A espaldas de la población, el Gobierno de Biden está implementando un giro peligroso y reaccionario en su política migratoria, haciéndose dictatorialmente de mayores facultades presidenciales.
El objetivo de este cambio es reducir dramáticamente los cruces fronterizos a niveles no vistos en décadas, así como prevenir que los solicitantes de asilo puedan llegar a suelo estadounidense, donde entra a regir la Constitución de EE.UU. Este giro derechista desmiente la afirmación de que el imperialismo estadounidense es un modelo de “democracia” y que su guerra contra Rusia tiene algo que ver con los “derechos humanos”.
El 30 de octubre, NBC News reportó que el Gobierno de Biden había elaborado un documento de políticas arrogándose el poder ejecutivo de detener a inmigrantes haitianos en la bahía de Guantánamo, junto a la prisión militar donde el Gobierno ha encarcelado y torturado a cientos de prisioneros como parte de la “guerra contra el terrorismo”.
Ahora, el Gobierno de Biden dice que Guantánamo puede utilizarse como un “nenúfar” o loto para inmigrantes, pero el término correcto sería “campo de internamiento”. Bajo la propuesta inicial, 400 inmigrantes haitianos serían detenidos en celdas y filas de literas en un territorio sin normas constitucionales, donde no tendrán el derecho a impugnar su trato ni sus deportaciones, como ocurriría si llegaran a suelo estadounidense.
Varios días antes, el Gobierno de Biden abandonó las charlas de mediación con los abogados que representan a más de 300.000 beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), quienes están demandando a la Administración de Trump por anular el TPS para 240.000 salvadoreños, 77.000 hondureños, 14.000 nepaleses y 4.000 nicaragüenses en 2018. El Gobierno de Biden ha seguido oponiéndose al desafío legal de los inmigrantes, esencialmente respaldando la anulación del TPS por parte de Trump y amenazando con deportar a cientos de miles de personas.
A inicios de octubre, los datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) documentó que el Gobierno de Biden había expulsado a 2,8 millones de inmigrantes de EE.UU., en el año fiscal 2021, más que cualquier otro año en la historia del país.
Lo que es más importante, los datos revelaron que más de un millón de ellos fue expulsado en virtud del “Título 42”, la disposición antidemocrática que permite al Gobierno prohibir la inmigración debido a una emergencia de “salud pública”. Trump recurrió inicialmente al Título 42 citando la pandemia de COVID-19 como una justificación pseudolegal y los tribunales la mantuvieron en vigor bajo Biden. Aquellos rechazados bajo el Título 42 tampoco tienen derechos constitucionales y no pueden solicitar asilo.
El 12 de octubre, el Gobierno de Biden firmó un acuerdo podrido con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prohibiendo que decenas de miles de inmigrantes de Venezuela crucen a EE.UU. en virtud del Título 42. AMLO ha aceptado permitir que los venezolanos vivan en ciudades de carpas, donde estos inmigrantes que escapan de sociedades azoladas por la guerra imperialista y la explotación capitalista viven entre la miseria y las enfermedades.
Con una mezcla de cinismo e hipocresía que el Partido Demócrata ha perfeccionado en los últimos 200 años, Biden y los demócratas siguen presentándose como defensores de los inmigrantes.
En un evento reciente para nuevos ciudadanos estadounidenses, Biden repitió el trillado mensaje del Partido Demócrata: “Son los sueños de inmigrantes como ustedes que construyeron Estados unidos”. Pero, el lunes, cuando un grupo de solicitantes de asilo intentó cruzar río Bravo ceca de El Paso, con una bandera que decía “Nosotros los migrantes construimos Estados Unidos”, la CBP de Biden disparó proyectiles de goma con irritantes hacia sus cabezas cuando volvían a cruzar el río para volver a sus carpas de lona en México.
El ataque contra los inmigrantes se produce cuando la pobreza y la escasez devastan a la clase trabajadora de Latinoamérica y el Caribe. La pandemia y la prolongación de la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia en Ucrania han tenido un impacto arrollador para cientos de millones de personas en estos países que han sufrido más de un siglo de dominio imperialista estadounidense.
En Haití, en estado de colapso, la cólera se está propagando, la comida y el combustible escasean y las pandillas han tomado el control de gran parte del país. No obstante, el Gobierno de Biden ha deportado a refugiados de vuelta a Haití, incluso cuando sus familiares reportan que el Gobierno haitiano estaba arrestando a los deportados en una penitenciaria a cambio de recompensas.
Aquellos que llegan a EE.UU. son tratados con una brutalidad extrema. El World Socialist Web Site conversó con una joven madre haitiana que estuvo detenida por el Gobierno de Biden en la frontera el año pasado.
