El jueves, la revista médica BMJ (antes British Medical Journal) publicó un editorial acusando a los Gobiernos a nivel global de “asesinato social” en su respuesta colectiva a la pandemia.

La BMJ es una de las publicaciones médicas más antiguas y prestigiosas del mundo, con una historia que se remonta a 1840. Su editorial, “El COVID-19: asesinato social, escribieron—electos, sin rendir cuentas e impenitentes”, lleva la firma de su editor ejecutivo, Kamran Abbasi. Es una condena devastadora de las políticas implementadas por más de un año y que han resultado en la muerte de más de dos millones de personas.

“Asesinato”, comienza el editorial, “es una palabra cargada de emociones. En el derecho, requiere que haya premeditación. La muerte ha de ser considerada como ilegal. ¿Cómo puede aplicarse el ‘asesinato’ a los fracasos en la respuesta a una pandemia?”. La BMJ luego argumenta que el término es completamente apropiado:

Cuando los políticos y expertos dicen que están dispuestos a permitir miles de muertes prematuras en aras de la inmunidad poblacional o de apuntalar la economía, ¿no es esa una indiferencia premeditada e imprudente hacia la vida humana? Si los fracasos políticos resultan en confinamientos recurrentes e inoportunos, ¿quién es responsable de las resultantes muertes en exceso que no son por covid? Cuando los políticos ignoran con dolo los consejos científicos, las experiencias internacionales e históricas, y sus propias estadísticas y modelos alarmantes porque entrar en acción iría en contra de su estrategia política, ¿es legal? ¿Es una acción la falta de actuar?

“Como mínimo”, escribe la BMJ, “el covid-19 podría calificarse de ‘asesinato social’”, señalando al término empleado por el líder socialista Friedrich Engels para “describir el poder político y social de la élite gobernante sobre las clases obreras en la Inglaterra del siglo diecinueve”.

El editorial hace trizas las justificaciones mentirosas de los políticos capitalistas, que “dicen que han hecho todo lo posible o que la pandemia era un territorio inexplorado; no había un libro de jugadas. Nada de esto es cierto. Son mentiras políticas interesadas de los 'gaslighters [manipuladores de las apariencias] en jefe' de todo el mundo”.

La caracterización que hace la BMJ de la respuesta a la pandemia es totalmente exacta. En todo el mundo, los políticos obstaculizaron deliberadamente y a sabiendas las respuestas de los Gobiernos a la pandemia, afirmando a menudo que el contagio masivo de la población era deseable, una política denominada “inmunidad colectiva”.

“No es posible evitar que todo el mundo se contagie, y tampoco es deseable porque se quiere cierta inmunidad en la población”, declaró sir Patrick Vallance, principal asesor científico del Gobierno de Boris Johnson en Reino Unido. En Suecia, el epidemiólogo estatal Anders Tegnell exigió que las escuelas permanecieran abiertas para seguir propagando la enfermedad, declarando: “Un punto podría hablar a favor de mantener las escuelas abiertas para alcanzar la inmunidad colectiva más rápidamente”.

En Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, exigió a su Gobierno “frenar las pruebas”, para ocultarle a la población el alance de la enfermedad en 2020. “Siempre quise minimizarlo”, le dijo Trump al periodista Bob Woodward en marzo.

Trump no fue el único, sino que los miembros del Congreso de ambos partidos políticos también fueron plenamente informados de la enorme amenaza que suponía la pandemia de COVID-19, pero se negaron a alertar a la población, animándola a viajar, a ir a restaurantes y a enviar a sus hijos a la escuela.

Las políticas de los Gobiernos han sido dictadas por una prioridad absoluta: no se puede tomar ninguna medida para detener la propagación del virus que afecte los intereses de la oligarquía financiera. El lema “la cura no puede ser peor que la enfermedad”, acuñado por el columnista del New York Times, Thomas Friedman, significaba en la práctica que las medidas necesarias para detener el virus —incluyendo el cierre de la producción no esencia, con ingresos completos para todos los trabajadores — eran inaceptables para la clase dominante.

Estos intereses sociales dictaron no solo el encubrimiento inicial de la pandemia, sino también la reapertura prematura de las escuelas y los centros de trabajo, lo que contribuyó a alimentar un rebrote masivo que se ha cobrado la vida de cientos de miles de personas desde el levantamiento de los cierres parciales en la primavera.

