la ciudad, la capital amazónica declaró un segundo colapso de su sistema de sanidad en solo nueve meses.

Casi a diario, Manaus ha estado registrando cifras récord de altas hospitalarias. El miércoles, 221 personas fueron hospitalizadas con COVID-19, un número significativamente mayor que el pico de 168 registrado en abril. El mismo día, la ocupación de camas de UCI alcanzó el 94 por ciento, acercándose al 96 por ciento alcanzado en abril. Redes privadas de camas de UCI ya han llegado a su plena capacidad.

La situación calamitosa dentro de los hospitales quedó resumida en un artículo publicado por Folha de São Paulo: "un escenario de abarrotamiento, falta de camas, camillas en los pasillos y falta de distanciamiento social". Hace cosa de una semana, se instalaron de nuevo cámaras frigoríficas en los hospitales ante el colapso inminente de sus morgues.

El miércoles, trabajadores del Hospital 28 de Agosto protestaron contra las condiciones de los profesionales sanitarios. "No estamos pidiendo favores, pedimos ayuda porque los trabajadores de la sanidad se están muriendo", dijo un técnico de radiología en la protesta, según G1. En este mismo hospital, los trabajadores hicieron un paro espontáneo en abril.

El aumento acelerado de muertes está causando un nuevo colapso del sistema funerario. Ha habido un aumento del 84 por ciento en la cantidad de entierros en Manaus durante los primeros días de enero, en comparación con el mismo período en diciembre. El miércoles se enterraron 110 personas. La cantidad de personas que murieron en sus casas, indiferentemente de la causa, se duplicó en diciembre, y subió abruptamente de nuevo durante los primeros días de enero.

La ciudad declaró el estado de emergencia el martes. El recientemente elegido alcalde de Manaus, David Almeida del partido Avante ("adelante"), ordenó la excavación de emergencia de 6.000 nuevas tumbas en los cementerios de la ciudad. Planea ordenar la excavación de 22.000 tumbas en total.

Las causas de esta catástrofe no son ningún misterio. Pero la afirmación del secretario de sanidad de Amazonas, de que "hubo un relajamiento de la población, a pesar de toda nuestra propaganda para que esto no pasara", no es más que una mentira. El epidemiólogo de Fiocruz Amazonas, Jesem Orellana, declaró que, a pesar de haber sido alertado hace meses de la emergencia de una segunda ola de COVID-19 en Manaus, "las autoridades sanitarias siguen restando importancia a la gravedad extrema de la situación de la epidemia".

Esta segunda ola de contagios fue el producto directo de las acciones criminales del gobernador Wilson Lima del Partido Social Cristiano (PSC). En agosto, las escuelas estatales de Manaus fueron las primeras en reabrir a nivel nacional, lo que causó inmediatamente brotes de COVID-19 en muchas escuelas. El WSWS escribió en esa ocasión:

"El grado de imprudencia de la política que se está implementando en Manaus es impactante, si no sorprendente. Hace unos meses, el mundo estaba conmocionado por las escenas en las que las retroexcavadoras cavaban tumbas para miles de víctimas de COVID-19 después del colapso del sistema de salud local".

Los educadores respondieron con huelgas y protestas. El gobierno de Lima, asistido por los sindicatos, fue capaz de reprimir el movimiento huelguista, tomando medidas represivas como recortar salarios y amenazar con reemplazar a los profesores huelguistas.

En septiembre, el gobierno de Amazonas anunció un aumento de los casos de COVID-19 y altas en UCI. En vez de cerrar las escuelas, Lima achacó el brote a "la gente de algunos lugares que se agolpa, especialmente en fiestas privadas", y solo restringió las operaciones de los bares. Para mantener funcionando las escuelas, Lima promocionó la idea de que Manaus había alcanzado la "inmunidad de grupo", basándose en estudios no apoyados por la comunidad académica. La política de Lima no fue desafiada por ninguno de los principales diarios, que en cambio informaban entusiastas acerca de esos mismos estudios.

La política criminal de Wilson Lima no es una excepción. Fue adoptada por la clase gobernante en su conjunto en todo Brasil. El presidente Jair Bolsonaro dictó sus principios y todavía los está llevando hasta sus últimas conclusiones.

Apenas a mediados de esta semana Bolsonaro firmó un proyecto de ley que libera la compra de vacunas para el COVID-19. En esta ocasión, el ministro de sanidad, el general Eduardo Pazuello, dijo que las vacunaciones empezarán simultáneamente en enero en todo el país.

Sin embargo, el gobierno canceló la compra de las 331,2 millones de jeringuillas necesarias para la administración de las vacunas, y solo compró 7,9 millones. Bolsonaro dijo que ante el aumento de los precios, su gobierno "suspendió la compra hasta que los precios vuelvan a la normalidad". Y, aunque Pazuello y Bolsonaro digan que hay suficientes jeringuillas para empezar el proceso de vacunación, la Asociación Nacional de Alcaldes declaró que estos suministros deben "atenerse a varios procedimientos, entre ellos el Plan Nacional de Inmunización".

Al mismo tiempo que está desorganizando deliberadamente el programa de vacunación, Bolsonaro ha hecho ataques agresivos contra la propia vacuna. Ha estado insistiendo en que las vacunas pueden causar efectos secundarios desconocidos y que ni él se las pondría. El jueves por la mañana, hablándoles a sus simpatizantes ante el palacio de gobierno, dijo: "Que yo sepa, menos de la mitad [de la población] se vacunará. Y estos sondeos que hago, los hago en la playa, los hago en la calle, los hago en todas partes".

Bolsonaro proclama insistentemente que "es inútil esconderse del virus, este virus estará en nosotros durante toda nuestra vida". Hay una lógica de clase tras esta política sociópata. Le está señalando a la clase capitalista, mediante la normalización de las muertes, que está dispuesto a implementar las medidas más violentas y dictatoriales contra la clase trabajadora para mantener un alto grado de explotación y desigualdad social, que son las consecuencias necesarias de mantener el orden capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 8 de enero de 2020)