La noche del 17 de octubre, Robert Roberson recibió una prórroga de último minuto en su ejecución mediate una inyección letal, debido a una orden de restricción emitida por la Corte Suprema de Texas. Es una pausa temporal a la campaña para ejecutar a un hombre inocente, una campaña que ejemplifica el sistema de “justicia” de Estados Unidos.
La ejecución de Robertson fue postergada pero el proceso nefasto de asesinatos autorizados por el Estado continúa. Incluso mientras se decidía el futuro de Roberson en Texas, el estado de Alabama ejecutó a Derrick Dearman por medio de una inyección letal.
El aplazamiento del caso de Roberson se produjo el jueves tras una serie de idas y venidas, mientras los esfuerzos desesperados por salvar su vida se abrían paso en varios tribunales. Los legisladores estatales solicitaron un aplazamiento para permitir a Roberson comparecer en una audiencia ante la Asamblea Legislativa de Texas el lunes 21 de octubre, para dar testimonio de cómo la ley estatal de “ciencia basura” estaba funcionando para ayudar a reclusos como Roberson que han sido condenados basándose en pruebas científicas desacreditadas.
Un juez del condado de Travis dictó una orden de suspensión temporal de la ejecución de Roberson horas antes de que tuviera lugar a las 6:00 p.m. Pero el estado apeló la decisión del juez ante el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas, que revocó la orden y permitió que se llevara a cabo la ejecución antes de que expirara la orden de ejecución a medianoche. Los legisladores apelaron esta decisión ante la Corte Suprema de Texas, que falló a las 10:00 p.m. a favor de suspender la ejecución de Roberson durante al menos 90 días.
Mientras pasaban los segundos y los minutos y se desarrollaba el proceso, Roberson estaba sentado en su celda del corredor de la muerte de Huntsville, sin saber si pronto moriría por inyección letal.
Robert Roberson no solo es un hombre inocente; el estado de Texas, dirigido por el gobernador fascista Gregg Abbott y su fiscal general Ken Paxton, alguien igualmente vil, están tratando de ejecutarlo por un crimen que nunca ocurrió.
Roberson fue condenado en 2003 por matar a su hija Nikki, de dos años, a causa del “síndrome del bebé sacudido” (SBS). Los criterios utilizados por las autoridades para diagnosticar su muerte como consecuencia del SBS han sido ahora desacreditados por los expertos médicos. Su muerte fue, de hecho, el trágico resultado de una neumonía no diagnosticada y de la prescripción de una medicación inadecuada, que provocó una sepsis que le causó la muerte.
Roberson nunca ha podido presentar estas nuevas pruebas ante un tribunal, que demuestran claramente que es inocente de haber sacudido violentamente a Nikki, y que su muerte fue el trágico final de dos años de mala salud. La negativa a juzgar el caso nuevamente hace la vista gorda a las condiciones paupérrimas en que vivían ella y su padre; dificultades agravadas por el autismo no diagnosticado de Roberson.
Pero sus apelaciones han sido rechazadas a cada paso: por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Texas (CCA, sigla en inglés) en 2007, por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU. en 2015, de nuevo por el CCA en 2023 y por la Corte Suprema de EE.UU. en 2023. Otra apelación ante el CCA fue rechazada el 11 de octubre de 2024, y el Tribunal de Distrito del Condado de Anderson rechazó los argumentos de Roberson de que su jueza anterior no fue debidamente asignada a su caso y que su parcialidad justificaba retirarla del caso.
La Corte Suprema de Estados Unidos denegó el jueves los recursos de Roberson para suspender la ejecución. En una notable declaración, la magistrada liberal Sonia Sotomayor emitió un comunicado “respetando la denegación” de los recursos de Roberson, escribiendo que “sería imperativo un aplazamiento que permita examinar las creíbles alegaciones de inocencia de Roberson; sin embargo, esta corte es incapaz de concederlo. Eso significa que solo queda abierta una vía de alivio: un indulto ejecutivo”.
En otras palabras, se ha producido una gran injusticia que ha provocado que un hombre inocente esté encerrado en el corredor de la muerte, pero el único camino para hacer justicia en el caso de Roberson era el sanguinario Abbott, quien ya se había negado a concederle clemencia y ha supervisado 73 ejecuciones y concedido un solo indulto en casi 10 años.
Las autoridades estatales que llevan a cabo estos asesinatos estatales no se preocupan de tecnicismos como el debido proceso, la representación legal adecuada o incluso si la persona es culpable o inocente. La brutalidad de la pena capital por parte de las autoridades estatales y del Gobierno federal no solo se utiliza contra quienes pagan el precio final, sino como recordatorio a toda la población de quién está al mando.
En lo que va de 2024 se han llevado a cabo 19 ejecuciones, incluidas dos el mismo día. Uno de ellos fue Marcellus “Khaliifah” Williams, quien murió por inyección letal el 24 de septiembre de 2024.
