El 7 de mayo, los chilenos acudieron por segunda vez a las urnas para decidir sobre la sustitución de la Constitución autoritaria del país, después de que la primera propuesta de nueva redacción, falsamente acuñada por la prensa liberal como la 'Constitución más progresista del mundo', fuera rotundamente rechazada el pasado mes de septiembre.
El gobierno de coalición de seudoizquierda del presidente Gabriel Boric sufrió una dura derrota en las últimas elecciones obligatorias. La coalición de gobierno de Boric, Unidad para Chile, que incluye a los partidos Comunista (PCCh), Frente Amplio (FA) y Socialista (PS), apenas consiguió 16 de los 50 escaños del consejo constitucional, un número insuficiente para bloquear propuestas y mucho menos para introducir cambios en la actual carta magna. Ello está en consonancia con el descenso del índice de aprobación de la administración, que según los sondeos se sitúa por debajo del 30%.
Las elecciones también han acabado con el centro-izquierda tradicional. La tradicional coalición de centro-izquierda Todo por Chile, que, aliada con el PS, había gobernado desde el retorno al régimen civil, no obtuvo ni un solo escaño, demostrando una vez más que este cadáver político se mantiene vivo por medios artificiales, a saber, su incesante y sobrerrepresentada cobertura en la prensa burguesa y el hecho de que Boric los coloque en puestos destacados de su gabinete.
En un signo ominoso, el partido político más votado fue el fascistoide Republicanos, una opción por la que el capitalismo chileno ha optado en el pasado. El Partido Republicano, fundado en 2019 por José Antonio Kast, hijo de un oficial nazi alemán y admirador del presidente estadounidense Donald Trump, obtuvo 23 escaños en el consejo constitucional.
Con los 11 escaños de Chile Seguro, la coalición de fuerzas de ultraderecha y libre mercado que incluye a los herederos políticos de la dictadura del general Augusto Pinochet en los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), la derecha tendrá una mayoría de dos tercios, lo que le permitirá mantener intacta la Constitución de Pinochet o insertar artículos aún más autoritarios.
La victoria de Kast, un pinochetista con profundas raíces nazis y favorito del mundo empresarial y financiero, animó a los mercados. El Wall Street Journal se entusiasmó al afirmar que 'la bolsa de Santiago subió un 2,3% al confiar los inversores en que Chile no introduciría cambios profundos en un modelo económico al que atribuyen años de fuerte crecimiento'.
Kast se jactaba de que 'los chilenos han acudido a las urnas para dar una señal fuerte y clara sobre el camino que quieren para nuestro país.'
El triunfalismo de Kast se contradice con el inmenso número de personas que, o bien anularon conscientemente su papeleta (¡más de 2,1 millones de votantes que rechazaron todas las listas!), o bien dejaron su papeleta en blanco (más de medio millón de votantes), o se abstuvieron a pesar de la amenaza de una fuerte multa (casi 2,3 millones de personas.) En total, representan un tercio de los 15,1 millones de electores.
Todo ello en unas condiciones en las que la clase trabajadora se enfrenta a un aumento de la tasa oficial de desempleo hasta el 8,8 por ciento, un incremento del 24 por ciento en el coste de la cesta básica de alimentos en el último año, reajustes salariales por debajo de la inflación durante la mayor parte de las dos últimas décadas y una política monetaria fiscal que recortó el gasto en un 23 por ciento en 2022.
Los resultados indican que el país no solo sigue profundamente polarizado, como en 2019 cuando una incipiente situación revolucionaria estalló a la superficie, sino que el Partido Comunista y el Frente Amplio, presentados para salvar al capitalismo, se están convirtiendo en tiempo récord en una fuerza agotada.
Cuatro años después de la rebelión de masas de 2019, la clase obrera chilena e internacional han entrado en una nueva etapa en la lucha contra el desempleo masivo, la profundización de la desigualdad social, las altas tasas de interés y la inflación desorbitada, en medio de una respuesta criminalmente negligente a la pandemia del COVID-19 y el impulso hacia la guerra entre potencias armadas nucleares.
El proceso constitucional chileno: un cínico intento de desviar la lucha de clases
El ejercicio profundamente cínico de cambiar la Constitución se inició hace tres años como un intento consciente de la clase política de poner fin a las históricas manifestaciones anticapitalistas que barrieron el país en 2019 y que crearon la crisis más aguda del dominio burgués desde mediados de la década de 1980.
En noviembre de 2019, la 'izquierda' parlamentaria chilena entró en conversaciones de unidad nacional con la asediada administración del presidente derechista Sebastián Piñera para evitar su colapso.
Con un nuevo aliciente, el Gobierno giró aún más a la derecha, iniciando una serie de medidas de orden público que marcarían el resto de su mandato, y el de Boric desde el principio.
