Una protesta en Ciudad de México de padres y compañeros de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa asesinados en 2014 ha puesto el dedo en la llaga con respecto a las elecciones presidenciales de 2024 en México.

La protesta del miércoles se produjo solo unos días después de que iniciaran oficialmente las campañas concentrándose en llamados a reforzar el aparato represivo del Estado. Cuando se acerca el décimo aniversario este 26 de septiembre de la desaparición de los normalistas a manos de un cártel y las fuerzas gubernamentales, crece la indignación de sus familiares y compañeros por el continuo encubrimiento bajo la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO.

Exigiendo hablar con López Obrador sobre la falta de avances en el caso, varias decenas de manifestantes empujaron un vehículo estacionado contra una de las puertas del recinto presidencial. Luego, se les impidió la entrada con gases lacrimógenos.

Los padres, quienes se han instalado frente al Palacio Nacional, señalan que el presidente protege a los militares, que se niegan a cooperar. En concreto, exigen desde hace meses la entrega de 800 expedientes de la agencia regional de inteligencia militar que estuvo activa durante los hechos, así como transcripciones de llamadas telefónicas y otros documentos.

Tanto López Obrador como su candidata presidencial Claudia Sheinbaum denunciaron la protesta como una “provocación”, alegando que los padres y los normalistas están siendo manipulados por grupos opositores de derecha financiados por Gobiernos extranjeros.

Escandalosamente, López Obrador describió la protesta como una “guerra sucia” contra su Gobierno, equiparándola a la campaña de asesinatos estatales contra izquierdistas durante la segunda mitad del siglo XX.

Si bien AMLO dijo que no habría investigaciones ni detenciones relacionadas con la protesta del miércoles, lo cual sería sumamente impopular, sus declaraciones y las de Sheinbaum preparan el terreno para tal represión.

Por su parte, la principal candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, quien encabeza una coalición de los antiguos partidos capitalistas rivales PRI-PAN-PRD, denunció la protesta como “verdaderamente preocupante”. Añadió: “no me gusta esa escena de violencia, es un lugar histórico, es el patrimonio de la nación”.

Consultada específicamente el miércoles por el diario La Jornada sobre si “staría dispuesta a sancionar elementos del Ejército de comprobarse su participación...”, Gálvez dijo que lamentaba que siete efectivos de la Guardia Nacional se ahogaran recientemente y reafirmó su “respeto al Ejército”.

Mientras Gálvez, quien se encuentra al menos 30 puntos abajo de Sheinbaum en las encuestas, utilizará cualquier cosa para dañar la imagen del partido gobernante Morena de AMLO y Sheinbaum, el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, cuando viajaban a una protesta, se mantiene como una carga explosiva bajo toda la élite política.

En 2018, la clase gobernante permitió que el propio López Obrador tomara el poder después de haberle negado la presidencia mediante fraude electoral en 2006 y 2012. Su objetivo era desactivar la explosiva intensificación de la lucha de clases, que en ese momento estaba siendo impulsada por un movimiento de masas que protestaba a los militares y el Estado como responsables del asesinato de los normalistas.

Tras haber prometido llevar a los responsables ante la justicia y enviar a las represoras fuerzas armadas a los cuarteles, AMLO, en cambio, consagró las operaciones militares nacionales en la Constitución y se convirtió en el líder de la operación de encubrimiento en el caso Ayotzinapa, protegiendo sistemáticamente a altos funcionarios del Gobierno de su predecesor Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

López Obrador ha continuado la guerra lanzada en 2006 por el presidente Felipe Calderón (PAN; Partido Acción Nacional) supuestamente contra el narcotráfico, incluso después de que el jefe de seguridad bajo los Gobiernos del PAN y el PRI, Genaro García Luna, fuera condenado en Nueva York por recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa. Lejos de reducir la violencia, AMLO presidió un récord de 171.085 homicidios en sus primeros cinco años de mandato.

Sheinbaum y Gálvez prometen expandir el ejército

Desde el lanzamiento oficial de sus campañas el 1 de marzo, Sheinbaum y Gálvez han enfocado sus discursos en promesas de reforzar el ejército, especialmente la Guardia Nacional creada bajo el mandato de AMLO.

Sheinbaum ha destacado su estrategia de seguridad como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, prometiendo ampliarla al resto del país. Afirma haber reducido la delincuencia en la capital mediante un enfoque de “cero impunidad” que involucró “la coordinación con la Guardia Nacional, con la SEDENA [Secretaría de la Defensa], con la Marina”.

El lunes, su secretario de Seguridad en la Ciudad de México y ahora miembro clave de su futuro gabinete, Omar García Harfuch, presentó como “Primer Eje de Gobierno” un plan de seguridad que “consolidará” a la Guardia Nacional con mayores recursos y creará un Sistema Nacional de Inteligencia, agrupando a todas las instituciones de seguridad, judiciales y financieras bajo un “plan de combate”.

