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Continúan los disturbios masivos en Perú tras matanza policial

Residentes caminan junto a una barricada en llamas instalada por manifestantes antigubernamentales en Desaguadero, Perú, en la frontera con Bolivia, el viernes 13 de enero de 2023. [AP Photo/Juan Karita]

Esta semana continuaron los disturbios masivos en Perú tras la matanza de 17 personas perpetrada el lunes por la policía peruana en la ciudad andina de Juliaca, en el sureste del país. La policía abrió fuego en respuesta a los manifestantes que intentaban tomar el aeropuerto internacional de Juliaca.

A mediados de diciembre estalló una huelga informal en todo el país, cuando el ex presidente Pedro Castillo fue depuesto y encarcelado, y su vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo en su lugar.

En respuesta, el gobierno declaró el 'estado de emergencia' en todo el país y desplegó 140.000 soldados en las calles, en un intento de aplastar las protestas. El número de muertos ya asciende a más de 50.

Muchas de las protestas se han centrado en la región de Puno, ribereña del lago Titicaca y con una población mayoritariamente indígena. La represión de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Puno, la ciudad comercial más importante del sur de los Andes, ha sido la más violenta.

Según los informes, 25.000 indígenas aymaras han llegado a la ciudad de Puno para protestar. El miércoles se decretó un toque de queda de tres días en la ciudad de Puno.

En un esfuerzo por desactivar las protestas, el gobierno regional de Puno ha declarado 'personas non gratas' a Boluarte y a su primer ministro, Alberto Otárola, así como a los ministros del Interior, Víctor Rojas; de Defensa, José Luis Chávez; al general de la Policía Nacional de Puno, Pablo Villanueva Yana; y al general de la brigada del Ejército en Puno, Manuel Alarcón.

El diario cusqueño El Sol informó esta semana de que se espera una movilización de 20.000 pobladores quechuahablantes para tomar esta ciudad andina de la provincia situada al norte de Puno, que es un importante centro turístico. Manifestantes de las provincias de Canchis, Canas, Acompayo y Quispicanchi también se han concentrado en Cuzco para exigir la dimisión de Boluarte.

En general, las movilizaciones se intensificaron en 31 provincias de 12 regiones en respuesta a la masacre de Juliaca y la represión previa. Las protestas y los bloqueos de carreteras contra Boluarte y en apoyo de Castillo se han extendido ya a 41 provincias.

Miles de personas protestaron también el miércoles en la capital, Lima, y se produjeron decenas de detenciones. Numerosos grupos que lideran las protestas han hecho un llamamiento generalizado para organizar una marcha masiva hacia la capital.

El miércoles, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Perú hizo un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que 'cumplan con las normas de derechos humanos y garanticen que la fuerza sólo se utilice cuando sea estrictamente necesario y, en tal caso, respetando plenamente los principios de legalidad, precaución y proporcionalidad'. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que visitará Perú esta semana para investigar la violencia militar y policial.

También el miércoles, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, abrió una investigación contra Boluarte y su círculo más cercano de poder: El primer ministro Otárola, el ministro del Interior Rojas, el ministro de Defensa Chávez y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, por 'los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves' en relación con las 46 muertes y cientos de heridos sufridos hasta ahora en las protestas de diciembre y enero.

Ignorando esto, a última hora de la noche del miércoles, el pleno del Congreso, dominado por la extrema derecha, aprobó el gabinete de Boluarte presidido por Otárola. Esto no puede sino alimentar la indignación de la población.

Los inversores extranjeros, incluidas las gigantescas empresas mineras que dominan la economía peruana, están cada vez más nerviosos ante la posibilidad de que las protestas se les vayan de las manos y paralicen la producción. El miércoles, The Guardian advertía de que 'el sistema político roto de Perú inevitablemente hará caer la inversión extranjera —de la que depende en gran medida la economía— y la situación podría empeorar aún más'.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de enero de 2023)

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