Educadores y estudiantes estadounidenses ahora comúnmente describen sus escuelas como “en el estado de descomposición”. Existe un abandono sin precedentes por docentes de su profesión. La escasez de educadores, conductores de autobús, y personal de apoyo ha dejado a distritos tambaleándose–una situación en que recortan la semana escolar a cuatro días, se sobrellenan las clases, abandonan programas y hacen que padres se encarguen de la transportación de sus niños.

Décadas de austeridad han dejado a muchos edificios escolares estadounidenses anticuados, inseguros y mal ventilados. La propagación de COVID-19 es una preocupación cotidiana. Los años de remuneración inadecuada y el coste creciente de atención sanitaria han dejado a educadores en el apuro de esforzarse para llenar el tanque de sus vehículos y mantener la electricidad conectada. Una nueva serie de recortes presupuestarios y despidos en las escuelas está iniciando mientras el dinero de la Ley de CARES desaparece y el gobierno estadounidense desvía billones de dólares para la guerra.

Si esta “tormenta perfecta” no fuera suficiente, estudiantes y educadores están traumatizados por el crecimiento de tiroteos escolares y la indiferencia obvia oficial hacia su propia vida.

Pero para los especuladores de Wall Street, éstos no son problemas, sino oportunidades.

La élite financiera ha aprovechado de las condiciones creadas o exacerbadas por la pandemia para sacar rendimientos de las inversiones que rompen los récords. Entre éstas hay una plétora de empresas de la educación, escuelas subvencionadas (escuelas financiadas por contribuyentes, pero dirigidas privadamente a menudo dirigidas por negocios comerciales), la industria de tecnología educativa y los inversionistas asociados en fondos de cobertura.

Los fines de lucro tienen en la vista el gasto anual nacional sobre la educación K-12, estimado entre $800 mil millones y $3 billones. Se ha puesto una diana sobre el sistema de educación pública estadounidense. Cada dólar pagado a docentes y trabajadores escolares (la vasta mayoría del presupuesto educativo) se ve por esta camarilla parásita como una deducción de las posibles ganancias.

Empresas ahora están aprovechando de un desmoronamiento educativo, no sólo en EE.UU. sino por todo el mundo, donde se está desencadenando una crisis paralela. La pandemia no debió llevar a tal colapse estatal, como se ve en China. Pero la política de la élite financiera es dejar que el virus se propague en la población y negarse a cerrar las escuelas (identificadas a partir de la pandemia de la influenza en 1918 como centros para la transmisión comunitaria de enfermedades) para mantener a los padres en el trabajo.

Esta política bipartidista, implementada en EE.UU. por Donald Trump y aún más ferozmente por Joe Biden, fue reforzada por la cooperación voluntaria de los sindicatos. Mientras la élite gobernante insiste en el aprendizaje presencial para la clase obrera para mantener a los padres en el trabajo, envían a sus propios hijos a escuelas más pequeñas y mucho más seguras con las protecciones contra COVID más actualizadas.

Dicho de otra forma, los protocolos sobre COVID seguidos por distritos escolares públicos fueron dictados no por la preservación de la vida sino según los intereses políticos de demócratas, republicanos y sindicatos, que son peones de Wall Street.

El rechazo de implementar la cuarentena dirigida, pruebas masivas en la comunidad y el rastreo de contactos ha resultado en un remolino caótico en que las escuelas se abren y se cierran, la transportación inestable, niños almacenados en auditorios sin docentes, sustitutos no cualificados, miles de casos no reportados, muchos niños, padres y parientes enfermos, y muertes trágicamente innecesarias. Todo esto ha hecho acelerar la privatización creciente de la educación estadounidense.

Los que aparecieron para tentar a los padres atormentados eran escuelas subvencionadas, escuelas parroquiales, y especialmente escuelas subvencionadas totalmente virtuales –70 por ciento de los que son empresas con fines de lucro. Entre 2020 y 2021, 1,5 millones de estudiantes salieron de su escuela pública, una caída de 3,3 por ciento de la matriculación total estadounidense. Durante el mismo período, escuelas subvencionadas añadieron más de un cuarto de millón de estudiantes nuevos, un aumento anual de siete por ciento entre 2020 y 2021.

