La invasión el 8 de enero de las sedes del Gobierno brasileño por parte de una turba fascista conformada por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro ha puesto de relieve el colapso irreprimible de la democracia en el país más grande de América del Sur.

El ataque fascista en Brasilia, la capital brasileña, se produjo exactamente una semana después de que Luiz Inácio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores asumiera el poder.

En su discurso inaugural, el tercero en la carrera del exsindicalista, quien presidió el Gobierno brasileño entre 2003 y 2010, Lula reconoció el carácter extraordinario de las últimas elecciones. Declaró que “un proyecto autoritario en busca del poder” pudo tomar control de la “maquinaria pública” e intentó derrocar la democracia en Brasil gracias a “la movilización de recursos públicos y privados”.

Los peligros mencionados por Lula conciernen a millones de brasileños. En los últimos dos meses, el expresidente fascistizante Bolsonaro ha librado una ofensiva sistemática contra el sistema democrático e intentado anular los resultados legítimos de los comicios.

No obstante, el 1 de enero, Lula le aseguró al pueblo brasileño que este “terrible peligro” había sido superado. Dijo que la promoción de un “frente democrático” compuesto por los partidos burgueses oficiales —desde la derecha tradicional hasta el Partido Socialismo y Libertado (PSOL)— habían logrado abatir el fascismo en Brasil de forma definitiva. “Fue la democracia la gran ganadora en esta elección”, declaró el mandatario.

Pero el domingo siguiente, fue el turno de los fascistas para celebrar su ceremonia de “inauguración”. La misma policía que estuvo a cargo de un operativo de seguridad sin precedente durante la inauguración de Lula al prever posibles acciones terroristas de los bolsonaristas escoltó a la turba fascista a las sedes del Gobierno en el atentado del 8 de enero.

Este evento demostró que, a diferencia de lo que afirmaba Lula, sigue en marcha una conspiración fascista en el Estado brasileño.

En respuesta a los acontecimientos el domingo, el Gobierno del PT y las instituciones estatales procedieron a despejar a la multitud bolsonarista.

Lula decretó una intervención federal en el Distrito Federal, permitiendo que su Gobierno asuma el control de la seguridad de Brasilia y despliegue oficiales de otras partes del país para reforzar la policía. El Tribunal Supremo (STF) retiró temporalmente al gobernador de DF, Sergio Ibaneis, de su cargo y fue solicitado el arresto de su secretario de Seguridad, Anderson Torres. El campamento de partidarios de Bolsonaro, que había permanecido frente a la sede del Ejército desde noviembre fue dispersado. Fueron arrestados 1.5000 participantes del campamento y de la invasión de Brasilia del 8 de enero.

Según Lula y su Gobierno, estas medidas garantizarán “de una vez y por todas que esto no vuelva a ocurrir en Brasil”.

El ministerio de Justicia, Flávio Dino, dijo que “el país se dirige a una normalización institucional absoluta a una gran velocidad”. Dino, quien gobernó el estado de Maranhão bajo el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), de corte maoísta, concluyó: “Las Fuerzas Armadas de Brasil han permanecido fieles a la legalidad democrática hasta ahora. Este hecho debería ser aplaudido. En general, diría que lo peor ya pasó”.

Reproduciendo la tesis avanzada por el PT, los analistas políticos de la prensa oficial pronto representaron la invasión de Brasilia como la derrota del movimiento ultraderechista en Brasil.

“El bolsonarismo se socavó a sí mismo promoviendo la supuesta ‘toma del poder’ en Brasilia”, declaró el Estado de São Paulo. “La acción de los extremistas que trajo caos al propio seno del Estado tendrá la consecuencia de fortalecer, al menos temporalmente, al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, concluyó.

Estas evaluaciones son absolutamente falsas. En particular, la afirmación de Dino de que los militares “han permanecido fieles a la legalidad democrática” no se atiene para nada a la realidad.

