El 13 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Berlín desestimó la demanda presentada por el Sozialistische Gleichheitspartei (Partido Socialista por la Igualdad, SGP) en enero de 2019. El SGP demandó al Ministerio del Interior alemán porque la Verfassungsschutz (Oficina para la Protección de la Constitución, como se llama el servicio secreto alemán) la catalogó como una organización “extremista de izquierda” en su informe anual y la puso bajo vigilancia. El fallo y la opinión del tribunal, que ahora está disponible por escrito, constituyen un ataque fundamental a los derechos democráticos. Su objetivo es prohibir las ideas socialistas y cualquier crítica al capitalismo.

El veredicto tiene una motivación exclusivamente política. Desestima el caso del SGP no porque el partido se oponga a la democracia y la libertad, sino porque las defiende y afirma abiertamente que son incompatibles con un orden social que concentra la riqueza y el poder económico en manos de una pequeña minoría. En la tradición de las leyes antisocialistas de Bismarck y la Gesinnungsstrafrecht (procesamiento legal de opiniones) de los nazis, el tribunal y su juez presidente Wilfried Peters declaran inconstitucionales cualquier demanda de democratización de la economía y cualquier duda sobre las instituciones estatales.

Con su sentencia, el tribunal está reaccionando a la creciente oposición a la desigualdad social masiva, la política de “ganancias antes que vidas” en la pandemia y los horrendos niveles de gasto militar. Cualquiera que llame a estas políticas en interés de los ricos por su nombre debe ser amordazado. Casi 90 años después de que los nazis llegaran al poder, las ideas socialistas volverán a ser criminalizadas.

La sentencia apunta al SGP porque le da una voz y una perspectiva socialista a esta oposición, pero también está dirigida contra cualquiera que critique el capitalismo y rechace las políticas derechistas del gobierno. En base a este juicio, todo autor que se refiera positivamente a los clásicos marxistas, todo sociólogo que analice los efectos de la desigualdad social en la sociedad, todo periodista que arroje luz sobre las redes terroristas de derecha en las fuerzas armadas y todo trabajador en huelga podría ser declarado enemigo de la constitución.

Por lo tanto, hacemos un llamado a todos aquellos que quieren defender los derechos democráticos y enfrentar el peligro de la derecha para que apoyen la demanda del SGP. No aceptaremos la decisión del Tribunal Administrativo y ya hemos solicitado una apelación ante el Tribunal Administrativo Superior de Berlín. Apóyanos en esto, firma nuestra petición en Change.org, regístrate como seguidor activo y comparte esta declaración entre tus conocidos y amigos.

La sentencia en detalle

El tribunal justifica explícitamente la clasificación del SGP como “extremista de izquierda” y su vigilancia por parte de Verfassungsschutz con el argumento de que defiende una perspectiva marxista. Debido a que el SGP “no se dedica a la reflexión histórica, sino que persigue una agenda política basada en los escritos de Marx, Engels, Trotsky y Lenin”, se dirige contra el orden básico democrático liberal, según la sentencia.

De hecho, casi todos los derechos democráticos en este país fueron ganados a través de las luchas del movimiento obrero marxista. Incluso el orden parlamentario limitado solo pudo establecerse en 1919 después de que los consejos de trabajadores y soldados derrocaran al Kaiser. En última instancia, fueron solo los partidos de los trabajadores los que votaron en contra de la ley que otorgaba a Hitler poderes dictatoriales. Fueron los trotskistas, quienes lucharon por una perspectiva de frente único en ese momento, lo que habría podido detener a los nazis.

Cuando la corte se refiere al “orden básico democrático liberal”, no se refiere a los derechos democráticos básicos por los que lucha el movimiento obrero marxista, sino a la protección del capitalismo contra la mayoría de la población. Como antes Bismarck y Hitler, quiere prohibir cualquier partido que se base en Marx, Engels, Lenin o Trotsky.

El tribunal no niega que el SGP quiera lograr su objetivo de una sociedad socialista por medios democráticos y ganar a la mayoría de la población para ello. Se refiere a la afirmación de la Declaración de Principios del SGP de que “la decisión sobre estos y otros cambios democráticos la tomarán las propias masas” y que los trabajadores deben “defender enérgicamente todos los derechos democráticos” en la lucha por el poder.

