Las semanas de protestas en Perú se extendieron la semana pasada a numerosos sectores adicionales de la clase trabajadora urbana y rural peruana en todo el país, incluyendo s los trabajadores agrícolas y los mineros.

Los disturbios se desencadenaron el 28 de marzo, cuando los transportistas de carga iniciaron una huelga nacional, bloqueando las carreteras de todo el país durante dos semanas. Su principal reivindicación era el alivio de la subida del 37 por ciento del combustible provocada por la guerra de Ucrania.

La huelga dio lugar a una oleada de protestas contra la inflación por parte de los trabajadores agrícolas, los trabajadores del transporte urbano en autobús, los taxistas y otros, centradas principalmente en la región de la capital, Lima.

El presidente Pedro Castillo llamó a los militares para que despejaran las carreteras e impusieran un toque de queda. Decenas de miles de personas marcharon por las calles del centro de Lima para protestar contra el toque de queda. Castillo tuvo que levantar rápidamente estas medidas para no desencadenar más disturbios.

La semana pasada estallaron las protestas en todo el país por el aumento del coste de los fertilizantes y el combustible. 'Perú es un polvorín a punto de estallar', declaró el derechista Expreso.

Miles de personas se sumaron a una huelga general de dos días en la región andina sudoriental de Cusco. Los manifestantes bloquearon las carreteras con piedras y neumáticos ardiendo.

El tren turístico a las famosas ruinas incas de Machu Picchu —un sector económico vital en la región— interrumpió sus operaciones, obligando a muchos turistas a cancelar sus viajes.

Los organizadores del paro de Cusco, la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru de Cusco (Fartac), amenazaron con reanudar la huelga el lunes 25 de abril.

La población de Cusco volvió a la huelga incluso antes, el viernes 22 de abril, cuando Castillo se apresuró a llegar a la ciudad, celebrando una improvisada reunión de gabinete con el fin de aplacar los disturbios.

Como millones de personas en el empobrecido sur de los Andes peruanos carecen de medios para alimentar a sus familias, la huelga de Cusco se extendió rápidamente a otras ciudades.

En Ayacucho se produjo una huelga de 24 horas. Los piquetes y los bloqueos de carreteras interrumpieron el tránsito en la ciudad de Juliaca, un centro de comercio que une Bolivia con Cusco, y con Arequipa, la segunda ciudad más grande de Perú y centro industrial.

Los campesinos protestaron en Huancayo, que fue el centro de violentas protestas hace dos semanas y es la sede del partido nacionalista de izquierda, Perú Libre, que llevó a Pedro Castillo al poder.

Asimismo, en la región de Ancash, en el norte de Perú, los campesinos bloquearon el puente de Parco, que conecta la costa con el Callejón de Huaylas, un valle interandino en el centro-norte de Perú.

También continuaron los disturbios generales entre los mineros peruanos y en las comunidades mineras.

El 14 de abril, los comuneros de Fuerabamba, situada en el departamento minero andino de Huancavelica, invadieron las instalaciones del megaproyecto minero Las Bambas, de propiedad china y tercer productor de cobre del país. Los comuneros llevan mucho tiempo denunciando que la carretera que atraviesa sus tierras y que utilizan los camiones cargados de mineral de cobre contamina el aire y daña los cultivos y crianza del ganado.

En respuesta, Las Bambas anunció que dejaría de producir cobre. El presidente Castillo recurrió entonces a enviar al ejército contra los manifestantes.

Las protestas de las comunidades circundantes, en su mayoría indígenas, que exigen una compensación económica y una participación en los futuros beneficios, y que han cerrado la mina de Cuajone de Southern Copper Corp. desde finales de febrero, sólo terminaron después de que el gobierno declarara el estado de emergencia la semana pasada y enviara soldados.

Según El Comercio, se han formado 'comités de lucha' en 15 regiones de Perú, lo que indica que la lucha de clases y las protestas aumentarán, al igual que, inevitablemente, la confrontación con la policía y el ejército.

Los peruanos están al límite en medio de la peor crisis económica en dos décadas. Sigue a más de dos años de pandemia que hasta ahora ha cobrado la vida de 212.486 personas, la segunda tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo.

El aumento de los precios de los alimentos y el combustible corre el riesgo de convertirse en una crisis de hambre generalizada, sobre todo por la escasez de fertilizantes.

La industria agrícola peruana se enfrenta a un déficit de 180.000 toneladas métricas de urea, un fertilizante nitrogenado clave, y la producción de productos básicos como el arroz, las patatas y el maíz podría caer hasta un 40 por ciento a menos que se encuentre una solución en los próximos meses, según Eduardo Zegarra, economista agrario e investigador del centro de estudios GRADE.

Los precios mundiales de los fertilizantes se han disparado después de que la invasión rusa de Ucrania hiciera subir el coste del gas natural, principal insumo de la mayoría de los fertilizantes nitrogenados, obligando a los productores europeos a reducir su producción. Las sanciones impuestas a Rusia, uno de los principales transportistas de bajo coste de todos los principales tipos de nutrientes para los cultivos, están perturbando el comercio mundial. El año pasado, Rusia representó el 70 por ciento de los fertilizantes importados a de Perú.

La economía peruana seguirá contrayéndose en los próximos meses. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la inversión privada caerá entre un 6 y un 8 por ciento. Y el 61 por ciento de los ciudadanos tendrá dificultades para pagar los intereses.

