En una decisión profundamente reaccionaria, el Tribunal Constitucional de España dictaminó este mes que las medidas de confinamiento por el COVID-19 impuestas de marzo a junio de 2020 fueron inconstitucionales. El desafío legal a las restricciones sanitarias fue entablado por el partido ultraderechista Vox. El Tribunal dictaminó por seis votos contra cinco que las restricciones implementadas para contener la difusión del coronavirus excedían el ámbito del estado de alarma, el mecanismo jurídico usado para imponer medidas de distancia social como las cuarentenas.

Se espera que Vox obtenga en breve una segunda victoria en el Tribunal Constitucional, esta vez en su desafío a la prórroga de seis meses al segundo estado de alarma aprobado por el Congreso en octubre. El magistrado derechista Antonio Narváez ha redactado un dictamen que declara inconstitucional esta prórroga, que votará el Tribunal el 14 de septiembre.

Este fallo en España representa una intensificación de la política de 'inmunidad colectiva' aplicada por toda la burguesía europea. Esta política de mantener en su trabajo a los trabajadores no esenciales, dejando que el virus se extienda para evitar cualquier enlentecimiento del flujo de las ganancias empresariales, llevará a otros miles de muertes por COVID-19. Esto quedó expresado de la manera más cruda por parte del primer ministro británico Boris Johnson, quien supuestamente exigió el año pasado en una reunión privada del gabinete filtrada: 'No más p*tos confinamientos —que los cadáveres se amontonen por miles'.

Esto se produce mientras los casos de coronavirus se disparan hasta niveles no vistos desde principios de febrero. A pesar de la amenaza clara y creciente planteada por la variante Delta, el gobierno del PSOE y Podemos ha rechazado cualquier medida significativa para contener el virus y en cambio abrió España al turismo, permitiendo que bares, restaurantes y otros negocios operen sin restricciones. Como resultado, el promedio escalonado de siete días por infecciones está actualmente en más de 25.000 por día, mientras que más de 200 personas murieron por el virus la semana pasada. Las hospitalizaciones subieron un 33 por ciento a lo largo del mismo período.

El fallo, la primera victoria de envergadura de Vox en el Tribunal Constitucional, debe servir de advertencia a la clase trabajadora sobre la amenaza creciente de la ultraderecha en España y en el mundo. Vox ha sido promocionado y fortalecido por las políticas derechistas y conciliatorias de todos los partidos burgueses, sobre todo el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el partido pseudoizquierdista Podemos. Aunque Vox solo tiene una pequeña minoría de los votos, ejerce una enorme influencia en la maquinaria estatal.

El régimen del PSOE y Podemos se ha doblegado en reiteradas ocasiones ante Vox, capitulando a sus llamados a acabar con las restricciones ante el COVID-19 y por las violentas políticas antiinmigrantes. Su respuesta al Tribunal Constitucional ilustra su desprecio por los derechos democráticos y su indiferencia a los peligros planteados por el COVID-19 y la política fascista en España. Al negarse a criticar el fallo, en cambio hizo una tímida declaración para hacer hincapié en su 'respeto' por la decisión del Tribunal.

'El gobierno respeta pero no comparte el fallo por el recurso de Vox', dijo la ministra de justicia Pilar Llop, argumentando que las medidas de confinamiento impuestas bajo el estado de alarma 'nos permitieron salvar cientos de miles de vidas'.

'El deber del gobierno era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionales ante la difusión de un virus desconocido', prosiguió Llop. Citó 'varios estudios internationales' que muestran que las medidas de confinamiento 'evitaron la muerte de más de tres millones de personas por COVID-19'.

Aunque sin duda los confinamientos les salvaron la vida a millones de personas, la versión que da el gobierno del PSOE y Podemos de su política respecto a la pandemia suena falsa. Su decisión de implementar medidas de confinamiento la primavera pasada no se desprendía de un deseo de salvar vidas sino que le fue impuesta a la burguesía europea por una ola continental de huelgas espontáneas en marzo y abril. El gobierno del PSOE y Podemos fue hostil a esas huelgas, y envió la policía a atacar a los acereros de Sidenor en huelga en el País Vasco para exigir el derecho a confinarse en casa.

