Las imágenes de agentes fronterizos montados azotando y cargando contra inmigrantes haitianos indefensos en la frontera sur de EE.UU. han generado consternación y revulsión en EE.UU. y todo el mundo.

Incluso la Casa Blanca se vio obligada a pretender reparos morales. La secretaria de Prensa de Biden, Jen Psaki, tildó de “horribles” y “devastadores” varios videos de estos actos descarados de crueldad. En otras palabras, hubiera sido mejor que nunca se hicieran públicas las imágenes de estos agentes montados con sombreros de vaqueros tumbando a migrantes al río o agarrándolos por el cuello de la camisa, evocando la memoria del Ku Klux Klan o los cosacos rusos.

Pero los cosacos montados de la Patrulla Fronteriza fueron desplegados al cruce en Del Río, Texas, por una razón. No existe ningún método “humano” para encarcelar a casi 15.000 migrantes, en su mayoría haitianos, en un campo de concentración improvisado debajo de un puente, en un calor abrasador y sin acceso a un refugio, comida, agua ni baños. Los migrantes, víctimas de las cargas y empujones de los agentes estadounidenses, estaban llevando a sus familias agua y comida que obtuvieron después de un peligroso cruce del río a México para comprarlas y volver.

Tampoco hay alguna forma “compasiva” de arrear a estos mismos migrantes a aviones para irlos a botar a Haití, un país que la mayoría escapó hace más de una década ante el catastrófico terremoto de 2010, buscando trabajos y vidas nuevas en Brasil, Chile y otros países que se han visto devastados por la pandemia de COVID-19 y la crisis económica. Mientras tanto, la crisis en Haití tan solo se ha aseverado.

Aquellos que están haciendo valer estas políticas en Texas no vieron ninguna razón para adoptar el tono moralmente preocupado de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca. El jefe nominado por Biden de la Patrulla Fronteriza, Raul Ortiz, les dijo a los reporteros que todo el incidente meramente demostraba los desafíos de “operar en un ambiente ribereño-marítimo montados sobre caballos”.

Al final, independientemente de si los fascistizantes agentes fronterizos montados disfrutan o no darles latigazos a los haitianos como animales, “solo siguen órdenes”. Su brutalidad, así como la indescriptible podredumbre a la que han sido sometidos los migrantes bajo el puente entre EE.UU. y México, tiene la intención de aterrorizar e intimidar a cualquier que piense buscar asilo en EE.UU., un derecho garantizado tanto por el derecho estadounidense como el internacional.

Incluso cuando se desarrollaban las escenas de brutalidad en la frontera sur, el presidente estadounidense Joe Biden entonaba previo a la primera sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas: “…Estados Unidos será el paladín de los derechos democráticos que yacen en el propio corazón de quién somos como nación y pueblo: la libertad, la igualdad, la oportunidad y una creencia en los derechos universales de todas las personas”.

¡Cuánta hipocresía! Los “valores” del imperialismo estadounidense y su oligarquía han quedado completamente al descubierto en Del Río, Texas, donde aquellos en busca de libertad, igualdad y oportunidad fueron pisoteados por caballos. En cuanto a la “creencia en los derechos universales de todas las personas”, este solo es un mito de exportación. Una escena similar en cualquier país percibido por Washington como un obstáculo para sus intereses geoestratégicos habría provocado denuncias salvajes, ni hablar de llamados a una “intervención humanitaria”.

El Gobierno de Biden está utilizando el mismo pretexto legal para llevar a cabo deportaciones masivas que fue introducido por Trump: el Título 42, una orden sanitaria de la Segunda Guerra Mundial que permitía temporalmente bloquea la inmigración de países donde la propagación de enfermedades transmisibles presentaba un riesgo a la salud pública. Esta disposición fue convertida en un medio universal para rechazar a todos los inmigrantes y refugiados, introduciendo las deportaciones sumarias y la violación del derecho al asilo.

Los expertos en salud han afirmado que su uso no aporta ningún beneficio para la salud pública en la lucha contra la propagación del COVID-19, sobre todo porque EE.UU. es el epicentro de la pandemia. Sin embargo, la deportación de miles de personas potencialmente infectadas por el virus puede ser catastrófica para Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, con solo 126 camas en unidades de cuidados intensivos, 68 respiradores y 25 médicos por cada 100.000 habitantes, una décima parte de los que hay en Estados Unidos.

El 16 de septiembre, un juez federal dictaminó que el Gobierno ya no puede utilizar el Título 42 para expulsar a familias, aunque sí puede hacerlo para deportar a adultos solos. Sin embargo, la orden del juez, que el Gobierno de Biden está apelando, no entrará en vigor hasta dos semanas después del 16 de septiembre, lo que ofrece una oportunidad para la deportación masiva de los miles de refugiados atrapados en Del Río, Texas.

