Los tribunales franceses condenaron ayer a la dirigente del Agrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen, y a otros dos docenas de altos cargos del RN, por malversar fondos del Parlamento Europeo. Emitieron sentencias inusualmente severas, incluyendo una condena de cuatro años de prisión, parcialmente en suspenso, y una prohibición de cinco años para postularse a cargos públicos contra Le Pen. Como una de las principales candidatas para las elecciones presidenciales de 2027, Le Pen prometió apelar tanto la inhabilitación electoral, que entra en vigor de inmediato, como las penas de prisión.

Aunque el RN es un partido absolutamente reaccionario, descendiente de la colaboración francesa con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, este fallo es políticamente fraudulento y no merece ningún tipo de apoyo. Los trabajadores no pueden frenar el fascismo, el militarismo ni el Estado policial apoyando prohibiciones dictadas por los tribunales. La extrema derecha sólo puede ser combatida políticamente mediante la movilización de la clase trabajadora en lucha.

La amarga experiencia histórica —sobre todo con las medidas tomadas por el Estado alemán contra el partido nazi antes de que Hitler asumiera el poder en 1933— demuestra que las prohibiciones del Estado capitalista contra la extrema derecha allanan el camino para ataques aún más draconianos contra la izquierda y la clase trabajadora.

Al pretender decidir el destino del RN por encima de las cabezas de los trabajadores, los tribunales lo fortalecen. No exponen a los neofascistas como enemigos de la clase trabajadora, partidarios de las guerras imperialistas y de la represión del Estado policial. Por el contrario, permiten que el RN se presente como un partido agraviado, castigado de manera desproporcionada por el aparato estatal, y que afirma ahora defender a su electorado frente a un régimen encabezado por el profundamente impopular presidente Emmanuel Macron.

Desde un punto de vista legal, no cabe mucha duda de que el RN es culpable tal como se le acusa. Mientras que la Unión Europea posee estrictas disposiciones que exigen que los asistentes parlamentarios trabajen únicamente en asuntos parlamentarios, Le Pen trató de usar sus salarios para ayudar a pagar las deudas del RN, que en ese momento estaba mayormente excluido del financiamiento bancario. Se trataría de unos 2,9 millones de euros en fondos de la UE. Funcionarios del RN advirtieron a Le Pen en la década de 2010 que esto la exponía a ser procesada.

En 2014, el tesorero del RN, Wallerand de Saint-Just, le escribió un correo electrónico a Marine Le Pen afirmando: “Sólo podremos salir del hoyo si hacemos importantes ahorros gracias al Parlamento Europeo”. Advirtió al eurodiputado de extrema derecha Jean-Luc Schaffhauser: “Lo que Marine nos está pidiendo que hagamos equivale a firmar contratos de empleos ficticios. … Entiendo por qué Marine lo hace, pero nos van a acribillar por esto”.

Existe, sin embargo, un fuerte contraste entre las duras penas impuestas al RN en comparación con otros partidos encontrados culpables de organizar empleos “ficticios” similares. De hecho, el burgués Partido Socialista (PS) y el Movimiento Demócrata (MoDem) del actual primer ministro François Bayrou fueron declarados culpables en los últimos tres años por cargos similares. Mientras que los funcionarios del PS y MoDem salieron como mucho con condenas suspendidas, el RN está siendo objeto de una decapitación política.

Le Pen enfrenta un mínimo de dos años de arresto domiciliario con uso de tobillera electrónica, más dos años de prisión en suspenso, además de la inhabilitación electoral de cinco años. El vicepresidente del RN, Louis Aliot, enfrenta una inhabilitación de 3 años, 6 meses de arresto domiciliario con tobillera electrónica y un año de prisión en suspenso. El exvicepresidente del RN, Bruno Gollnisch, enfrenta tres años de prisión, incluyendo dos años bajo arresto domiciliario. Curiosamente, el contable del RN, Christophe Moreau, fue absuelto, mientras que Thierry Légier, guardaespaldas de Le Pen, recibió una sentencia de prisión suspendida de un año.

Es significativo que, a pesar de que evidentemente se consultó a la presidencia francesa sobre el fallo, el gobierno no salió a defenderlo públicamente. Bayrou, quien declaró el año pasado después de que su partido salió librado del escándalo de empleos ficticios que los cargos contra el RN eran “injustos”, dijo ayer que se sintió “perturbado por lo que se leyó en el fallo” contra Le Pen.