En primer lugar, con la aprobación del Congreso, Piñera decretó el estado de excepción ante el inicio de la pandemia del COVID-19, restringiendo la libertad de circulación y de reunión. Esto puso a los militares a cargo de los puestos de control en todo el país, y se impusieron toques de queda. Estas medidas no sirvieron para proteger a la población del virus que ha matado a más de 61.000 personas e infectado a millones. Su objetivo era intimidar a la población.
Piñera envió entonces al Congreso una serie de proyectos de ley que criminalizaban la protesta social y permitían la represión violenta de las comunidades obreras, las protestas estudiantiles y las huelgas salvajes. También envió una docena de proyectos de ley concretando el estado policial. Los proyectos de ley que lo abarcaban todo incluían el fortalecimiento del aparato de inteligencia unificando los distintos departamentos de las fuerzas armadas y la policía y permitiendo la movilización de los militares para asegurar infraestructuras públicas y privadas 'críticas'.
Por último, Piñera intensificó una campaña antigua contra las empobrecidas comunidades indígenas mapuches, poniendo la región del sur de Chile bajo Estado de Excepción en octubre de 2021. Al ataque a la población indígena se sumó una vil caza de brujas contra los inmigrantes, que se convirtió en uno de los temas electorales en torno al cual todos los partidos políticos trataron de superarse mutuamente.
Fue en este clima polarizado en el que surgieron Boric y compañía. Con la ayuda de los sindicatos corporativizados dominados por el PCCh estalinista y la coalición seudoizquierda FA, así como sus satélites morenistas, Boric recicló con fines puramente electorales el falso nostrum nacional reformista de que el Estado capitalista, como supuesto árbitro de las irreconciliables contradicciones de clase, puede regular gradualmente el mercado a nivel nacional y frenar los excesos del capitalismo.
El World Socialist Web Site advirtió que los partidos de la llamada 'izquierda' estaban cometiendo un fraude monumental, especialmente el estalinista PCCh, el segundo partido político más antiguo de Chile. Como parte del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, habían decapitado una revolución al poner una camisa de fuerza a los embrionarios consejos obreros, los cordones industriales y otras iniciativas obreras independientes, abriendo el camino al golpe fascista-militar de 1973.
En octubre de 2020, más del 80% de la población votó a favor de un referéndum para cambiar la constitución impuesta bajo la dictadura fascista civil-militar de Pinochet y mantenida por el centro-izquierda tradicional.
Del mismo modo, en las elecciones de mayo de 2021 para los 155 escaños de la convención constitucional, la derecha y los viejos partidos de centro-izquierda quedaron reducidos a una mera comparsa, mientras que los académicos 'progresistas' estalinistas, seudoizquierdistas y morenistas, los activistas sociales, los burócratas sindicales y los radicales de clase media obtuvieron una mayoría de dos tercios.
Aunque sólo votó el 40% del electorado con derecho a voto, los que lo hicieron buscaron abrumadoramente candidatos que prometieran inscribir en la nueva carta magna de la nación garantías a la sanidad, la educación y las pensiones públicas, el fin de las desigualdades sociales extremas, una redistribución de la riqueza, protecciones medioambientales, el fin de la represión policial y una ampliación de los derechos.
La política identitaria fue una pieza central de la campaña de la seudoizquierda desde el principio tanto de la convención constitucional como de las elecciones presidenciales de finales de 2021. Presentada como la constitución más 'progresista' por sectores de la seudoizquierda internacional y sectores de la clase media profesional y el mundo académico, su objetivo central era aumentar el tamaño del Estado, creando una nueva burocracia indígena y garantizando la paridad de género en la función pública y el Estado.
En esta línea, se lanzó una engañosa campaña para promover el pacto electoral PCCh-FA Apruebo Dignidad como el único medio progresista de impedir la llegada al poder del fascistoide Kast en la segunda vuelta presidencial de diciembre de 2021.
Catorce meses en el poder
Mucho antes de la inauguración el 11 de marzo de 2022, la coalición estalinista-seudoizquierda había revelado sus verdaderos colores y modus operandi-Gabriel Boric, el rostro de la nueva administración, hace interminables llamados al 'diálogo', un eufemismo para acomodar su gobierno con el imperialismo, la ultraderecha y los fascistas, mientras reprime brutalmente la lucha de clases. Sus socios del PCCh, por su parte, lanzan denuncias demagógicas contra el imperialismo y la derecha.
En política exterior, Boric se ha alineado abiertamente con los objetivos estratégicos del imperialismo estadounidense contra Rusia. Acusó a Rusia de lanzar una guerra de agresión, mientras que no expresaba ninguna oposición a la expansión de la OTAN o al objetivo declarado de Washington de infligir una derrota estratégica a la Federación Rusa y desmembrarla. Con igual despliegue de adulación, Boric denuncia a Cuba, Nicaragua y Venezuela por su 'autoritarismo', pero no se pronuncia sobre la mayor amenaza del hemisferio occidental, Estados Unidos.
