El viernes, a las 12:01 am, horario del este de Estados Unidos, el Gobierno de Biden levantó el Título 42 e impuso una nueva prohibición a que los refugiados soliciten asilo en la frontera sur. En marzo de 2020, Donald Trump invocó el Título 42, una disposición poco conocida sobre emergencias de salud pública, para utilizar el coronavirus como pretexto para expulsar sumariamente a los migrantes que huyen de la pobreza, la represión y la violencia autorizada por el Estado en los países de América Central y el resto de Latinoamérica, que han sido sometidos a más de un siglo de subversión y explotación a manos del imperialismo estadounidense.

Joe Biden continuó y expandió el uso del Título 42, expulsando a millones de solicitantes de asilo, así como la política de detener masivamente a los refugiados de su predecesor. Se vio obligado a poner fin a esta disposición cuando finalizó criminalmente la emergencia nacional de COVID-19 para eliminar todo el apoyo financiero para las pruebas y los tratamientos de COVID, recortando el gasto social y engrosando las ganancias patronales, a pesar de que siguen produciéndose innecesariamente muertes por COVID y el COVID persistente está causando estragos.

Como remplazo, él y el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, están requiriendo que las solicitudes de asilo se hagan en el país de origen o en “centros de procesamiento regionales” que se establecerán en Colombia, Guatemala y otros países latinoamericanos. Por supuesto, esto los deja en peligro de ser atacados o asesinados por los cárteles, las pandillas y los asesinos del Gobierno que intentan escapar. Aquellos que apliquen en la frontera estadounidense serán devueltos a sus países de origen. Los migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua —países a los que EE.UU. no puede o no quiere deportar directamente— serán devueltos a México bajo los términos de un acuerdo con el Gobierno mexicano.

Las políticas brutales y antidemocráticas de ambos partidos capitalistas, desafiando el derecho internacional y sus garantías del derecho al asilo, han engendrado una pesadilla en la frontera sur. En un calor abrasador, con escasez de comida, agua, un refugio o atención médica, aproximadamente 65.000 migrantes desesperados que provienen de su declarado “patio trasero” de Washington se encuentran concentrados a lo largo de la frontera. Del lado estadounidense, se enfrentan a 24.000 guardias armados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y 1.500 tropas en servicio activo, acompañadas por 2.500 soldados de la Guardia Nacional de Texas enviados unilateralmente por el gobernador republicano fascistizante Greg Abbott.

Del lado mexicano, el cómplice de Washington en su guerra contra los refugiados, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha desplegado 25.000 tropas mexicanas para aterrorizar y reprimir a los migrantes, quienes no solo provienen de América Latina, sino también de Asia, África y partes de Oriente Próximo y Europa.

Apenas algunas horas desde que estalló la crisis fronteriza posterior al Título 42, el Gobierno estadounidense reconoció la muerte de un niño migrante no acompañado. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. confirmó un reporte de las autoridades hondureñas de que Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza, un niño de 17 años que llegó a EE.UU. sin un padre ni guardián, murió bajo la custodia del Gobierno en un refugio al oeste de Tampa, Florida.

Hasta el miércoles, según cifras oficiales estadounidenses, había 8.681 niños no acompañados en las instalaciones de salud del HHS. Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza reportaron 152.000 encuentros con menores no acompañados en el año fiscal 2022 y 70.000 desde el 1 de octubre de 2022. Los padres desesperados, al no poder solicitar asilo en la frontera, permiten en algunos casos que un niño intente cruzar porque legalmente no pueden devolverlo a México. Su esperanza es que el niño consiga un patrocinador en EE.UU. que les ayude a traer al resto de la familia.

Muchísimos más han muerto por la brutal política de la burguesía estadounidense y ambos partidos contra los migrantes, así como de las clases gobernantes de Europa. Y estas muertes tan solo aumentarán sin la intervención unificada e internacional de la clase obrera. Hace menos de dos meses, el 27 de marzo, al menos 40 refugiados murieron en un incendio en un centro de detención hacinado en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez. Los fallecidos y heridos fueron encerrados en una celda y los guardias de AMLO se rehusaron a dejarlos salir.

La Patrulla Fronteriza de EE.UU., que dice tener una capacidad para detener a 10.000 migrantes en sus instalaciones fronterizas, dice que ya tiene a más de 28.000 detenidos. El Gobierno de Biden dijo que esta cifra podría llegar a 45.000 para fines del mes. Como medida provisional, el DHS anunció un plan para permitir que una fracción de los detenidos sea liberada en EE.UU. previo a recibir una fecha para una audiencia. Un juez nombrado por Trump bloqueó inmediatamente la implementación de la orden.

En Texas, el gobernador Abbott no solo desplegó su Guardia Nacional en la frontera en lo que llamó “Operación Estrella Solitaria”, sino que denunció la decisión de Biden de enviar solo 1.500 tropas en servicio activo a la frontera, tildándolo de simbólico, y exigió entre 15.000 y 150.000 soldados. Además, está apoyando un proyecto de ley estatal para crear una “Unidad de Protección Fronteriza” que permitiría que los ciudadanos “arresten, detengan y disuadan a individuos que crucen ilegalmente la frontera, incluyendo mediante el uso de la fuerza no letal”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, otro fascista republicano, firmó el miércoles una ley estatal general sobre política migratoria. Sus disposiciones incluyen:

• Prohíbe a los Gobiernos locales emitir documentos de identidad a personas que no puedan demostrar su ciudadanía.
• Exige a los hospitales que acepten Medicaid que pregunten en sus formularios sobre el estado de ciudadanía del paciente.
• Prohíbe que los graduados indocumentados de las escuelas de derecho sean admitidos en el Colegio de Abogados de Florida.
• Aumenta las penas por ofensas relacionadas al tráfico de humanos.

