El miércoles se celebró la segunda y última jornada de la vista del periodista Julian Assange ante el Tribunal Superior del Reino Unido. Assange solicita autorización para apelar su extradición a Estados Unidos, acusado en virtud de la Ley de Espionaje por la publicación de documentos filtrados del gobierno estadounidense que contienen pruebas de crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos.

Tras escuchar el martes los argumentos de los representantes de Assange, Edward Fitzgerald KC y Mark Summers KC, el tribunal comenzó con las alegaciones de los abogados del gobierno de Estados Unidos y del ministro del Interior británico, seguidas de las respuestas de Fitzgerald y Summers.

Clair Dobbin KC habló en nombre de Estados Unidos, presentando una serie de argumentos profundamente antidemocráticos destinados a vestir los intereses del imperialismo estadounidense y británico con el lenguaje de los principios jurídicos.

Hablando en contra del 'intento... hecho ayer de tratar de minimizar el impacto' de las revelaciones de WikiLeaks de documentos clasificados, afirmó que habían 'dañado el trabajo de los servicios de seguridad e inteligencia... poniendo así en peligro también los intereses de los Estados Unidos de América'.

Esto tuvo 'consecuencias más amplias en lo que respecta a la capacidad de Estados Unidos para recabar información' de personas a las que anteriormente se había descrito como 'proveedoras de información para promover la paz y la seguridad', con base en 'países como Irán, China y Siria'. Estas fueron 'profundas consecuencias, que se extienden más allá de los costes humanos reales y a la capacidad más amplia de Estados Unidos para reunir pruebas de fuentes humanas'.

La recepción y publicación de estos documentos por parte de Assange y WikiLeaks, afirmó Dobbin, era una actividad 'muy fuera de las actividades de un periodista, un periodista responsable'. Se afirmó que la potestad para hacer esta distinción recaía en el gobierno de EE.UU., que 'no consideraba al recurrente asimilable a un periodista'.

Desestimando los argumentos presentados por los abogados de Assange de que el caso de EE.UU. es parte de una campaña de persecución por motivos políticos, Dobbin dijo que la 'posición de partida debe ser, como siempre lo es en estos casos, la suposición fundamental de buena fe por parte de los Estados con los que el Reino Unido ha establecido desde hace tiempo relaciones de extradición', especialmente 'los Estados Unidos, como uno de los socios más antiguos del Reino Unido'.

Abordando la afirmación de Assange de su derecho en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos a la libertad de expresión (artículo 10), Dobbin hizo la extraordinaria afirmación de que un 'obstáculo fundamental' al que se enfrentaba para resistirse a la extradición por este motivo era que 'en circunstancias equivalentes en esta jurisdicción, su procesamiento no sería incompatible con el artículo 10... no hay defensa de interés público disponible... como concluyó [Regina v] Shayler'.

El juez Johnson se vio obligado a preguntar sobre este punto: 'Si, en este país, un periodista dispusiera de información sobre irregularidades muy graves cometidas por una agencia de inteligencia e incitara a un empleado de dicha agencia a facilitar información, y ésta se facilitara y luego se publicara de forma muy cuidadosa, ¿diría usted que un procesamiento sería compatible con el artículo 10?'.

Dobbin respondió: 'No estoy seguro de que eso dé pie a una respuesta directa', antes de titubear durante varios minutos.

Summers presentó una refutación aplastante. Empezó señalando que Dobbin 'en el transcurso de dos horas y media no había cuestionado en absoluto el hecho de que el objeto de estas exposiciones es la exposición de delitos a nivel estatal'. Era 'una hazaña impresionante pasarse dos horas y media de pie promoviendo el procesamiento de materiales que revelan crímenes de guerra sin reconocerlo o siquiera mencionarlo'.

Volviendo a sus argumentos, Summers explicó cómo la insistencia de Dobbin en que el fiscal principal de EE.UU. en el caso estaba actuando de buena fe era irrelevante. 'El procesamiento y la extradición aquí es una decisión tomada muy por encima de su cabeza. No puedes centrarte en las ovejas e ignorar al pastor. Lo que ocurrió en este caso es una represalia estatal ordenada desde lo más alto'.

Esto fue, 'Parte de una práctica a nivel estatal de asegurar la impunidad ilegal para la misma conducta que el Sr. Assange estaba exponiendo...'.