Las autoridades de inmigración han prometido organizar hasta siete vuelos de deportación al día a Haití, cuatro a la capital Puerto Príncipe y tres a Cabo Haitiano, la mayor ciudad del norte del país.

Arrojar a unos 1.000 inmigrantes al día en Haití, la mayoría de ellos sin nada más que la ropa que llevan puesta y que no han pisado el país en más de una década, es un acto de criminalidad abyecta. El primero de estos vuelos que llegó a Haití el lunes transportaba a 45 niños, ninguno de ellos nacido en Haití y, por tanto, ni siquiera ciudadanos del país. Entre los deportados había mujeres con bebés en brazos.

Estas deportaciones bárbaras están en línea con las anteriores llevadas a cabo bajo el mandato de Biden de centroamericanos llevados en avión y arrojados al sur de México. En ambos casos, los que buscaban asilo en Estados Unidos intentaban escapar de las condiciones inhumanas creadas por un siglo de opresión imperialista, invasiones estadounidenses y dictaduras respaldadas por Washington.

En ningún lugar es más cierto que en Haití, que fue sometido a partir de 1915 a una ocupación de 20 años y a una brutal guerra de contrainsurgencia por parte de los marines estadounidenses. A esto le siguió el régimen de un ejército organizado por Estados Unidos y luego, a partir de 1957, una dictadura de tres décadas de los Duvalier, apoyada por Washington como un baluarte contra el comunismo, bajo la cual decenas de miles de haitianos fueron asesinados y torturados por los militares y la temida policía secreta Tontons Macoute.

Desde el derrocamiento de la dictadura, el imperialismo estadounidense ha intentado en vano crear un régimen títere estable en Puerto Príncipe, capaz de defender los intereses estadounidenses. Para ello, apoyó dos sangrientos golpes de Estado y envió tropas estadounidenses a Haití en dos ocasiones en el transcurso de dos décadas.

Biden ha continuado esta política, prestando apoyo para aplastar la revuelta de las masas haitianas al régimen corrupto y dictatorial del presidente Jovenel Moïse –asesinado en julio— y ahora al del presidente Ariel Henry.

Enviar a miles de refugiados de vuelta a Haití, donde no hay empleos ni recursos básicos, las bandas armadas controlan las calles, un régimen criminal se aferra a duras penas al poder y las masas están acechadas por el hambre y el COVID-19 es un crimen de lesa humanidad.

La despiadada persecución de Biden contra los haitianos en la frontera entre Estados Unidos y México subraya el hecho de que no hay ninguna facción dentro de la clase dominante de Estados Unidos y sus dos principales partidos que esté dispuesta a respetar ni siquiera los derechos democráticos y legales más elementales de los migrantes y refugiados, si vamos al caso, de cualquier persona.

El ataque a los migrantes es una cuestión global. Desde la oleada de refugiados de 2015 en Europa, las potencias imperialistas europeas han sellado sus fronteras con alambre de concertina bajo una política de “Fortaleza Europa”, mientras llevan a los migrantes a la muerte por miles cada año en el mar Mediterráneo e internan a muchos miles más en campos donde son asaltados y amenazados con ataques fascistas.

En todas partes, la clase dominante capitalista intenta convertir a los inmigrantes en el chivo expiatorio de la crisis insoluble del sistema capitalista, caracterizada por niveles cada vez mayores de desigualdad social y la normalización de las muertes masivas durante la pandemia del COVID-19.

Los valientes emigrantes de Haití, Centroamérica y otros lugares que han superado enormes dificultades para llegar a la frontera sur de Estados Unidos forman parte de un movimiento creciente de la clase obrera internacional que se niega a aceptar las condiciones invivibles impuestas por el sistema de lucro.

Estos inmigrantes no solo merecen simpatía, sino el apoyo activo de todos los trabajadores con conciencia de clase. Los métodos brutales que se emplean contra ellos se utilizarán cada vez más contra la clase obrera en su conjunto a medida que emprenda luchas de masas.

El Partido Socialista por la Igualdad exige el fin inmediato de las deportaciones y la liberación de los inmigrantes detenidos. Las agencias que llevan a cabo esta represión, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), deben ser abolidas, y el derecho de los trabajadores de todo el mundo a vivir y trabajar en el país de su elección debe ser inviolable.

Esta defensa de los inmigrantes debe ir de la mano de un programa de varios billones de dólares para reconstruir Haití, Centroamérica y los otros países devastados por el imperialismo estadounidense, costeado a través de la expropiación de la riqueza de los milmillonarios estadounidenses.

Estas demandas solo pueden realizarse a través de una lucha incansable contra todos los intentos de dividir a los trabajadores nativos de los trabajadores inmigrantes y por unirse a través de las fronteras con toda la clase obrera internacional en una lucha común por poner fin al capitalismo y al sistema de Estados nación.

(Publicado originalmente en inglés el 21 de septiembre de 2021)