En los últimos meses, ha habido una inédita intervención de las Fuerzas Armadas en la política brasileña. Los comandantes han emitido notas oficiales de censura contra oficiales civiles por referirse negativamente hacia las fuerzas militares. Además, alegaron falsamente que existía un riesgo de fraude electoral.

Mientras tanto, la cúpula militar defendió las manifestaciones en torno a los cuarteles que pedían un golpe militar, calificándolo como un “movimiento popular” legítimo. Esto ocurrió en un país donde el ejército tomó el poder en 1964 y gobernó por medio de una sangrienta dictadura militar por dos décadas.

Además, las Fuerzas Armadas guardaron silencio sobre los preparativos para el domingo y los ataques violentos previos llevados a cabo por los fascistas que protegían. La irrupción en los edificios gubernamentales fue iniciada y organizada desde las puertas de la sede del Ejército en Brasilia, una zona restringida en la que los fascistas pudieron permanecer junto a los generales.

El hecho de que las Fuerzas Armadas ha colaborado por ahora con las acciones del Gobierno de Lula no contradice su postura anterior ni representa un giro político.

De hecho, ninguno de los actores políticos directamente implicados en la formación de un movimiento fascista en Brasil se ha atribuido la autoría de los atentados del domingo. Bolsonaro y los miembros de su Partido Liberal (PL), el gobernador y el secretario de Seguridad de Brasilia y los militares fascistas, todos condenaron la acción como una aberración.

Estas fuerzas políticas querrían hacer creer que 5.000 “terroristas” se levantaron en Brasilia e invadieron espontáneamente la sede del Gobierno. Pero es evidente que los organizadores del asalto fascista en Brasilia están profundamente enquistados en el Estado, y especialmente en las Fuerzas Armadas.

El ataque del 8 de enero no representa una derrota para estas fuerzas. Al contrario, su “colaboración” con la Administración del PT para hacer frente a esta crisis solo les dará más espacio en el Gobierno, permitiéndoles llevarlo cada vez más a la derecha mientras siguen preparando su derrocamiento.

¿Qué explica entonces la colaboración directa del PT para encubrir a los responsables y su prisa por declarar falsamente que la situación ya fue resuelta?

Como representantes del capitalismo, el PT fue rehabilitado y devuelto al poder por la clase dominante brasileña en condiciones políticas y sociales explosivas. En los últimos años han proliferado la desigualdad social y la miseria, las muertes masivas causadas por las políticas procapitalistas en respuesta al COVID-19, y el estancamiento económico en medio de un entorno económico mundial cada vez más marcado por la guerra.

Estas condiciones están preparando una explosión incontrolable de la lucha de clases en Brasil. El desarrollo de un movimiento fascista y de toda forma de reacción política es la respuesta de la clase dominante a estas condiciones objetivas.

El PT, apoyado por sus aliados pseudoizquierdistas de la clase media, desempeña un papel instrumental en esta reacción burguesa. Dedicándose a encubrir el alcance de la crisis del Estado capitalista, promoviendo ilusiones en su carácter democrático y utilizando su aparato sindical para reprimir las luchas de la clase obrera, el PT está allanando el camino para que las fuerzas fascistas se desarrollen y creen las condiciones para un golpe de Estado.

La clase obrera internacional debe considerar la acción de los fascistas en Brasilia como la más seria advertencia. Ante el estallido volcánico de las contradicciones del capitalismo, la clase dominante internacional está fomentando movimientos fascistas.

El establecimiento de dictaduras fascistas, incluso en los mayores países capitalistas, no debe verse como una posibilidad lejana. Junto al peligro de una guerra nuclear de aniquilación, este peligro es absolutamente real. Estas amenazas solo pueden ser enfrentadas mediante el desarrollo de un movimiento de la clase obrera dirigido a la toma del poder político, sobre la base de un programa socialista, en Brasil y en todo el mundo.

(Publicado originalmente en inglés el 9 de enero de 2023)