El jueves, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron el proyecto de ley “Aseguren la frontera”, que asignaría varios millones de dólares para contratar a más agentes fronterizos y expandiría el muro fronterizo de Trump en el sur.

La respuesta de Biden y los demócratas ha sido adaptarse a la agitación fascistizante de los republicanos e implementar sus propios ataques barbáricos contra los derechos de los inmigrantes. En octubre de 2020, durante su debate final preelectoral con Trump, el candidato Biden denunció a Trump por anular el derecho al asilo. “Este es el primer presidente en la historia de Estados Unidos de América bajo el cual cualquier persona que busque asilo debe hacerlo en otro país”, declaró Biden, resumiendo la política que está implementando ahora.

Otros demócratas están intentando atacar al Partido Republicano desde la derecha. El jueves, el gobernador de California, Gavin Newsom, denunció al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, por un proyecto para recortar el presupuesto, alegando que recortaría $4 mil millones de la CBP y “resultaría en la pérdida de más de 2.400 oficiales”.

A esto hay que añadir el papel reaccionario de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones pseudoizquierdistas de la clase media-alta, que pretenden dar al Partido Demócrata en EE.UU. y al partido de AMLO en México un barniz “progresista”.

El maltrato salvaje de los solicitantes de asilo, que en su inmensa mayoría trabajadores empobrecidos y oprimidos, coincide con la escalada de EE.UU. de la guerra contra Rusia en Ucrania y la intensificación de los preparativos militares contra China. No se trata de una casualidad. Las horribles escenas de sufrimiento masivo que se están produciendo en la frontera estadounidense echan por tierra las pretensiones de Washington de que está amenazando con provocar una guerra nuclear contra Rusia para defender los derechos democráticos. Pero estos ataques sin escrúpulos contra los derechos de los inmigrantes y la promoción del patrioterismo y el racismo siempre han acompañado los giros del imperialismo hacia la guerra. Siempre han formado parte de un ataque más amplio contra los derechos democráticos y sociales de la clase obrera en todas las naciones capitalistas implicadas en la lucha por mercados, recursos naturales y fuentes de mano de obra barata.

La entrada de EE.UU. en la Primera Guerra Mundial estuvo acompañada de la Ley de Espionaje, que ilegalizaba el discurso contra la guerra y llevó a la cárcel al líder socialista Eugene V. Debs. Fue seguida por la deportación de inmigrantes socialistas en las redadas Palmer de 1919-1920. La entrada de EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial estuvo precedida por la aprobación de la Ley Smith, que Roosevelt utilizó para encarcelar a 18 trotskistas en 1944. La declaración de guerra de EE.UU. contra Japón fue seguida de la encarcelación masiva de japoneses-estadounidenses.

La llamada “guerra contra el terrorismo” tras el 11-S fue acompañada por la apertura del gulag de Guantánamo y la creación del Departamento de Seguridad Nacional, así como del Comando Norte.

La aplicación de lo que los líderes imperialistas llaman hoy una “economía de guerra” y la conducción de una “guerra total” por el control de Eurasia exige la supresión de la lucha de clases en Estados Unidos, así como en toda América Latina, en condiciones de un aumento de la oposición de la clase obrera y una creciente rebelión de las bases contra el aparato sindical proguerra y propatronal.

Lo que León Trotsky escribió en mayo de 1940, unos 10 meses después de iniciada la Segunda Guerra Mundial, podría utilizarse, con pequeñas actualizaciones, para describir las condiciones actuales:

El mundo capitalista decadente está superpoblado. La admisión de cien refugiados extras constituye un problema grave para una potencia mundial como Estados Unidos... Entre las vastas extensiones de tierras y las maravillas de la tecnología, que además de la tierra conquistó los cielos para el hombre, la burguesía logró convertir nuestro planeta en una sucia prisión.

La brutalización de los inmigrantes pone en evidencia de manera devastadora la caducidad del sistema de Estados nación al que está atado el capitalismo. La globalización de la vida económica y la integración tecnológica de la población mundial han progresado mucho más allá de lo que existía en tiempos de Trotsky.

Pero bajo el capitalismo, los Gobiernos de todo el mundo fomentan el odio a los inmigrantes para dividir a la clase obrera y distraer de la verdadera fuente del sufrimiento de los trabajadores, el sistema capitalista.

El Partido Socialista por la Igualdad y el Comité Internacional de la Cuarta Internacional rechazan todo enfoque del debate oficial sobre la inmigración. Proponemos una solución socialista e internacionalista a la crisis a la que se enfrentan los trabajadores inmigrantes y el establecimiento de los Estados Unidos Socialistas de las Américas. Esta solución se basa en la perspectiva estratégica de la unidad internacional de la clase obrera y la revolución socialista mundial.

Defendemos el derecho de los trabajadores de todo el mundo a vivir en el país que elijan, con plenos derechos de ciudadanía, incluido el derecho a trabajar y viajar sin miedo a la deportación o la represión.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de mayo de 2023)