El jueves, el primer ministro Rishi Sunak publicó un video con una declaración de un minuto comprometiéndose a reprimir el movimiento de protestas masivas contra el genocidio en Gaza.

Sunak, cuyas manos están empapadas de sangre, denunció a los manifestantes por sus “repugnantes muestras de antisemitismo, intimidación violenta y glorificación del terrorismo”. Anuncio de forma amenazante, “le pregunté a la policía sobre las facultades que necesita para devolver el orden a nuestras calles”.

Tras anunciar medidas iniciales en contra del uso de bengalas y fuegos artificiales en protestas, cubrirse la cara o encaramarse a monumentos de la guerra, concluyó, “Aquellos que abusan su libertad para protestar socavan la seguridad pública y nuestros valores democráticos. Y le entregaré a la policía los poderes que necesita para reprimir este comportamiento intimidatorio y espantoso”.

Estos son comentarios propios de un Estado policial. Pregonan un ataque aún mayor a los derechos democráticos en Reino Unido, que constituye el corolario del apoyo de la élite gobernante a la guerra de aniquilación israelí contra los palestinos.

Los arrestos y detenciones llevados a cabo en los últimos meses en virtud de la legislación sobre “delitos de odio” y “antiterrorismo” dejan clara la agenda derechista y dictatorial del Gobierno conservador, respaldado a ultranza por el Partido Laborista de la oposición.

Entre los afectados -todos en relación con las acciones emprendidas sobre Gaza- se encuentran el periodista Craig Murray; el cofundador del Comité de Solidaridad con Palestina, Tony Greenstein; el fundador del Comité Escocés de Solidaridad con Palestina, Mick Napier; y miembros del Partido Comunista de Gran Bretaña (Marxista-Leninista), del Grupo Comunista Revolucionario y de la Tendencia Marxista Internacional. En muchos casos se registraron sus domicilios y se confiscaron sus dispositivos electrónicos. Se les han impuesto estrictas condiciones de libertad bajo fianza.

Estas detenciones, dirigidas contra miembros de tendencias de izquierda, no son solo actos de intimidación política. Son la preparación de una campaña mucho más amplia de represión política del tipo anunciado por Sunak.

Las detenciones practicadas, especialmente en las protestas de Londres, se han basado en un sofisticado y costoso sistema de vigilancia estatal. Hasta ahora se han gastado unos 22 millones de libras esterlinas en la “Operación Brocks”, la “respuesta de la Policía Metropolitana al actual conflicto en Israel y Gaza y su impacto en Londres”.

En cada manifestación importante, la información procedente de las cámaras de seguridad con reconocimiento facial, los observadores policiales y los agentes encubiertos se envía a la Sala de Operaciones Especiales de Lambeth, donde la policía ha puesto a disposición de los abogados de la Fiscalía Real su propio despacho operativo. Los asesores especiales del ministro del Interior para delitos de odio y medios de comunicación también tienen acceso semanal.

En una carta abierta enviada por la Comisión Islámica de Derechos Humanos se expresan “serias preocupaciones” por la decisión de “imponer desde la primera instancia el proceso de acusación y enjuiciamiento”, que “entiende que... es la primera vez que la Policía Metropolitana ha puesto en marcha medidas como éstas”.

La intención es ilegalizar la oposición al imperialismo británico y su apoyo al genocidio de Gaza, criminalizando las opiniones de millones de personas y convirtiendo en ejemplo a personas y organizaciones seleccionadas. Una parte clave de esta campaña es calificar la política de izquierda de “extremista”, sometiendo a los activistas a vigilancia, acoso, censura y detención mediante el uso de una legislación antiterrorista profundamente antidemocrática.

Se han dedicado años a preparar estos planes, que ahora se han activado en torno al estallido de las protestas por la guerra de Israel, en medio de una crisis social y económica explosiva.

En 2019, la Comisión para Contrarrestar el Extremismo del Gobierno británico publicó un informe sobre “Tácticas extremistas violentas y la ideología de la extrema izquierda sectaria”.

Declarando “extremista” el “obrerismo revolucionario”, el informe enumeraba como ejemplos las creencias de que “La mayor amenaza para la democracia siempre ha venido de la extrema derecha”; “El sionismo es una forma de racismo”; “Los principales periódicos y canales de televisión dicen mentiras para proteger a la clase dominante”; y “Protestar contra el Gobierno hace del mundo un lugar mejor”.

Los autores concluían que las “creencias de [los grupos sectarios de extrema izquierda] podrían proporcionar plausiblemente... una motivación para infringir la ley”, incluso con “acciones terroristas... letales”.

