El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del lunes por la noche que permite al Gobierno de Trump reanudar las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros es un hito en el colapso del marco constitucional de Estados Unidos. Aunque el fallo se refiere nominalmente a un tecnicismo, sus implicaciones prácticas y políticas son claras. En un fallo de 5-4, la Corte Suprema ha dado luz verde a los secuestros y expulsiones a escala masiva ordenados por la Casa Blanca, incluyendo la captura de ciudadanos estadounidenses.
El significado del fallo fue resumido por una mordaz disensión escrita por la jueza Sonia Sotomayor, a la que se unieron las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. El documento de los que votaron en disidencia señalaba que la postura del Gobierno es que puede deportar a cualquier persona que etiquete como miembro de la banda criminal Tren de Aragua y que “incluso cuando comete un error, no puede recuperar a los individuos de las prisiones salvadoreñas a las que los ha enviado”.
Sotomayor escribió:
La implicación de la postura del Gobierno es que no solo los no ciudadanos, sino también los ciudadanos de Estados Unidos podrían ser sacados de las calles, obligados a subirse a aviones y ser confinados en prisiones extranjeras sin oportunidad de reparación si se deniega ilegalmente la revisión judicial antes de la expulsión. La historia no es ajena a tales regímenes sin ley, pero el sistema de leyes de esta nación está diseñado para prevenir, no para permitir, su surgimiento.
Es decir, la pandilla de cinco fascistas de la Corte Suprema, que no han sido elegidos por voto popular, ha aprobado una dictadura presidencial.
La orden, de cuatro páginas y sin firmar, no contiene argumentos jurídicos reales. Simplemente anula dos órdenes del juez de distrito James Boasberg bloqueando las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros y declara que cualquier impugnación de las medidas del Gobierno debió haberse presentado en Texas, no en Washington D.C.
La sentencia recuerda los decretos pseudolegales emitidos por los tribunales de los regímenes fascistas. La diferencia es que, a diferencia de Hitler en 1933-34, Trump carece de un movimiento fascista de masas en las calles. En su lugar, gobierna a través de los mecanismos del Estado capitalista, con el respaldo o la complicidad de los tribunales y de ambos partidos patronales.
Trump celebró inmediatamente el fallo como “¡UN GRAN DÍA PARA LA JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!”. Su asesor fascista Stephen Miller declaró (todo en mayúsculas): “LA LEY DE ENEMIGOS EXTRANJEROS AHORA EN PLENO EFECTO. LOS TERRORISTAS EXTRANJEROS SERÁN ARRESTADOS Y EXPULSADOS”.
El fallo se refiere a las medidas adoptadas por el Gobierno de Trump tras la orden ejecutiva del 14 de marzo que invocaba la Ley de Enemigos Extranjeros. La orden se utilizó para transportar a cientos de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. La prisión está presidida por el presidente fascista salvadoreño, Nayib Bukele, quien ya ha declarado que estaba dispuesto a internar también a ciudadanos estadounidenses. Para justificar estas expulsiones, Trump afirmó que una banda supuestamente vinculada al Gobierno venezolano estaba llevando a cabo una “invasión” de Estados Unidos.
El Gobierno deportó a más de 200 personas desafiando abiertamente la sentencia del juez Boasberg que ordenaba detenerlas y devolver los aviones que ya estaban en el aire. Tras resumir las circunstancias en las que se produjeron las deportaciones, la jueza Sotomayor declaró que:
el Gobierno estaba llevando a cabo una operación encubierta para deportar a decenas de inmigrantes sin previo aviso ni oportunidad de celebrar audiencias.
Escribió que, al anular la orden de amparo temporal de Boasberg contra más deportaciones, la corte estaba “recompensando” las acciones ilegales del Gobierno y permitiendo deportaciones que “violaban las protecciones más fundamentales de la Cláusula del Debido Proceso”.
La jueza Jackson, en una declaración separada, denunció el uso por parte del tribunal del expediente de urgencia para eludir las audiencias completas, escribiendo: “Estamos tan equivocados como en el pasado, con consecuencias igualmente devastadoras”. Lo comparó con el famoso fallo del caso Korematsu de 1944, que confirmó el internamiento de los estadounidenses de origen japonés. Escribió:
Al menos, cuando la corte se equivocó en el pasado, dejó constancia de ello para que la posteridad pudiera ver cómo se equivocó... Parece que ahora estamos menos dispuestos a afrontarlo.
Este fallo forma parte de una conspiración general para establecer una dictadura presidencial. Se produce poco menos de un año después del fallo en el caso Trump vs. Estados Unidos, que concedió al presidente inmunidad judicial en todos los “actos oficiales”, incluso, potencialmente, un golpe de Estado militar, la aceptación de sobornos o asesinatos políticos.
En los menos de tres meses transcurridos desde su llegada al poder y además de las deportaciones masivas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, Trump ha llevado a cabo un asalto arrollador a las protecciones de la Primera Enmienda en materia de libertad de expresión y discurso político. Varios estudiantes han sido detenidos por oponerse al genocidio en Gaza, entre ellos Mahmoud Khalil, Rumeysa Ozturk y otros. Momodou Taal, candidato a doctorado en la Universidad de Cornell, se vio obligad o a abandonar el país tras desafiar las órdenes ejecutivas de Trump. Cientos de visados de estudiante han sido revocados en todo el país bajo el programa de vigilancia y deportación “atrapar y revocar”.
