La vacunación de la población brasileña contra el COVID-19 comenzó el lunes. Como en el resto del mundo, luego de una intensa campaña mediática en torno a las vacunas, que al mismo tiempo tenía como objetivo sofocar cualquier discusión sobre las medidas sociales necesarias para combatir la pandemia, la distribución real de la vacuna en el país está resultando ser un fracaso.

El Gobierno del presidente fascistizante de Brasil, Jair Bolsonaro, prevé la inmunización de menos de 50 millones de los más de 200 millones de brasileños en la primera fase de su programa de vacunación, que durará cuatro meses. Se supone que el resto de la población debe vacunarse posteriormente, durante un período estimado de 12 meses, es decir, bien dentro del 2022.

Sin embargo, la primera fase del programa ya está bastante comprometida. El Gobierno tiene solo seis millones de dosis de la vacuna disponibles, suficientes para inmunizar a tres millones de personas con las dos dosis necesarias. La producción de las vacunas restantes está absolutamente paralizada. El país está a la espera de envíos de China para continuar la producción de la vacuna Coronavac, que está siendo fabricada por el Instituto Butantan en São Paulo, y aún no se sabe cuándo podría lanzarse. La producción de la vacuna Oxford / AstraZeneca, que será fabricada por Fiocruz en Brasil, ni siquiera ha comenzado. Después de un embrollo comercial, esta noche debería llegar a Brasil un cargamento de 2 millones de vacunas de la India.

Mientras tanto, las infecciones y muertes por COVID-19 están creciendo a un ritmo frenético. El miércoles, Brasil registró 1.382 nuevas muertes, el peor número en los últimos cinco meses, seguido de 1.316 muertes el jueves. El país también registró más de 60.000 casos diarios el martes y miércoles, y 59.119 casos el jueves, lo que llevó el número promedio de infecciones al nivel más alto desde el comienzo de la pandemia.

La semana pasada, el colapso total del sistema de salud en la capital amazónica de Manaos, conmocionó al país. El agotamiento de los tanques de oxígeno en los hospitales provocó la muerte de varios pacientes por asfixia. Esta obscena situación se repitió en el vecino estado de Pará, donde siete pacientes fallecieron la noche del martes por falta de oxígeno en un hospital de la ciudad de Coari.

Los infectólogos han señalado la incidencia de una nueva variante más infecciosa del virus como factor clave en la explosión de una segunda y más intensa ola de casos en Amazonas. Esta nueva variante brasileña, que tiene características genéticas en común con las descubiertas recientemente en Sudáfrica y el Reino Unido, se encontró en más del 40 por ciento de los pacientes infectados examinados a fines de diciembre en Manaos. Su inevitable propagación por todo el país hace que entrar en acción inmediatamente para detener la pandemia sea aún más urgente.

El destacado médico y científico brasileño Miguel Nicolelis, quien asumió la coordinación de la comisión científica del Consórcio do Nordeste (Consorcio del Nordeste) dedicada a combatir la pandemia en esa región de Brasil, viene advirtiendo sobre las desastrosas consecuencias de mantener abiertas las actividades económicas. Tuiteó el 4 de enero: “Se acabó. La ecuación brasileña es la siguiente: o el país entra en un bloqueo nacional de inmediato o no podremos enterrar a nuestros muertos en 2021”.

En un comunicado a El País el 18 de enero, Nicolelis declaró: “El impacto de este avance sincronizado del virus en todo Brasil tiende a ser peor que la primera ola. La vacuna tardará meses en hacer efecto aquí, y en este momento tenemos un porcentaje mínimo de dosis. Es hora de volver a implementar las medidas restrictivas”.

Ninguna fuerza política de la élite política brasileña propone llevar a cabo estas medidas tan necesarias. El propio Nicolelis dijo que los estados que integran el Consórcio do Nordeste, gobernados por el Partido de los Trabajadores (PT), el maoísta Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y sus aliados, habían promovido reaperturas económicas irresponsables que “generaron aglomeraciones sincronizadas con la segunda ola en todo el país”.

Ni siquiera están siendo considerados los encierros limitados, con cierres parciales de actividades económicas y un control de los flujos de población, adoptados por estos estados en el primer semestre de 2020.

Los desacuerdos entre sectores de la clase dominante brasileña no tienen nada que ver con las políticas necesarias para salvar cientos de miles de vidas amenazadas por la propagación del virus. Sin embargo, las divisiones dentro del estado brasileño se están profundizando ante la prolongada crisis del COVID-19. La economía nacional se enfrenta a un impasse como parte de la crisis capitalista mundial, junto con crecientes conflictos geopolíticos y el descontento de las masas brasileñas sometidas al empobrecimiento y al aumento de las muertes por COVID-19.

