El presidente boliviano Luis Arce nombró a un nuevo alto mando el miércoles ante un golpe de Estado militar fallido que emprendió el antiguo comandante del Ejército, el general Juan José Zúñiga.

En una de las intentonas golpistas más efímeras en la larga historia de golpes en Bolivia, pasaron poco más de cuatro horas entre la declaración de Zúñiga de su intento de derrocar el Gobierno y su arresto a las 7 p.m. (hora local).

El martes, Arce destituyó al general Zúñiga de su cargo por amenazar con detener al expresidente Evo Morales si este último buscaba postularse para las elecciones de agosto de 2025.

Un día después, Zúñiga dirigió una columna de cientos de soldados fuertemente armados y con los rostros cubiertos, quienes rodearon el antiguo palacio de gobierno, el Palacio Quemado, que está adyacente al nuevo edificio en la capital, La Paz.

En la plaza Murillo frente al palacio, Zúñiga declaró: “Habrá un nuevo gabinete, seguramente habrá cambios, pero nuestro Estado no puede seguir así. Queremos recuperar nuestra patria”.

Un vehículo blindado fue estrellado contra las puertas del Palacio Quemado, y los soldados entraron con rifles y escudos.

Dentro del edificio, Arce ordenó sin éxito a Zúñiga que retirara las tropas.

Arce, sus ministros, Evo Morales y la Central Obrera Boliviana (COB) convocaron a una huelga general y movilizaciones, y cientos de manifestantes comenzaron a reunirse alrededor de plaza Murillo para exigirles a los soldados armados, “¡Fuera!”.

Morales citó informes de que se habían colocado francotiradores alrededor de la plaza Murillo como prueba de que el golpe había sido preparado de antemano.

Si bien el carácter de lo acordado, y las concesiones, se aclararán en los próximos días y semanas, una facción dominante de los militares llegó a un acuerdo para mantener al presidente elegido Arce en el poder, por ahora.

Se le permitió a Arce regresar a la sede gubernamental, la Gran Casa del Pueblo, y nombrar un nuevo alto mando militar en una ceremonia televisada. El nuevo máximo comandante, el general José Wilson Sánchez, subió al podio y ordenó a todas las tropas movilizadas que regresaran a sus cuarteles.

Zúñiga regresó al cuartel general militar en una de las ocho tanquetas que participaron en el motín, y las tropas despejaron la plaza, arrojando gas lacrimógeno detrás de ellos.

Se emitió una orden de arresto contra Zúñiga, quien luego fue detenido mientras afirmaba en televisión en vivo que todo había sido un “autogolpe” planeado por el propio Arce para mejorar su popularidad.

El jueves por la mañana, Zúñiga y su presunto cómplice, el vicealmirante Juan Arnez Salvador, exjefe de la Armada, fueron acusados formalmente de los cargos de terrorismo y levantamiento armado.

Zúñiga fue nombrado por Arce, quien lo describió recientemente como “el general del pueblo”, un eco de declaraciones similares de Salvador Allende en el período previo a su propio derrocamiento en 1973. Queda por ver si Bolivia sigue el patrón chileno, en el que un golpe de Estado abortado sirvió como una prueba de fuego para el real, que impuso una dictadura militar sanguinaria.

El contexto explosivo que condujo al intento de golpe

El fracaso del intento de golpe marca una nueva etapa en la crisis económica y política que atenaza Bolivia antes de las elecciones de 2025, donde las principales causas son la escalada de la tercera guerra mundial liderada por el imperialismo estadounidense contra Rusia y China y la profundización de la crisis del capitalismo global.

Morales y el MAS fueron elegidos por primera vez en 2005—y nuevamente en 2009, 2014 y 2019—luego de protestas populares contra la desigualdad, incluida la “guerra del agua de Cochabamba” de 2000 y la “guerra del gas” de 2003, que tumbaron a cinco presidentes. Con la ayuda de organizaciones pseudoizquierdistas, Morales canalizó el levantamiento detrás de su elección.

