La intensificación de las protestas que exigen la renuncia de la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, han casi paralizado las mayores ciudades del país, mientras la policía y las fuerzas armadas emprenden una brutal represión que ha matado al menos a ocho manifestantes.

Según la defensora del pueblo Eliana Revollar el lunes, aquellos asesinados incluyen a Jonathan Encino Arias, 18; Jonathan Lloclla, 26; los menores D.A.Q., 15, y R.P.M., 16; y Miguel Arcana, 38. Todos murieron como resultado de “proyectiles disparados por armas de fuego” y varios de ellos en las ocupaciones de los aeropuertos de Huancabamba y Arequipa, reportó. Además, al menos cien personas han resultado heridas.

La noche del lunes, se reportó un asesinato adicional de un joven por un disparo en el cuello, a pocas cuadras de la sede presidencial en Lima.

Las manifestaciones siguen a la apresurada instalación de Boluarte como presidenta apenas horas tras la destitución por juicio político y el arresto del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre. La Casa Blanca y la Unión Europea reconoció inmediatamente a Boluarte como la sucesora legítima y guardiana de la democracia y el “orden constitucional”. Mientras tanto, la prensa capitalista inició una campaña para celebrarla como la primera presidenta del país y felicitar a las fuerzas armadas por proteger la democracia.

En cuestión de días, Boluarte y las fuerzas estatales, respaldadas por EE.UU., ya estaban atacando violentamente a manifestantes y cortes de ruta pacíficos en oposición a la destitución de Castillo. El lunes, Boluarte declaró un estado de emergencia de 60 días en los departamentos de Apurímac, Arequipa e Ica, todos en el sur de Perú donde el apoyo de Castillo es relativamente mayor. La medida suspende los derechos democráticos, incluyendo la “libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.

Mientras Boluarte insistió inicialmente que acabaría el término actual de Castillo hasta julio de 2026, anunció posteriormente un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales para abril de 2024. Pero esto no aplacó el malestar.

Alberto Otárola, quien ha sido ministro de Defensa desde el sábado, “descartó absolutamente” que Boluarte renuncie y se comprometió a “restaurar el orden”. Añadió que todos los prefectos regionales a cargo de la seguridad y administración local que fueron nombrados por Castillo serán depuestos.

En medio de una situación económica que ya empeoraba y de una ola masiva de COVID, las protestas se intensificaron drásticamente tras la muerte de dos adolescentes a manos de la policía durante las manifestaciones del 11 de diciembre en la región andina de Apurímac. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU condenó “casos en que la policía parece haber recurrido a un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza y al empleo indiscriminado de gases lacrimógenos”, incluso contra periodistas.

El domingo y el lunes se extendieron de forma rápida y espontanea las protestas por todo el país, exigiendo la dimisión de Boluarte, el cierre del Congreso y la celebración inmediata de elecciones. Estas protestas provocaron el cierre de la carretera panamericana en el norte y el sur del país, lo que podría causar el desabastecimiento de alimentos en las ciudades.

Aunque muchos apoyan abiertamente la liberación y reinstalación de Castillo, las consignas cada vez más comunes en las pancartas exigen elecciones generales y “¡qué se vayan todos!”.

El lunes 12 de diciembre, miles de manifestantes tomaron el aeropuerto internacional de Arequipa, el tercero más importante del país, que fue retomado horas después “gracias a las Fuerzas Armadas”, según un comunicado oficial. Los manifestantes también tomaron e incendiaron los equipos en la planta de lácteos Gloria, mientras que los estudiantes ocuparon la Universidad de Cajamarca, ambas en Arequipa. Cientos de mineros también marcharon contra Boluarte en Arequipa.

En Cuzco, miles de estudiantes tomaron la Universidad de San Antonio Abad. Esa misma noche, los manifestantes cerraron el aeropuerto internacional de Cuzco, que permaneció cerrado todo el martes.

El Frente Agrario y Rural de Perú, que agrupa a campesinos, indígenas, mujeres y otras organizaciones sociales, inició el martes una “huelga indefinida” exigiendo la liberación de Castillo, el cierre del Congreso, nuevas elecciones y una nueva Constitución. Se les unirá la Federación de Estudiantes de Perú.

Además, los dirigentes de la comunidad indígena asháninka de la Amazonia peruana anunciaron preparativos para una “gran marcha a Lima para disolver el Parlamento”.