'Luego fue seguido por denuncias demostrablemente políticas del Sr. Assange. La respuesta a eso fue que el presidente Trump elogió al Sr. Assange, al tiempo que ignoró por completo... que estaba conspirando para matarlo.

'Se le presentó a usted que el gobierno de EE.UU. ha actuado en todo momento de buena fe con respecto a la presentación de esta acusación. Simplemente no entendemos cómo esa presentación se puede avanzar con la cara seria frente a la evidencia de que el presidente de Estados Unidos estaba entreteniendo planes para secuestrar, entregar y asesinar' Assange.

En cuanto a la aparente 'afirmación de Dobbin de que el artículo 10 estaba fuera de los límites en este caso porque Shayler así lo dice', Summers explicó que la razón por la que 'tuvo tantas dificultades para responder... a las preguntas del juez Johnson cuando se le preguntó sobre las implicaciones de esa posición para la prensa' fue porque 'Shayler no dice nada de eso en lo que respecta a la prensa'. Se refería a un denunciante que había firmado la Ley de Secretos Oficiales, y no a un periodista y editor.

David Shayler (más tarde Delores Kane) era un oficial del MI5 que fue procesado en virtud de la Ley de Secretos Oficiales y condenado en 2002 a seis meses de cárcel por revelar a los medios de comunicación que el MI5 estaba paranoico con los socialistas, había investigado a altas figuras del Partido Laborista y había realizado un intento fallido de asesinar al líder libio, el coronel Muamar Gadafi, en 1996.

En los años transcurridos desde que se resolvió el caso Shayler, la Ley de Derechos Humanos ha entrado en vigor y el Tribunal Europeo 'ha dicho sin ambigüedades y en repetidas ocasiones que debe haber un ejercicio de ponderación del artículo 10 en estos casos', sopesando el interés público que sirve la publicación frente a cualquier daño causado.

'¿Qué ha oído usted', preguntó entonces Summers, 'en relación con el equilibrio que debe llevarse a cabo? Con todo respeto, no mucho'.

Si tal equilibrio se llevara a cabo correctamente, 'lo que quedaría en la balanza' contra Assange 'sería el daño a las fuentes [de inteligencia de EE.UU.]', mitigado por el hecho de que Assange y WikiLeaks hicieron grandes esfuerzos para redactar los nombres y no fueron responsables de su publicación inicial al público, y además advertido por el hecho de que no hay 'ninguna prueba en absoluto de que cualquier daño realmente se produjera'.

'En el otro lado de la balanza', continuó Summers, 'estaría la horrenda sanción impuesta en este caso', que 'sacudiría la conciencia de todos los periodistas del mundo'. También, 'los vastos intereses públicos en la exposición y prevención de daños a escala titánica'. Seamos claros: entregas, torturas, asesinatos, sitios negros, ahogamiento simulado, strappado, crímenes de guerra'.

Los 'crímenes revelados aquí eran reales, continuos' y 'la revelación tenía la capacidad de impedir que eso ocurriera, y lo hizo... La guerra en Irak llegó a su fin'.

Concluyó que la autorización para apelar 'sólo podría lógicamente denegarse en este caso en virtud del artículo 10' si el tribunal concluye 'que es completamente indiscutible... que el daño real en forma de una criminalidad internacional colosal y escandalosa en curso es mayor que la creación de un riesgo, que en última instancia no se ha demostrado que se haya producido, de algún daño a los criminales que llevan a cabo o facilitan toda esa criminalidad'.

En respuesta al intento del ministro del Interior de escabullirse de su obligación de garantizar que Assange no se enfrente a la pena de muerte, alegando que se había realizado una cuidadosa evaluación de ese riesgo, Summers respondió que la sección pertinente de la Ley de Extradición 'no permite en absoluto una evaluación del riesgo del tipo que se propone. Es obligatorio. Si los hechos pudieran volver a imputarse como delito capital, está comprometida'. En respuesta a las preguntas del [Sr. Juez Johnson], se aceptó que pudiera ocurrir... Ese es el final de la investigación, como cuestión de derecho'.

Concluyó: 'No entendemos por qué no hay una garantía habitual y normal de pena de muerte en este caso'.

Los jueces dijeron brevemente al término de la vista que se reservarían su decisión, sin dar ninguna indicación sobre un calendario.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de febrero de 2024)