En su pasaje más demoledor, la BMJ concluye: “El 'asesinato social' de las poblaciones es más que una reliquia de una época pasada. Es algo muy real hoy en día, manifestándose y magnificándose con el covid-19. No se puede ignorar ni dar rodeos respecto a este fenómeno. Los políticos deben rendir cuentas por medios legales y electorales, de hecho, por cualquier medio constitucional nacional e internacional que sea necesario”.

¿Qué conclusiones se desprenden de la sobria evaluación realizada por la BMJ? La revista aboga enérgicamente por la rendición de cuentas, pero ¿cómo se logra esta rendición de cuentas? El editorial hace un llamamiento a que el público “vote en contra de los líderes y Gobiernos electos que no rindan cuentas ni se arrepienten”, y añade que “Estados Unidos demostró que es posible un ajuste de cuentas político”.

Se trata de una referencia a las elecciones políticas estadounidenses de 2020, en las que los votantes rechazaron por abrumadora mayoría a Donald Trump, el principal defensor de la “inmunidad colectica”, entregando al Partido Demócrata no solo la Casa Blanca, sino el control de ambas cámaras del Congreso.

Pero más de dos semanas después del Día de la Inauguración, Biden ha dejado en claro que su Administración continuará las políticas de su predecesor. Desde el día de la toma de posesión, Michigan, Illinois y Nueva York han levantado las restricciones a los servicios de comidas interiores, mientras las escuelas se apresuran a reabrir en todos los estados en los que las clases siguen siendo remotas. La pieza central de esta política es la campaña para obligar a 23.000 educadores de Chicago a volver al trabajo, que cuenta con el apoyo de todos los sectores de la élite política.

El intento de millones de personas para repudiar la política de “asesinato social” a través de las urnas ha sido un fracaso. En cuanto a los tribunales, a los que también apela la BMJ, han tumbado repetidamente las medidas más rudimentarias para contener la pandemia. En otras palabras, ninguna de las instituciones del Estado capitalista es capaz de cambiar una política pandémica arraigada en los intereses sociales más fundamentales de la clase capitalista.

Así como las políticas de “inmunidad colectiva” o, como dice la BMJ, de “asesinato social”, están arraigadas en los intereses de clase de la élite financiera, también la oposición a estas políticas debe expresar los intereses de otra fuerza social, la clase trabajadora.

Como señala la BMJ, el término “asesinato social” fue acuñado por Engels en su obra maestra de 1845, Las condiciones de la clase obrera en Inglaterra, una de las primeras obras de Marx y Engels cuando formulaban la teoría del socialismo científico. Engels escribió:

Cuando la sociedad pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta como la muerte por la espada o por la bala; cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida, de modo que les resulta imposible subsistir; cuando ella los obliga por el brazo poderoso de la ley a permanecer en esa situación hasta que sobrevenga la muerte, que es la consecuencia inevitable; cuando ella sabe, cuando ella sabe demasiado bien que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia, y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez, porque la muerte de la víctima parece natural, y que es pecar menos por comisión que por omisión. Pero no por ello es menos un asesinato.

Tres años más tarde, Marx y Engels publicaron El manifiesto comunista, que formulaba la respuesta definitiva a los actos de “asesinato social” de la clase dominante: “El movimiento proletario es el movimiento consciente de sí e independiente de la inmensa mayoría, en interés de la inmensa mayoría”. El objetivo de este movimiento, escribieron, debe ser el derrocamiento de las relaciones de propiedad capitalistas y la expropiación de la clase dominante mediante la revolución socialista.

Lo que era cierto en ese momento es aún más cierto ahora. Los intereses de toda la sociedad —que se expresan en la demanda de medidas de emergencia para contener la pandemia a través de confinamientos con una compensación económica completa— no están representados en ningún otro lugar más que en el movimiento de la clase obrera.

Los intereses sociales de la clase obrera y los intereses de la sociedad humana en su conjunto se expresan en la lucha mundial por el socialismo. Este movimiento no solo tomará las medidas necesarias para salvar vidas humanas y finalmente controlar la pandemia, sino que se encargará de que los políticos y los ejecutivos de las empresas culpables del asesinato social rindan cuentas ante la justicia.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de febrero de 2021)