Aprovechando un aumento en los precios de los combustibles y otras materias primas, el Gobierno de Morales-MAS llevó a cabo nacionalizaciones parciales del gas, petróleo y los minerales y aumentos limitados en el gasto social, lo que resultó en una reducción de la tasa de pobreza del 61 por ciento en 2005 al 36 por ciento en 2023, al tiempo que aumentó las ganancias para las corporaciones globales y realizó pagos oportunos al capital financiero global. El PIB del país se triplicó rápidamente.

Pero, ya en 2014, el Gobierno de Morales respondió al final del boom de las materias primas, que había sido causado principalmente por el crecimiento chino, adoptando medidas de austeridad para pagar una deuda pública en rápido crecimiento. Se estancaron las mejoras sociales, lo que vino acompañado de represión policial contra las protestas de la clase trabajadora.

Habiendo perdido la confianza en la capacidad de Morales para aplacar la oposición popular, varios sectores de la oligarquía boliviana y el imperialismo estadounidense respaldaron un golpe militar que derrocó a Morales, solo dos semanas después de las elecciones de octubre de 2019, con base en acusaciones falsas de fraude electoral.

Un levantamiento masivo contra el golpe, concentrado en los centros urbanos de El Alto, alrededor de La Paz, fue brutalmente aplastado por los militares y la policía con numerosas masacres.

Incapaz de sofocar a la oposición y frente a un empeoramiento de la situación económica mundial, incluida la pandemia de COVID-19, el régimen golpista liderado por Jeanine Áñez decidió convocar elecciones en octubre de 2020 y permitir que el MAS regresara al poder bajo Luis Arce, exministro de Morales.

Sin embargo, en los últimos dos años, en medio de la pandemia continua, el estallido de la guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania y la escalada de la guerra económica liderada por Estados Unidos contra China y la preparación para un conflicto militar, la crisis del dominio burgués de Bolivia tan solo se profundizó.

En este contexto, los minerales estratégicos bajo el suelo, especialmente las mayores reservas de litio del mundo, se han convertido en un blanco clave en el nuevo reparto del planeta entre las principales potencias.

Al mismo tiempo, las reservas de gas y petróleo del país han comenzado a agotarse y el aumento de la exploración no está dando resultados significativos. En los meses inmediatamente anteriores al último intento de golpe, el país enfrentaba una crisis de escasez de combustible y dólares.

Una caída del 75 por ciento en el precio del litio en el último año, principalmente debido a una demanda de vehículos eléctricos inferior a la esperada y los aranceles beligerantes contra China, empeoró explosivamente las perspectivas económicas de Bolivia.

Como reflejo de un conflicto entre facciones de la clase dominante en respuesta a esta crisis, el MAS se vio dividido por una rivalidad entre Arce y Morales por el control del partido y la candidatura presidencial de 2025. Ambas facciones han pasado meses lanzándose acusaciones mutuas de inconstitucionalidad, corrupción, alineación con la extrema derecha y el imperialismo estadounidense y preparativos de un “golpe suave”. Morales organizó importantes bloqueos de carreteras que empeoraron en gran medida el suministro de combustible y otros bienes.

En diciembre pasado, la Corte Constitucional falló que Morales no podía postularse para presidente en 2025, aunque un congreso con decenas de miles de partidarios en Villa Tunari el 10 de junio ratificó su candidatura.

Un factor importante en estos conflictos dentro de la clase dominante ha sido obtener una parte de los ingresos de futuros proyectos de litio. En abril, Alberto Echazú, aliado de Morales y su funcionario clave a cargo de lanzar la industria del litio, fue arrestado bajo cargos de aprobar contratos en detrimento de las finanzas estatales, mientras que Morales ha denunciado al hijo de Arce por hacer tratos corruptos con Elon Musk. Todas estas afirmaciones son turbias y no están respaldadas por pruebas sólidas.

Sin embargo, los eventos del miércoles fueron precedidos más inmediatamente por discusiones sobre un “Congreso de Unidad” del MAS y una suspensión de las manifestaciones respaldadas por Morales.

El aliado de Morales y exministro del Interior, Carlos Romero, dijo a principios de este mes: “El expresidente Morales está haciendo todo lo posible para contener una movilización social, hay movilizaciones sociales de toda índole, por los dólares, por los carburantes, por el alza de precios de la canasta familiar, por la crisis económica, aumentarle una más es lo que no queremos”.

