El presidente fascistizante de El Salvador, Nayib Bukele fue reelegido para otro término de cinco años en violación de la Constitución del país, pero todo lo demás sobre las elecciones generales del domingo sigue sin definirse.

Dos horas después de que cerraran las urnas, Bukele anunció que había ganado y que su partido Nuevas Ideas había conseguido 58 de los 60 escaños del Congreso. Pero, para el miércoles, aún no había resultados oficiales.

El lunes, el Tribunal Supremo Electoral anunció que su sistema de recuento preliminar falló tras registrar el 70 por ciento de las actas para presidente y solo el 5 por ciento para los legisladores. Como consecuencia, está contando manualmente el 30 por ciento de las papeletas para la Presidencia y el 100 por ciento de aquellas para la Asamblea Legislativa.

El martes, las autoridades electorales anunciaron la reapertura en una fecha futura de tres centros de votación en Estados Unidos, donde residen 2,5 millones de salvadoreños, frente a los 6,5 millones de El Salvador, citando quejas de que muchos no pudieron votar. El partido de extrema derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ha amenazado con pedir la nulidad de las elecciones si esto se produce.

Bukele ha obtenido hasta ahora el 83 por ciento de los votos para la presidencia, seguido de Manuel Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), con el 6,95 por ciento, y Joe Sánchez, de ARENA, con el 6,15 por ciento. Nuevas Ideas lidera actualmente la contienda legislativa con el 61 por ciento de los votos.

Las elecciones se celebraron efectivamente bajo la ley marcial. Desde hace 22 meses rige un estado de excepción que mantiene suspendidas las libertades de asociación y reunión, el debido proceso y otros derechos democráticos fundamentales.

Tras colocar a funcionarios leales a él en la Corte Constitucional y obtener una supermayoría en el Congreso en 2021, se permitió que Bukele nombrara presidenta a su secretaria privada, Claudia Rodríguez, durante seis meses, aparentando respetar la prohibición constitucional de los mandatos consecutivos.

Con rienda suelta, el ejército y la policía han detenido a más de 75.000 personas, es decir, 1 de cada 45 adultos. Actualmente hay 110.000 personas encarceladas en condiciones inhumanas y de hacinamiento. Cuarenta mil de ellas permanecen en un nuevo “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, una de las mayores prisiones del mundo.

Al menos 224 personas han muerto bajo custodia durante los 22 meses de estado de excepción, según la ONG Socorro Jurídico, en medio de numerosas denuncias judiciales por tortura.

El País informó recientemente sobre el caso de Verónica Reyes, cuyo marido Roberto, un trabajador de 38 años de una empresa de aceite, sin antecedentes penales, fue detenido en diciembre de 2022 cuando hacía compras. Mientras esperaban una audiencia hasta 2025, Verónica le enviaba comida y provisiones cada dos semanas, pero el 27 de enero le notificaron que su marido había fallecido.

Cuando la llamaron a identificarlo, dijo, “Estaba ante un cuerpo que murió de hambre… Cuando lo descubrieron era un esqueleto”.

Varios Gobiernos y políticos de toda América Latina, desde el derechista Daniel Noboa en Ecuador hasta la pseudoizquierdista Xiomara Castro en Honduras, han adoptado abiertamente la fórmula política de Bukele de mano dura contra el crimen organizado.

A su vez, el propio Bukele fue descrito ampliamente como el “Trump salvadoreño” y evidentemente se inspiró en el multimillonario imitador de Hitler y en sus esfuerzos para movilizar a las capas fascistizantes dentro del aparato estatal y de la clase media lumpen.

El Gobierno de Biden había declarado en septiembre de 2021 que una reelección socavaría la democracia en El Salvador, pero el secretario de Estado Antony Blinken felicitó a Bukele el lunes. Evidentemente, las críticas anteriores no tenían nada que ver con la “democracia” o los “derechos humanos”, sino que iban dirigidas contra los crecientes vínculos de Bukele con China.

Mientras continúa su acto de equilibrio con Beijing, las decisiones de alejarse de los créditos chino y solicitar un préstamo del FMI y la exclusión de empresas chinas del desarrollo de las telecomunicaciones 5G han llevado a un estrechamiento de los lazos con Washington. Bukele también ha colaborado con Estados Unidos en el bloqueo a los migrantes que se dirigen al norte.

Bukele es descendiente de una familia burguesa palestina, que desarrolló un negocio textil en la década de 1970 y luego un importante conglomerado. Su padre se convirtió en patrocinador del FMLN tras el final de la guerra civil en 1992, cuando la antigua guerrilla dirigida por los estalinistas entregó las armas a cambio de escaños en el Congreso como partido burgués de derecha.

