El Parlamento Europeo les ha retirado la inmunidad a tres parlamentarios catalanes, entre los cuales se encuentra el expresidente autonómico catalán Carles Puigdemont. Es el primer paso hacia conseguir su extradición a Madrid, donde se podrían enfrentar a más de una década de cárcel por convocar manifestaciones pacíficas y un referéndum sobre la independencia de Cataluña en octubre de 2017.
En una votación el martes, 404 miembros del Parlamento Europeo (MPE) de las bancadas liberal, conservadora y socialdemócrata apoyaron una resolución presentada por el grupo Conservadores y Reformistas Europeos (CRE) del partido fascista Vox. Les retiraba la inmunidad a Puigdemont y a los antiguos MPE Antoni Comín (antiguo consejero de sanidad catalán) y Clara Ponsatí (exconsejera de educación catalana). Contra la resolución hubo 247 votos, y 42 MPE se abstuvieron. El gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los partidos derechistas Partido Popular, Ciudadanos y Vox votaron a favor.
Esta decisión sin precedentes es una advertencia a la clase trabajadora europea. Los principales partidos europeos de gobierno han unido sus fuerzas para aprobar una resolución que tiene su origen en el principal partido fascista español para perseguir a legisladores catalanes, cabildeado por el PSOE, con la complicidad activa del partido pseudoizquierdista Podemos. La UE daba así su aprobación a la campaña fascista anticatalana de Madrid, el principal medio por el cual la clase gobernante española ha intervenido para desplazar la política hacia la derecha.
En medio de las muertes masivas que resultan de su política de "inmunidad colectiva" sobre la pandemia de COVID-19, la premisa de que las ganancias deben primar por encima de la vida humana cuando más de 800.000 personas murieron en Europa —la clase gobernante europea está apoyando la campaña anticatalana. Tras esto está el punto de vista de la burguesía española que, en última instancia, está de acuerdo con Madrid en la necesidad de construir un régimen de Estado policial en toda Europa. El objetivo central no es la perspectiva burguesa e independentista fracasada de los nacionalistas catalanes, sino la militancia y las huelgas en aumento entre trabajadores y jóvenes.
El informe fue aprobado el mes pasado por la Comisión de Asuntos Legales del parlamento europeo, remitido por el MPE búlgaro Angel Dzhambazki, de triste notoriedad en Bulgaria por su agitación contra la comunidad LGBT y los romanís. Quince MPEs de la Comisión votaron a favor, ocho se opusieron y dos se abstuvieron.
Después de que se aprobara el informe de Vox, el gobierno del PSOE asumió la iniciativa. Iratxe García, dirigente de la bancada socialdemócrata en el parlamento europeo, la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, dijo poco después de la votación: "Quiero agradecer el trabajo que la delegación socialista española ha hecho durante los últimos meses para garantizar el éxito que hemos tenido en esta votación de hoy".
Horas después de la votación, el juez del Tribunal Supremo español Pablo Llarena —el juez que ha estado dirigiendo la persecución de los nacionalistas catalanes desde 2017— le pidió al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) un dictamen preliminar sobre cómo interpretar una orden de extradición para MPEs bajo la ley europea.
Ello tiene por objetivo impedir que el poder judicial belga rechace las órdenes de arresto europeas contra los tres MPE catalanes. En enero, tribunales belgas se negaron a extraditar a otro exmiembro del gobierno autonómico catalán de Puigdemont, Lluís Puig. El juez belga rechazó los requerimientos del Tribunal Supremo de Madrid, diciendo que no tiene autoridad para requerir la extradición y juzgar a Puig. Más aún, afirmaba, no había garantías de que el Tribunal Supremo español respetara los derechos fundamentales de Puig, tales como la presunción de inocencia.
El poder judicial español, respaldado por todo el aparato estatal, espera que el Tribunal de Justicia de la UE respalde su campaña anticatalana, revirtiendo los fallos de los tribunales belgas. Llarena podría emitir una nueva orden de arresto europeo si el dictamen del TJUE apoya su caso. Minutos después de la decisión del parlamento europeo, un tribunal español revocó el régimen penitenciario abierto otorgado a siete presos políticos catalanes condenados de manera fraudulenta por su implicación en el referéndum y las manifestaciones pacíficas de 2017.
El apoyo de la UE a la campaña anticatalana también expone a los nacionalistas catalanes. Después de la votación del parlamento europeo, Puigdemont dijo: "La democracia europea ha perdido. Hemos perdido nuestra inmunidad pero el parlamento europeo ha perdido mucho más. Es claramente persecución política".
De hecho, la UE ha respaldado continuamente las políticas de Estado policial de Madrid desde la represión masiva al referéndum catalán de 2017, que dejó a más de 1.000 votantes pacíficos heridos. Esto no les ha impedido a los nacionalistas catalanes seguir fomentando ilusiones en que la "democrática" UE intervenga para parar las medidas de Estado policial de la burguesía española en Cataluña. De hecho, la UE está intensificando su apoyo a la campaña de Madrid por un Estado policial.
