He ido muy lejos en el camino de la sangre. Y si más no avanzase tanto daría volver como ganar la orilla opuesta.

Macbeth, Acto III, Escena Cuarta

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La noche del martes, a puerta cerrada en su cámara de muerte, el estado de Misuri asesinó a Marcellus “Khaliifah” Williams con una inyección de toxinas letales.

Las frías manos de la justicia capitalista no vacilaron a pesar de que más de 1 millón de personas firmaron la petición de clemencia, millones más en todo el mundo han quedado indignados y la existencia de evidencia clara de que había sido condenado injustamente.

Seis fascistas vestidos de negro en la Corte Suprema dieron su aprobación a este crimen, rechazando dos apelaciones de última hora. Y a través de su silencio, el Gobierno de Biden-Harris respaldó el asesinato de Williams. La vicepresidenta Kamala Harris defendió la pena de muerte en los tribunales cuando era fiscal general de California. Cuando nominó a Harris para ser su candidata a la presidencia el mes pasado, el Partido Demócrata abandonó la oposición nominal a la pena de muerte desde su plataforma de campaña.

No hay duda de que Williams era inocente del asesinato en 1998 de la reportera de St. Louis, Felicia Gayle. Ninguna de las pruebas físicas (huellas dactilares, huellas y pelos ensangrentados) lo vincularon a la escena del crimen. Más bien, fue implicado por un excompañero de celda y una exnovia que buscaban una recompensa de $10.000 por información que condujera a una condena. El jurado en su juicio se rehusó a escuchar evidencia de que la computadora portátil de Gayle, que fue encontrada en el maletero de su coche, probablemente fue plantada por la exnovia.

Williams mantuvo su inocencia hasta su muerte. A su ejecución se opusieron la familia de Gayle, los miembros del jurado que originalmente lo condenaron a muerte y la oficina del fiscal que lo condenó y había tratado de anular la condena.

Estados Unidos se encuentra entre el puñado de países que todavía llevan a cabo ejecuciones de forma rutinaria, uniéndose a la ignominiosa compañía de Arabia Saudita, Egipto, Irán y China. En lo que va del año, 16 hombres han sido ejecutados en ocho estados. Nueve ejecuciones más están programadas para este año, incluidas tres durante la próxima semana.

Desde que el Tribunal Supremo restableció la pena de muerte en 1976, 1.598 personas han sido ejecutadas. Al 1 de julio de 2024 había 2.213 personas condenadas a muerte, incluso en prisiones federales y detención militar. Los condenados a muerte a menudo languidecen durante décadas esperando sus momentos finales a manos de los verdugos o un indulto de última hora.

Es cierto que Williams no es la única persona inocente que ha sido ejecutada. Ha habido 200 exoneraciones de condenados a muerte desde 1973, o un promedio de 4 personas cada año que han sido condenadas injustamente. Entre los casos más descarados de inocentes encarcelados y sentenciados injustamente a muerte se encuentra Gary Tyler, quien finalmente fue liberado en 2016 después de casi 41 años tras las rejas.

Casi 5 millones de estadounidenses están bajo algún tipo de supervisión judicial, de los cuales dos millones languidecen en una red bárbara de prisiones y cárceles. Los presos son sometidos a condiciones inhumanas y abusos, que provocaron la muerte de más de 6.000 presos en 2020. Los niños son enjuiciados regularmente como adultos y condenados a cadena perpetua sin libertad condicional. Y fuera de los muros de la prisión, la policía deambula por la calle como fuerza de ocupación, matando a más de 1.000 personas cada año y abusando de miles más sin ninguna consecuencia.

Después de cada tiroteo masivo en una escuela, lugar de culto o tienda, el presidente Biden y otros habitualmente entonan que “no hay lugar para la violencia en Estados Unidos”. Sin embargo, lo que quieren decir es que la clase dominante y el Estado americanos procuran mantener un monopolio sobre la violencia para aplastar la oposición de la clase trabajadora, como lo demuestra desde el genocidio en Gaza hasta las cámaras de la muerte.

El candidato presidencial del Partido Socialista por la Igualdad, Joseph Kishore, señaló en respuesta a la ejecución de Marcellus Williams:

La barbarie de la pena capital revela la verdadera naturaleza del sistema político estadounidense. Es un sistema construido sobre la violencia, la represión y la negación de los derechos democráticos fundamentales. La facultad del Estado para ejecutar a sus propios ciudadanos, a menudo sin pruebas concluyentes ni un juicio justo, refleja la violencia más amplia del imperialismo estadounidense, que ha matado a millones en su búsqueda de la hegemonía global.

La existencia persistente de la pena capital en Estados Unidos es otra muestra más de la criminalidad y violencia del sistema político y económico capitalista, que rezuma mugre de todos los poros.

Trump y los republicanos están construyendo un movimiento fascista, centrado en un ataque despiadado contra los inmigrantes y refugiados. Los demócratas son incapaces y se oponen a atender los intereses del grueso de la población, y están empapados de la sangre de una guerra global en ciernes.

La violencia en la búsqueda de los intereses imperialistas estadounidenses en el extranjero a través de la guerra y el genocidio se vislumbra inevitablemente en el carácter de las relaciones de clases dentro del país.

La revolucionaria polaco-alemana Rosa Luxemburgo exigi ó hace más de un siglo la abolición de la pena capital de este modo:

El sistema disciplinario existente, que está impregnado de un espíritu de clase brutal y de la barbarie capitalista, debe modificarse radicalmente. Pero una reforma completa, en armonía con el espíritu del socialismo, solo puede basarse en un nuevo orden económico y social; pues tanto el crimen como el castigo tienen, en última instancia, sus raíces profundas en la organización de la sociedad.

La lucha por abolir la pena capital, poner fin a los asesinatos policiales y detener el genocidio y la guerra requiere una lucha contra el sistema capitalista en el que se basa esta violencia.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de septiembre de 2024)