El viernes pasado, Francisco Martínez, un artista callejero de 27 años, fue asesinado a tiros por Carabineros a plena luz del día y a la vista de decenas de testigos en Panguipulli, una ciudad costera de la Araucanía, la región más pobre de Chile. Martínez, que padecía esquizofrenia, llevaba sólo tres años viviendo en Panguipulli, pero era muy conocido, ya que vivía en la calle y dependía de la ayuda de la comunidad.

En las numerosas entrevistas concedidas por los lugareños desde entonces, Martínez fue descrito como "muy servicial" y "respetuoso". Martínez era también el tío de Anthony Araya, el joven que fue empujado desde un puente por Carabineros durante las manifestaciones contra la violencia policial en Santiago el pasado mes de octubre, que conmocionaron al país.

En medio de los indignados gritos de los lugareños, para quienes el joven era muy querido, el sargento Juan González Iturriaga descargó cinco balas contra Martínez, que cayó al suelo en medio de una concurrida intersección. La multitud acudió al lugar de los hechos coreando "¡Asesinos! Asesinos!" mientras los policías se marchaban y se atrincheraban en la comisaría, dejando al moribundo abandonado en la calle. Luego reaparecieron en masa para reprimir a la multitud de personas que protestaban por la muerte del joven.

Minutos antes, tres policías participaban en la realización de controles de identidad. En su declaración, Carabineros alegó que después de que Martínez "se negara" a proporcionar su identificación se dirigió hacia los agentes con las espadas malabares que utilizaba en su actuación callejera y amenazó de muerte al sargento.

"Me dijo 'te voy a matar, paco c.....o'" ha asegurado González. Los policías se distanciaron y ordenaron a Martínez que soltara lo que describieron como "machetes", y al no obedecer el sargento sacó su arma y disparó dos veces al suelo. Según el informe policial, el joven se abalanzó sobre González, que entonces "efectuó tres disparos más, ya que su vida corría peligro, y el agresor cayó al suelo".

Natalia Peralta, una técnica de enfermería que presenció los hechos desde muy cerca contó una historia muy diferente: "Estábamos ahí mismo con mi hija. El carabinero le dice al chico 'tu carnet', y el chico le dice 'no, no tengo carnet, lo perdí, pero me llamo Franco'".

Peralta explicó que los carabineros siguieron insistiendo en que el joven presentara su identificación y luego lo amenazaron con llevarlo a la comisaría para interrogarlo. Elisabeth Matthei Schacht, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, explicó que "los controles de identidad preventivos... no permiten (a la policía) llevar a la persona a la comisaría en caso de que se niegue".

Peralta continuó: "el le dice no, no lo tengo y levanta su cuchillo de fantasia que tiene. Pero no fue con hacerle daño (a González); nosotros estábamos ahí. Y el carabinero retrocede, no sé, tres pasos y desenfunda su arma y siguen hacia la tienda … que esta justo en la esquina y en eso le dispara a las piernas (de Martínez). Le dispara una, dos veces...".

Durante la audiencia de acusación, la fiscalía explicó que fueron seis los disparos realizados y no cinco como afirma la policía. Cinco disparos alcanzaron a Martínez. Esto se puede ver en un nuevo vídeo de la cámara de seguridad de un centro de servicios que ofrece una mejor visión de los hechos. El policía dispara provocativamente tres veces a Martínez, que grita repetidamente "paco asesino". Ya herido, Martínez sale entonces de detrás de una caja de control de tráfico donde intentaba protegerse y parece arremeter contra el policía que le dispara otras tres veces.

Peralta, que prestó los primeros auxilios a Martínez, pidió ayuda a los policías, pero " En eso los carabineros se subieron en el móvil y se fueron. No cortaron el transito, no ayudaron en nada. El niño quedo tendido en el suelo...".

Las protestas y los disturbios estallaron en cuanto se supo del incidente. Diez edificios gubernamentales ardieron en Panguipulli la misma noche en que Francisco Martínez perdió la vida. El sábado, las comisarías de policía y otros edificios gubernamentales fueron atacados con bombas o barricadas en varios barrios obreros de Santiago, y se convocaron protestas diarias en todo el país. En una manifestación espontánea, cientos de personas abuchearon a los Carabineros y los expulsaron de la Plaza de Armas de Santiago el domingo por la mañana.

El domingo por la noche, la familia de Camilo Miyaki, de 27 años, fue informada de que el joven se había ahorcado en una celda de la comisaría de la comuna obrera de Pedro Aguirre Cerda. Él y su novia habían sido detenidos esa mañana por no llevar el salvoconducto COVID-19. Ella fue liberada durante el día.