Según Jornada, los partidarios de Castillo “en general personas de caracterísitcas sociales muy humildes”, entre ellos representantes de los comités de autodefensa rural o ronderos, se han reunido en la Plaza San Martín de Lima, un histórico punto de encuentro para las manifestaciones, donde discuten cómo proceder en medio de llamamientos a una “insurgencia popular”.

Castillo ha podido publicar varios comunicados en Twitter en los que declaró que fue “secuestrado” y que no dimitirá, al tiempo que califica a Boluarte de “usurpadora” y pide a la policía y a las fuerzas armadas que depongan las armas.

Por su parte, los Gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia, asociados a la llamada “marea rosa”, emitieron el lunes un comunicado en el que siguen reconociendo a Castillo como presidente.

La principal preocupación citada por los medios corporativos en Perú y a nivel internacional es la falta de alguna institución, partido político u organización que no esté desacreditada y tenga suficiente apoyo popular para encauzar las manifestaciones de vuelta al redil de la política capitalista, que es también la realidad en toda la región y más allá.

El Los Angeles Times concluye su reportaje citando a una contadora y madre soltera de Lima: “Todos roban, ¿y quién acaba teniendo el poder real? Los más ricos...”.

El 7 de diciembre, el presidente Pedro Castillo intentó aferrarse al poder de forma preventiva, disolviendo el Congreso y declarando un régimen de excepción, que suspendería temporalmente los derechos democráticos e iniciaría toques de queda.

Solo una semana antes, la Organización de Estados Americanos había concluido que no aceptaría la solicitud de Castillo a que este brazo de facto del Departamento de Estado de EE.UU. se opusiera a la campaña de la oposición de extrema derecha en el Congreso y en los tribunales para destituirlo. Luego, casi inmediatamente después del discurso de Castillo el 7 de diciembre, la Embajada de EE.UU. emitió una declaración oponiéndose a las órdenes de Castillo. Esta respuesta de EE.UU. sin duda fue coordinada en la trastienda con líderes militares, políticos y empresariales del país.

La policía y el ejército anunciaron posteriormente que no acatarían las órdenes de Castillo, y el Congreso procedió a destituirlo por 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones. Desde entonces, el Congreso le retiró la inmunidad para agilizar su procesamiento penal.

Castillo no estuvo dispuesto a hacer ningún llamado de movilización popular a oponerse a los intentos de la extrema derecha de destituirlo, precisamente porque es un político capitalista totalmente comprometido con proteger el dominio burgués.

El aluvión de acusaciones de corrupción utilizadas para deponer su Gobierno electo representa una gota en el mar de sobornos y lavado de dinero que envuelve a toda la élite política, especialmente a la líder de la oposición, Keiko Fujimori, cuyos patrocinadores corporativos confesaron haberle entregado millones a su partido.

Al mismo tiempo, al aplicar políticas económicas promercado iguales a las propugnadas por la extrema derecha, incluido el levantamiento de las mitigaciones anti-COVID, Castillo había perdido prácticamente todo su apoyo popular. Apenas un año después de llegar al poder, el imperialismo estadounidense y europeo, precisamente las fuerzas en las que se apoyaba Castillo, habían llegado a la conclusión de que su presidencia ya no era útil dada su incapacidad para mantener las ilusiones en la posibilidad de reformas sociales y seguir sofocando así la lucha de clases.

En cuanto a las pretensiones de Washington de defender la democracia y oponerse a la corrupción en Perú, la ayuda estadounidense al país aumentó drásticamente y fue la más alta de la región justo después de que el expresidente Alberto Fujimori disolviera el Congreso y convocara una asamblea constituyente para redactar la actual Constitución reaccionaria, que tanto defienden todas las instituciones. Actualmente está encarcelado por organizar escuadrones de la muerte y participar en una corrupción generalizada. Su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, quien fue grabado en video pagando a congresistas para que apoyaran a los fujimoristas, era un activo conocido de la CIA por décadas, que le pagaba millones.

Tras su destitución, Castillo intentó huir a la Embajada de México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador había accedido a concederle asilo a él y a su familia, pero la cúpula de las fuerzas de seguridad les ordenó a sus escoltas que lo entregaran a la policía de Lima, donde fue arrestado por “rebelión”.

(Publicado originalmente en inglés el 13 de diciembre de 2022)