El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, espera otro fallo de los tribunales británicos sobre su extradición a Estados Unidos. Tras una audiencia de dos días en la que su equipo jurídico solicitó una autorización para apelar ante el Tribunal Superior, los jueces Justice Johnson y Victoria Sharp se reservaron su decisión. No se espera que se pronuncien hasta después del 4 de marzo, fecha límite para la presentación de documentos adicionales por parte de los abogados.
Si le conceden el permiso, Assange deberá esperar en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh hasta que se celebre la apelación y se adopte una decisión definitiva.
Si se niegan, hay dos posibilidades. Assange recurrirá inmediatamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para que se dicte una orden en virtud de la regla 39 que bloquee su extradición hasta que el Tribunal de Estrasburgo adopte su propio fallo. En el supuesto de que se conceda, corresponderá al Gobierno británico decidir si acata la orden o si traslada a Assange a Estados Unidos de todas maneras.
Todas las eventualidades son posibles, desde un punto de vista técnico y político. La clase dominante británica ha desempeñado un papel vital como carcelera del imperialismo estadounidense, manteniendo a Assange confinado durante casi 12 años, primero en la Embajada ecuatoriana en Londres, bajo el asedio continuo de la policía, y luego en Belmarsh. Podrían seguir haciéndolo mientras le conceden una apelación ante el Tribunal Superior, que todavía podría ser rechazada en última instancia, o permitir que una apelación proceda a través del Tribunal Europeo.
Otra posibilidad es que los aparatos estatales de Estados Unidos y Reino Unido ya hayan decidido que llegó el momento de enviar a Assange a Estados Unidos. Tal plan se habría complicado por el caso sólido presentado esta semana en su defensa, pero ciertamente no se descarta.
La extradición plantearía a Assange más retos personales y legales de gran envergadura. Ha sufrido enormes daños personales durante su encarcelamiento en Reino Unido, tanto física como psicológicamente, y estaba demasiado enfermo para asistir o incluso ver la audiencia del Tribunal Supremo por videoconferencia. Su esposa, Stella, ha insistido en que no sobreviviría si se le enviara a Estados Unidos, ya que se considera que corre el riesgo de suicidarse.
Durante la audiencia inicial de extradición de Assange en otoño de 2021, varios testigos expertos describieron las condiciones draconianas de su encarcelamiento preventivo en Estados Unidos.
Según la evidencia que presentaron, probablemente sería internado en la unidad de segregación administrativa del Centro de Detención de Alejandría y sometido a medidas administrativas especiales que, combinadas, conducirían a su aislamiento casi total y limitarían gravemente su capacidad para participar en su propia defensa legal.
El trato bárbaro que le espera ha quedado demostrado con Joshua Schulte, quien recientemente condenado a 40 años de prisión por filtrar pruebas de programas de espionaje de la CIA. Schulte declaró en la audiencia de su sentencia: “El Gobierno federal de Estados Unidos me tortura con ruido blanco las 24 horas del día, los siete días de la semana, y en régimen de aislamiento. La ventana está oscurecida. Cuando me ofrecen acceso a la biblioteca jurídica, tengo que orinar y defecar en el suelo. Me dejan allí durante 9 horas.
“Me han encerrado en mi jaula de tortura con excrementos de roedor. El hielo se acumula cerca de la ventana. Lavo la ropa en el retrete. Me obligan a comer con las manos desnudas como un animal. Te miran por encima del hombro como si no fueras humano”.
Los abogados de Assange también sufrirán restricciones. Además de tener un acceso limitado a su cliente, se les pondrán trabas para acceder a material del Gobierno estadounidense relevante para su defensa y para compartir sus datos con Assange.
Mientras tanto, se ha advertido a todo el personal de WikiLeaks que no viaje a Estados Unidos por temor a que sean objeto de un proceso legal.
En el juicio, el hecho de que la Ley de Espionaje no contenga ninguna defensa de los intereses del público permitirá que la fiscalía bloquee cualquier intento de presentar pruebas sobre el contenido real de las publicaciones de WikiLeaks, del derecho del público a saber o la motivación de Assange para actuar como lo hizo. La Ley de Procedimientos de Información Clasificada otorgará al Gobierno y a las agencias de inteligencia todas las oportunidades para interferir con las pruebas que sus abogados están formalmente autorizados a presentar.
