El jueves y viernes, el Gobierno de Biden fue anfitrión de la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP), una plataforma para promover la integración de las cadenas de suministro en el continente americano en preparación para un enfrentamiento económico y militar con China.

Si bien el tema fue solo mencionado de pasada, el contexto del ataque genocida de Israel contra Gaza definió, en última instancia, el principal significado político del evento. Se produjo cuando el Gobierno estadounidense pierde el control del relato sobre la guerra y cuando las masas en todo el mundo concluyen que EE.UU. es la principal potencia facilitadora —política, material y estratégicamente— del genocidio contra los palestinos y está provocando una guerra regional.

En este momento crucial, la decisión de los presidentes pseudoizquierdistas Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro de Colombia de viajar a la Casa Blanca para la cumbre y reunirse con el presidente Joe Biden fue políticamente criminal. Su presencia ofreció una cubierta política a Washington mientras participa en crímenes propios de los nazis: la pulverización de miles de niños y civiles palestinos y el desplazamiento de millones.

El martes, Boric y Petro habían retirado a sus embajadores de Israel para protestar la masacre y Petro ha dicho específicamente que “el Gobierno estadounidense tiene una gran responsabilidad política” en lo que está sucediendo.

Pero sus reuniones, fotos, sonrisas y conversaciones con Biden, cuyas manos están hasta los codos en la sangre de los palestinos, son la demostración más clara de que la erupción del imperialismo está obstaculizando la capacidad de las élites gobernantes latinoamericanas para incluso pretender desempeñar un papel independiente, progresista o democrático.

“Le dije a Biden que no se podía seguir permitiendo la masacre”, dijo Petro a los periodistas. Biden no respondió, pero al menos había “dejado constancia de su posición”, añadió cínicamente.

Petro también aplaudió la cumbre liderada por Estados Unidos como una “iniciativa histórica servirá como una oportunidad para continuar trabajando en el desarrollo económico, sostenible, bajo los principios de justicia social y climática”.

En un momento en que “Genocida Joe” es tendencia en las redes sociales, Gabriel Boric le dijo a Biden durante su reunión el jueves que “espero llegar tan lejos como usted” en su carrera política.

Dijo a los periodistas después que tuvieron una reunión “provechosa y honesta”. Luego, Boric condenó los ataques de Hamás del 7 de octubre en tres ocasiones, al tiempo que afirmó que los ataques de Israel son “inaceptables”, “desproporcionados” y una “violación del derecho internacional humanitario”. Concluyó: “No aceptamos que se nos hagan elegir entre uno u otro bando”.

El viernes, Boric añadió, “La tranquilidad con la que me quedo de este viaje es que el presidente Biden me consta que comparte la preocupación” sobre el asalto israelí a Gaza.

Por su parte, el pseudoizquierdista presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió a su secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, para encabezar la delegación mexicana. Su Gobierno se había negado a condenar a Israel hasta el miércoles, cuando la representante mexicana ante la ONU dijo que los ataques a Gaza “contrarios al derecho internacional” y “podrían constituir crímenes de guerra”.

Boric, Petro y López Obrador tienen un doble discurso y están principalmente preocupados por encubrir su propia subordinación al imperialismo y su agenda de guerra y dictadura, que fue la esencia de las discusiones durante la cumbre de la APEP.

Según lo describió un funcionario estadounidense anónimo a Reuters cuando comenzó la cumbre: “Estamos hablando de construir cadenas de suministro regionales competitivas que puedan competir en el mercado, y eso significa competir contra China”.

Otro funcionario dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), liderado por Estados Unidos, ofrecerá una nueva plataforma de financiamiento para los países, que tiene el objetivo de expandir el uso de mano de obra barata y recursos naturales clave en la región.

Los patrocinadores de un proyecto de ley bipartidista llamado “La Ley de las Américas”, Bill Cassidy (R-La) y Michael Bennet (D-Co) hablaron en la sesión del BID el jueves. Su propuesta incluye “atornillar” a otros países latinoamericanos al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, si cumplen con los criterios de Estados Unidos.

Esencialmente, tales promesas comerciales y financieras tienen como objetivo presionar a las élites regionales para que se desacoplen de China y repriman la migración, pero hay poca diferencia con las iniciativas emprendidas por la Administración de Obama que no ganaron tracción en términos de inversiones.

El mes pasado, el Wilson Center, con sede en Washington, advirtió que el desplazamiento económico de Estados Unidos por parte de China estaba “socavando el liderazgo de Estados Unidos en la región”. Entre 2001 y 2020, encontró que la proporción de la población de América Latina que vive en países más dependientes económicamente de China que los EE.UU. creció del 3 al 60 por ciento. “Estados Unidos enfrenta desafíos significativos para movilizar capital del sector privado en línea con sus objetivos de política exterior”, escribió el reporte.