Una reunión el 11 de junio entre Arce y el presidente ruso Vladímir Putin en Moscú llevó al anuncio de una asociación para “industrializar” la producción boliviana de litio a partir de 2025 entre las empresas estatales Yacimientos de Litio Bolivia (YLB) y el Grupo ruso Uranium One.

Al mismo tiempo, las empresas chinas han desempeñado el papel principal en el desarrollo de proyectos de litio dentro de Bolivia, mientras que se espera que el puerto de Chancay, que se inaugurará en noviembre en Perú, facilite en gran medida el transporte de minerales bolivianos a China.

También se alcanzó un acuerdo para importar petróleo ruso, en respuesta al malestar de los consumidores y grupos de transportistas por el desabastecimiento. El 14 de junio, Arce desplegó a los militares en estaciones de servicio en todo el país para supervisar las compras, aparentemente para evitar el acaparamiento y el contrabando. Bolivia gasta más de mil millones de dólares anuales para subsidiar las importaciones de combustible.

Sin embargo, horas antes del golpe, los grupos patronales de transportistas llegaron a un acuerdo con el Gobierno que canceló los bloqueos planificados en las principales carreteras y cruces fronterizos para protestar por los impuestos y la escasez de combustible y dólares en la economía.

Aunque los medios corporativos estadounidenses, la extrema derecha boliviana y los aliados de Morales han dado crédito a la afirmación de un “autogolpe”, y esta posibilidad no puede descartarse de inmediato, el contexto y los acontecimientos que condujeron al intento de golpe apuntan al imperialismo estadounidense como la principal fuerza interesada en derrocar a Arce.

Incapaz de afianzar un régimen títere después del golpe de 2019, Washington está ansioso por elevar el protagonismo político de los militares, empujar la política hacia la derecha y hacerse de los recursos naturales de Bolivia contra sus rivales, sobre todo China.

En la semana anterior al intento de golpe, el Gobierno de Arce dirigió sus acusaciones de una trama golpista a la Embajada norteamericana, lo que Washington negó. El ministro de Economía boliviano declaró la semana pasada que el desabastecimiento y las recientes protestas formaban parte de “un golpe suave contra la economía” que se estaba gestando desde la Embajada estadounidense.

El martes, en entrevista con El Deber tras su despido, el golpista Zúñiga declaró: “Nuestra patria, una vez más está bajo el acecho de los enemigos internos y externos que buscan la división, la desestabilización y el odio entre bolivianos, para apoderarse de los recursos naturales en beneficio de intereses mezquinos y de grupos de poder que responden al caudillismo”. Esta es una referencia apenas velada a la competencia entre facciones de la clase dominante por el litio.

Durante el golpe en sí, el general Zúñiga exigió la liberación de la cárcel de los líderes del golpe fascistizante de 2019, incluidos Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y oficiales militares, todos estrechamente asociados con Washington.

Sospechosamente, la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia no publicó una declaración hasta después del arresto de Zúñiga, y más de cinco horas después del lanzamiento del golpe, escribiendo en X: “Rechazamos cualquier intento de derrocar al gobierno electo y pedimos respeto al orden constitucional”.

El país sudamericano con 12 millones de habitantes ha visto 36 golpes militares completos en sus dos siglos desde que se separó de España. También ha estado involucrado en 12 guerras contra vecinos y otros conflictos que lo dejaron sin litoral y lo hicieron perder más de la mitad de su territorio original.

Bolivia es un estudio de caso sobre el fracaso de la clase dominante capitalista en los países económicos atrasados para asegurar su independencia del imperialismo y establecer formas democráticas de gobierno, sin importar cuán radicales sean las pretensiones de los partidos burgueses gobernantes.

A medida que las formas democráticas de gobierno colapsan en los países capitalistas avanzados, que avanzan hacia el fascismo y otra guerra mundial, América Latina se está transformando en un campo de batalla por el control de recursos vitales y mercados. Estados Unidos está respondiendo por medios militares de forma cada vez más abierta para contrarrestar el creciente peso económico de sus rivales.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 27 de junio de 2024)