A nivel nacional, la administración seudoizquierda ha cumplido con las exigencias del capital financiero integrando aún más a la vieja casta política de centro-izquierda en su gobierno y aplicando una política monetaria fiscalmente restrictiva, poniendo fin a los programas de estímulo para ayudar a las familias trabajadoras y de clase media mientras la inflación alcanza niveles no vistos desde 1992.
En los 14 meses transcurridos desde su llegada al poder, el gobierno de seudoizquierda también ha aplicado las leyes del estado policial del gobierno anterior. La reacción de Boric ante el estallido de disturbios por hambre, las ocupaciones de escuelas en curso, las huelgas y las tomas de tierras indígenas en el transcurso del año ha sido desatar las fuerzas especiales de Carabineros y desplegar las Fuerzas Armadas, las instituciones en el centro de las violaciones de los derechos humanos a escala industrial en los últimos 50 años.
La administración Boric ha ampliado el arsenal de las fuerzas de Carabineros como parte de un aumento del 4,7 por ciento en el presupuesto de orden público y seguridad y ha cedido a los militares un mayor papel en las funciones de orden público, incluido su despliegue para proteger 'infraestructuras críticas'.
Se ha decretado un Estado de Excepción permanente para las regiones de Biobío y La Araucanía. Esto es una continuación de la política de militarización iniciada por el gobierno de Piñera, donde las fuerzas armadas están siendo utilizadas en las regiones del sur contra las poblaciones indígenas mapuches que reclaman tierras ancestrales.
Más recientemente, el gobierno ordenó el despliegue de las fuerzas armadas en las fronteras de Perú y Bolivia. La medida autoriza a las fuerzas armadas a utilizar la fuerza contra refugiados venezolanos, haitianos y colombianos, principalmente indocumentados, que huyen de las catástrofes humanitarias provocadas por años de inestabilidad, causada en gran medida por las sanciones y la injerencia imperialista de Estados Unidos. Los refugiados comenzaron a desviarse hacia Chile en 2016 cuando su destino de elección, los EE.UU., fue cerrado por la reanudación de las deportaciones masivas por la administración Obama, que sólo se ha intensificado bajo Trump y Biden hoy.
Los militares respaldan a las patrullas policiales en las fronteras con Bolivia y Perú y están autorizados a usar fuerza letal contra los refugiados. Las escenas de migrantes colombianos y venezolanos maltratados por fuerzas chilenas y peruanas en las regiones de Tacna y Arica, que captaron la atención de los medios de comunicación internacionales, se han convertido en la nueva normalidad.
La ley de mayor alcance —conocida como 'Naín-Retamal'— otorga al ejército y a la policía licencia para matar y proporciona inmunidad legal retroactiva frente a los procesamientos por uso excesivo y letal de la fuerza. Los tribunales ya han desestimado varios casos.
El cambio de Apruebo Dignidad de las promesas de iniciar cambios 'transformadores' a medidas de estado policial debería servir de lección a la clase obrera y a la juventud internacional sobre el papel de la seudoizquierda y sus promesas de reformas sociales a través del estado capitalista.
Los políticos burgueses más astutos han reconocido que el nivel de alienación y privación de derechos revelado en las últimas elecciones, unido a una crisis económica cada vez más profunda, presagia convulsiones sociales. Así que el Congreso aprobó a bombo y platillo tres leyes que, a primera vista, parecen reformistas. La primera reduce la semana laboral de 45 a 40 horas. La segunda aumenta gradualmente el salario mínimo mensual de los actuales 400.000 pesos (502 dólares estadounidenses actuales) a 500.000 (628 dólares estadounidenses) a mediados de 2024. El tercero es un proyecto de ley de regalías mineras que establece una carga impositiva máxima sobre las grandes explotaciones mineras que recaudará hasta 450 millones de dólares.
Sin embargo, el diablo está en los detalles. Aunque se escribirá más sobre estas leyes, la primera consagra una mayor flexibilización laboral y amenaza las tasas de penalización. La segunda no alcanza el umbral de la pobreza. La tercera tiene lagunas que permiten a la industria minera evitar el pago de las míseras sumas que la ley propone recaudar.
Como predijo el WSWS, el papel político desempeñado por los estalinistas, el Frente Amplio y los morenistas sólo ha envalentonado a las fuerzas más derechistas y fascistas, que sienten que tienen el control. La peligrosa situación política actual debe ser reconocida y las lecciones del pasado asimiladas por la clase obrera como primer paso para romper con toda la falsa izquierda chilena.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de mayo de 2023)