Harfuch era jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero, que estuvo en el centro de los sucesos de Ayotzinapa, y fue ubicado por su celular en la reunión en la que los funcionarios federales elaboraron el encubrimiento inicial (la “verdad histórica”). Sin embargo, nunca ha tenido que responder por su participación gracias a su protección por parte de AMLO y Sheinbaum.

Empleando muchos de los mismos términos, Gálvez comenzó su campaña con promesas de duplicar la Guardia Nacional de 150.000 a 300.000 miembros, duplicar las filas de la policía estatal y municipal donde hay mayores índices de delincuencia y construir una “megaprisión de máxima seguridad”.

Ambas candidatas también han puesto en primer plano su supuesto compromiso de combatir la corrupción, señalando el historial bien establecido de sus oponentes a la hora de proteger a funcionarios corruptos y cárteles de la droga.

Tal politiquería sobre seguridad y anticorrupción ha sido durante mucho tiempo un testimonio de que ningún sector de la élite gobernante les ofrece nada a los trabajadores, excepto más represión propia de un Estado policial y una mayor subordinación al imperialismo estadounidense.

Sheinbaum ha combinado sus promesas de reforzar el aparato de seguridad con una retórica que promete defender tanto los derechos democráticos como la soberanía mexicana. El sábado pasado, en un mitin cerca de la frontera entre México y Estados Unidos en Ciudad Juárez, pidió a los candidatos presidenciales estadounidenses Joe Biden y Donald Trump “que no se utilice el tema de la migración como el tema central de las elecciones de Estados Unidos”.

El día anterior, en Ciudad de México, insistió en que buscaría el desarrollo económico para resolver la cuestión migratoria. Prometió “nunca agacharemos la cabeza” ante Estados Unidos. Y añadió: “Coordinación sí, subordinación no”.

Basta con mirar el historial de López Obrador, que hizo las mismas promesas, para comprender lo vacía que es esta postura nacionalista.

López Obrador ha aumentado constantemente los miembros de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina encargados de hostigar a los migrantes, llegando a 46.916 soldados el año pasado. México detuvo a 782.176 migrantes en 2023 a instancias de Estados Unidos, mientras que los soldados mexicanos son denunciados frecuentemente por los supervivientes de entregarlos a las bandas criminales para aterrorizarlos con secuestros, extorsiones, torturas y violaciones. La mayoría de los detenidos son cruelmente enviados al sur de México.

Mientras tanto, los mexicanos siguen encabezando la lista de encuentros con la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, representando el 34 por ciento de los migrantes que cruzaron la frontera en enero de 2024 —el mismo porcentaje del total desde octubre de 2019—. Más de 2,74 millones de mexicanos han sido detenidos en la frontera en este período, y muchos más han intentado irse de México bajo AMLO.

No obstante, cuando los normalistas de Ayotzinapa irrumpían en el Palacio Nacional el miércoles, López Obrador decía a los periodistas adentro: “El pueblo en México está feliz, feliz… Estamos dando los primeros pasos hacia una democracia verdadera”.

Una cuarta transformación hacia la dictadura y la guerra

Según López Obrador, México está viviendo su “Cuarta Transformación”, que el presidente utiliza para elevar la importancia histórica de sus políticas a las de la guerra de independencia contra España, el movimiento reformista liberal y la guerra contra Francia, y la Revolución mexicana de 1910-1920.

AMLO está muy a la derecha de cualquiera de los líderes nacionalistas-burgueses mexicanos de las “transformaciones” anteriores, pero hay que subrayar que sí representa una continuidad.

Toda la historia de México se ha caracterizado por la incapacidad de la burguesía para cumplir las principales tareas de la revolución democrática: eliminar todos los latifundios, destruir la aristocracia terrateniente y garantizar la independencia con respecto al imperialismo.

La independencia de España fue finalmente asegurada por las fuerzas conservadoras y monárquicas que se opusieron a la deposición un año antes del rey Fernando VII y a la declaración de una constitución liberal en España. Los líderes del ejército independentista se unieron en torno al “Plan de Iguala”, que pedía una nueva monarquía gobernada por Fernando u otro príncipe europeo, manteniendo los privilegios de la Iglesia Católica.

En 1846-48 Estados Unidos invadió México y se apoderó de la mitad de su territorio. Solo una década después estalló la “Guerra de Reforma” entre sectores liberales de la burguesía contra los monárquicos, a la que siguió la invasión del Imperio francés de Napoleón III para apuntalar el Gobierno del emperador Maximiliano I de Habsburgo en México.