Del mismo modo, Cynthia Arnson del centro de pensamiento dijo recientemente: “Debemos proporcionar alguna alternativa. Dólar por dólar, Estados Unidos nunca podrá igualar los bolsillos de los bancos de inversión chinos”.

Significativamente, durante la cumbre, la mexicana Alicia Bárcena declaró que México es “el país de reubicación y de nearshoring” , es decir, explícitamente el traslado de la producción de semiconductores y otros productos estratégicos de Asia hacia países más cercanos al mercado estadounidense. A pesar de llamar más tarde a “incorporar el resto de la región a esta estrategia”, el tono apunta claramente a la competencia entre las élites gobernantes regionales por las inversiones que en última instancia socava cualquier “integración” real.

Si bien las discusiones en la cumbre se centraron en las inversiones económicas, el imperialismo estadounidense depende cada vez más de su poderío militar, conspiraciones antidemocráticas, amenazas y sanciones devastadoras para asegurar su control sobre la región.

El Gobierno de Biden ha seguido enviando tropas estadounidenses para apuntalar el régimen peruano de Dina Boluarte, que llevó a cabo varias masacres de manifestantes que se oponían al golpe de Estado respaldado por Estados Unidos que la instaló en diciembre pasado. Washington también acordó recientemente llevar a cabo operaciones militares en Ecuador, cuyo presidente saliente Guillermo Lasso también ha llevado a cabo ataques mortales contra manifestaciones, recientemente disolvió el Congreso y presidió las primeras elecciones del país bajo un estado de excepción militar. Ambos estaban presentes en la cumbre.

El jueves, Biden también mantuvo una reunión personal con el presidente dominicano Luis Abinader, un reaccionario multimillonario que cerró la frontera con Haití el mes pasado y ha liderado los llamados junto con Washington para acelerar el despliegue de una fuerza militar multinacional en Haití, que fue aprobado el mes pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

El apoyo sin reservas de Abinader a la campaña genocida de Israel en Gaza y los elogios aduladores al “liderazgo” de Biden para resolver la “situación histórica” en Haití deberían ser una advertencia para los trabajadores sobre los niveles de brutalidad que el imperialismo y sus élites clientelistas están dispuestos a utilizar para reprimir la lucha de clases en toda la región.

La cumbre también contó con la participación de los jefes de Estado de derecha de Uruguay, Costa Rica y Barbados.

La narrativa presentada por los funcionarios en Washington consiste en describir la influencia económica china como una “agresión” contra los países de la región y los propios Estados Unidos, alegando que Beijing está corrompiendo a funcionarios, desestabilizando las sociedades y causando migraciones masivas.

Es dudoso que alguien crea tales tonterías, que ignoran el siglo del imperialismo estadounidense invadiendo países al sur de su frontera, respaldando golpes de Estado, instalando dictadores y haciendo cumplir los intereses de Wall Street, sobre todo las décadas de endeudamiento, austeridad y privatizaciones conocidas como el “Consenso de Washington”. La retórica actual en torno a la política de Estados Unidos hacia América Latina combina la competencia económica con los preparativos activos para la guerra.

Según las últimas tres décadas de guerras interminables se convierten en un conflicto mundial entre potencias con armas nucleares y campañas genocidas como en Gaza, cada vez es más claro que el capitalismo es incompatible con la paz, la democracia y la independencia.

El nefasto proyecto de convertir a América Latina en una plataforma para que Wall Street y el Pentágono busquen el dominio global se ve rápidamente socavado por sus propias contradicciones. Sobre todo, está preparando el escenario para el estallido de la oposición masiva contra las élites clientelares y todas las instituciones capitalistas.

La clase obrera es objetivamente la única fuerza social que puede dirigir la lucha contra el imperialismo y la guerra. Sin embargo, mientras la lucha de clases y un movimiento de masas contra la guerra se intensifican en todo el mundo, la conciencia social y política de los trabajadores sobre lo que está en juego todavía está rezagada con respecto al cambio en marcha de la situación objetiva y las tareas que plantea.

La construcción de una dirección política trotskista en la clase trabajadora —secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en todos los países— nunca ha sido más urgente para prepararse y luchar por la movilización política independiente y revolucionaria de la clase trabajadora contra el capitalismo, que produce guerra, la desigualdad, la dictadura y el fascismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de noviembre de 2023)