Según la agrupación de derechos humanos ANEXPPSA, Camilo había sido cambiado en el transcurso del día de una celda a otra que "tenía un punto ciego, que no permitía ver lo que le pasaba al detenido".

La 53ª comisaría de Pedro Aguirre Cerda alcanzó notoriedad por torturar a detenidos. Se presentaron denuncias contra los agentes por haber torturado y abusado sexualmente de al menos dos personas detenidas durante las masivas manifestaciones juveniles y obreras de fines de 2019.

En octubre de ese año, la desobediencia civil estudiantil provocada por una subida del transporte público se transformó casi de la noche a la mañana cuando millones de trabajadores, capas de la clase media y jóvenes se unieron a las protestas, huelgas y manifestaciones en todo el país. Se abrió un movimiento de masas contra décadas de extrema desigualdad social, violencia policial y en oposición a una casta política profundamente odiada que surgió en la transición de la dictadura militar al gobierno civil.

El presidente derechista Sebastián Piñera, respondió a las protestas decretando el estado de excepción y el toque de queda, convertido en permanente desde la pandemia del COVID-19. El gobierno utilizó medidas de estado policial, desplegando las Fuerzas Armadas en las calles chilenas por primera vez en décadas. En el transcurso de tres meses de condiciones cuasi-dictatoriales, decenas de personas fueron asesinadas o desaparecidas, cientos sufrieron graves heridas y mutilaciones y los miles de detenidos sufrieron palizas, abusos sexuales, violaciones y torturas.

Además, Piñera entabló conversaciones de unidad nacional con la oposición parlamentaria y los partidos de pseudoizquierda para reconducir las explosivas luchas de masas a los parámetros seguros de la política parlamentaria, promoviendo una convención constitucional.

Estos últimos asesinatos policiales amenazan con reavivar las luchas generalizadas que estallaron en 2019 y resurgieron en 2020. Las protestas y los disturbios se desencadenaron en noviembre pasado, después de que agentes de Carabineros allanaran un centro de reforma juvenil y dispararan a dos adolescentes semanas después de lanzar a Anthony Araya por el puente Pío Nono. Pero mientras el director de Carabineros, el general Mario Rozas, se vio obligado a dimitir por estos incidentes, la represión policial ha continuado sin cesar bajo la protección del último director y con el pleno respaldo del gobierno.

Temerosos de las fuerzas sociales que pueden desatarse, la oposición y la pseudo "izquierda" se esfuerzan por mantener las ilusiones en la democracia parlamentaria. La Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, los Radicales, los Liberales, los Humanistas, los Verdes, la coalición del Frente Amplio y el Partido Comunista Estalinista han pedido la reforma, o la refundación, de la institución paramilitar del Carabinero.

El alcalde socialista de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, respaldó inicialmente a la policía y pidió que se restableciera el orden, sólo para dar un giro de 180 grados al día siguiente.

"Tanto los incendios ocurridos en Panguipulli como el deceso de Francisco, que en paz descanse, la responsabilidad absoluta es de Carabineros", dijo el edil en conferencia de prensa. Denunció el abandono y la negligencia de Carabineros que "se atrincheraron en la Quinta Comisaría de Panguipulli, protegiendo los intereses de Carabineros en detrimento del municipio".

Lo que impulsó el cambio de su posición es el mismo temor que motivó el llamado del diputado independiente René Saffirio a suspender el receso legislativo para enfrentar la crisis.

"Es el futuro del país el que está en juego, es el respeto a los Derechos Humanos de todos los ciudadanos de nuestro país lo que está en juego, es nuestra democracia la que está en juego". Y continuó: "Creo que una circunstancia tan dolorosa como esta puede generar un estado de convulsión política mayor, que perfectamente podría poner en riesgo nuestro proceso constituyente".

Recordó que toda la clase política fue sorprendida por el hirviente movimiento de masas y advirtió que no pueden volver a colocarse en la misma posición: "Ahora sí lo vimos, en consecuencia, tenemos que actuar con prontitud, con celeridad, con responsabilidad y con mucha seriedad".

A esto la juventud y la clase obrera responderán "¡no te creemos!".

La respuesta inevitable del Estado chileno, a pesar de la verborrea de los liberales y pseudoizquierdistas, será la de la represión y un nuevo bandazo a la derecha. La lucha contra los asesinatos y la violencia policial requiere la movilización de la clase obrera como fuerza social unida e independiente contra el sistema capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de febrero de 2021)