Por ejemplo, la matriculación en escuelas subvencionadas virtuales en Oklahoma subió por más que el doble, con más de 35.000 nuevos estudiantes añadidos. Según el Washington Post, la mayoría se inscribió en la empresa comercial EPIC, que ha sido investigada repetidas veces por tergiversar sus costes a funcionarios estatales, transferencias financieras inapropiadas y más. Semejantemente, Pennsylvania vio un crecimiento de 99,7 por ciento en escuelas subvencionadas virtuales. Las virtuales constaron de más de 131 por ciento del aumento en escuelas subvencionadas en Utah.

Dicho de otra forma, miles de familias fueron forzadas a migrar a escuelas subvencionadas virtuales con fines de lucro inferiores con la esperanza de proteger a sí mismos y sus familias de COVID-19.

Estas escuelas, establecidas antes de la pandemia, eran tan notorias por sus resultados pobres que incluso la Alianza Nacional por Escuelas Subvencionadas Públicas, un grupo de presión en pro de estas escuelas, publicó un estudio que abogaba por la reforma. Según Forbes, escuelas subvencionadas virtuales tienen un historial “uniformemente negativo” para cada subgrupo demográfico de estudiantes.

Pero el modelo empresarial de las virtuales era el más lucrativo. Sin los costes asociados con edificios, la provisión del almuerzo o transportación, estos empresarios pagan a sí mismos salarios muy altos y todavía sacan márgenes comerciales de dos dígitos. Por ejemplo, Stride, la Organización de Gerencia de Educación más grande en Estados Unidos, a través de dirigir escuelas subvencionadas virtuales por todo el país, triplicó sus ingresos netos reportados en el trimestre que termina en el marzo de 2021 y dobló sus ingresos antes de la deducción de los impuestos.

Al juzgar por reportes financieros como los de Stride, uno no se sorprende de que Wall Street esté respaldando el desmantelamiento del sistema de escuelas públicas. Exalcalde de Nueva York y milmillonario Michael Bloomberg ha donado $750 millones al esfuerzo de expandir la matriculación en escuelas subvencionadas, pagar las nuevas instalaciones de estas escuelas y entrenar a sus maestros y directores. Sus esfuerzos tienen el objetivo de aumentar la matriculación en escuelas subvencionadas en 20 áreas metropolitanas por 150.000 estudiantes. Bloomberg, el que el año pasado denunció a los docentes en escuelas públicas opuestos a la reapertura de escuelas y les dijo “Háganse duros y vayan a trabajar”, justificó la iniciativa por citar “los fracasos de escuelas públicas tradicionales desde el inicio de la pandemia”.

Escuelas privadas también aprovecharon de la crisis. Una serie de iniciativas se emprendió nacionalmente durante la pandemia para resucitar el ardid de vales. Los vales usan varios medios, incluidas las supuestas “becas de oportunidad”, para transferir dinero estatal a escuelas privadas. La mayoría de estos intentos recientes fracasó en ganar el apoyo necesario, incluida una campaña de petición llamada “Dejen que niños de Míchigan aprendan” abundantemente fundada por Betsy DeVos, “Hagan que familias vuelvan a trabajar” y la Asociación de Gobernadores Republicanos.

Proponentes de vales en California presentaron una petición, también sin éxito, para hacer que su ardid de escuelas privadas apareciera en las papeletas de las elecciones generales en 2022. En Nevada, un juez bloqueó la redacción de peticiones que prevenía una campaña de petición propuesta en pro de vales para 2022.

Pero los proponentes acomodados de escuelas privadas continúan con sus esfuerzos por otros medios. Por ejemplo, gobernador Greg Abbott y la Fundación de Políticas Públicas de Texas iniciaron un Recorrido para el Empoderamiento de Padres estatal en mayo para abogar por vales escolares.

La campaña acelerada por la privatización escolar, sin embargo, no es sólo un asunto mercenario. Una camarilla fascistizante está encabezando el crecimiento de escuelas religiosas y promoviendo currículos derechistas y nacionalistas.

