Dos jueces británicos han concedido hoy al periodista de WikiLeaks Julian Assange el derecho a recurrir su extradición a Estados Unidos. El periodista ha pasado los últimos cinco años resistiéndose a ser extraditado para enfrentarse a cargos relacionados con la Ley de Espionaje, que pueden acarrearle cadena perpetua, mientras permanecía recluido en la prisión de máxima seguridad londinense de Belmarsh.
La decisión original de prohibir la extradición por motivos de salud mental, adoptada en enero de 2021, fue anulada por el Tribunal Superior en diciembre de ese año. El equipo jurídico de Assange presentó entonces un recurso sobre numerosos puntos, entre ellos su derecho a la vida, a un proceso con todas las garantías y a no sufrir tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En marzo, el Tribunal Supremo las redujo al riesgo de que pudiera ser condenado a muerte, de que se viera perjudicado en el juicio por su nacionalidad (no estadounidense) y de que se le denegara el derecho a la libertad de expresión, todos ellos obstáculos a la extradición según la legislación británica. El Tribunal Superior dio al gobierno de EE.UU. la oportunidad de emitir garantías que aliviaran estas preocupaciones, proporcionadas este 16 de abril.
En el juicio celebrado hoy, los abogados de Assange aceptaron como satisfactorias las garantías dadas de que no se le impondría la pena de muerte, pero cuestionaron las relativas a su derecho a invocar en su defensa la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión. El fiscal principal de EE.UU., Gordon Kromberg, ha indicado públicamente que a Assange se le podría denegar esta protección en el juicio en EE.UU., ya que no tiene la nacionalidad estadounidense.
Representando a Assange, Edward Fitzgerald KC señaló de la 'garantía flagrantemente inadecuada' proporcionada por EE.UU. que 'no compromete a la fiscalía a no tomar el punto que dio lugar a las preocupaciones de este tribunal, es decir, el punto de que como ciudadano extranjero no tiene derecho a basarse en la primera enmienda... al menos en relación con un asunto de seguridad nacional'.
Simplemente 'una promesa o compromiso específico por parte del fiscal [Kromberg] sería un primer paso', pero 'ni siquiera ese primer paso se ha dado'.
El 'riesgo real', identificado por el Tribunal Superior en su sentencia anterior, de una denegación de los derechos de Assange 'sobrevive a la garantía equívoca, en el mejor de los casos, y francamente inadecuada'.
El abogado de EE.UU., James Lewis KC, se vio obligado a presentar argumentos totalmente nuevos, que no se habían planteado en audiencias anteriores del caso, y que sólo sirvieron para dejar clara la intención de Washington de negar a Assange cualquier protección de la libertad de expresión. Incapaz de afirmar que la garantía estadounidense de protección de la libertad de expresión era algo por el estilo, Lewis argumentó esencialmente que tal garantía no estaba justificada en ningún caso.
Insistió en que Assange no sería discriminado injustamente en virtud de su nacionalidad al negársele las protecciones de la primera enmienda; simplemente, como no ciudadano estadounidense, 'no es una persona a la que, como cuestión de derecho o alcance, la primera enmienda de la constitución de EE.UU. cubra'.
De ahí que concluyera: 'No será discriminado por su nacionalidad. Puede y podrá plantear todos esos argumentos [relativos a la libertad de expresión]... podrá basarse en ellos'.
Esto no es cierto, como señaló más tarde Fitzgerald. La redacción de la garantía sólo garantiza que Assange puede 'tratar de basarse' en las protecciones de la Primera Enmienda, con 'una decisión en cuanto a la aplicabilidad de la Primera Enmienda' dejada 'exclusivamente en el ámbito de los tribunales de EE.UU.'.
A continuación, Lewis reconoció y justificó este hecho afirmando que la supuesta conducta de Assange no entraba necesariamente dentro de la protección de la Primera Enmienda 'no por razón de su nacionalidad, sino porque, potencialmente, como cuestión de derecho, es un extranjero que lleva a cabo actos en suelo extranjero relativos a la seguridad nacional'.
Aquí está el caso del imperialismo estadounidense al desnudo: que puede utilizar la Ley de Espionaje para detener a periodistas que considera una amenaza para sus intereses nacionales y juzgarlos sin protecciones legales y democráticas clave.
Resumiendo la respuesta de Assange a estos argumentos, Fitzgerald dijo al tribunal:
'Hay demasiadas cuestiones de hecho que siguen sin respuesta; ¿cuál es la posición de la acusación? Hay demasiadas cuestiones de derecho que acaban de introducirse por primera vez, que están sin resolver, como para dar el paso irrevocable de denegar el permiso [para apelar]'.
En un breve fallo, Dame Victoria Sharp y Mr Justice Johnson se pusieron del lado del equipo legal de Assange, concediéndole el derecho a apelar.
La sentencia es una victoria, tanto por bloquear lo que de otro modo podría haber sido el traslado inmediato de Assange a Estados Unidos —salvo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interviniera con éxito— como por poner aún más de manifiesto la naturaleza reaccionaria de la acusación estadounidense. Fue aprovechada por los defensores de la libertad de Assange para exigir al gobierno de Biden que retirara totalmente los cargos.
La esposa de Assange, Stella, dijo a los periodistas fuera del tribunal:
'Los Estados Unidos deberían leer la situación y abandonar este caso ahora... Abandonar este vergonzoso ataque a los periodistas, a la prensa y al público que se ha prolongado durante 14 años.
'Este caso es vergonzoso y le está pasando una factura enorme a Julian. Está sometido a una enorme presión. Lleva más de cinco años en la prisión de Belmarsh... Este caso debería abandonarse sin más. La administración Biden debería haberlo abandonado desde el primer día'.
Kristinn Hrafnsson, redactor jefe de WikiLeaks, se hizo eco de esta opinión:
'No deberían haber hecho falta más de cinco minutos en esta sala para que los jueces vieran que Estados Unidos no iba a dar ninguna garantía a Julian, y que le discriminarían, que no le darían las protecciones de la primera enmienda.
'Llevó un par de horas, pero los jueces llegaron a una conclusión justa y correcta. Julian Assange tiene ahora derecho a apelar. Y que en sí mismo debe enviar el mensaje correcto a través del mar a la administración Biden. Usted esta en terreno perdedor. Estas perdiendo este caso. Si quieres salvar la cara, abandona el caso contra Julian Assange, abandónalo ahora mismo'.
El gobierno de Biden debe abandonar el caso. Pero para asegurarse de que lo hace requiere algo más que argumentos jurídicos y la presión moral. Cuidados cálculos políticos están en el trabajo detrás de las escenas.
La última vez que una decisión fue a favor de Assange contra el grano del caso fue la denegación inicial de la extradición el 4 de enero de 2021. En ese momento, el futuro del gobierno de EE.UU. estaba en crisis, con la sustitución de Donald Trump por Biden cuestionada por un intento de golpe de Estado y el asalto al edificio del Capitolio sólo dos días después.
Ahora hay otra crisis política. Biden está perdiendo apoyos por su respaldo al genocidio de Gaza, antes de otra contienda electoral presidencial con Trump en noviembre. Habrá una facción de opinión en la Casa Blanca más feliz de ver un retraso en los procedimientos contra Assange en lugar de la rápida llegada de otra cuestión política potencialmente explosiva para los demócratas, ya que el fundador de WikiLeaks es arrastrado a través de los tribunales de Estados Unidos.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de mayo de 2024)