Es doloroso hablar sobre lo que me ocurrió en Texas. Cuando hablo al respecto, siento que alguien me clava un cuchillo en el corazón. Cuando estuve detenida, fue horrible. Primero, me obligaron a dormir bajo un puente con mi bebé. Algunos guardias nos golpearon bajo ese puente, como podías ver en las noticias. Cuando nos trasladaron a una prisión, pensé que las cosas mejorarían, pero no lo hicieron. En la prisión, me quitaron la medicina del bebé a pesar de que estaba sangrando. Estuve ahí por cuatro días. No nos dieron comida, solo galletas. No podíamos bañarnos ni lavarnos los dientes. Teníamos que dormir en el suelo. Los bebés estaban deshidratados; sus ojos parecían que se iban a desmayar. No sabes qué hacer como madre cuando tu hijo te dice, “Mamá, tengo hambre, tengo hambre”, pero no puedes hacer nada. Mi bebé estaba vomitando, tenía diarrea y estaba sangrando en sus pies. Y cuando nos fuimos, los guardias se burlaron de nosotros por oler mal.
El cambio de política que está llevando a cabo el Gobierno de Biden es una concesión masiva a la derecha política fascistizante.
La estrategia del Partido Republicano en las elecciones de mitad de periodo ha ido más allá que el usual lenguaje nacionalista de derecha. Los gobernadores republicanos de Texas y Florida (Greg Abbott y Ron DeSantis, respectivamente) han pasado los últimos meses enviando a más de 11.000 inmigrantes por bus y avión a grandes ciudades gobernadas por demócratas en una serie de ardides publicitarios para presentar a los trabajadores inmigrantes como criminales.
La estrategia política demócrata ha sido adaptarse a esta narrativa. Por ejemplo, en un debate para el Senado en Pennsylvania, ante el candidato republicano apoyado por Trump, Mehmet Oz, el demócrata John Fetterman denunció a los “inmigrantes ilegales” y pidió “fronteras seguras”.
En medio de esta atmósfera derechista fomentada por toda la élite política, los incidentes de violencia contra los inmigrantes están aumentando. A fines de septiembre, Michael Sheppard, un guarda de un centro de detención de inmigrantes en Sierra Blanca, Texas, disparó contra un grupo de migrantes que se habían detenido para hidratarse en el desierto, asesinando al inmigrante mexicano Jesús Iván Sepúlveda Martínez de 22 años e hiriendo gravemente a Brenda Berenice Casias Castillo de 31 años.
El ataque continuo contra los trabajadores inmigrantes es un proceso internacional y una advertencia para toda la clase trabajadora. El lunes, la secretaria del Interior conservadora de Reino Unido, Suella Braverman, denunció que la inmigración estaba “fuera de control” y constituía una “invasión”. El mismo día, un individuo derechista lanzó proyectiles incendiarios a un centro de refugiados inmigrantes en la ciudad costera de Dover, donde el Gobierno detiene a los refugiados en atiborrados campos de internamiento donde duermen en los suelos y contraen enfermedades como difteria.
Lo mismo ocurre en la “democrática” Unión Europea, donde miles de inmigrantes que escapan del norte de África y Oriente Próximo se ahogan intentando llegar a suelo europeo cada año.
Solo ayer, un bote con 68 refugiados se hundió frente a la isla griega de Evia. A inicios de octubre, 92 inmigrantes de Marruecos, Irán, Bangladesh y Pakistán fueron hallados en Grecia después de que las autoridades los “abandonaran” tras dejarlos “completamente desnudos”. El martes, la primera ministra fascista italiana Giorgia Meloni nombró a un hombre que ha sido fotografiado utilizando un brazalete nazi como ministro en su Gobierno.
El ataque a los trabajadores inmigrantes se rige por la lógica de la guerra cada vez más intensa contra Rusia. En tiempos de guerra, los ataques más brutales contra los derechos democráticos siempre van de la mano de restricciones a la inmigración y el fortalecimiento del aparato represivo dentro del Estado nación.
Cuando el imperialismo estadounidense entró en la Primera Guerra Mundial, el Gobierno de Wilson promulgó la Ley de Espionaje, que restringió tanto el discurso contra la guerra como la inmigración. Esta ley ahora se utiliza para la persecución de Julian Assange. Cuando EE.UU. se preparaba para entrar en la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de Roosevelt promulgó la Ley Smith, también conocida como Ley de Registro de Registro de Extranjeros, que prohibió el discurso contra la guerra, bloqueó la inmigración y permitió el internamiento de japoneses.
La lucha por defender los derechos de los inmigrantes debe basarse en la batalla por movilizar a la clase trabajadora contra la guerra imperialista, la desigualdad social y su fuente: el sistema capitalista. El Partido Socialista por la Igualdad (EE.UU.) exige el levantamiento de las restricciones del Título 42, el otorgamiento de un estatus legal a todos los inmigrantes que deseen entrar en EE.UU., el derecho garantizado de viaje para todos sin importar su nacionalidad y el desmantelamiento de la CBP, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, siglas en inglés), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y todo el entramado de seguridad nacional.
(Publicado originalmente en inglés el 2 de noviembre de 2022)