Siete años después de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en el estado suroccidental de Guerrero, trabajadores y jóvenes se movilizaron en una semana de protestas en todo México.

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 57 estudiantes de la escuela, que se dirigían a una manifestación de protesta en Ciudad de México, fueron apresados tras un enfrentamiento con la policía y el ejército mexicano. En el enfrentamiento, seis murieron y 25 resultaron heridos. De los secuestrados, 43 desaparecieron. Desde entonces, se han encontrado e identificado los restos parciales de tres de los estudiantes.

Las jornadas de protesta comenzaron el 21 de septiembre, cuando los padres de los 43 estudiantes desaparecidos marcharon por las calles de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, junto con miembros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FESM). Los manifestantes de Chilpancingo exigían la resolución del caso de los 43 estudiantes desaparecidos por el Estado mexicano.

Esta demanda se repitió en todas las concentraciones que tuvieron lugar en todo el país durante la semana, culminando en una manifestación masiva en la Ciudad de México el domingo 26 de septiembre. Miles de trabajadores y estudiantes marcharon en la capital y en todo el país coreando '¿Dónde están?' y '¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!' y exigiendo que el gobierno responda.

Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos denunciaron la negativa del gobierno a llevar ante la justicia a los artífices de la 'verdad histórica' sobre el crimen -un relato ficticio de los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 estudiantes aquella noche, hace siete años- que oculta las pruebas de la participación de las fuerzas armadas mexicanas en su desaparición y presunto asesinato.

En octubre de 2018, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) incluyó el esclarecimiento de la verdad de los hechos de aquella noche como una de sus promesas de campaña al presentarse como candidato. Casi a la mitad de su mandato de seis años, esta promesa sigue sin cumplirse.

En una reciente reunión con los padres, López Obrador declaró que el gobierno sigue dos líneas de investigación: buscar la recuperación de los restos e investigar el papel que jugaron los funcionarios del gobierno de Peña Nieto (2012-2018) que inventaron la falsa narrativa mal llamada 'la verdad histórica.'

El 24 de septiembre, mientras se realizaban las protestas, se anunció que han salido a la luz 40 videos que exponen aún más las mentiras de la 'verdad histórica' del gobierno. Los vídeos, grabados por el ya desaparecido Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), muestran a funcionarios del gobierno en el acto de torturar a testigos en 2014 para extraer confesiones que respalden su falsa narrativa. Los vídeos, recopilados por la Unidad Especial de Investigación y Litigación (UESIL), son una prueba más de que la investigación inicial fue manipulada por el gobierno de Peña Nieto.

Los interrogatorios fueron grabados en vídeo entre octubre de 2014 (pocos días después de la desaparición de los 43) y enero de 2015. El objetivo era torturar a los testigos y sospechosos para que repitieran la versión de los hechos fabricada por el gobierno. En el centro de esta trama estaban el procurador general Jesús Murillo Karam y el director de Investigaciones Criminales Tomás Zerón, que desde entonces ha huido a Israel.

Como resultado de estas maniobras, el gobierno del presidente Peña Nieto anunció que los 43 estudiantes habían muerto a manos de un cártel criminal local de la droga, Guerreros Unidos, que había quemado sus cuerpos en un vertedero de basura, colocado sus restos en bolsas de plástico y arrojado al río San Juan en Cocula, una localidad cercana a Iguala, donde tuvo lugar el ataque a los estudiantes.

Las autoridades federales insistieron en que sus hallazgos no debían ponerse en duda, llamándolos la 'verdad histórica', una frase utilizada por primera vez por Murillo Karam. Con este encantamiento, la investigación de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa quedó efectivamente congelada, encubriendo el papel de los militares.

Desde entonces, las pruebas han revelado que la 27ª División de Infantería del Ejército, destacada en el estado de Guerrero, estuvo profundamente involucrada. Los estudiantes desaparecidos fueron llevados a la base del ejército, torturados y luego entregados a la banda Guerreros Unidos para su incineración en una morgue local. Los restos fueron sembrados en las cercanías del río San Juan para dar veracidad a la historia oficial.

Desde el principio, los familiares de los estudiantes desaparecidos cuestionaron esta historia oficial. Sus sospechas fueron confirmadas por una investigación realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que echó por tierra el relato gubernamental.

Hace un año, el presidente López Obrador indicó que comenzarían las detenciones de 89 personas implicadas en el caso. Hasta el momento, se ha detenido a 40 personas, entre ellas el capitán José Martínez Crespo, del 27 de Infantería, supuestamente por realizar los interrogatorios a los estudiantes desaparecidos. Los familiares insisten en que esto es la punta del iceberg. Mientras tanto, las fuerzas armadas siguen obstaculizando la investigación.

Veintiuno de los detenidos han muerto o han sido asesinados.

Desde 1964, más de 90.000 personas han sido 'desaparecidas' en México. Además, aún no se han identificado unos 52.000 cadáveres de un total estimado de 250.000. Esta guerra contra la sociedad se aceleró bajo la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012). Con el pretexto de una 'guerra contra las bandas de narcotraficantes', el gobierno mexicano desató una brutal guerra de clases contra los defensores de los derechos humanos, los activistas de izquierda y la prensa. El ataque a los estudiantes de Ayotzinapa formaba parte de esta campaña. Sólo una pequeña minoría de las víctimas y las detenciones de esta guerra implicaron a miembros de los sindicatos de la droga.

La llamada guerra contra las bandas de narcotraficantes tuvo lugar en el contexto de la Iniciativa Mérida, una alianza militar entre Estados Unidos y México, establecida en 2007, que apoya a las fuerzas armadas mexicanas con entrenamiento y armamento que se ha utilizado principalmente para reprimir a la población.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 28 de septiembre de 2021)