Desde mediados de la semana pasada, se han producido protestas masivas y bloqueos de carreteras a diario en todo Perú. Más allá de las demandas iniciales de la renuncia de la Administración de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y las elecciones generales, los manifestantes plantean cada vez más demandas sociales sobre el alto costo de la vida y la asombrosa desigualdad social.

El último levantamiento sigue a una pausa navideña en las manifestaciones a nivel nacional provocadas por el juicio político y el arresto del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre. El mismo día, su vicepresidenta Boluarte asumió la presidencia como parte de un golpe parlamentario orquestado por los partidos de extrema derecha que controlan el Congreso, la Embajada de Estados Unidos y el mando militar peruano.

Los disturbios aumentaron dramáticamente después de la suspensión de los derechos democráticos y el despliegue de tropas bajo un estado de emergencia nacional desde el 14 de diciembre. La represión por parte del ejército y la policía ha resultado en al menos 28 manifestantes muertos y cientos heridos, muchos de ellos con municiones real. La presencia de ataúdes simbólicos se han convertido en uno de los accesorios más comunes que llevan los manifestantes.

En el contexto de un “paro nacional” desde el miércoles, miles han marchado en la capital Lima, Arequipa, Ayacucho, Huancayo, Cusco y Puno, mientras se instalaron bloqueos de carreteras en todo el país, principalmente en el sur. La carretera Panamericana Sur permanece bloqueada. La policía y el ejército hostigaron a los manifestantes, bloquearon la entrada a los lugares frecuentados por los manifestantes y utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma, porras, puños y botas para dispersarlos.

El viernes aún se reportaban 46 cortes de ruta, principalmente en los sureños departamentos de Cusco y Puno. A medida que las actividades comerciales se paralizan cada vez más debido a los bloqueos de carreteras y la participación de muchos trabajadores y pequeños comerciantes en las protestas, varios sindicatos del sector servicios se han visto obligados a unirse a la huelga.

Si bien los 16 meses de Castillo en el poder estuvieron marcados por concesiones a la extrema derecha y al capital extranjero, incluida la represión de las protestas por la inflación y las prácticas mineras, el golpe es ampliamente reconocido como un paso preventivo del imperialismo estadounidense y la oligarquía peruana. Su objetivo es reprimir los años de protestas sociales e inestabilidad política para asegurar las operaciones de las corporaciones mineras transnacionales y como un medio para imponer aún más la carga de la crisis económica cada vez más profunda sobre las espaldas de los trabajadores y los pobres de las zonas rurales.

En entrevista con La República, Maritza Paredes, profesora titular de sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó que los manifestantes no expresan apoyo a Castillo y que encuestas recientes mostraron que la mayoría de los peruanos creían que “si Castillo se iba, se iban todos”.

“Los manifestantes están dando una respuesta bastante emocional, ya que cuando ponen piedras, bloquean caminos y secuestran policías, no saben qué hacer después, no hay articulación ni grandes organizaciones sociales”, indicó.

Al mismo tiempo, hay indicios de una creciente autoconciencia de que las luchas están siendo impulsadas por la oposición a la desigualdad social y al capitalismo.

Un joven manifestante en un bloqueo de carretera en Ica le dijo a La Lupa: “Y ahora porque el pueblo pobre se está levantando a sudor, ahí sí han sacado al ejército para que nos opriman, nos metan golpes y nos disparen. Esta es la marcha del pobre no la marcha del rico —la gente del agro, la mina y el campo—. A ellos no les interesa que caigan 100, 200, 300 muertos… Todos acá somos trabajadores del agro”.

Un pequeño campesino en un bloqueo en Asillo, Puno, le dijo a un reportero local que le preguntó si era un terrorista: “Yo siento el hambre, la necesidad, la miseria que todos están cargando acá en Perú y otras naciones… nuestras necesidades nos obligan. No somos nada, a lo contrario, Dina Boluarte es terrorista. Los congresistas son terroristas. Nosotros estamos luchando por nuestra necesidad y tenemos que luchar hasta el último para lograr nuestro objetivo porque están saqueando los recursos de nuestro Perú”.

Un manifestante en Andahuaylas dijo que el Gobierno “no los representa”. Y agregó: “Acá nosotros luchamos a diario. ¿Cuánto cuesta una papá? Lo que nosotros ganamos no alcanza para nada. Si los peruanos tenemos plata, ¿por qué somos pobres? Por eso la gente lucha acá”.

No existe ninguna institución u organización en Perú que conserve credibilidad política alguna, lo que dificulta los esfuerzos de la élite gobernante por contener y encauzar por canales seguros el incipiente levantamiento. Sin embargo, el carácter espontáneo y sin líderes de las protestas también las hace vulnerables a una mayor represión que se está preparando conscientemente.

Los medios corporativos peruanos se han llenado de menciones a “grupos terroristas”, en algunos casos citando grupos guerrilleros extintos. Se está fabricando sistemáticamente el relato de que las masacres de jóvenes desarmados con municiones real, las golpizas brutales y las descargas de bombas lacrimógenas están de alguna manera justificadas por esta amenaza inexistente. A lo largo de la década de 1990, ese lenguaje se utilizó para promover el régimen autoritario de Alberto Fujimori, quien ahora está encarcelado por corrupción y organizar escuadrones de la muerte.

Tras nombrar a varios adolescentes asesinados en las protestas, cuyo origen rural empobrecido fue reportado por la prensa local, la conductora del noticiero vespertino de ATV, Juliana Oxenford, despotricó: “Se tiene que investigar si alguno de ellos pertenecía a bandas terorristas, a equipos de genocidas. Por supuesto, tenemos que entender que la policía y los militares tuvo ( sic ) que usar herramienta de fuego”.

La detención reaccionaria de Castillo y la persecución de su ex primer ministro Aníbal Torres por cargos falsos de “rebelión” también están siendo utilizados para evocar la amenaza de una insurrección armada por parte de “terroristas”. Incluso su abogado Wilfredo Robles fue difamado como “terrorista” en la televisión en vivo por sus vínculos cuando era joven con el grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso.

Los medios corporativos y la policía promovieron las manifestaciones el martes exigiendo la represión de las protestas bajo la consigna orwelliana de “Paz y Democracia”. Los asistentes acomodados tomaron la plaza San Martín en el centro de Lima, que está bloqueada a los manifestantes.

Los hechos en Perú son parte de una ofensiva global de la clase obrera en defensa de sus intereses de clase independientes. Como escribió el World Socialist Web Site en su declaración de Año Nuevo: “Es cierto que la crisis del capitalismo conduce a la revolución. Pero hay que preparar la revolución y luchar por ella. La resolución socialista de la crisis del capitalismo requiere la resolución de la crisis de liderazgo de la clase obrera”.

(Publicado originalmente en inglés el 6 de enero de 2022)