Es este programa de control democrático sobre todas las áreas de la vida social, incluida la economía, por parte de las propias masas, lo que el tribunal declara anticonstitucional. Cualquier declaración de que la flagrante desigualdad social es incompatible con la democracia, que el poder de los grandes bancos y las corporaciones va en contra del gobierno popular genuino, o que los órganos del Estado sirven a los intereses de los ricos, debe prohibirse, según el tribunal. Así dice la sentencia:

Si los órganos establecidos en virtud de la Ley Fundamental (constitución) sólo sirven a una clase capitalista para mantener el poder, aunque según la constitución tienen la legitimidad de todo el pueblo, es obvio que los “nuevos órganos” previstos por el demandante deben tener una legitimidad distinta a ésta. Porque si los “nuevos órganos” pudieran remontarse también a la voluntad de todo el pueblo, de hecho nada cambiaría en las circunstancias criticadas por el demandante. Esto sugiere que el demandante tiene en mente un sistema de consejos [de trabajadores] para los “nuevos órganos” que es incompatible con la democracia parlamentaria de la Ley Fundamental.

El meollo de esta palabrería es que se declara inconstitucional todo cuestionamiento de la legitimidad democrática de las instituciones del Estado. En otra parte, el tribunal prohíbe la opinión del SGP de que los órganos estatales representan los intereses de los capitalistas y, por lo tanto, deben ser reemplazados por órganos verdaderamente democráticos. A favor: “Aunque según el artículo 20 (2) párrafo 1 GG [Grundgesetz, constitución] todo el poder estatal deriva del pueblo, el demandante alega que el Estado no está legitimado por todo el pueblo”.

Así, si un movimiento de masas de la gran mayoría de la población para negar la legitimidad de los órganos del Estado, expropiar los grandes bancos y corporaciones y democratizar la economía, esto, según el tribunal, se dirige contra una mistificada “voluntad de todo el pueblo”, que encuentra su expresión absoluta en los órganos del Estado. Por estos órganos, la corte se refiere expresamente al aparato estatal de represión:

El hecho de que la actora tenga una comprensión de la democracia que se desvíe de la concepción de la Ley Fundamental se demuestra, finalmente, por el hecho de que en el párrafo 24 de la Declaración de Principios, denigra a las instituciones del Estado que se encuentran legitimadas conforme a la Ley Fundamental — a saber, la Verfassungsschutz y la Bundeswehr [Fuerzas Armadas federales], como antidemocrático y dirigido contra el pueblo.

Este es el lenguaje de la dictadura. No se debe proteger la voluntad declarada de la mayoría de la población, sino las instituciones del Estado. Esta argumentación no tiene nada que ver con la protección de un “orden básico liberal democrático” sino que apunta a defender las instituciones del Estado frente a un movimiento democrático.

El intento de golpe de Estado de Trump en los EE.UU. el 6 de enero de 2021 mostró cuán agudo es el peligro de tendencias autoritarias en el aparato estatal. En Alemania, el ejército y la policía están plagados de redes terroristas de extrema derecha, y la Verfassungsschutz está estrechamente relacionada con la escena neonazi.

La misma lógica antidemocrática impregna toda la sentencia. Así, la corte establece que “el uso de términos como socialismo, revolución y capitalismo” sólo es permisible si se refieren a una “transformación de las relaciones económico-políticas”. Sin embargo, si se abordan los efectos del sistema económico en la política — por ejemplo, mediante el vernáculo de que el dinero hace que el mundo gire— esto es inconstitucional según el tribunal.

El marxismo en particular es anticonstitucional, a los ojos de la corte, porque “según el entendimiento marxista, el capitalismo nunca puede limitarse únicamente al sistema económico. Más bien, según él, la totalidad de las relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, el fundamento real, sobre el cual se levanta una superestructura jurídica y política”.

Dado que los dictados de los bancos y corporaciones son cada vez más evidentes, el tribunal quiere prohibir cualquier referencia a ellos. En consecuencia, declara inconstitucional la transformación de la sociedad según los principios socialistas porque va más allá de un mero cambio de política económica.

