El exmandatario boliviano Evo Morales, acusó al Gobierno del presidente Luis Arce de enviar “agentes de élite del Estado boliviano” para matarlo después de que atacantes dispararan varias veces contra su caravana de vehículos el domingo por la mañana. El incidente marca una fuerte intensificación del conflicto entre facciones de la clase dominante en el país sudamericano rico en recursos.

Morales publicó un video en las redes sociales que lo mostraba cambiando de un vehículo cuyos neumáticos habían explotado a otro vehículo, que también fue atacado durante una persecución a alta velocidad. Los parabrisas y el cuerpo de la camioneta estaban cubiertos de balazos y el conductor recibió un disparo en el brazo y otra bala le rozó la cabeza. Morales no resultó herido.

En un comunicado, el ala dominante del partido Movimiento al Socialismo (MAS), controlada por Morales, denunció que hombres vestidos de negro llevaron a cabo el ataque desde vehículos sin identificación. Luego fueron vistos entrando en un cuartel militar en el lugar del tiroteo y saliendo en un helicóptero. La declaración concluye culpando al Gobierno de Arce y tildándolo de “fascista”.

El ataque contra Morales tuvo lugar después de varios intentos fallidos de la policía de despejar los principales bloqueos de carreteras, principalmente en Cochabamba, en el altiplano andino central, que los partidarios del expresidente han mantenido durante más de dos semanas contra los intentos de arrestarlo.

El presidente Arce nombró un nuevo mando militar la noche anterior al ataque, ordenándole que “garantizar el restablecimiento del orden público” contra las protestas evistas. Significativamente, la cúpula militar ya había sido reorganizada a fines de junio, cuando el comandante del Ejército depuesto, el general Juan José Zúñiga fracasó en un intento de golpe alineado con la derecha fascista para derrocar a Arce.

Ahora, los funcionarios del Gobierno están considerando abiertamente las demandas de un estado de excepción y un despliegue militar realizado por la extrema derecha, que tiene estrechos vínculos con la Embajada de los Estados Unidos, incluido el fascista Comité Cívico de Santa Cruz, el Gobierno santacruceño y la líder encarcelada del golpe respaldado por Estados Unidos que depuso a Morales en 2019, Jeanine Áñez. Incapaz de reprimir la oposición masiva, Áñez se vio obligada a convocar elecciones en 2020, que fueron ganadas por Luis Arce, en ese momento un aliado cercano de Morales.

El martes, la policía atacó un corte de calle en Mairana, Santa Cruz, pero la multitud evista encabezada por grupos indígenas emboscó a la policía con piedras y dinamita. El Gobierno afirma que alrededor de dos docenas de policías y dos periodistas fueron secuestrados y torturados durante varias horas y que anunciaría nuevas medidas represivas en respuesta.

Los arcistas han tratado de culpar del fallido intento de asesinato al propio Morales, hasta ahora de manera poco convincente.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo durante una conferencia de prensa que la caravana del expresidente había acelerado previamente para esquivar un puesto de control de la policía antidrogas, disparando a los oficiales y atropellando a uno de ellos. Del Castillo luego reprodujo una grabación en la que Morales aparentemente reconoció en la radio que disparó personalmente contra un neumático. Sin embargo, es evidente que Morales estaba hablando en un español defectivo sobre los disparos a su propio vehículo, mientras que el video no muestra a nadie en su caravana disparando mientras eran atacados.

Sin embargo, el Gobierno ha presentado cargos contra Morales por intentar matar a un oficial de policía, y Del Castillo advirtió: “Nadie ni nada lo va a salvar de este proceso penal, nadie que ataque a un policía puede seguir en la impunidad”.

La dirección evista ha respondido ampliando los bloqueos de carreteras, y Morales advirtió el miércoles a la agencia de noticias EFE que si era capturado habría un levantamiento entre los movimientos indígenas y motines dentro de la policía y el ejército.