La exención gubernamental de los combustibles del ISC (Impuesto Selectivo al Consumo) y de la 'canasta familiar' más otros alimentos del IGV (Impuesto General a las Ventas), está beneficiando mayormente a los hogares de los dos quintiles de mayores ingresos, y no a la masa de trabajadores y campesinos.

Con respecto a las familias peruanas más pobres, La República informó: 'Las ollas comunes [organizaciones de grupos de supervivencia entre los peruanos más pobres] luchan por el aumento de los precios de los alimentos. Conseguir azúcar, aceite, verduras y carne se ha convertido en una odisea para los dirigentes de estas organizaciones'.

Para compensar la pérdida de ingresos, desde los primeros meses de la pandemia las familias han ido agotando los ahorros de sus fondos de pensiones para pagar el alquiler de las casas, las escuelas, los alimentos, el transporte y otros bienes y servicios esenciales. Como resultado, los activos de las pensiones en el país se han reducido en aproximadamente un tercio.

Se espera que el impacto de la inflación no haga más que empeorar la situación económica. En los últimos 12 meses fue del 7,45 por ciento. Para frenar la inflación, el Banco de Perú ha aumentado el tipo de interés de referencia en 50 puntos básicos (0,5 por ciento), incrementando a su vez los costes de los préstamos. Esta medida afectará especialmente a las micro y pequeñas empresas (mypes), que son las principales generadoras de empleo en un país donde la informalidad laboral alcanza el 76 por ciento.

La respuesta popular a los escándalos de corrupción, la marcada incapacidad del gobierno burgués de Pedro Castillo para enfrentar la crisis y su reciente consorcio con elementos de extrema derecha se expresa en las más recientes encuestas. Según la encuestadora Ipsos, el índice de aprobación de Castillo ha caído al 19 por ciento, y el de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, del partido de centroderecha Acción Popular, al 15 por ciento; el 63 por ciento dijo que Castillo debería dimitir. El principal periódico de la burguesía, El Comercio, pregonaba 'Rechazo masivo a Pedro Castillo'.

Pero la consigna popular ha sido 'que se vayan todos', lo que refleja un rechazo a todo el entramado gubernamental burgués.

De hecho, hay peticiones generalizadas para que Castillo dimita. Según el Financial Times, muchos otros 'quieren que cumpla sus promesas de campaña de elegir una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución, nacionalizar la industria del gas e implementar la reforma agraria', una plataforma que la derecha peruana calificó el año pasado de comunista.

Desesperado ante la desaprobación de las masas, en la reunión del gabinete del viernes en Cusco, Castillo dijo que enviaría un proyecto de ley al Congreso para incluir en las elecciones regionales de octubre un referéndum para redactar una nueva constitución. Castillo sabe muy bien que el Congreso no estará de acuerdo, y que la medida es sólo una maniobra para calmar el descontento popular. En la reunión, el ministro de Minas, Carlos Palacios, habló de reducir los precios de los contratos en los gigantescos yacimientos de gas natural de Camisea.

La realidad es que toda la clase capitalista peruana se enfrenta a una crisis de gobierno. Es incapaz de aportar reformas significativas.

La pseudoizquierda, incluyendo publicaciones como Jacobin y Counterpunch, que el año pasado había postulado a Castillo, como el candidato de un partido 'marxista', como el brillante caballero de un renacimiento de la izquierda. Pero después de nueve meses en el cargo, no ha hecho nada para desafiar los intereses de la burguesía nacional y el capital internacional. El desastre era tan evidente que a finales de año dejaron de molestarse en escribir sobre él.

Otros grupos de la llamada 'izquierda' en Perú están tan decrépitos y políticamente en bancarrota que sólo proporcionan un callejón sin salida para las masas peruanas. Los llamamientos a la movilización del 7 de abril por parte de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), controlada por el Partido Comunista estalinista, y del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), de corte maoísta, pasaron desapercibidos.

Asimismo, los colectivos y organizaciones que dirigen diversas luchas obreras —como Fartac en Cusco— sólo buscan un acomodo con el gobierno. Varios de ellos tienen un historial de colaboración con las empresas transnacionales y de llenar de sus propios bolsillos.

Lo que se necesita es avanzar en un programa de acción socialista para que la clase obrera defienda sus derechos sociales y democráticos, para unificar a todos los sectores de la clase obrera urbana y rural y desmantelar el podrido Estado burgués y sustituirlo por un nuevo Estado obrero.

Esto requiere que la clase obrera establezca sus propias organizaciones, independientes de todas las facciones de la burguesía y de los sindicatos: comités de acción elegidos democráticamente en las fábricas, lugares de trabajo, barrios obreros y zonas rurales de todo el país.

La clase obrera debe garantizar el empleo para todos. Debe apoyar la condonación de las deudas de los trabajadores y de los agricultores pobres y marginales y de los pequeños empresarios, así como las subvenciones a los fertilizantes.

Esta lucha de los trabajadores peruanos contra sus comunes enemigos de clase debe coordinarse con la de sus hermanos de clase en América Latina y a nivel internacional, para romper la dominación económica de las corporaciones globales, los bancos y las casas financieras y poner fin al capitalismo.

Una revolución socialista requiere una dirección revolucionaria. La clase obrera debe construir su propio partido revolucionario basándose en las lecciones de la historia de las luchas revolucionarias de la clase obrera. Esto significa la construcción de una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de abril de 2022)