Al pronunciar la sentencia oral del tribunal, el juez presidente Peters incluso elevó el “sistema de propiedad basado en el mercado” a una “ley de libertad” y declaró que las críticas del SGP al mismo, así como el cuestionamiento de la “propiedad privada de los medios de producción inconstitucional. Elevó así la explotación de las personas a un supremo derecho fundamental que debe ser defendido incluso contra la voluntad declarada de la gran mayoría.

El tribunal también quiere prohibir cualquier política que proceda de los antagonismos de clase existentes. Así dice la sentencia:

El demandante es libre de decir que la diferenciación de la sociedad en clases es un “instrumento científicamente reconocido y ampliamente utilizado para el análisis de las sociedades”. Sin embargo, la actora no realiza estudios sociológicos de la sociedad, sino que su programa de partido se basa en la división de la sociedad en clases. Esto está claramente orientado hacia la lucha de clases.

Entonces, según el tribunal, se permite nombrar los antagonismos de clase existentes, pero no se permite sacar conclusiones políticas de ellos. De hecho, esta formulación absurda significa que cualquier discusión sobre la desigualdad social terminaría prohibida. Cuando, por ejemplo, la organización benéfica británica Oxfam afirma en el informe sobre la pobreza de este año que la desigualdad está en su nivel más alto en la historia y que “solo las soluciones sistémicas servirán para combatir la violencia económica desde sus raíces y sentar las bases para un mundo más igualitario”, esto es inconstitucional, según el tribunal.

El carácter partidista de la sentencia se desprende también de la determinación de la cuantía en litigio. En lugar de los 5.000 euros habituales en estos casos, el juez ha fijado sumariamente la cantidad en litigio en 20.000 euros, lo que aumenta enormemente las costas judiciales y las costas de un recurso. La endeble justificación del tribunal fue el hecho de que el SGP no solo había solicitado la eliminación de la entrada al respecto del informe Verfassungsschutz de 2017, sino también de los de los años siguientes, que, sin embargo, eran casi idénticos y, por lo tanto, no justifican una cuadruplicación de costos. Además, el propio juzgado es responsable de que la SGP haya tenido que presentar solicitudes posteriores, porque retrasó la audiencia inicial durante casi tres años.

El hedor del fascismo

El fallo del Tribunal Administrativo debe verse como parte de un desarrollo internacional; el giro de los círculos gobernantes hacia métodos autoritarios y fascistas. En EE.UU., el Partido Republicano sigue respaldando a Donald Trump, quien intentó impedir la elección de su sucesor Joe Biden mediante un golpe de Estado y busca instaurar una dictadura autoritaria. Aquí, la Alternativa para Alemania (AfD) es el primer partido de extrema derecha en sentarse en el parlamento desde la caída de los nazis. Ha sido integrado en el trabajo parlamentario por los otros partidos y establece la línea del gobierno en la política de refugiados y en muchas otras áreas. Las redes terroristas de extrema derecha son promovidas y protegidas por el aparato de seguridad del Estado.

El ataque al SGP es un componente central de este giro a la derecha. Se incluyó por primera vez en el informe anual Verfassungsschutz en 2018. En ese momento, la agencia estaba dirigida por el extremista de derecha Hans-Georg Maassen.

Cuando el SGP interpuso una demanda contra esto, el Ministerio del Interior Federal respondió con un escrito de 56 páginas que no es un documento legal sino una airada diatriba contra el socialismo. El ministerio declaró que incluso 'abogar por una sociedad igualitaria, democrática y socialista' y 'agitar contra el supuesto 'imperialismo' y el 'militarismo'' eran anticonstitucionales. Incluso quería prohibir el “pensamiento en categorías de clase” y la “creencia en la existencia de clases competidoras irreconciliablemente opuestas”.

El tribunal ahora ha respaldado esta visión antidemocrática y ha ido aún más lejos. Su argumento de que no se debe permitir que ni siquiera una mayoría del pueblo cambie los órganos del Estado porque estos encarnan la “voluntad de todo el pueblo” no solo se dirige contra un movimiento socialista de masas, sino contra los principios democráticos elementales.

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 ya había proclamado “el derecho del pueblo a modificarla o abolirla y a instituir un nuevo gobierno”, siempre que cualquier forma de gobierno se vuelva destructiva de los fines de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.