Dentro de España, el principal partido independentista catalán, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sigue siendo un atrezo crítico del gobierno en minoría del PSOE y Podemos —votando los presupuestos de Estado españoles— incluso mientras el gobierno retenía en prisión a varios de sus altos cargos, incluyendo al líder de ERC, Oriol Junqueras.
Los nacionalistas catalanes son fuerzas proausteridad y pro-OTAN, que temen a la clase trabajadora mucho más que a la persecución por parte de Madrid.
Se han unido a las denuncias histéricas a las manifestaciones de jóvenes contra la encarcelación por parte del gobierno del PSOE y Podemos del rapero Pablo Hasél. La campaña por la ley y el orden, encabezada por Vox, ha recibido el pleno respaldo de los nacionalistas catalanes. Miquel Sàmper, consejero de interior en el gobierno autonómico catalán por el partido Junts per Catalunya (JxCat) de Puigdemont declaró histérico que el "comunismo combativo" y un "gran número de delincuentes comunes" dirigen las protestas.
Después de que cientos de miles de personas manifestaran en Barcelona contra el encarcelamiento de los nacionalistas catalanes en 2019, los partidos y asociaciones nacionalistas catalanes no están convocando manifestaciones significativas contra la decisión de la UE. Claramente, temen que las protestas juveniles coincidan y radicalicen la oposición generalizada a las medidas de Estado policial de la burguesía española.
Por sobre todas las cosas, la retirada de la inmunidad a los dirigentes catalanes expone una vez más la bancarrota de Podemos. Aunque intentaban encubrirse votando contra la resolución del parlamento europeo, son socios en el gobierno del PSOE y Podemos que apoyó la resolución de Vox en la UE. El propio Podemos es parte del régimen de Estado policial que está formándose rápidamente en España.
En julio de 2019, Iglesias prometió "plena lealtad" al PSOE en todos los asuntos de Estado, incluyendo la política exterior, incluyendo así la represión estatal en Cataluña. Meses después, cuando un grupo de dirigentes catalanes fueron declarados fraudulentamente culpables de sedición, Iglesias dijo: "Todos debemos acatar la ley y aceptar el fallo". En ese momento, las calles de las ciudades de toda Cataluña estaban llenas con decenas o cientos de miles de manifestantes.
Partidos pseudoizquierdistas semejantes están acelerando su apuesta por formas de gobierno de Estado policial en Europa. Los aliados franceses de Podemos, el partido Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, votó varias estipulaciones de la ley reaccionaria y antimusulmana "antiseparatista" en el parlamento. El partido alemán La Izquierda por su parte se ha unido a la campaña antiinmigración que lleva adelante el Estado alemán y el aparato policial.
Aunque al principio la pandemia produjo un adormecimiento de la campaña anticatalana, de repente se ha visto estimulada durante los últimos meses en medio de la oposición creciente a la política de la "inmunidad colectiva" del gobierno del PSOE y Podemos para la pandemia, que ha dejado a más de 100.000 muertos y 3,2 millones de contagiados en España.
En octubre, la policía española afirmó de manera ridícula que Rusia planeaba invadir Cataluña en 2017 para apoyar a los independentistas, planteando acusaciones infundadas y descabelladas de que el Kremlin le ofreció a Puigdemont 10.000 soldados para desplegar en la región. Ese mismo mes, el Tribunal Supremo de España dictaminó una suspensión de 18 meses para ejercer cargo público al presidente autonómico catalán Quim Torra por cargos inventados de desobediencia, y lo destituyó de su cargo.
A lo largo de los últimos meses, Podemos se ha vuelto el principal instrumento mediante el cual el establishment gobernante español cada vez más cercano al fascismo implementa su política. El gobierno de Podemos adopta cada vez más el programa de Vox, persiguiendo incansablemente a los inmigrantes, encarcelando a los dirigentes catalanes y a raperos, y denunciando las protestas de los jóvenes. Al mismo tiempo, inunda a los bancos y las empresas con €140 mil millones gracias al apoyo de Vox en el parlamento y resta importancia a las amenazas golpistas de sectores del ejército que discuten su apoyo a matar a "26 millones" de izquierdistas.
El papel de Podemos en la campaña anticatalana confirma las advertencias que hizo el WSWS: La pretensión de Podemos de que representa una facción "progresista" del establishment político español es una mentira política. La clase trabajadora no puede "presionar" a los "populistas de izquierdas" de Podemos para obtener concesiones sociales, una política menos cruel y represiva, o un abordaje basado en la ciencia para combatir el virus. Ellos mismos están asociados estrechamente con la apuesta de la burguesía por formas de gobierno de Estado policial.
(Publicado originalmente en inglés el 12 de marzo de 2021)