Se espera que la Corte Suprema, dominada por la derecha, falle inminentemente sobre el caso Carson contra Makin, que podría hacer retroceder las restricciones sobre el uso de impuestos públicos para escuelas religiosas y privadas. Vendrá después de la decisión reaccionaria de julio de 2020 por esa corte en el caso de Espinoza contra Montana, que abrió el camino para la subvención gubernamental de escuelas religiosas.

Otro desarrollo inquietante es que la Universidad de Hillsdale en Míchigan ha anunciado una asociación con el gobernador de Tennessee Bill Lee para establecer 50 escuelas subvencionadas en el estado. $32 millones en financiación pública respaldará el esfuerzo. Hillsdale se conoce como un centro ideológico “conservador”, si no fascista. Desarrolló el currículo de 1776 de Trump, respaldó la Declaración de Great Barrington, y está vinculada cercanamente con la secretaria de la educación de Trump Betsy DeVos, Clarence y Ginni Thomas. Lee enfatizó que las escuelas estarían devotadas a “preservar la libertad estadounidense” y opuestas a la teoría crítica de la raza.

Entre bastidores, entre todas las formas de la educación hay el sector de tecnología educativa. Ha acumulado ganancias récords durante la pandemia. Mientras distritos escolares estaban intentando desesperadamente para adaptarse a opciones presenciales, virtuales e híbridas, la compra de tecnología y software superaba todos los límites.

La tecnología se proliferó para sistemas de tutorías, el aprendizaje aumentado, currículos mejorados, aprendizaje social y emocional, soluciones de participación estudiantil, el desarrollo profesional, y aplicaciones para comunicaciones y regímenes de exámenes sin fin.

Los cinco gigantes tecnológicos –Amazon, Apple, Microsoft, Google y Facebook– vieron un aumento combinado de ingresos brutos de más de 1,2 billones, un aumento pandémico de un año de 25 por ciento. Por supuesto, las empresas también contribuyeron al surgimiento de la tecnología, pero escuelas tenían los presupuestos más pequeños y por eso eran las más vulnerables.

El tamaño del mercado global de tecnología educativa es abrumador. Para 2021, se valuaba en $106,46 mil millones, con ganancias previstas de 16 por ciento. Empresas tecnológicas, hartadas con ganancias, repetidamente se han permitido la recompra de valores de acciones, para enriquecer todavía más a sus accionistas principales. De las diez personas más ricas del mundo durante la pandemia, ocho sacaron su dinero de la tecnología, señala el New York Times .

En suma, el saqueo de la educación pública, la estratificación creciente de la educación según la clase, y los intentos de promocionar las organizaciones de propaganda en pro de ganancias y del capitalismo son otro lado de la destrucción en curso de los derechos democráticos. La élite gobernante busca reorganizar la educación y ponerla enteramente en la base del mercado capitalista.

Ha de tener una lucha política para defender la educación pública y exigir la calidad máxima para todos los estudiantes. Existe un conflicto fundamental entre los requisitos monetarios de la oligarquía financiera y corporativista que dirige los Estados Unidos y las necesidades básicas de las masas de gente. Tenemos que llevar a cabo una redistribución vasta de la riqueza para financiar todos los derechos sociales de la clase obrera, incluido el derecho a una educación pública gratis y de alta calidad.

El Partido Socialista por la Igualdad y la organización Jóvenes y Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (IYSSE, según sus siglas en inglés) por eso exigen el fin de la guerra presupuestaria y la transferencia de mil millones de dólares para cumplir con la necesidad social.

Exigimos una expansión vasta de la plantilla de docentes con buenos salarios, aprendizaje virtual de alta calidad para todos hasta que se acabe la pandemia, la modernización de toda escuela respecto a la seguridad contra COVID, una expansión masiva de apoyo social y de salud mental para estudiantes y sus familias, el pago de salarios excelentes (ajustados según el coste de la vida) y beneficios para todos los obreros educativos. Los especuladores tecnológicos tienen que ser expropiados y transformados en servicios públicos para expandir vastamente el acceso de internet y a la educación para todos.

Tome el primer paso hoy. Instamos a educadores, padres y estudiantes a unirse y construir comités de base de educadores, la IYSSE y el Partido Socialista por la Igualdad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de junio de 2022)