¿Cuánto tiempo pasará antes de que un ciudadano estadounidense –un abogado, un periodista incluso un miembro del Congreso— sea detenido y encarcelado? De hecho, faltan menos de dos semanas para que se cumpla el plazo fijado por una orden ejecutiva del 20 de enero para que el secretario de Defensa y el secretario de Seguridad Nacional presenten recomendaciones sobre la invocación de la Ley de Insurrección, que permitiría el despliegue del ejército en el país y la imposición efectiva de la ley marcial.
El fallo de la Corte Suprema deja claro que Trump no actúa como un individuo solo, sino como representante de una oligarquía capitalista corrupta y criminal. El Gobierno de Trump es el instrumento ejecutivo de multimillonarios como Elon Musk y Jeff Bezos, que están librando una guerra contra la clase obrera a través de la destrucción de los programas sociales, despidos masivos de trabajadores federales, recortes de impuestos de billones para los ricos y la eliminación de todas las restricciones a la explotación capitalista.
De hecho, al día siguiente de su fallo sobre la Ley de Enemigos Extranjeros, la Corte Suprema votó 7-2 a favor de pausar una orden que habría exigido a la Administración Trump volver a contratar a más de 16.000 empleados a prueba despedidos bajo la dirección de Elon Musk –el individuo más rico del mundo— y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés).
El Partido Demócrata no ofrece oposición. Es cómplice o cobarde, o ambas cosas, ante los ataques de Trump. No ha habido ninguna declaración del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, ni del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ni del senador “independiente” por Vermont, Bernie Sanders, ni de la miembro de los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), Alexandria Ocasio-Cortez, en respuesta al fallo de la Corte Suprema.
Varios demócratas de los comités judiciales de la Cámara de Representantes y el Senado emitieron una declaración centrada en la afirmación de la decisión de que las personas detenidas y sujetas a deportación tienen derecho a presentar recursos de hábeas corpus, lo que, señalaron los demócratas, “hará muy difícil que las personas puedan impugnar con éxito sus expulsiones antes de que se produzcan”. Concluía con la declaración vacía de que, “vigilaremos de cerca para asegurarnos de que la Administración cumpla la orden del tribunal…”.
En las 11 semanas transcurridas desde la toma de posesión de Trump, los demócratas se han dedicado a desmovilizar la oposición a las políticas fascistas del Gobierno. El mes pasado, los demócratas garantizaron los votos necesarios para la aprobación del proyecto de ley de financiación del Gobierno de los republicanos y la semana pasada votaron a favor de entregar miles de millones en armas a Israel para que continúe su genocidio en Gaza.
Los medios de comunicación corporativos, por su parte, son cómplices de ocultar la enormidad de lo que está ocurriendo. La sentencia de la Corte Suprema ha recibido una cobertura silenciada que busca ocultar sus vastas y ominosas implicaciones.
Existe una amplia oposición popular al intento de establecer una dictadura presidencial. Las protestas del 5 de abril, que en su mayoría han sido espontáneas y en las que participaron millones de personas en todo Estados Unidos apenas unas semanas después de que Trump asumiera la presidencia, echaron por tierra la narrativa, promovida por el Partido Demócrata y los medios de comunicación corporativos, de que Trump es una figura todopoderosa e incuestionable.
Los trabajadores, jóvenes y jubilados salieron a las calles de todo el país para desafiar las medidas de Estado policial de Trump, el asalto a los empleos y programas sociales y el apoyo al genocidio y la guerra. Muchos denunciaron la complicidad de los demócratas, la burocracia sindical y el sistema judicial, y exigieron acciones para detener a este gobierno y a la oligarquía corporativa que representa.
Los medios de comunicación han restado importancia a las manifestaciones o las han ignorado por completo, lo que refleja la profunda ansiedad de la clase dominante ante la aparición de una oposición masiva desde abajo. Esta censura ha envalentonado a Trump y a sus cómplices en la Corte Suprema, que están muy conscientes del peligro de una revuelta desde abajo, para acelerar la construcción de una dictadura fascista.
La oposición debe transformarse en un movimiento político consciente. Debe arraigar en la clase obrera, que es la única fuerza social capaz de detener el descenso a la barbarie y transformar la sociedad sobre bases democráticas e igualitarias.
Los tribunales no lo impedirán. El Partido Demócrata no lo impedirá. El aparato sindical no lo detendrá. Solo la clase obrera, organizada independientemente y armada con un programa socialista, puede derrotar la contrarrevolución de la oligarquía capitalista.
El Partido Socialista por la Igualdad lucha por construir la dirección revolucionaria que la clase obrera necesita para derrotar el impulso hacia el fascismo y la guerra. La tarea urgente es transformar la amplia y creciente oposición a la dictadura de Trump en un movimiento político consciente contra el sistema capitalista.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 8 de abril de 2024)