Anoche, Le Pen apareció en una entrevista televisiva en horario estelar en TF1 y prometió luchar contra la prohibición. “He sido eliminada [de las elecciones de 2027], pero hoy ha sido eliminada la voz de millones de franceses,” declaró. Descartó los cargos como un “desacuerdo administrativo con el Parlamento Europeo. No hubo enriquecimiento personal”. Señalando que los tribunales podrían demorar hasta dos años en resolver su apelación, advirtió que los votantes del RN no considerarían legítima una elección en 2027 de la cual ella fue excluida.

El RN amenaza con organizar protestas contra la prohibición. Ayer, el presidente del RN, Jordan Bardella, dijo que “la democracia francesa ha sido ejecutada” y, llamando a una “movilización popular y pacífica,” prometió que él y otros funcionarios del RN recorrerán Francia para dirigirse a los votantes indignados.

Funcionarios del PS y los Verdes celebraron la prohibición contra Le Pen, con el diputado del PS, Jérôme Guedj, afirmando que defiende el principio de que los funcionarios electos deben tener una “conducta ejemplar”. Esta fraseología hueca no detendrá a la extrema derecha.

El RN ha ascendido desde 2012 debido a la dinámica de clase reaccionaria de los gobiernos del presidente del PS, François Hollande, y de su sucesor, Macron. Atacando a la clase trabajadora para financiar guerras y rescates bancarios, se apoyaron cada vez más en la policía y las fuerzas de seguridad para reprimir huelgas y protestas, al mismo tiempo que promovían la política de extrema derecha popular entre los cuerpos represivos. Tras resucitar Hollande una legislación de la época de la guerra de Argelia para imponer un estado de emergencia de dos años que suspendía los derechos democráticos y prohibía protestas, Macron elogió al dictador colaboracionista nazi Philippe Pétain mientras enviaba policía antidisturbios a reprimir las protestas de los “chalecos amarillos” contra la desigualdad social.

La crisis de la democracia francesa ha alcanzado una intensidad sin precedentes durante el segundo mandato de Macron. En 2023, impuso una reforma de las pensiones rechazada por el 91 por ciento de la población francesa para financiar un aumento de 100.000 millones de euros en el gasto militar. Ahora impulsa una intervención militar francesa en Ucrania que amenaza una guerra total con Rusia y que también es rechazada por una amplia mayoría del pueblo francés.

Las severas sentencias impuestas al RN no reflejan una oposición al neofascismo por parte del aparato estatal capitalista, sino amargas disputas dentro de la clase dominante sobre su orientación geopolítica, en medio de crecientes tensiones entre el imperialismo estadounidense y el europeo por los aranceles de Trump y la guerra en Ucrania. Mientras Macron colabora con Alemania para gastar 800.000 millones de euros en el rearme de la UE, Le Pen ha pedido previamente relaciones más estrechas con el ejército estadounidense.

Estos conflictos interimperialistas están saliendo a la superficie tras la sentencia contra Le Pen. Trump lo calificó como “algo muy grave,” mientras que su aliado, el multimillonario Elon Musk, denunció el fallo como un “abuso del sistema judicial”. La primera ministra neofascista italiana Giorgia Meloni y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro emitieron declaraciones en defensa de Le Pen.

Existe una profunda y arraigada oposición entre los trabajadores al fascismo y a la guerra, pero movilizar esta resistencia requiere una oposición irreconciliable tanto a las facciones pro-UE como a las pro-Trump de la clase capitalista.

El dirigente de Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon, intentó adaptarse a la desconfianza popular hacia la prohibición de Le Pen afirmando: “La decisión de destituir a un funcionario electo debe provenir del pueblo”. Pero Mélenchon no ha luchado para que la clase trabajadora derroque a los funcionarios o gobiernos antidemocráticos. Al apoyar tácitamente la traición de las burocracias sindicales durante las huelgas contra la reforma de las pensiones de Macron y respaldar a candidatos de Macron en las elecciones del año pasado a pesar de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, bloqueó la lucha de la clase trabajadora contra el fascismo y la guerra.

Se avecinan explosivas luchas de clases en Francia y en toda Europa, mientras los gobiernos recortan el gasto social para financiar el rearme de la UE. A Le Pen no se la puede combatir mediante los tribunales, sino únicamente mediante la lucha de clases y, al liberar estas luchas del control paralizante de las burocracias sindicales y de los aliados políticos de Macron, vincularlas a la creciente resistencia internacional de trabajadores y jóvenes contra el fascismo y la guerra.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de abril de 2025)