Menos de un año después, se filtró un “documento guía” de la Policía Antiterrorista sobre extremismo que incluía a grupos como el Socialist Workers Party (SWP; Partido de los Trabajdores Socialistas), el Socialist Party (SP; Partido Socialista), la Stop the War Coalition (Coalición Detengan la Guerra) y Extinction Rebellion (Rebelión contra la Extinción) junto a grupos terroristas fascistas.

En 2021, el Gobierno anunció una investigación sobre el “extremismo de izquierda” que llevaría a cabo el exparlamentario laborista John Woodcock, quien fue reclutado por los conservadores tras dimitir del partido e insistir en que el entonces líder Jeremy Corbyn “supondría un claro riesgo para la seguridad nacional del Reino Unido como primer ministro”.

Woodcock nombró específicamente al SWP como una amenaza y advirtió de un “punto ciego en Reino Unido ante el peligro del extremismo progresista, es decir, disturbios inaceptables o incluso violencia llevada a cabo en nombre de causas progresistas”.

A finales del año pasado, se informó que el secretario de Comunidades, Michael Gove, está a punto de finalizar una evaluación del “extremismo no violento”, que se definirá como “la promoción o el avance de cualquier ideología que pretenda anular o socavar el sistema de democracia parlamentaria de Reino Unido, sus instituciones y valores” o “amenazar los derechos de las personas o crear un entorno permisivo para la radicalización, los delitos de odio y el terrorismo”.

Estas definiciones generales ponen de manifiesto la represión generalizada prevista para las protestas de Gaza y también para la oposición más amplia al capitalismo y la guerra.

Los ministros del Gobierno, secundados por sus homólogos laboristas, llevan exigiendo lo mismo desde la primera manifestación nacional de octubre.

En un principio, la policía se abstuvo de lanzar un ataque tan frontal, no por preocupación por los derechos democráticos, sino por temor a que aún no se hubieran hecho los preparativos políticos y legislativos. Así se lo dijeron al Gobierno, y el primer ministro les hizo caso. El discurso de Sunak del jueves es una señal de que la clase dominante proporcionará todo el apoyo necesario para una rápida expansión de las medidas de Estado policial que ya fueron puestas en marcha.

Esto es sobre todo en reconocimiento del hecho de que el principal freno impuesto al movimiento contra la guerra hasta el momento –la perspectiva de sus líderes actuales en Stop the War Coalition— se está debilitando. Los llamados a los millones de trabajadores y jóvenes que buscan una forma de detener el genocidio a que apelen a sus parlamentarios, sobre todo al Partido Laborista, y a los sindicatos, así como a Naciones Unidas y a la Corte Internacional de Justicia, han demostrado ser inútiles ante la escalada de la embestida israelí.

El callejón sin salida representado por estas fuerzas confirma lo que millones de trabajadores ya experimentaron durante la ola de huelgas del año pasado, al ver cómo el Partido Laborista de Starmer se declaraba abiertamente en su contra y cómo la burocracia sindical traicionaba una lucha tras otra.

La clase dominante depende de la burocracia laborista y sindical como su fuerza policial industrial y política. Sabe que, si la burocracia queda desacreditada, incluyendo sus representantes de “izquierda” como Corbyn que se han negado a luchar contra un solo ataque lanzado por la derecha laborista, plantea la posibilidad de explosivos conflictos de clase que se salgan de su control.

El Estado está preparando una represión salvaje anticipando que los manifestantes contra la guerra y sectores cada vez más amplios de la clase obrera, especialmente su generación más joven, busquen nuevas vías de lucha.

Incluso antes del estallido de las protestas de Gaza, el Gobierno del Reino Unido había aprobado la dictatorial Ley de Policía, Delincuencia, Sentencias y Tribunales (2022) y la Ley de Orden Público (2023) que evisceran el derecho a la protesta, en virtud de las cuales cientos de activistas climáticos fueron detenidos y acusados en solo cinco semanas el año pasado.

A estas leyes les siguió la Ley de Huelgas (Niveles Mínimos de Servicio) (2023), que da a los empresarios las herramientas para romper huelgas en sectores clave de la economía, obligando a los trabajadores a cruzar las líneas de piquete bajo amenaza de despido.

El movimiento de masas contra el genocidio israelí ha acelerado estos pasos en dirección de un Estado policial.

La misma cuestión afecta a los trabajadores y a los jóvenes en un país tras otro, donde la policía ha llevado a cabo feroces ataques contra manifestantes en medio de una implacable campaña de propaganda que calumnia a los opositores a la guerra genocida de Israel como antisemitas. A esto hay que responder con la construcción de un movimiento internacional, socialista y antibelicista en la clase obrera. Solo un movimiento así puede enfrentarse y derrotar a las élites gobernantes imperialistas que respaldan el genocidio de Israel, libran una guerra contra Rusia en Ucrania y se preparan para una guerra contra Irán y China.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de febrero de 2024)