Desde entonces, todos los gobiernos europeos han trabajado de todas las formas y maneras para revertir las restricciones y obligar a la población a una 'nueva normalidad' de coexistencia con el virus. Debido a esta negativa criminal a llevar a cabo una respuesta a la pandemia científicamente guiada, murieron más de 1,1 millón de personas en Europa y más de 100.000 en España. Otros millones han perdido familiares y amigos o sufren de enfermedades debilitantes a largo plazo.

El juez del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido, en la minoría de los cinco jueces, denunció el dictamen por bloquear una política científica contra el virus. 'No resuelve sino que crea un serio problema político, que desarma al Estado ante la pandemia', dijo, y añadió que el fallo 'no cumple criterios legales genuinos'.

La querella de Vox representa una continuación de su política de usar la pandemia para presionar por un régimen de Estado policial. Respondió al fallo pidiendo la renuncia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez y mandándose una dura diatriba contra los confinamientos como 'la mayor violación de derechos de la historia'. Su dirigente, Santiago Abascal, afirmó falsamente en Twitter: 'Solo Vox votó en contra'. De hecho, los diputados de Vox pidieron que se impusiera el estado de alarma en marzo de 2020 y votaron por su prórroga cuando se planteó en el Congreso español.

Cuando remitió la oleada huelguística, Vox se opuso ferozmente a cualquier medida por contener la pandemia, y denunció los confinamientos como un ataque 'socialcomunista' a la libertad española. En octubre organizó manifestaciones en varias partes de España contra la política de confinamiento domiciliario, denunciando las restricciones sanitarias como 'totalitarias y absurdas'.

Los tribunales españoles son cómplices políticos en la campaña de Vox por una dictadura. El fallo sobre el estado de alarma de marzo no dictaminó sobre si las medidas de confinamiento fueron una respuesta apropiada a la pandemia, sino que se basó en un tecnicismo legal. Según el Tribunal, el estado de alarma no concedió al gobierno poderes suficientes para imponer restricciones de largo alcance. En cambio, argumentaba, la distancia social solo se puede imponer bajo el mucho más riguroso estado de excepción.

Desde la transición española hacia la democracia parlamentaria en 1978 nunca se ha impuesto un estado de excepción. Le concedería poderes dictatoriales al gobierno. Bajo este mecanismo, el gobierno podría detener a individuos y allanar casas particulares sin mandato judicial; prohibir huelgas; cerrar medios y redes de comunicación; y pinchar teléfonos privados sin autorización judicial. Habilitaría asimismo a las autoridades a expulsar a extranjeros de España, desahuciar a ciudadanos españoles de sus casas y ciudades, incautarse de armas y montar estaciones armadas en las calles.

El argumento del tribunal de que solo un Estado policial de tipo fascista puede aplicar políticas científicas de salud pública es una mentira política, mediante la cual la élite gobernante está desplegando sus planes para una dictadura. Está claro que la difusión de la variante Delta amenaza con abarrotar hospitales y llevar a un nuevo repunte de las muertes. El fallo judicial debe servir como advertencia a los trabajadores españoles y del mundo.

Si la clase gobernante se viera de nuevo obligada a adoptar medidas para contener el virus, lo más probablemente debido a un nuevo recrudecimiento de la lucha de clases, fuerzas poderosas del establishment capitalista responderán intentando imponer un Estado policial de tipo fascista. No estarían actuando desde una posición de fuerza sino de inmensa debilidad, habiendo quedado desacreditados por la criminalidad política de sus políticas para la pandemia. Sin embargo, los trabajadores no pueden oponerse a este impulso hacia un régimen fascista apoyando a Podemos y a sus varios satélites políticos y sindicales.

La tarea clave es movilizar a la clase trabajadora de manera independiente y a escala mundial, contra las políticas capitalistas de 'inmunidad colectiva' y el peligro creciente de un régimen de Estado policial. Ello implica poner en pie comités independientes por la seguridad en los lugares de trabajo y en las escuelas para educar a los trabajadores y los jóvenes acerca del virus y luchar contra la extensión de la enfermedad y construir secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) en España, en toda Europa y a escala internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de julio de 2021)