En 1867, tras derrotar a los conservadores y expulsar a las fuerzas francesas, el líder liberal Benito Juárez fue elegido presidente y supervisó la aplicación de la Constitución de 1857, que proclamaba cuantiosos derechos individuales al tiempo que fomentaba el desarrollo del capitalismo. Además del énfasis constitucional en la propiedad privada, una “Ley Lerdo” anterior también formaba parte de la “Reforma Liberal”, y juntas condujeron a la expropiación activa de las propiedades de la Iglesia católica, así como de las tierras comunales indígenas. Estas tierras fueron adquiridas a bajo precio por latifundistas, beneficiando en última instancia a la aristocracia terrateniente y a los capitalistas extranjeros.

La Revolución mexicana comenzó en 1910 con una revuelta armada para derrocar a Porfirio Díaz, un títere de los latifundistas y del imperialismo estadounidense, que había gobernado durante 31 años. Entre su derrocamiento en mayo de 1911 y 1915, el poder cambió entre cinco facciones de la clase capitalista gobernante, que esencialmente se había fusionado con la oligarquía terrateniente, y ninguna pudo resolver las cuestiones democráticas con respecto al imperialismo o la reforma agraria. Los ejércitos campesinos radicales de Emiliano Zapata y Francisco Villa no consiguieron desarrollar una estrategia política independiente a la burguesía liberal. Incluso la Constitución mexicana de 1917, que incluía algunas de las cláusulas sociales más progresistas del mundo, como derechos para los obreros y campesinos, solo pudo plantear las cuestión.

El presidente nacionalista de izquierda Lázaro Cárdenas (1934-1940), también celebrado por AMLO y fundador del PRI, impulsó las reformas democráticas más significativas desde la revolución, incluyendo la nacionalización de los ferrocarriles y el petróleo, la ampliación de la reforma agraria y el establecimiento de las propiedades ejidales. Sin embargo, estas medidas han sido en su mayoría desmanteladas desde entonces, comenzando por su sucesor y exministro, Manuel Ávila Camacho.

La historia del capitalismo mexicano, además, se ha caracterizado una integración y subordinación cada vez mayores a Estados Unidos. Este proceso se ha acelerado con el desarrollo de tecnologías que globalizaron la producción desde la década de 1970, permitiendo una mayor explotación de mano de obra barata en México. Esta integración ha ido acompañada de un abandono de cualquier forma de reformismo social, ya que la oligarquía mexicana ha ligado sus fortunas a la atracción de inversiones de Wall Street, y a la satisfacción de los intereses geopolíticos del imperialismo estadounidense.

López Obrador ha llevado este proceso de subordinación económica y militar a un nuevo nivel, en un momento en que el imperialismo estadounidense arrastra al mundo a una tercera guerra mundial nuclear, y abraza el genocidio y el fascismo. A corto plazo, México ha visto una industrialización masiva y cierto crecimiento económico, junto con un aumento limitado de los niveles salariales, pero las contradicciones subyacentes y la profundización de la crisis del imperialismo estadounidense anuncian ataques masivos contra los niveles de vida y el empleo en toda la región norteamericana y más allá.

En todas partes, el capitalismo es incapaz de satisfacer las demandas básicas que generan las condiciones que él mismo crea.

Las protestas en curso por el caso Ayotzinapa, las grandes manifestaciones en Ciudad de México contra el genocidio estadounidense-israelí en Gaza y las importantes huelgas recientes entre los trabajadores de Audi y los docentes son signos de una radicalización política de amplios sectores de la juventud y los trabajadores y de las explosivas batallas de clase que se avecinan.

Ni el partido Morena ni los partidos de la oposición ofrecen una alternativa. El único camino para que la clase obrera defienda sus derechos sociales y democráticos es luchar por la unidad internacional de sus luchas contra todas las formas de nacionalismo burgués, el chovinismo antiinmigrante y el propio capitalismo.

Esta es la perspectiva que avanza la campaña del Partido Socialista por la Igualdad (SEP; Socialist Equality Party) para la presidencia de EE.UU. en 2024, que debería ser vista por los trabajadores mexicanos como propia. El SEP ha seleccionado a Joseph Kishore para presidente y a Jerry White para vicepresidente.

La semana pasada, en respuesta a las visitas de Biden y Trump a la frontera para agitar contra los migrantes, White recordó que en 2019 decenas de miles de trabajadores de maquiladoras realizaron huelgas salvajes en Matamoros, al otro lado de la frontera de donde hablaba Biden en Brownsville Texas. White explicó en un tuit:

Durante esas huelgas masivas, desafiando a los sindicatos patronales, los trabajadores marcharon hasta la frontera con Brownsville y pidieron a sus homólogos estadounidenses que se unieran a la huelga, gritando: “¡Gringos, despierten!”.

Este poderoso llamado, basado en la unidad internacional de la clase trabajadora contra sus Gobiernos capitalistas, es la respuesta progresista al chovinismo antiinmigrante de Trump, Biden y los sindicatos nacionalistas, que enfrentan a los trabajadores entre sí en una carrera hacia el fondo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de marzo de 2024)