La sentencia del Tribunal Administrativo de Berlín no se basa en esta tradición democrática, sino en la tradición autoritaria del Imperio del Kaiser, que declaró el orden estatal como el bien supremo y prohibió la socialdemocracia sobre esta base.

El jurista Carl Schmitt, que posteriormente apoyó a los nazis, retomó esta tradición ideológica en la República de Weimar para justificar la necesidad de una 'dictadura comisarial' para reprimir la revolución. Más tarde, justificó las dictaduras presidenciales de Von Papen y Schleicher argumentando que el Presidente del Reich era el 'guardián de la Constitución'. Como tal, tenía que proteger la 'unidad política de todo el pueblo alemán' frente al Parlamento, que, como 'reflejo de los choques de intereses sociales y económicos', es decir, de las contradicciones de clase, contribuía a la desintegración del Estado.

A partir de ahí fue sólo un pequeño paso a la glorificación del 'Führer'. En 1934, Schmitt defendió el reprobable asesinato de 200 de los rivales de Hitler después del supuesto golpe de Estado de Röhm en su infame artículo, 'El Führer protege la ley'. En su “Ley constitucional”, publicada en 1937, el alumno de Schmitt, Ernst Rudolf Huber, demarcó estrictamente la voluntad objetiva del pueblo de las “convicciones populares subjetivas”, que estaban determinadas por los conflictos de intereses sociales. “Sin embargo, el verdadero portador de la voluntad del pueblo sigue siendo el Führer”, declaró. “Incluso si la población votante se vuelve contra él, es él quien encarna el llamado objetivo del pueblo”.

No sorprende, dada esta tradición legal, que el juez Peters rechace cualquier referencia histórica. Ya en el juicio oral había declarado: “Hoy hemos escuchado muchas cosas históricas, sobre las leyes de Bismarck, argumentos sobre Karl Marx, etc.”, pero todo eso “no es relevante” aquí.

Solo con eso perdió toda legitimidad. No es posible hablar de democracia en Alemania, y mucho menos denunciar a un partido como anticonstitucional, sin sacar las lecciones de esta experiencia histórica. Hitler pudo llegar al poder en Alemania a través de medios “legales” y “democráticos”, todo el aparato judicial y de servicio civil, con algunas honrosas excepciones, sirvió a su dictadura y lo ayudó a organizar la guerra de exterminio y el Holocausto.

Pero para el tribunal, esto “no es relevante”. En cambio, justificó la anticonstitucionalidad del SGP, entre otras cosas, sobre la base de que León Trotsky había llamado en 1938 al “armamento del proletariado en la lucha contra el fascismo”, lo que, como explicaron los representantes del SGP en la corte, habría sido la única manera de prevenir la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

En su escrito, el Ministerio del Interior había citado el llamado de Trotsky como evidencia de que el SGP trotskista luchaba contra el orden básico democrático liberal. El tribunal está de acuerdo con esto en su sentencia escrita. El tribunal rechazó el argumento del SGP de que las referencias a León Trotsky “deben evaluarse en su contexto histórico” —en este caso, en el contexto del fascismo— porque el partido perseguía una agenda política “basada en Trotsky”.

Por lo tanto, si un partido político adopta la posición de que el régimen nazi debería haber sido derrocado en 1938 por un levantamiento armado de la clase obrera, ¡esto va en contra del orden básico democrático liberal! El juez Peters no pudo expresar su punto de vista de que el aparato estatal en todas las circunstancias representa la 'voluntad de todo el pueblo' más claramente.

La prohibición del KPD

En su orientación antidemocrática, la corte viola abiertamente la ley aplicable y la jurisprudencia de la corte suprema. La ley sobre la Bundesverfassungsschutz, en la que se basa oficialmente la sentencia, no permite en absoluto tal interpretación. Esta ley, que en sí misma representa una restricción masiva a la libertad de expresión garantizada constitucionalmente, no incluye explícitamente el capitalismo y la propiedad privada entre los principios del orden básico democrático liberal que merecen protección.