Tras dejar la universidad y administrar empresas familiares, Bukele entró en la política y fue elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012 y luego de la capital, San Salvador, como candidato del FMLN.

Tras decidir postularse a la Presidencia en 2017, las pugnas internas provocaron su expulsión fortuita del partido. Desde entonces, Bukele ha sacado provecho sobre todo de sus ataques al FMLN y a su rival ARENA, el partido de extrema derecha fundado por el notorio torturador del ejército, el mayor Roberto D'Aubuisson. Los dos antiguos enemigos habían compartido el poder desde 1992 y quedaron sumamente desacreditados por sus políticas de austeridad social, acuerdos con las pandillas y corrupción.

Del primer mandato de Bukele, dos incidentes resumen su programa político. En febrero de 2020, invadió el Congreso con soldados para exigir a punta de pistola un préstamo para el ejército, mientras sus partidarios acérrimos fascistas se concentraron fuera exigiendo las cabezas de los legisladores.

Poco después, en mayo de 2020, celebró una reunión extraordinaria con los tres oligarcas más ricos de El Salvador –Roberto Kriete, Ricardo Poma y el ya fallecido Roberto Murray Meza— para elaborar planes que permitieran que el COVID-19 se propagara libremente “reabriendo” todos los centros de trabajo. Durante los dos primeros años de la pandemia en curso, Bukele sacrificó la vida de 23.245 personas para defender las ganancias capitalistas, según el exceso de mortalidad estimado.

Aunque afirma oponerse a la oligarquía corrupta, todas las políticas de Bukele han sido diseñadas a la medida de sus intereses y los de sus patrones imperialistas de Wall Street. El puñado de familias endogámicas de la aristocracia local ha utilizado durante mucho tiempo el Estado para el mismo fin: proteger su riqueza y su poder frente a las clases oprimidas. La élite gobernante lo utilizó para esclavizar a la población indígena en latifundios y ejércitos semifeudales a principios del siglo XIX. Hacia finales de siglo, expropiaron a los campesinos para explotarlos en las plantaciones de café.

A lo largo del siglo XX, el imperialismo estadounidense y sus socios menores de la oligarquía cafetalera aplastaron toda oposición de abajo instalando una serie de dictadores militares y creando escuadrones de la muerte que masacraron a más de 100.000 trabajadores, campesinos y jóvenes entre 1932 y 1992.

En respuesta a la globalización, la oligarquía no ha hecho más que profundizar su subordinación al imperialismo, tras ramificarse como administradores locales de empresas y bancos multinacionales. La economía hoy depende en gran medida del mercado estadounidense y de las remesas de los emigrantes.

Bukele parece gozar hoy de una popularidad ilimitada gracias a la enorme reducción de la actividad de las pandillas, como los homicidios y las extorsiones. Pero esto no es más que un subproducto –y uno tenue en el mejor de los casos— del establecimiento de un Estado policial y de formas dictatoriales de gobierno.

La burguesía en El Salvador e internacionalmente apoya el “bukelismo” consciente de que no tiene otra respuesta más que una dictadura a la crisis cada vez más profunda del capitalismo global y al emergente auge de la lucha de clases a nivel mundial.

Bajo el Gobierno de Bukele, las condiciones de empleo, educación, salud y pobreza han seguido deteriorándose. La inversión extranjera directa no ha aumentado. La mayor parte de las exportaciones a Estados Unidos son producidas por unos 60.000 trabajadores superexplotados en la maquila textil que han visto miles de despidos en los últimos dos años.

Aproximadamente tres de cada 10 salvadoreños permanecen por debajo del umbral oficial de pobreza, y siete de cada 10 apenas subsisten en el sector informal. El coste de la canasta básica ha aumentado un 30 por ciento en tres años, y los salarios reales se han quedado rezagados. El gasto público se mantiene en el 22 por ciento del PIB, una de las tasas más bajas de la región, y el FMI exige nuevos recortes como condición para un préstamo ante el creciente déficit público.

Los procesos moleculares que empujarán a los trabajadores salvadoreños a entrar en conflicto con Bukele y a unirse a sus hermanos de clase a nivel internacional en la lucha contra la desigualdad social, la guerra y el fascismo ya están muy avanzados.

Lo que se necesita urgentemente es una dirección política en la clase obrera que dé expresión consciente a este proceso. Esto significa la construcción de secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en El Salvador y en toda Centroamérica, armadas con el programa del trotskismo y las lecciones históricas de su lucha contra el estalinismo, todas las formas de nacionalismo burgués como el FMLN y sus apologistas pablistas que repetidamente han allanado el camino a la reacción fascista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de febrero de 2024)