Los testigos médicos en la audiencia de extradición de Assange también testificaron sobre el riesgo real de suicidio en caso de extradición y encarcelamiento en estas condiciones, y el pésimo estado de la atención de salud mental proporcionada por las prisiones estadounidenses. Esas pruebas fueron aceptadas por el juez como base de una decisión inicial contraria a la extradición. Solo fueron revocadas basándose en “garantías” del Gobierno estadounidense tan condicionales que no valen ni el papel en el que están escritas.
Además, existe una amenaza real de que Assange tenga que soportar estas condiciones bajo una amenaza de ejecución. Como explicaron sus abogados en la audiencia de esta semana, los delitos de los que se le acusa, que ya conllevan una condena de 175 años, pueden volver a imputarse como delitos punibles con la pena capital. No se ha dado ninguna de las garantías habituales de que no se impondrá la pena de muerte.
El “suicidio” de Jeffrey Epstein tras apenas un mes de encarcelamiento y antes de la esperada revelación de sus delitos en las más altas esferas de la sociedad estadounidense se cierne sobre Assange.
La defensa legal de Assange ha expuesto de manera muy cuidadosa y efectiva estos procedimientos judiciales fraudulentos, junto con el abuso de los derechos legales de Assange por parte de la conspiración entre EE.UU. y Reino Unido y el escalofriante precedente que el Gobierno de EE.UU. está tratando de establecer al secuestrar y tratar de hacer desaparecer a un periodista extranjero en virtud de la Ley de Espionaje. Pero tanto si continúa en Reino Unido ante el Tribunal Superior, en Estrasburgo ante el Tribunal Europeo o en Estados Unidos, la lucha por la liberación de Assange solo puede tener éxito como un aspecto de una campaña política de masas.
Tal movimiento puede y debe ser construido. Las fuerzas movilizadas contra Assange por los aparatos estatales de EE.UU. y Reino Unido son poderosas. Pero hay otra fuerza aún más formidable que aún aguarda su turno para responder: la clase obrera británica, estadounidense e internacional.
En un artículo de perspectiva publicado después de la audiencia principal de Assange hace dos años y medio, el World Socialist Web Site explicaba:
A través del caso Assange, los trabajadores han recibido una lección objetiva sobre el imperialismo: es un sistema de violencia y represión contra los pueblos del mundo por parte de los Estados más poderosos y sus socios en nombre de la oligarquía financiera.
Desde entonces, la guerra de la OTAN con Rusia en Ucrania y el genocidio en Gaza han proporcionado nuevas lecciones de violencia imperialista. La oposición al genocidio de Israel contra los palestinos, con el pleno apoyo de Estados Unidos, Reino Unido y otras potencias imperialistas, ha llevado a millones de personas a las calles de todo el mundo, mientras que la guerra en Ucrania está impulsando una rápida expansión del gasto militar, exacerbando las ya agudas tensiones sociales. La clase dominante está respondiendo con leyes cada vez más dictatoriales y represión policial.
Refiriéndose a este proceso ya en 2021, la perspectiva predijo:
Estas acciones no pueden llevarse a cabo sin provocar una resistencia de masas en la clase obrera estadounidense y mundial. A medida que ese movimiento tome conciencia, a través de su educación por el partido revolucionario, que está comprometido con una lucha a vida o muerte con el capitalismo en decadencia y el imperialismo, llegará a reconocer la campaña para liberar a Assange como una parte esencial de esa lucha.
Esta es la concepción que debe guiar el trabajo urgente de construir el movimiento de masas necesario para liberar a Assange. Su caso en los tribunales es irrebatible, excepto a través de sentencias antidemocráticas e injustas dictadas a favor de la clase dominante en Reino Unido y los EE.UU. Derrotar a estas fuerzas requiere algo más que argumentos legales. Exige la movilización de los trabajadores y jóvenes de todo el mundo contra la dictadura y la guerra y en defensa de alguien a quien cientos de millones de personas consideran un héroe por su denuncia de crímenes de guerra, por los que los culpables intentan silenciarlo para siempre.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de febrero de 2024)
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