El Tribunal Supremo también declaró explícitamente en su sentencia contra la proscripción del fascista Partido Nacional Alemán (siglas en alemán, NPD) el 17 de enero de 2017 que no se trataba del rechazo a los órganos estatales, sino solo del ataque “a la posibilidad de una participación igualitaria de todos ciudadanos en el proceso de toma de decisiones políticas y en la vinculación del ejercicio del poder estatal al pueblo” que debía considerarse anticonstitucional. La sentencia dice expresamente:

El rechazo al parlamentarismo, si se combina con la exigencia de su sustitución por un sistema plebiscitario, no puede justificar, pues, la acusación de desconocimiento del orden básico liberal democrático. Sin embargo, la situación es diferente en el caso de desaprobar el parlamento con el objetivo de establecer un sistema de partido único.

Este fallo fue citado tanto por el abogado del SGP, Peer Stolle, en sus escritos, como por los representantes del SGP en la corte. Pero el juez Peters ignoró deliberadamente las referencias a la jurisprudencia. En cambio, basa su fallo escrito casi por completo en la sentencia de 1956 sobre la prohibición del Partido Comunista Alemán (siglas en alemán, KPD).

Esto también subraya la tradición reaccionaria y antidemocrática en la que se encuentra la acción contra el SGP. El juicio contra el KPD desde la época de la Guerra Fría ha sido desacreditado durante mucho tiempo. La entonces presidenta del Tribunal Supremo, Jutta Limbach, ya había declarado en 1996 que habría rechazado la prohibición de acuerdo con los principios constitucionales aplicables. El profesor de historia Josef Foschepoth, que ha investigado a fondo el juicio del KPD mediante la evaluación de archivos estatales previamente inaccesibles, concluye en su libro ¡Inconstitucional! publicado en 2017, que el veredicto del KPD violó flagrantemente la constitución y tenía motivaciones políticas. “Ya no había poderes separados en estos procedimientos, sino solo un Estado que, bajo la presión del gobierno federal, insistió en que se prohibiera el KPD”, escribe Foschepoth.

El gobierno de Adenauer estuvo representado en este caso por los mismos círculos de derecha radical que ya habían jugado un papel activo en la persecución de los comunistas bajo los nazis. El jefe de la oficina de litigios del gobierno federal era Hans Ritter von Lex, quien como miembro del Reichstag del Partido del Pueblo Bávaro (BVP) había declarado la aprobación de su partido para la Ley Habilitante de Hitler el 23 de marzo de 1933. Sólo unos días antes, en una entrevista personal conversación, le había asegurado a Hitler que compartía su objetivo de “erradicar el marxismo en Alemania”.

“Que el pueblo alemán sea liberado de esta contaminación, incluso utilizando los métodos más estrictos, fue la demanda común de todos los círculos de mentalidad patriótica”, dijo.

El juez Peters está utilizando este fallo de ex abogados nazis para prohibir las ideas socialistas por completo. Sin citar evidencia alguna, acusa al SGP trotskista, empleando las palabras del veredicto del KPD, de abogar por una dictadura de partido único en la que “el poder estatal se concentra en un partido estatal”, algo que el movimiento trotskista siempre ha rechazado con respecto a la Unión Soviética estalinizada y la antigua Alemania Oriental.

“En vista de la omnipotencia del partido de Estado y su única comprensión de las necesidades políticas, se excluye la responsabilidad del gobierno ante la representación del pueblo y aún más la formación y el ejercicio de una oposición parlamentaria”, desarrolla Peters su construcción mentirosa. “En una política así, los derechos humanos no están garantizados”.

Con esta falsedad, que el juez Peters ni siquiera se molesta en sustanciar, identifica al movimiento trotskista con los crímenes estalinistas contra los que fue fundado. Al hacerlo, Peters ignora deliberadamente las declaraciones hechas por Stolle en sus escritos y por los representantes del SGP en la corte. Rechazaron explícitamente la identificación de estalinismo y trotskismo en la audiencia, afirmando:

En realidad, Trotsky y la Oposición de Izquierda defendieron los principios marxistas encarnados en la Revolución de Octubre contra la contrarrevolución estalinista. Desde el principio, estos principios incluyeron la democracia en la Unión Soviética y una orientación hacia la revolución socialista internacional.