Al igual que Roberson, Williams recibió un apoyo abrumador para detener su ejecución, incluidas las peticiones de clemencia de más de un millón de firmantes. No hay duda de que Williams era inocente del asesinato en 1998 de la reportera Felicia Gayle. Ninguna de las pruebas físicas (huellas dactilares, pisadas y cabellos ensangrentados) lo vinculaban a la escena del crimen. En cambio, fue incriminado por un antiguo compañero de celda y una exnovia, ambos fallecidos, que pedían una recompensa económica.
Williams mantuvo su inocencia hasta su muerte. La familia de Gayle, los miembros del jurado que originalmente lo condenaron a muerte y la fiscalía, que intentó anular su condena, se opusieron a la ejecución.
Al igual que Williams, Roberson cuenta con un amplio apoyo, incluido el del detective principal de su caso, un grupo bipartidista de legisladores de Texas, expertos en autismo, el Innocence Project y otros.
Está previsto que al menos otros seis condenados a muerte sean ejecutados antes de que acabe el año. Pero a esta serie de asesinatos estatales no se oponen los candidatos de ninguno de los dos grandes partidos empresariales. Donald Trump presidió las ejecuciones de un número sin precedentes de 13 presos federales condenados a muerte, incluyendo tres entre su intento de golpe de Estado fascista del 6 de enero de 2021 y su salida del cargo. Habla de ejecutar a traficantes de drogas y movilizar el ejército contra sus oponentes de izquierdas.
La vicepresidenta Kamala Harris ha guardado silencio tanto sobre la oleada de ejecuciones en vísperas de las elecciones como sobre las declaraciones de inocencia de Roberson y Williams. Como fiscala general de California, se comprometió a “aplicar la pena de muerte como dicta la ley”, postura que mantuvo en el Senado de Estados Unidos y ahora como candidata presidencial. Cabe destacar que el Partido Demócrata ha eliminado una referencia anterior en la plataforma electoral del partido para 2024 sobre oponerse a la pena de muerte, lo que supone un apoyo tácito a esta práctica bárbara.
Harris sigue el ejemplo de la Administración de Biden y de los dos anteriores presidentes demócratas. Joe Biden hizo campaña para la presidencia con la promesa de abolir la pena de muerte federal, pero en enero de 2024 su Departamento de Justicia anunció que solicitaba la pena de muerte para el supremacista blanco que mató a 10 afroamericanos en una masacre en un supermercado de Buffalo en mayo de 2022.
Barack Obama conmutó las penas de muerte de dos reclusos federales, pero dejó a 62 personas en el corredor de la muerte federal. Aunque antes declaró que la pena capital le parecía “profundamente preocupante”, durante su mandato dijo que la pena de muerte debía aplicarse a los culpables de delitos “especialmente atroces”.
En 1996, Bill Clinton promulgó la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva, que restringe gravemente el derecho de los condenados a muerte a presentar recursos federales de habeas corpus. Mientras hacía campaña para la presidencia en 1992 como gobernador de Arkansas, Clinton voló de vuelta al estado para garantizar la ejecución de un preso con graves problemas mentales.
Todas estas perspectivas sobre la pena capital son falsas y reaccionarias. ¿En qué circunstancias es aceptable que el Estado mate a sus propios ciudadanos? La realidad es que la pena de muerte no es un elemento disuasorio contra el crimen, ni proporciona alivio a las víctimas de crímenes violentos. Por el contrario, es un medio por el cual la clase dominante de Estados Unidos intenta apuntalar su dominio ante el aumento de la desigualdad social y de las luchas de la clase trabajadora contra ella.
La aplicación de la pena de muerte por parte de la élite gobernante en casa refleja el papel del imperialismo estadounidense a nivel internacional, donde mata con impunidad. Joseph Kishore, candidato del Partido Socialista por la Igualdad a la presidencia de EEUU, comentó sobre la inminente ejecución de Robert Roberson:
La pena de muerte es una institución bárbara que sirve como instrumento de terror por parte del Estado. El sistema de justicia penal estadounidense, que mata a sus propios ciudadanos con tan cruel indiferencia, es la expresión nacional de la misma clase dominante que supervisa las guerras imperialistas y la violencia genocida en el extranjero, incluida la matanza de palestinos en Gaza.
Lo que estamos presenciando es un descenso a la criminalidad por parte de la propia élite gobernante. El poder del Estado para matar sin tener en cuenta la inocencia es emblemático de la violencia más amplia del capitalismo estadounidense, un sistema que destruye vidas dentro y fuera del país. La ejecución de Robert Roberson será otra mancha de sangre en un sistema que es absolutamente incapaz de reformarse a sí mismo.
El World Socialist Web Site tiene un largo historial de cobertura y oposición a las más de 1.600 ejecuciones que han tenido lugar desde que la Corte Suprema de EE.UU. reinstauró la pena de muerte en 1976. Hemos publicado más de 300 artículos que se oponen y exponen la difícil situación de aquellos que han pagado el precio más alto a manos de este régimen opresivo de clase.
La persistencia de la pena capital en Estados Unidos refleja la criminalidad y la violencia de todo el sistema político y económico capitalista. Robert Roberson debe ser puesto en libertad y este castigo obsoleto, aplicado de forma abrumadora contra la clase obrera y los pobres, debe ser abolido.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de octubre de 2024)