Durante meses, sus partidarios han exigido la renuncia de Arce, a quien culpan de los crecientes males económicos, y dejar que Morales busque la reelección, lo cual está prohibido por la Constitución.

La ola más reciente de bloqueos fue provocada por una orden de arresto emitida contra Morales después de que el Gobierno de Arce resucitara las acusaciones hechas por primera vez por el régimen de Áñez en 2019 de que Morales había embarazado a una niña de 15 años en 2016, cuando todavía estaba en el poder.

Morales, quien se ha atrincherado en su ciudad natal de Villa Tunari, Cochabamba, para evitar ser arrestado, ha indicado que un fiscal en Tupiza, donde vive la presunta víctima, había abandonado el caso por falta de pruebas, y que nadie puede ser procesado dos veces por los mismos cargos.

Los aliados de Arce en el poder judicial abrieron otros tres casos penales contra Morales, incluido uno de “intervención extranjera” por usar una camioneta presuntamente por la petrolera estatal venezolana.

El ala evista en el Congreso lanzó su propio escándalo sexual contra Arce, preparando una conferencia de prensa donde una mujer llamada Yéssica Villarroel denunció al actual presidente por tener una relación secreta con ella y obligarla a abortar.

A medida que el conflicto político en Bolivia pasa de escándalos a un intento de asesinato y potencialmente a una guerra civil, Morales y Arce han dependido de su control de secciones del Estado capitalista, el partido MAS, las organizaciones campesinas y la burocracia sindical.

Todas las facciones, sin embargo, están haciendo todo lo posible para prevenir una intervención masiva de la clase trabajadora en la crisis política y económica. Un aumento importante en el costo de vida este año, la escasez de combustible y dólares y el estancamiento económico han llevado a huelgas limitadas entre maestros, transportistas y otros trabajadores, así como a protestas en las ciudades.

Tras su “milagro” económico en 2003-2014, cuando la economía se multiplicó junto con el aumento de los precios del gas, Bolivia ha demostrado ser un eslabón débil en el colapso del dominio burgués a nivel internacional como resultado de la campaña imperialista liderada por Estados Unidos para recolonizar y repartirse el mundo, que incluye asegurar el control sobre el litio y otros recursos naturales clave en Bolivia y América Latina contra China y Rusia.

Enfrentando el estancamiento económico como resultado del agotamiento del gas natural, los precios más bajos del gas y el litio, el crecimiento de la deuda pública y el agotamiento de las reservas extranjeras, cada facción de la clase dominante boliviana está compitiendo por el apoyo de uno u otro poder imperialista o capitalista. Este proceso, que está teniendo lugar en toda América Latina, amenaza con arrastrar al país y a la región a una guerra mundial. Al mismo tiempo, sin embargo, toda la clase dominante está decidida a defender el régimen y la explotación capitalistas contra la clase trabajadora.

Carlos Romero, líder del campo pro-Morales y exministro, había insistido a principios de este año en que “Morales está haciendo todo lo posible para contener una movilización social”. El martes, advirtió a Arce: “La intervención militar conllevaría una escalada de muertos y la escalada de muertos va a provocar un levantamiento de mayores dimensiones y una mayor crisis de Estado, ¿entonces cuál es el mejor camino? Que el Gobierno convoque un gran diálogo nacional”.

Sin embargo, desde Añez hasta Arce y Morales, ninguna facción de la clase dominante boliviana tiene otra respuesta a la profundización de la crisis del capitalismo boliviano más que recurrir a un régimen de Estado policial. Ninguno de ellos tiene ninguna legitimidad ante los ojos de los millones de trabajadores bolivianos debido a su historial de medidas de austeridad, corrupción y represión. Los trabajadores no pueden quedarse al margen. La única forma de avanzar radica en movilizarse políticamente por el poder como parte de una revolución socialista mundial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de noviembre de 2024)