El abismo insalvable entre la tiranía estalinista y los principios socialistas genuinos se reveló en las Grandes Purgas de la década de 1930, durante las cuales cientos de miles de comunistas fueron asesinados acusados de trotskismo. En la República Democrática Alemana (Alemania del Este), trotskistas como Oskar Hippe, que lucharon contra los estalinistas por la democracia y el socialismo, fueron condenados a largas penas de prisión.

Que el juez Peters simplemente deje de lado estos temas confirma que ha emitido un veredicto político destinado a criminalizar el marxismo y cualquier oposición seria a las políticas derechistas del gobierno.

El significado político de la sentencia

El esfuerzo de la corte por criminalizar cualquier cuestionamiento de la legitimidad de las instituciones estatales, cualquier crítica a la sociedad capitalista y cualquier defensa de una transformación socialista es una expresión del pánico de la clase dominante ante la creciente oposición social. Teme que el rechazo generalizado a una política que antepone las ganancias de los ricos a los intereses vitales de las grandes masas trabajadoras y se arma para la guerra, tome una forma consciente y organizada.

Como en una distopía orwelliana, el tribunal siente que puede prohibir la declaración de lo obvio. El carácter de clase del Estado, que el tribunal quiere prohibir que se nombre, se ha hecho particularmente evidente en la pandemia. Solo en Alemania, más de 115.000 personas ya han muerto porque la clase dominante prioriza sus ganancias sobre la vida de las personas. Toda la sociedad está siendo infectada deliberadamente para mantener los negocios en funcionamiento, las ganancias fluyendo y los precios de las acciones subiendo.

Mientras que las grandes corporaciones recibieron cientos de miles de millones en dinero de los contribuyentes, las enfermeras deben trabajar como esclavas en hospitales que han sido recortados hasta los huesos y escuelas que ni siquiera están equipadas con filtros de aire rudimentarios. Solo en el primer año de la pandemia, los milmillonarios del mundo aumentaron sus fortunas en un asombroso 60 por ciento a $13 billones, mientras que, al mismo tiempo, otros 160 millones de personas se hundieron en la pobreza absoluta y lucharon por sobrevivir.

Con el pretexto de la reestructuración, se eliminan cientos de miles de puestos de trabajo, se reducen los salarios y se recortan drásticamente las prestaciones sociales. El único presupuesto que se amplía masivamente es el de armamentos. Desde 2014, el presupuesto de defensa se ha incrementado en más del 30 por ciento. La coalición de socialdemócratas, demócratas liberales y verdes lo está incrementando aún más y ha adoptado un rumbo de confrontación con las potencias nucleares Rusia y China, arriesgándose a una nueva guerra mundial.

Estas políticas son odiadas en la población. Las concepciones que el tribunal quiere prohibir son ampliamente compartidas: que el gobierno aplica políticas en interés de los ricos; que el Estado sirve para hacer cumplir estas políticas; y que la sociedad debe ser transformada a lo largo de líneas socialistas.

El 30 de enero de 1933, la clase dominante de Alemania concluyó que solo podía realizar sus planes de guerra y aplastar el movimiento obrero con un régimen dirigido por los nazis. Hoy, recurre una vez más a métodos autoritarios para contrarrestar la oposición a sus políticas de derecha.

La inclusión del SGP en el informe anual Verfassungsschutz, su difamación como “extremista de izquierda” y su vigilancia por parte de las agencias de inteligencia son pasos esenciales en esta dirección. La sentencia allana el camino legal para la prohibición del partido. Pero la argumentación antidemocrática del gobierno federal y de la corte se dirige contra cualquiera que se oponga al peligro de la derecha y critique el capitalismo.

Pero 2022 no es 1933. El juicio no se hizo después de derrotas masivas de la clase obrera, sino en condiciones de una creciente radicalización. En Alemania, Europa y en todo el mundo, se está desarrollando un nuevo movimiento de masas de la clase trabajadora para luchar contra la infección masiva deliberada, la guerra y la desigualdad.

En estas condiciones, la defensa del Sozialistische Geichheitspartei es crucial. Una vez más, hacemos un llamado a todos los lectores del WSWS para que firmen nuestra petición en Change.org hoy, hagan una donación lo más generosa posible para nuestros costos legales y se registren como un colaborador activo. Comparta esta declaración y discútala en las redes sociales y con amigos y colegas.

(Artículo publicado originalmente en alemán el 31 de enero de 2022)