La crisis causada por el colapso de la producción de vacunas y el colapso del sistema de atención médica en Manaos ha empujado a nuevos sectores de la élite burguesa a oponerse a Bolsonaro. La política exterior del Gobierno de Bolsonaro, hostil a China y alineada con Estados Unidos, ha sido atribuida por muchos al retraso en las importaciones de ingredientes de vacunas desde China. También se reanudaron las discusiones sobre el juicio político contra Bolsonaro, impulsadas por acusaciones de negligencia criminal por parte de su Gobierno en Manaos.

Varios documentos publicados recientemente por el Ministerio de Salud, encabezado por el general Eduardo Pazuello, muestran que el 4 de enero el Gobierno ya había reconocido la “posibilidad inminente de colapso del sistema de salud en 10 días”. El 8 de enero, seis días antes de que se agotaran las reservas de oxígeno, el productor local de oxígeno advirtió al ministerio sobre la “posible escasez” en Manaos y le recomendó “buscar otras fuentes para el producto”.

La Procuraduría General de la República (PGR) ha citado a Pazuello para explicar por qué no suministró durante los siguientes 15 días más tanques de oxígeno a Manaos, incluso después de las reiteradas advertencias. Además de su falta de garantía de oxígeno, el ministerio impuso la administración “preventiva” de medicamentos cuya eficacia nunca ha sido comprobada para tratar el COVID-19, la cloroquina y la ivermectina, a pacientes en Manaos.

El viernes pasado, la PGR recibió una solicitud de abrir un proceso penal contra Bolsonaro, suscrita por más de 300 figuras públicas, entre ellos juristas, autoridades médicas y exministros de Estado. Exigieron que se denuncie al presidente por fracasos en la salud pública, ataques públicos contra las vacunas, la promoción de medicamentos que carecen de base científica y negligencia grave en Manaos.

En respuesta a estos hechos, el fiscal general Augusto Aras publicó este martes una nota en la que declara su negativa a investigar al presidente y otros funcionarios ejecutivos. Defendió la preservación de la “estabilidad institucional” ante “la expectativa de un agravamiento de la crisis de salud en los próximos días”. Aras defendió que “el estado de calamidad pública [decretado con la llegada de la pandemia a Brasil] es la antecámara del estado de defensa”.

Tal distorsión de Aras de la Constitución brasileña representa un grave peligro para la democracia. Al forjar el concepto de “antecámara del estado de defensa”, está permitiendo interpretar la situación jurídica actual en Brasil como un estado de excepción, es decir, la suspensión de los derechos democráticos. Esta amenaza es aún más significativa frente a la respuesta de Bolsonaro al intento de golpe fascista de los partidarios de Trump en Estados Unidos.

Bolsonaro respondió al golpe del 6 de enero defendiendo las acusaciones de Trump de que las elecciones estadounidenses fueron amañadas y amenazó con repetir las mismas acusaciones en Brasil, lanzando un golpe de Estado si no es reelegido en 2022. En los últimos días, estas amenazas se han exacerbado.

Califica todas las críticas a su Gobierno, y en particular al ministro Eduardo Pazuello, un general del Ejército en servicio activo, como ataques a las propias Fuerzas Armadas. De esta manera, busca unir a los militares detrás de sus objetivos fascistizantes.

El lunes, el presidente declaró a sus partidarios y a la prensa de extrema derecha que “los militares somos el último obstáculo al socialismo. Quien decide si un pueblo vivirá en democracia o en dictadura son sus Fuerzas Armadas”.

El miércoles, en celebración del 80 aniversario de la Fuerza Aérea Brasileña, Bolsonaro pronunció un discurso elogiando al ejército como la “base principal para cumplir la misión [de nuestro Gobierno]”. Declaró, “Brasil ha experimentado cambios en los últimos dos años. Uno de los más importantes: Tenemos un presidente de la República que, junto a su Estado mayor y ministros, cree en Dios y respeta a los militares, hecho poco común en las últimas tres décadas en nuestro país”.

Bolsonaro es el primer presidente, desde el fin de la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985, que proclama abiertamente sus vínculos con este régimen sangriento y afirma que su propio Gobierno tiene una base militar. Respondió a las críticas a su Administración con una amenaza violenta: “Dependiendo de dónde vengan estos incendios, estamos seguros de que estamos en el camino correcto. ... Pero los pocos sectores que están remando en sentido contrario, tengan por seguro: serán derrotados”.

Estas amenazas deben ser tomadas muy en serio por la clase obrera brasileña. Son los trabajadores, no la desvergonzada oposición burguesa con el PT a la cabeza, quienes son los que “reman en sentido contrario” a Bolsonaro. La única alternativa al programa fascistizante del Gobierno actual es la clase trabajadora, que lucha contra la desigualdad social y contra ser condenada a muerte en lugares de trabajo infectados. Esto solo se puede lograr mediante la lucha por el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de enero de 2021)