La recomendación de acusar penalmente al expresidente Donald Trump por parte del Comité sobre el 6 de enero de la Cámara de Representantes representa un hito político.

Por medio de su recomendación, el Comité finalmente ha reconocido el impactante hecho de que Trump, quien sigue siendo el líder político del Partido Republicano, participó en “una conspiración para incitar, asistir o ayudar una insurrección”. La conspiración tuvo por objeto anular las elecciones de 2020 y establecer una dictadura presidencial.

En su análisis de los eventos del 6 de enero de 2021, el WSWS escribió el día siguiente:

Lo acontecido ayer fue el resultado de una conspiración cuidadosamente planificada. Fue instigada por Donald Trump, quien ha estado trabajando junto a una pandilla de conspiradores fascistas estratégicamente posicionados en la Casa Blanca y otras instituciones, departamentos y agencias estatales poderosas. La operación del miércoles lleva el evidente hedor de los hijos de Trump, sus asesores cercanos como Stephen Miller y un gran número de otros individuos que operaron tras bastidores dentro del ejército, la Guardia Nacional y la policía.

Casi dos años después, la acción del Comité —fundamentada por una montaña de evidencia reunida en un resumen ejecutivo de 154 páginas que se publicó el lunes y que será acompañado el miércoles por un reporte completo— constituye un reconocimiento de esta realidad política.

Además de la recomendación de cargos penales contra Trump, el Comité presentó varias más contra los abogados y oficiales federales que asumieron papeles protagónicos en la conspiración, incluyendo a los abogados golpistas John Eastman, Rudy Giuliani y Kenneth Chesebro, el exoficial del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, y el jefe de personal de Trump, Mark Meadows.

Las recomendaciones penales están dirigidas al Departamento de Justicia de Biden, que asignó su al fiscal especial Jack Smith la investigación sobre el 6 de enero y la retención de documentos clasificados por parte de Trump en su complejo Mar-a-Lago en Florida.

Al inicio de sus declaraciones el lunes, la vicepresidenta del Comité y líder de facto, Elizabeth Cheney, una fanática militarista neoconservadora e hija del criminal de guerra Dick Cheney, invocó el legado de su tatarabuelo, quien se alistó en el Ejército de la Unión en 1861 y combatió durante toda la guerra. Al mencionar la guerra civil estadounidense, Cheney planteó, de manera intencional o no, la posibilidad de una guerra civil en la actualidad. Lo que no indicó es que su Partido Republicano, que se opuso a la esclavitud y lideró el aplastamiento de una insurrección esclavista, es hoy día el partido de insurrectos fascistas.

El hecho de que la investigación y las recomendaciones del Comité no cambiarán esta realidad quedó abundante e inmediatamente claro. El Partido Republicano, al que los demócratas piden incansablemente “unidad” y “bipartidismo”, no reconoce ni el Comité ni el propio Gobierno de Biden como legítimos. El Comité Nacional Republicano declaró que la insurrección del 6 de enero fue “una forma legítima de discurso político”.

Incluso antes de que el Comité completara su audiencia el lunes, Trump lo denunció como un “tribunal fraudulento”. John Eastman, quien encabezó la campaña para presionar al vicepresidente Mike Pence para que rechazara a los electores de los estados más reñidos que votaron por Biden, tildó las discusiones del Comité de “estalinistas”. Asimismo, los congresistas republicanos Jim Jordan, Scott Perry y Andy Biggs reclamaron que las recomendaciones éticas en su contra eran una caza de brujas partidista.

En menos de dos semanas, los republicanos retomarán el control de la Cámara de Representantes tras obtener una estrecha mayoría en las elecciones de mitad de término del mes pasado. El congresista Kevin McCarthy, quien también fue citado por el Comité sobre el 6 de enero, posiblemente se convertirá en el presidente de la cámara baja, volviéndolo la segunda persona en la línea de sucesión presidencial.

Jim Jordan, quien se encontraba complotando con Trump el 6 de enero mientras las milicias fascistas irrumpían en el Capitolio, se convertirá en el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Biggs, uno de los organizadores líderes de las manifestaciones “Stop the Steal” [Detengan el robo] en Washington, y Perry, el presidente de la bancada ultraderechista Freedom Caucus de la Cámara de Representantes, también tendrán cargos prominentes en los distintos comités.

En vez de investigar a Trump, todos ellos y prácticamente todos los congresistas republicanos se han comprometido a investigar el Comité sobre el 6 de enero, que caducará cuando se reúna el 118º Congreso en Año Nuevo. Cuatro de los nueve miembros del Comité dejarán el Congreso.

Por su parte, el Gobierno de Biden no se ha pronunciado sobre las recomendaciones del Comité. En una rueda de prensa la tarde del lunes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre esquivó repetidamente las preguntas sobre las conclusiones y recomendaciones del Comité. El New York Times, el cual está alineado con el Partido Demócrata, ni siquiera publicó un editorial sobre la reunión y las recomendaciones del Comité.

En línea con la política de la Administración de Biden y del Partido Demócrata, el informe del Comité trata de presentar el intento de golpe de Estado –y las conspiraciones autoritarias continuas— como obra de un solo hombre, Trump, junto con un puñado de “chiflados” republicanos, cuyas maquinaciones fueron frustradas por la mayoría del Partido Republicano, junto con la policía, el ejército y las agencias de inteligencia.

Las tres últimas de las 17 conclusiones específicas del resumen ejecutivo del Comité se dedican en gran parte a encubrir y proporcionar coartadas para la policía, el ejército y las agencias de inteligencia, incluidos los leales a Trump en el Pentágono, que facilitaron la intentona golpista.

La Administración de Biden, en particular, no quiere que se examinen seriamente las fuerzas sociales y políticas detrás del golpe. Su lema al llegar al poder era la necesidad de construir un Partido Republicano “fuerte”.

En respuesta a las elecciones intermedias, Biden reiteró el mes pasado su promesa de “trabajar con mis colegas republicanos”, citando en particular la necesidad de continuar el “enfoque bipartidista de hacer frente a la agresión rusa en Ucrania”.

Proclamando el fin de la “interminable guerra política”, Biden subrayó “la necesidad de mirar hacia el futuro, no obsesionarse con el pasado.”

Para el Partido Demócrata, la oposición a Trump no depende de ninguna fidelidad a la democracia, sino de la necesidad de mantener el apoyo dentro del Partido Republicano para perseguir dos guerras: primero, la guerra imperialista por la hegemonía global contra sus principales rivales en Europa y Asia, y, segundo, su guerra contra la clase obrera en casa.

A eso se debe la aprobación bipartidista, de la noche a la mañana, del proyecto de ley a principios de este mes para despojar a los trabajadores ferroviarios de su derecho a la huelga e imponer un contrato dictado por la patronal que había sido votado en contra por los trabajadores.

Para la clase dominante estadounidense, la preservación del sistema bipartidista controlado por la patronal, a través del cual ha gobernado durante casi dos siglos, es una cuestión existencial. También lo es la necesidad de construir el aparato estatal represivo y ocultarle a la clase obrera su papel en preparar la instauración de una dictadura.

Las mismas condiciones que subyacen a la amenaza del fascismo y la dictadura —la crisis objetiva del capitalismo estadounidense, el crecimiento extremo de la desigualdad social y las guerras interminables y cada vez mayores— también alimentan el crecimiento de la lucha de clases y las condiciones para que millones de personas en EE.UU. e internacionalmente comprendan que los derechos democráticos solo pueden defenderse mediante la lucha por acabar con el capitalismo y establecer el poder obrero y el socialismo.

(Publicado originalmente en inglés el 21 de diciembre de 2022)